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Modo: Corpus Pro

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 789/2017. · Registro digital (IUS): 29305
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-02-21
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Pág. 2081.

AMPARO DIRECTO 789/2017. 23 DE ENERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES. SECRETARIO: JUAN JOSÉ CASTRUITA FLORES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que exista posibilidad para suplir su deficiencia, por no surtirse en el presente asunto alguna de las hipótesis previstas por el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Las constancias de autos revelan que en el juicio de origen la persona moral, ahora quejosa, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de veintiocho de octubre de dos mil quince, a través de la cual el administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en Sinaloa, le determinó un crédito fiscal en cantidad total de setenta y ocho millones, seiscientos treinta y dos mil trescientos sesenta y dos pesos con sesenta y dos centavos, por concepto de los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado, así como actualizaciones, recargos y multas, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

Al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señalada como responsable, desestimó la totalidad de los conceptos de impugnación que ante su potestad se formularon por la parte actora y, en consecuencia, reconoció la validez de la resolución determinante impugnada en ese litigio natural.

Ahora bien, en el primero de los conceptos de violación se afirma que la sentencia combatida trastoca los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, porque la juzgadora responsable, con base en argumentos indebidamente fundados y motivados, carentes de sustento material, concluyó que quien se ostentara como "subadministrador Local de Auditoría Fiscal 3", está adscrito a la "Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán", a pesar de que no existe constancia fehaciente al respecto, pues dicho subadministrador no puntualizó a qué unidad administrativa pertenece, a fin de dejar establecido que depende del funcionario suplido, toda vez que a nivel nacional existen sesenta y siete Administraciones Locales de Auditoría Fiscal.

De manera que, a decir de la inconforme, la resolutora yerra al sostener que: "...al haber señalado que era el subadministrador ‘3’, supliendo al titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán ... implica que se encuentra adscrito a ella...", ya que dicha conclusión está soportada en suposiciones y no en los hechos efectivamente acaecidos.

Al igual refiere, que una cuestión es que se precise con exactitud la denominación del funcionario suplido, y otra distinta que el acto administrativo contenga el señalamiento correcto del funcionario suplente, por lo que resultaba insuficiente el señalamiento genérico, oscuro, vago e impreciso de que dicho acto fue emitido por el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3".

Que además, adverso a como lo estimó la Sala, la actora no adujo que el funcionario suplente no dependiera del suplido, sino que al haber omitido aquél precisar la administración a la que estaba adscrito, entonces no justificó depender de este último, máxime cuando la autoridad demandada ni siquiera aportó prueba para demostrar lo contrario.

Así pues, la parte quejosa pretende demostrar que el funcionario que signó la orden de revisión de escritorio o gabinete se condujo de manera genérica y no motivó adecuadamente su competencia, porque en aquel acto administrativo sólo refirió ser el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3", y que actuaba en suplencia por ausencia del administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, pero omitió indicar que tal subadministración pertenecía precisamente a la Administración Local de dicha ciudad.

No asiste razón a la promovente de la acción constitucional, pues las consideraciones que enseguida se expondrán, ponen de manifiesto que esa mención expresa y sacramental no es indispensable, ni exige ser mencionada de manera literal ni estrictamente semántica y, que además, ello tampoco implica solapar una deficiente motivación de la competencia de la autoridad fiscal.

En efecto, en principio conviene precisar que el deber autoritario de fundar y motivar los actos de molestia a los particulares reviste dos aspectos: el formal, que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto, y el material, que requiere que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas.

Bajo este tenor, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, entonces no puede producir algún efecto jurídico respecto de quienes se dicte.

Así pues, la competencia constituye un requisito esencial que obliga a que la autoridad la funde en el acto de molestia, pues aquélla sólo puede hacer lo que la ley le permite; de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen.

Por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden.

Así lo avala la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 310 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005 con número de registro digital: 177347, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.—De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."

