OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE.
OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 686/2012. 25 DE ABRIL DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
III. Competencia
19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 18, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de abril de dos mil ocho; así como en el punto primero del Acuerdo Plenario Número 5/1999 de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El recurso fue interpuesto contra una sentencia pronunciada en amparo directo que no hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte.
IV. Oportunidad
20. El recurso de revisión interpuesto por la quejosa se presentó en tiempo, toda vez que la sentencia recurrida se le notificó el veintitrés de febrero de dos mil doce,(7) de modo que surtió efectos el veinticuatro siguiente; por lo que los diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, comenzaron a transcurrir el día veintisiete posterior, terminando el nueve de marzo, descontándose dos días inhábiles, a saber, tres y cuatro de marzo, por ser sábado y domingo, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso.
21. Por tanto, atendiendo a que el escrito de agravios se presentó el seis de marzo de dos mil doce,(8) es evidente que tal interposición se hizo oportunamente, esto es, al séptimo día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación de mérito.
V. Legitimación
22. El autorizado de la quejosa se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión al haberle sido reconocido tal carácter por el Tribunal Colegiado en proveído de dieciséis de enero de dos mil doce.(9)
VI. Procedencia
23. Primeramente, se debe analizar si este recurso de revisión reúne o no los requisitos de importancia y trascendencia previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dicho año, para enseguida determinar si es o no procedente.
24. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la porción normativa señalada del citado acuerdo, dispuso que el recurso de revisión en amparo directo es procedente en los siguientes supuestos:
25. a. Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y,
26. b. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.
27. Por lo que se refiere al segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o bien, en casos análogos.
28. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 101/2010 de esta Primera Sala que lleva por rubro: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS."(10)
29. En este sentido, cabe destacar que el recurso de mérito sí cumple con los requisitos antes aludidos, en virtud de que el escrito de agravios se interpuso oportunamente y se encuentra firmado por el autorizado legal de la recurrente, quien está legitimado para interponer el recurso, asimismo, en el cuarto concepto de violación de la demanda de amparo se hicieron valer razonamientos través de los cuales se planteó la inconstitucionalidad del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diez, considerándose infundados por el Tribunal Colegiado que conoció del asunto; en el recurso de revisión interpuesto, la quejosa combate las razones en las que el Tribunal Colegiado fundó el sentido de su fallo y, finalmente, este asunto resulta importante y trascendente en la medida en que no existe pronunciamiento por parte de esta Sala respecto a la constitucionalidad o no del precepto combatido.
VII. Consideraciones y fundamentos
30. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación, en lo que se refiere a la litis constitucional, se sintetiza el concepto de violación, la sentencia del Tribunal Colegiado y el agravio expresado por la quejosa.
31. Concepto de violación relativo a cuestiones constitucionales:
32. La quejosa manifestó en su cuarto concepto de violación, que el artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional. Lo anterior en virtud de que no establece los plazos para que la autoridad dicte las resoluciones en que se impone multa, ni para que se notifique la misma, ni tampoco para que, una vez transcurrido el término de quince días con que cuenta el contribuyente para dar cumplimiento al requerimiento, aportando elementos de descargo, la autoridad estudie la documentación e información, que en su caso proporcione el contribuyente, y resuelva lo procedente.
33. Además -señala-, el referido precepto es inconstitucional porque no cumple con los parámetros que la Suprema Corte ha determinado para el alcance de la garantía de seguridad jurídica en tratándose de los procedimientos administrativos y fiscales, tales como son, los relativos a que el gobernado sujeto a procedimiento pueda hacer valer sus derechos y que la autoridad no incurra en arbitrariedades; pues la disposición impugnada no prevé un plazo para que, en todo caso, con base en la información que al efecto aporte el contribuyente, la autoridad emita o no una resolución determinante de la multa.
34. Sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto sostuvo las siguientes consideraciones para negar el amparo solicitado:
35. En el considerando sexto, el órgano federal declaró infundado el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación,(11) en virtud de que la quejosa, en sus argumentos, pasa por alto que para el análisis de constitucionalidad de una disposición normativa debe realizarse una interpretación integral y armónica del orden jurídico en que se encuentra inmersa, porque de no ser así podría otorgarse un significado incongruente y contradictorio intrínsecamente con las diversas partes que componen el sistema jurídico al que pertenece.
36. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto que el precepto reclamado no establece un plazo para que la autoridad emita la resolución determinante de la multa, ni tampoco prevé un término para que se notifique dicha resolución, ni para que la autoridad fiscal analice y resuelva sobre las pruebas aportadas, no menos lo es que el artículo 67, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación establece que las facultades de la autoridad se extinguen en el plazo de cinco años.
37. En consecuencia, estimó infundado el concepto de violación de la quejosa, relativo a que el precepto reclamado viola la garantía de seguridad jurídica.
