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Modo: Corpus Pro

PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR DEPÓSITOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE. PARA DESVIRTUARLA CON UN CONTRATO DE MUTUO SIMPLE O CON INTERÉS DEBE PROBARSE SU MATERIALIDAD, ENTRE OTROS MEDIOS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE CUENTA DEL MUTUANTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 179/2018. · Registro digital (IUS): 29229
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-01-10
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, Pág. 2369.

AMPARO DIRECTO 179/2018. 12 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIA: SILVIA VIDAL VIDAL.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Análisis de los conceptos de violación.

Los motivos de disenso propuestos son infundados unos e inoperante otro.

En principio, es menester reseñar los antecedentes que se desprenden de autos, a fin de ubicarlos en su adecuado contexto.

Antecedentes.

Mediante oficio **********, de veintiséis de agosto de dos mil quince, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya, Guanajuato, del Servicio de Administración Tributaria, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la persona moral denominada ********** Sociedad Civil, según se precisó, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia del impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única, por el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. (fojas 92 a 94 del juicio de nulidad)

El ejercicio de las facultades de comprobación culminó con la emisión del oficio **********, emitido por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3" del Servicio de Administración Tributaria, por el cual se determinó un crédito fiscal en su contra por la cantidad de $********** por concepto del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, recargos y multas; así como por el monto de $********** por concepto de reparto de utilidades por pagar. (fojas 55 a 87)

Inconforme con lo anterior, la persona moral en cita demandó su nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se radicó bajo el progresivo **********, decidido en sentencia de quince de enero de dos mil dieciocho, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada y se dejaron a salvo las facultades de la autoridad para emitir una nueva resolución en la que subsane la ilegalidad advertida. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que ahora se resuelve.

Persona moral no lucrativa como sujeto directo del impuesto sobre la renta.

En los conceptos de violación identificados en supralíneas con los incisos a), b) y c), la quejosa esencialmente aduce que la orden de visita es ilegal, porque al ser una sociedad civil dedicada a la enseñanza, no es sujeto del impuesto sobre la renta y, por ende, no era dable revisarla como sujeto directo de ese tributo, por lo que la visita que se le practicó es ilegal.

Tales argumentos son infundados.

Los artículos 93 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil trece disponían:

"Artículo 93. Las personas morales a que se refieren los artículos 95 y 102 de esta ley, así como las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, salvo por lo dispuesto en el artículo 94 de esta ley. Sus integrantes considerarán como remanente distribuible únicamente los ingresos que éstas les entreguen en efectivo o en bienes.

"...

"Las personas morales a que se refiere este artículo determinarán el remanente distribuible de un año de calendario correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los ingresos obtenidos en ese periodo, a excepción de los señalados en el artículo 109 de esta ley y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas, de conformidad con el título IV de la presente ley.

"...

"En el caso de que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del título II de esta ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate."

"Artículo 95. Para los efectos de esta ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

"...

"X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza.

"...

"Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y las sociedades de inversión a que se refiere este título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título IV de esta ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 172 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.

"En el caso en el que se determine remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, la persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta ley, en cuyo caso se considerará como impuesto definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero del año siguiente a aquel en el que ocurra cualquiera de los supuestos a que se refiere dicho párrafo."

De los preceptos transcritos se desprende lo siguiente:

– Las personas morales con fines no lucrativos, como son las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, salvo por lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

– Las personas morales referidas tienen la obligación de determinar el remanente distribuible disminuyendo de los ingresos obtenidos en ese periodo, excepto los señalados en el artículo 109 de la legislación en cita y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas en términos de lo dispuesto en el título IV del citado ordenamiento;

– En caso de que las personas morales referidas enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deben determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la tasa prevista en el artículo 10 del citado ordenamiento, siempre que dichos ingresos excedan del cinco por ciento de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate.

– Se presume remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, entre otros conceptos, el importe de las omisiones de ingresos.

– En caso de que se determine remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, la persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil doce, por la que resolvió la contradicción de tesis 222/2011, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 31/2012 (10a.), de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2003 Y 2004), AL IMPONER A LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA ENSEÑANZA LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR REMANENTE DISTRIBUIBLE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL PROPIO PRECEPTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", en lo que interesa, para la solución del problema jurídico que se aborda, sostuvo:

"El precepto legal transcrito (se refiere al artículo 95 de la Ley del ISR) prevé las diversas personas morales que se considera no tienen fines lucrativos, cuyo concepto de ‘lucro’ es definido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (sic) como la ‘ganancia o provecho que se obtiene de alguna cosa’, por lo que la derivación lucrativa o lucrativo, se refiere a que ‘produce utilidad y ganancia’; de lo que se infiere que las entidades que tienen ese carácter, son aquellas que no tienen como finalidad directa generar a sus beneficiarios, socios o usuarios, algún tipo de ganancia, provecho o utilidad, pues no se pretende la obtención de ganancias económicas, sino más bien otros objetivos de índole social o de colaboración.