Ahora, no debe perderse de vista que la anterior exigencia tiene como propósito que el particular afectado tenga conocimiento y certeza jurídica de que quien está invadiendo su esfera jurídica lo hace con apoyo en una norma jurídica que le faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, que también se encuentre en aptitud de cuestionar tales facultades o la forma en que fueron desenvueltas por la autoridad.

Mas no por ello debe estimarse que ese deber de las autoridades deba convertirse en un dogma absolutista que le orille a exponer en sus actos fundamentos o afirmaciones cuya constatación resulte francamente evidente, y puedan ser entendidos con facilidad mediante el simple uso del buen entendimiento y la sana crítica.

Esto es, el hecho de que la autoridad esté obligada a invocar la porción normativa exacta que le permite actuar o no en cierto sentido, no puede ser entendida como un conducto para que los particulares pretendan de manera caprichosa que la autoridad detalle o explique –en sus actos– nimiedades o circunstancias tan específicas y evidentes que deben considerarse entendidas por cualquier persona con un conocimiento común; menos aún debe ser torcido el propósito de la administración de la justicia, para hacer valer cualesquier ocurrencia jurídica –o antijurídica– que venga a la mente de quien redacta un documento para ser presentado ante los órgano jurisdiccionales.

De lo contrario, se corre el riesgo de que la defensa fiscal del particular se convierta en el simple señalamiento inventivo de requisitos exagerados y desproporcionados, que se alejarían del verdadero propósito de la exigencia de fundar y motivar los actos de autoridad, a saber: que el particular cuente con la certeza de que quien actúa tiene facultades para obrar en ese sentido y pueda rebatir jurídicamente tal proceder.

Sentado lo anterior, se tiene que adversamente a lo que afirma la solicitante del amparo, el acto administrativo que refiere sí permite advertir, mediante su debido entendimiento, que fue signado por el subadministrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán; esto, con independencia de que literalmente no se haya escrito así en dicho acto y, para demostrarlo, basta con acudir a la transcripción conducente de ese oficio **********, de veinticuatro de septiembre de dos mil trece,(4) donde se estableció:

"En suplencia por ausencia del administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, y de los subadministradores Locales de Auditoría Fiscal ‘1’ y ‘2’, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, quinto párrafo y 19 último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, y reformado mediante decretos publicados el 29 de abril de 2010 y 13 de julio del 2012 en el mismo órgano oficial, firma el subadministrador Local de Auditoría Fiscal ‘3’."

Lo anterior da cuenta de que en la porción correspondiente de tal oficio, se comenzó por precisar que fue emitido en suplencia por ausencia del administrador y los subadministradores "1" y "2" de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán.

En ese mismo párrafo, luego de citarse las normas que otorgaban facultad a la autoridad, la cual, dicho sea de paso, no es puesta en duda a través del concepto de violación, se precisó que fueron firmados por el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3".

Tal mención es suficiente para entender, no suponer, que ese subadministrador Local de Auditoría Fiscal signante era precisamente el de Mazatlán, por los siguientes motivos:

I. La mención de subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3" está contenida en el mismo párrafo en que se asentó que se actuaba en ausencia del administrador y de los subadministradores Locales "1" y "2" de la referida ciudad, y no solamente eso, sino que tal mención está ubicada dentro de la misma oración.

En efecto, el párrafo transcrito revela que se trata de un solo enunciado que abarca todo un párrafo, enunciado que contiene una oración principal y diversas oraciones subordinadas, separadas por comas.

Las menciones intermedias son en realidad paréntesis explicativos sobre la competencia de la autoridad emisora; o sea, ese paréntesis u oración subordinada es el siguiente:

"...con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, quinto párrafo y 19 último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010 y 13 de julio del 2012 en el mismo órgano oficial..."

En tanto que la oración principal, puede detectarse tras suprimir imaginariamente el paréntesis antes transcrito, y queda de la siguiente forma:

En suplencia por ausencia del administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán y de los subadministradores Locales de Auditoría Fiscal "1" y "2", firma el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3".