38. Agravios. La recurrente quejosa manifestó en único agravio lo siguiente:
39. En dicho motivo de disenso, adujo, en esencia, que debe revocarse la sentencia recurrida, en virtud de que el Tribunal Colegiado reconoció que el artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no señala plazo para que la autoridad emita la resolución determinante de la multa, para notificar dicha resolución y para resolver en relación con la documentación requerida.
40. Sin embargo, -señala- posteriormente el referido tribunal manifestó que ese hecho de ninguna manera contraviene la garantía de seguridad jurídica, pues conforme al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, las facultades de las autoridades fiscales se extinguen en el plazo de cinco años a partir del día siguiente al en que se haya cometido la infracción o presentado la declaración del ejercicio del que derive el incumplimiento, de ahí que aun cuando el precepto reclamado no señale plazo alguno, ello no genera incertidumbre jurídica en los particulares y, por ende, no se viole el artículo 16 constitucional.
41. Aduce que tal razonamiento es infundado, ya que contrariamente a lo resuelto, el precepto impugnado sí afecta la garantía de seguridad jurídica.
42. Lo anterior, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1378/2008, determinó, respecto del artículo 152 de la Ley Aduanera, que la existencia de la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales no es un elemento normativo suficiente para convalidar la falta de un plazo en un procedimiento susceptible de culminar en la privación de derechos desde la perspectiva de la garantía invocada, dado que las etapas y plazos que dividen un procedimiento deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido, pues de no ser así las facultades de las autoridades se tornan arbitrarias.
43. Análisis de cuestiones formales en el dictado de la sentencia recurrida y corrección oficiosa de la incongruencia en la disposición normativa impugnada de inconstitucional. En la especie, esta Primera Sala observa que en el mencionado fallo el Tribunal Colegiado incurrió palmariamente en inobservancia del principio de congruencia previsto en el artículo 17 constitucional, que consiste, en esencia, en que debe existir correspondencia entre lo solicitado y lo resuelto.
44. Ello es así, puesto que del considerando sexto de la aludida sentencia, se observa que el órgano federal estimó que el artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación no transgrede el principio de seguridad jurídica, para lo cual procedió a transcribir en su integridad el texto del referido precepto vigente en dos mil nueve.(12)
45. Sin embargo, el precepto en el que se fundamentaron las resoluciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo de origen y el que se tildó de inconstitucional por la quejosa, fue el artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diez, cuyo texto es diametralmente diferente al analizado por el Tribunal Colegiado -como se pondrá de relieve más adelante al transcribir su contenido en esta ejecutoria-.
46. En consecuencia, es evidente que el Tribunal Colegiado procedió indebida e incongruentemente, porque el precepto que analizó no guarda correspondencia con el impugnado por la impetrante, por lo que esta Primera Sala procede a corregir la incongruencia advertida con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, lo cual se reflejará en el punto resolutivo correspondiente, sin que este proceder afecte el interés alguno de las partes en este juicio constitucional.
47. En ese sentido, es aplicable la tesis aislada 1a. LXV/2006, de rubro: "SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CUANDO EN ELLAS SE ANALIZAN Y RESUELVEN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS, PERO EN ALGÚN PUNTO CONSIDERATIVO SE INVOCA ERRÓNEAMENTE UN ARTÍCULO CONSTITUCIONAL DIVERSO AL QUE SE ESTIMA TRANSGREDIDO, EL ÓRGANO REVISOR DEBE CORREGIR DE OFICIO DICHA INCONGRUENCIA, SIN QUE ELLO AFECTE LOS INTERESES JURÍDICOS DE LAS PARTES."(13)
48. Problemática jurídica a resolver. Esta Primera Sala determinará a continuación si el agravio formulado por la recurrente, a fin de desvirtuar las razones por las cuales el Tribunal Colegiado declaró infundado el respectivo concepto de violación, es suficiente para revocar la sentencia impugnada en ese aspecto y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
49. Así, deberá atenderse a la argumentación efectuada por la recurrente en el sentido de que es inexacta la valoración hecha por el Tribunal Colegiado, a través de la cual estimó inoperante el concepto de violación que hizo valer en contra del artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diez.
50. Para mayor claridad, a continuación se transcribe el precepto legal cuya constitucionalidad es cuestionada por la recurrente quejosa:
Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diez
"Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:
"I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción."
51. Análisis del agravio. El formulado por la recurrente quejosa deviene infundado para revocar la sentencia sujeta a revisión.
52. Lo anterior es así, en virtud de que, contrariamente a lo que esgrime la recurrente, el artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de seguridad jurídica, con independencia de las razones que al respecto expuso el Tribunal Colegiado.