"Por tal motivo, por regla general, no se les considera contribuyentes del impuesto sobre la renta, al no tener como finalidad directa percibir ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la legislación en comento, salvo que entreguen en efectivo o en bienes ingresos a sus integrantes, quienes deben considerar las percepciones relativas como ‘remanente distribuible’ y pagar el impuesto correspondiente."

De lo anterior se desprende que a las personas morales a las que se refiere el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se les considera contribuyentes del impuesto sobre la renta, básicamente porque no tienen como finalidad directa percibir ingresos; es decir, no pretenden la obtención de ganancias económicas, sino más bien otros objetivos de índole social o de colaboración.

Con base en lo hasta aquí expuesto, resulta válido concluir que si bien a las personas morales con fines no lucrativos inicialmente no se les considera contribuyentes del impuesto sobre la renta, lo cierto es que esto obedece a que aquéllas no tienen como finalidad directa percibir ingresos; es decir, no pretenden la obtención de ganancias económicas, sino más bien otros objetivos de índole social o de colaboración.

Empero, lo anterior no significa que las personas morales referidas no tengan obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre la renta, pues como se destacó, deben determinar el remanente distribuible y, en su caso, pagar el impuesto correspondiente, inclusive si obtienen ingresos por la enajenación de bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, o socios y aquéllos excedan el cinco por ciento de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate, deben pagar el impuesto que resulte en los términos del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es decir, si bien las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tienen la naturaleza jurídica de personas morales con fines no lucrativos, en términos del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cierto es que pueden percibir ingresos de terceros, por los servicios educativos que proporcionan, pues se encuentran facultadas para cobrar diversos conceptos, tales como el de inscripción o reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, entre otros.

En efecto, los ingresos que se perciben por la prestación del servicio, ordinariamente son obtenidos a través de terceros (educandos), por concepto de inscripciones o colegiaturas, forman parte de aquellos que darán lugar al remanente distribuible a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues son obtenidos directamente como contraprestación del servicio prestado, por ende, dando lugar al pago del impuesto sobre la renta.

Conforme al artículo 93, penúltimo párrafo, de la legislación en cita, los ingresos obtenidos por inscripciones o colegiaturas derivan directamente del objeto para el que fueron creadas las instituciones (enseñanza); además, al establecer una distinción en relación a ingresos de los servicios prestados a sus miembros, para solamente gravar aquellas que son a terceros, se aprecia que el supuesto se refiere a aquellos ingresos ajenos al fin del servicio que proporcionan.

En ese contexto, es dable concluir que las mencionadas sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, si bien son personas morales con fines no lucrativos y, por consiguiente, se considera que no son contribuyentes para efectos del impuesto sobre la renta, lo cierto es que prestan servicios educativos a terceras personas a cambio de una contraprestación económica.

Con base en lo hasta aquí expuesto, este Tribunal Colegiado concluye que no asiste razón a la quejosa, al argüir que no es sujeto directo del impuesto sobre la renta, al estar demostrado que aquélla debe pagar tal impuesto por los ingresos que obtenga (remanentes) como contraprestación del servicio de enseñanza prestado a terceros y, en ese sentido, es factible que la autoridad fiscal verifique el cumplimiento de las obligaciones que tiene como sujeto directo en términos de lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación; de ahí lo infundado de los motivos de disenso de que se trata.

Por lo anterior, no abona a su pretensión la tesis invocada como apoyo «2a./J. 27/93», de rubro: "IMPUESTOS, CAUSANTES DE, Y CAUSANTES EXENTOS, CONCEPTO."

En ese sentido se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo administrativo **********, en sesión de uno de septiembre de dos mil dieciséis.

Obligación de llevar contabilidad (omisión de la Sala de analizarlo).

En los motivos de disenso identificados con el inciso g), la quejosa asegura que la responsable no se pronunció sobre el concepto de impugnación octavo, en el que se planteó que la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación sólo es aplicable a las personas obligadas a llevar contabilidad y, en el caso, al tratarse de una persona moral no contribuyente del impuesto sobre la renta, no está obligada a llevarla, sino únicamente un libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones.

El argumento de mérito es fundado, pero a la postre inoperante.

Lo fundado del argumento radica en que, efectivamente, del análisis del considerando cuarto de la sentencia reclamada, en el que la Sala analizó de manera conjunta los conceptos de impugnación identificados como sexto, séptimo, octavo, noveno, decimotercero, decimocuarto y vigesimosegundo, no se advierte que haya contestado de manera frontal ni implícita el motivo de disenso contenido en el octavo, relativo a la inaplicabilidad de la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, por no estar obligada a llevar contabilidad.