En síntesis, el párrafo transcrito en realidad contiene dos mensajes diversos, uno subordinado, dirigido a demostrar la competencia normativa de la autoridad emisora y, el otro principal, que revela que quien firmó el documento fue el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3", en suplencia por ausencia del administrador y subadministradores "1" y "2" de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán.

Visto así, es sumamente claro que ese subadministrador pertenecía a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, pues al estar inserto en la misma oración principal forma parte de todo su contenido y participa de todas sus menciones, incluida la ciudad de Mazatlán, pues la precisión de ese lugar comprende tanto al administrador local y subadministradores "1" y "2", como al subadministrador "3".

Aunque la demostración de lo anterior ha requerido de una disección gramatical del párrafo, ello se hace a fin de dar respuesta a los planteamientos de la persona moral quejosa, pero en realidad su contenido puede ser entendido de la misma forma mediante su simple lectura, siempre y cuando sea correcta y orientada por el buen entendimiento.

II. De manera conjunta con lo antes expuesto, como lo sostuvo la autoridad responsable, es factible entender, conforme a la manera en que habitualmente se desenvuelven los actos administrativos, que el subadministrador que suscribió el oficio **********, de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, se encuentra adscrito a la propia Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, y no a una diversa, como lo refiere la parte quejosa; esto, por una parte, porque el documento fue emitido en esa misma ciudad, lo que junto con lo demostrado en el punto anterior, corrobora que el subadministrador emisor pertenecía a esa Administración Local.

III. Otro elemento que se une a todo lo anterior, se encuentra válidamente en que en el encabezado de tales documentos consta la denominación de la autoridad de acuerdo con la estructura jerárquica prevista en la normatividad aplicable, esto es:

"Administración General de Auditoría Fiscal Federal

Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en Sinaloa"

Referencia documental que tiene que ser apreciada de manera integral con el resto de las afirmaciones contenidas en el acto administrativo que, como acto jurídico, exige ser apreciado de manera cabal y armónica, lo cual permite concluir que el subadministrador "3" que lo signó, no puede ser otro sino el de Mazatlán; habida cuenta que ello es acorde con la estructura jerárquica competencial que la propia quejosa acepta en su concepto de violación, puesto que no rebate en sí que los subadministradores tengan las facultades de suplir al administrador local.

Esto es, si la misma peticionaria de garantías acepta y pretende demostrar que con motivo de su disenso, diversas normas jurídicas(5) permiten que los administradores locales de Auditoría Fiscal sean auxiliados por los subadministradores locales que de ellos dependan, y que éstos ejercerán sus facultades dentro de esa circunscripción territorial, entonces debe entenderse –que no suponerse– que la referencia jerárquica puesta en el encabezado de esos documentos, justifica que ese subadministrador "3" pertenecía a la Administración Local que ahí se menciona, o sea la de Mazatlán.

Máxime que como ya se ha demostrado, en realidad es suficiente con la debida intelección del párrafo transcrito, para entender que el subadministrador signante del acto administrativo en comento fue el de la ciudad de Mazatlán, y no algún otro.

Las mismas consideraciones hasta aquí expuestas, son útiles para estimar ineficaz lo aseverado en el segundo concepto de violación, en el sentido de que la Sala responsable ilegalmente determinó que el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3", no estaba facultado para ordenar y practicar una revisión de escritorio o gabinete en ejercicio de atribuciones propias, no obstante que el artículo 19, párrafo primero, apartado B, fracción I, en relación con el 17, fracción X, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, sí arroga la facultad en comento.

Y es que la promovente de la acción constitucional argumenta que no obstante que el administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, como autoridad suplida, efectivamente era competente para emitir el oficio **********, de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, por el que se ordenó la práctica de la revisión de escritorio o gabinete, también los subadministradores locales de Auditoría Fiscal cuentan directamente con competencia material para emitir dicha orden, ya que a fin de cuentas, a ambas autoridades les fue otorgada expresamente la facultad a que se refiere el artículo 17, fracción X, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, por lo que no se actualizaba el supuesto para ejercer la suplencia administrativa y, por lo tanto, resultaba ilegal el mencionado oficio.

Al respecto, debe precisarse que el artículo 19, párrafo primero, apartado A, fracción I y último párrafo, del derogado Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria,(6) invocado como fundamento en el oficio que refiere la aquí inconforme, establece que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal estará integrada, entre otras, por Administraciones Locales de Auditoría Fiscal que estarán a cargo de un administrador local; asimismo, se advierte que los administradores locales serán suplidos en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los subadministradores locales de Auditoría Fiscal.

A su vez, a efecto de fundar la competencia material en dicho oficio, la autoridad emisora citó, entre otros, el artículo 17, fracción X, segundo y penúltimo párrafo, numeral 9, del derogado Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria,(7) que facultan a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con sus obligaciones tributarias, mediante el procedimiento de revisión de gabinete.

Luego, si como fue explicado previamente en esta ejecutoria, las normas que se deben citar como fundamento de la competencia, son aquellas que establecen la facultad específica que esté ejerciendo una autoridad en concreto, es que se colige que el oficio que refiere la parte quejosa, está debidamente fundado y motivado, toda vez que se señalaron como fundamentos para su emisión, las disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que precisan la competencia material.

Pero además, resulta suficiente que el subadministrador que lo signó hubiese citado el fundamento legal que le permitió hacerlo en suplencia del administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán para considerar satisfecho ese requisito de fundamentación de la competencia material de la autoridad actuante, toda vez que si bien es cierto que dicho subadministrador firmó el oficio impugnado, también lo es que lo hizo en suplencia del administrador de esa unidad administrativa, por lo que en ese tenor, el acto es atribuido en cuanto a su emisión al administrador y no al subadministrador, pues se debe entender que quien la emite es el propio administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, quien tiene competencia para actuar.

Luego, es evidente que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, puesto que la autoridad competente citó los preceptos legales aplicables para actuar como lo hizo, pues no se debe soslayar que el acto fue signado por el subadministrador "3" adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, al actuar en ausencia del administrador y, citar dicho funcionario, el precepto reglamentario que le permitió esa actuación sustituta.

Es aplicable a lo recién señalado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 73/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 329 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, con número de registro digital: 174972, que establece:

"SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SI EN EL ACTO DE MOLESTIA SE PRECISA QUE LO EMITE UNA AUTORIDAD POR SUPLENCIA DEL TITULAR, NO ES NECESARIO ASENTAR QUE FUE POR AUSENCIA, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE DICHA DEPENDENCIA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005).—El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la obligación a toda autoridad de fundar y motivar los actos de molestia que emitan, para lo cual deberán precisar, entre otros elementos, su competencia, en aras de que los gobernados tengan certidumbre de que el órgano estatal está facultado para dictarlo. En congruencia con lo anterior, si el artículo 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria prevé la suplencia de varias autoridades de esta dependencia, ante su ausencia, es evidente que no es indispensable precisar en el acto de molestia que dicten, que dicha suplencia obedeció a la ausencia del titular del área, para cumplir con los referidos requisitos de fundamentación y motivación, dado que la falta de ese señalamiento no da lugar a desconocimiento, confusión o duda en el gobernado del porqué se suplió al titular, y tampoco lo deja en estado de indefensión para que lo impugne, pues el último precepto nombrado establece un solo tipo de sistema de suplencia, no distintos, siendo que en esta última hipótesis sí sería primordial destacar con precisión por qué se suplió al titular."

En ese sentido, se estima que no asiste razón a la persona moral quejosa, en cuanto alega que el acto administrativo en comento es ilegal, porque el subadministrador que lo signó cuenta directamente con competencia material para ordenar la práctica de revisión de escritorio o gabinete, pues lo trascendente en el caso concreto es que el artículo 19, párrafo primero, apartado A, fracción I y último párrafo, del derogado Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria –citado en el oficio impugnado–, permite establecer, sin lugar a dudas, que los subadministradores que dependan de los administradores locales de auditoría fiscal están facultados para suplirlo en su ausencia, razón por la cual, en la especie, el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3" de Mazatlán, suscriptor del oficio **********, de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, al firmar en suplencia del administrador local de esa ciudad, lo hacía con la facultad que le confiere el señalado precepto reglamentario.