No obstante, el argumento de mérito es inoperante pues, por razones que ven al fondo del planteamiento propuesto, se tiene que no asiste la razón a la promovente.

En el título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta se contienen las disposiciones relativas al régimen de las personas morales con fines no lucrativos, entre las que se encuentran las sociedades civiles que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en términos de la Ley General de Educación, como es el caso de la persona moral quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El artículo 101 de la citada legislación contiene un listado de las obligaciones a cargo de las personas morales a que se refiere el mencionado título III, esto es, de las personas morales con fines no lucrativos:

"Artículo 101. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes:

"I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.

"II. Expedir comprobantes que acrediten las enajenaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y conservar una copia de los mismos a disposición de las autoridades fiscales, los que deberán reunir los requisitos que fijen las disposiciones fiscales respectivas.

"III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año, declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante.

"IV. Proporcionar a sus integrantes constancia en la que se señale el monto del remanente distribuible, en su caso. La constancia deberá proporcionarse a más tardar el día 15 del mes de febrero del siguiente año.

"V. Expedir las constancias y proporcionar la información a que se refieren las fracciones III y VIII del artículo 86 de esta ley; retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta ley. Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 118 de la misma ley, cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo I del título IV de esta ley.

"VI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, la información siguiente:

"a) De las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como de los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el título V de esta ley.

"b) De las personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de calendario inmediato anterior.

"Cuando la persona moral de que se trate lleve su contabilidad mediante el sistema de registro electrónico, la información a que se refieren los incisos anteriores deberá proporcionarse en dispositivos magnéticos procesados en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Dichos dispositivos serán devueltos al contribuyente por las autoridades fiscales dentro de los seis meses siguientes a su presentación. Tratándose de las personas morales a que se refiere este título, que lleven su contabilidad mediante sistema manual o mecanizado o cuando su equipo de cómputo no pueda procesar los dispositivos en los términos señalados por la mencionada secretaría, la información deberá proporcionarse en las formas que al efecto apruebe dicha dependencia.

"Tratándose de las declaraciones a que se refiere el artículo 143, último párrafo, de esta ley, la información sobre las retenciones efectuadas y las personas a las cuales las hicieron, deberá proporcionarse también en dispositivos magnéticos procesados en los términos del párrafo anterior.

"Los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen quedan relevados de cumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, excepto por aquellas actividades que de realizarse por otra persona quedarían comprendidas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, quedan relevadas de cumplir con las obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo las personas señaladas en el artículo 95 de esta ley que no determinen remanente distribuible.

"Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX del artículo 95 de esta ley, así como las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y las sociedades de inversión a que se refiere este título, presentarán declaración anual en la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año.

"Cuando se disuelva una persona moral de las comprendidas en este título, las obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, se deberán cumplir dentro de los tres meses siguientes a la disolución."

Por su parte, el artículo 106 del reglamento de dicha ley, vigente en el dos mil trece establecía:

"Artículo 106. Las personas morales a que se refiere el título III de la ley, podrán cumplir con la obligación prevista en la fracción I del artículo 101 de la misma, llevando el libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones que establece el artículo 32 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, así como de las demás personas morales que obtengan periódicamente ingresos provenientes de actividades por las que deban determinar el impuesto que corresponda en los términos del último párrafo del artículo 93 de la ley."

De lo hasta aquí expuesto se desprende que, contrariamente a lo advertido por la quejosa, las personas morales que tributen conforme al régimen previsto en el título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, aquellas con fines no lucrativos, como es el caso de la quejosa, sí están obligadas a llevar contabilidad, pues así lo establece de manera expresa la fracción I del numeral 101 de la legislación en cita.

La circunstancia de que el cumplimiento de dicha obligación lo puedan realizar en los términos previstos en el artículo 106 de su reglamento, lo que comúnmente se conoce como contabilidad simplificada, no implica que no la tengan o que ese deber desaparezca, sino únicamente que pueden satisfacerla a través de determinada forma.

Luego, si la quejosa hace derivar la inaplicabilidad de la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, de que no tiene obligación de llevar contabilidad, y ese aserto es infundado, de acuerdo con lo previsto en la fracción I del numeral 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta antes transcrito, es evidente que carece de asidero jurídico tal aserto, al haber quedado de manifiesto que sí cuenta con dicha obligación, al margen de que pueda satisfacerla de un modo más simple.

Fundamentación de la resolución determinante.

Artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

En los conceptos de violación agrupados con el inciso h), la inconforme sostiene que, contrariamente a lo advertido por la responsable, no se cuestionó si la autoridad fiscalizadora tenía o no facultades para basar sus determinaciones en consultas a sus bases de datos. Lo que se cuestionó es que hubiera realizado esa consulta en forma legal y, sobre todo, que el supuesto "diario webb" existiera y, en caso de existir, fuera una base de datos de esa autoridad.