Por tanto, ese numeral permite materializar la actuación "suplida" o emitida "en suplencia" del órgano o autoridad al que pertenecen las facultades, con independencia de la duración o clase de ausencia de que se trate, pues lo que se pretende evitar en virtud de la figura jurídica de la suplencia, es la paralización de las funciones que la ley encomienda a dicha autoridad suplida, en los casos en los que no pueda emitir directamente la actuación de que se trata, lo cual no provoca la invalidez del acto emitido por el suplente a nombre del suplido, sino que por el contrario, resulta acorde con los efectos propios de la suplencia, en cuanto a que la actuación realizada por el suplente, debe entenderse efectuada por el suplido, porque aquél actúa en nombre de éste y no en el suyo propio.

Asimismo, los artículos 37, párrafo primero, apartado A y último párrafo, del derogado Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria,(8) y sexto del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria,(9) invocados por la propia quejosa en su demanda de garantías, prevén la existencia jurídica de los subadministradores, que evidentemente dependen del administrador local relativo; de ahí que en términos de estas disposiciones, relacionadas con el arábigo 19, párrafo primero, apartado A, fracción I y último párrafo, del citado reglamento, el subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3" de Mazatlán, sí está facultado para suplir en sus ausencias al administrador de la propia unidad administrativa; de ahí lo infundado de los argumentos de la parte quejosa.

En el tercero de los motivos de disenso se combate lo resuelto por la Sala responsable, acerca de que la demandada no tenía el deber de correr traslado a la actora con la información y documentación que obtuvo de diversa autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues a decir de la parte quejosa, con ello se dio una interpretación limitada al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, distinta a la que el legislador pretendió darle.

Que lo anterior es así, porque el segundo párrafo de dicho numeral establece un procedimiento para las autoridades que tengan conocimiento de información que no sea proporcionada por el contribuyente, así como las reglas generales para el caso de que la fiscalizadora solicite ya sea a terceros o autoridades información, y que ésta sea usada para fundar sus determinaciones.

Por lo que la parte quejosa sostiene que la juzgadora violó el artículo 16 constitucional, al no interpretar que el numeral 63 del Código Fiscal Federal arroja una obligación a la autoridad fiscalizadora, no sólo de comunicar la información que le fue entregada, sino también de exhibir la misma para otorgar certeza al contribuyente de que la reseñada en el oficio corresponde fielmente a la que entregó y certificó diversa autoridad, pues de otro modo sería tanto como reconocer a favor de aquélla prerrogativas que la ley no le otorga y distinciones que no prevé, lo cual dejaría en estado de indefensión al gobernado sujeto a la revisión de gabinete, privándole de la garantía de audiencia que el legislador incluyó en dicho dispositivo para los casos en que una resolución de la fiscalizadora se apoye en información que no obtuvo del contribuyente mismo y que era desconocida para éste.

Concluye insistiendo la impetrante del amparo que, opuestamente a como lo estimó la resolutora auxiliar, el numeral en comento obliga a las autoridades fiscales a correr traslado a los contribuyentes; esto es, a entregarles materialmente la documentación que obtuvo a través de diferentes entes al revisado, para a partir de entonces computar el plazo de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga.

Para resolver tal planteamiento, resulta importante destacar lo que en relación al procedimiento de fiscalización que motivó el juicio de nulidad federal de origen, establecen los artículos 42, fracciones II y VII, 63 y 69 del Código Fiscal de la Federación, cuyos textos son del siguiente tenor:

"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

"...

"II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.

"...

"VII. Reca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29305-b6750433/fundamentacion-de-la-competencia-de-las-autoridades-administrativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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