Agrega que la responsable debió valorar que nunca se motivó la realización de una consulta, ni se acreditaron los elementos materiales de que la misma se hubiera llevado a cabo, menos se acreditó su existencia como base de datos del Servicio de Administración Tributaria.

Los argumentos de mérito son infundados.

En el concepto de impugnación identificado como quinto, la actora derivó la ilegalidad de la resolución determinante del hecho de que la autoridad fiscal no fundamentó ni motivó la consulta efectuada al "diario webb", ni los preceptos legales que amparen su aplicación para determinar contribuciones, sin que se advierta que, contrariamente a lo que ahora aduce, haya cuestionado la existencia de esa base de datos del Servicio de Administración Tributaria.

Al atender a ese motivo de disenso, la Sala lo declaró infundado, según precisó, porque en la resolución impugnada se citó como fundamento el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual, la autoridad está facultada para motivar sus resoluciones en los hechos que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales y que, en todo caso, es carga del actor acreditar que los datos invocados no son los correctos, lo que no ocurrió en el caso.

Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del precepto acabado de reproducir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como cualquier autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales "podrán motivar" las resoluciones que emitan, en cualquiera de los siguientes hechos:

a) Los que conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación;

b) Los que conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en otras leyes fiscales;

c) Los que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las propias autoridades fiscales;

d) Los que consten en expedientes, documentos o bases de datos que les proporcionen otras autoridades.

Al señalar dicha porción normativa que los hechos conocidos a partir de determinadas actuaciones o documentos, pueden servir a las autoridades fiscales para motivar sus resoluciones, es indudable que su finalidad es la de respetar el derecho fundamental de seguridad jurídica de los particulares, previsto en el artículo 16 constitucional, en su vertiente de fundamentación y motivación de los actos de autoridad.

La expresión "podrán servir para motivar sus resoluciones...", debe interpretarse en un sentido de obligatoriedad, conforme al cual las autoridades fiscales, al motivar sus resoluciones en hechos que conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación o en otras leyes fiscales, así como los que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que tengan en su poder, o bien, les sean proporcionados por otras autoridades, deben precisar expresamente las actuaciones, documentos o expedientes de los cuales se desprenden los motivos y circunstancias que dan lugar a su determinación, a efecto de que el particular los conozca y, en su caso, pueda impugnarlos.

Tales exigencias se encuentran colmadas en el caso, pues en la resolución determinante, al aludir al régimen fiscal de la ahora quejosa, la autoridad determinó, en la parte que interesa: (foja 55 vuelta, último párrafo, del juicio de nulidad)

"De la consulta realizada a la base de datos de los sistemas institucionales denominado ‘diario webb’, a la cual tiene acceso esta autoridad, consulta realizada de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, se conoció que la contribuyente **********, S.C., tiene manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes el giro de: Servicios Remunerados de Educ Dif Niv Enseñanza, así como la obligación de sociedad mercantil u otra persona moral Régimen General de Ley personas morales, con fecha de movimiento 8 de febrero de 2006 y fecha de alta de operación 13 de febrero 2006; así también, se conoció que a partir del ejercicio de 2013 la contribuyente contó con el reconocimiento de validez oficial de estudios para el nivel primaria y secundaria... con lo cual se ubica en el supuesto establecido en el artículo 95, primer párrafo, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que se consideran personas morales con fines no lucrativos, las sociedades (así) o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación..."

Basta con imponerse de la parte de la resolución determinante acabada de reproducir, para advertir que la información a que aludió la autoridad en ese apartado, la obtuvo de sus propias bases de datos institucionales, a las que denominó como "directorio webb" (sic); lo que se corrobora si se toma en consideración que se trata sólo de datos relativos al régimen fiscal de la persona moral quejosa, pues se hizo referencia al giro manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, a las obligaciones registradas y a la fecha de alta de operación.

Además, tal como lo sostuvo la responsable, en todo caso, es carga de la actora acreditar que los datos invocados no son los correctos, lo que no ocurrió en la especie, pues la quejosa no controvirtió que no se ubica en el régimen fiscal aducido por la autoridad, o que las obligaciones registradas son diversas; de ahí lo infundado de los argumentos en cuestión.

Omisión de citar el artículo 7 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

En otro apartado, en los conceptos de violación identificados con el inciso j)¸ la quejosa asegura que, contrariamente a lo aducido por la responsable, era necesario que en la resolución determinante se citara como fundamento del cálculo del impuesto empresarial a tasa única, el artículo 7 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, porque en ese dispositivo se establece la obligación del impuesto empresarial a tasa única que fue determinada como incumplida por la autoridad fiscal, lo que implica la necesidad de su cita, al ser parte de la competencia del ejercicio de una facultad por parte de la autoridad.

El argumento de m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29229-aa0aea72/presuncion-de-ingresos-por-depositos-en-la-cuenta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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