53. En efecto, el citado órgano federal consideró que el precepto reclamado no transgrede el principio de seguridad tributaria, en virtud de que si bien es cierto que no establece un plazo para que la autoridad emita la resolución determinante de la multa, ni tampoco prevé un término para que se notifique dicha resolución, ni para que la autoridad fiscal analice y resuelva sobre las pruebas aportadas, no menos lo es que el artículo 67, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, establece que las facultades de la autoridad se extinguen en el plazo de cinco años.
54. Ahora, al margen de esas razones, cabe señalar que el núcleo del argumento de la recurrente para combatirlas, consiste en que se aplique por analogía el criterio sustentado por esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 1378/2008,(14) que contendió en la contradicción de tesis 56/2008-PL y que a la postre derivó en la jurisprudencia P./J. 4/2010, de rubro: "ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(15)
55. En dicho asunto, esta Primera Sala resolvió, en esencia, que el artículo 152 de la Ley Aduanera resulta inconstitucional, al no establecer el plazo para que la autoridad aduanera elabore y notifique el acta de irregularidades respecto de mercancías de difícil identificación, sin que la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales sea un elemento normativo suficiente para convalidar la falta de plazo en atención a que se trata de un procedimiento susceptible de culminar con la privación de derechos, pues las etapas y plazos que dividen un procedimiento deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido, ya que de no ser así las facultades de las autoridades se tornan arbitrarias.
56. Las referidas razones finalmente se adoptaron por el Pleno de este Tribunal Constitucional para considerar que el numeral 152 de la Ley Aduanera resulta inconstitucional al violar el principio de seguridad jurídica, tal como quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 4/2010, antes citada.
57. Empero, dicho criterio no puede ser aplicado para juzgar la constitucionalidad del artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diez, en la medida en que tanto el precedente aludido como la jurisprudencia citada versaron sobre la validez constitucional de un acto de privación, el cual se desarrolla mediante un procedimiento tendente a privar de sus derechos a los contribuyentes, supuesto que es diverso al previsto en el precepto que se estima inconstitucional, toda vez que se trata de un acto de molestia de la autoridad en el que no se requiere forzosamente un procedimiento para tal efecto.
58. Cierto, en la ejecutoria por la que se resolvió la contradicción de tesis 56/2008-PL, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 4/2010, se sostuvo en relación con el artículo 152 de la Ley Aduanera, entre otras cuestiones, que:
"Como ya se precisó, el artículo 152 de la Ley Aduanera tiene aplicación en aquellos casos en los que no procede el embargo precautorio, lo que tratándose de las mercancías de difícil identificación significa que una vez realizada la diligencia de toma de muestras, son devueltas al importador o al exportador y que, muy probablemente, al no existir un término para que se notifique el acta de irregularidades detectadas con el análisis de las muestras, para cuando se le comunique las discrepancias entre lo declarado y la mercancía efectivamente presentada a revisión ya no obre en poder del importador o exportador esa mercancía.
"En este punto, debe recordarse que este Tribunal Pleno ha sostenido que los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de derechos de los gobernados, deben dar a éstos la oportunidad de defenderse, mediante el ofrecimiento y desahogo de pruebas y la oportunidad de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado finque su defensa.
"Entonces, ese tipo de leyes deben establecer instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés; para que ello sea posible, tales ordenamientos deben estar concebidos de manera que brinden las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, una de esas condiciones materiales es, sin lugar a dudas, el conocimiento oportuno por parte del particular interesado de los hechos y medios de convicción que tengan en su contra la autoridad o alguna contraparte (tratándose de un procedimiento contencioso), con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto. ..." (énfasis y subrayado añadidos)
59. Cabe señalar que las razones expuestas resultan consistentes con el criterio sustentado por el mismo Tribunal Pleno al establecer la distinción entre actos de privación y actos de molestia prevista en la jurisprudencia P./J. 40/96, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN."(16)
60. Así, atendiendo a la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, como criterio metodológico para distinguir entre un acto de privación y un acto de molestia, se concluye que el artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diez, establece un acto de molestia.
61. Para arribar a la anterior conclusión, en principio, cabe señalar que la inclusión del supuesto normativo previsto en el precepto legal reclamado fue con motivo del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre de dos mil nueve.
62. En la exposición de motivos del citado decreto, presentado en la Cámara de Diputados el diez de septiembre de dos mil nueve, el Ejecutivo Federal manifestó las siguientes razones para reformar el artículo 41, fracción I del Código Fiscal de la Federación:
"D. Propuestas para 2010 en materia del Código Fiscal de la Federación
"...
"6. Medidas en materia del procedimiento administrativo de ejecución
"...
"Por otro lado, se ha observado que los medios de control y vigilancia actualmente previstos en las disposiciones fiscales han sido insuficientes para desmotivar el incumplimiento reiterado en la presentación de declaraciones de contribuciones, aun y cuando hayan mediado para tal efecto diversos requerimientos por parte de las autoridades fiscales y se hayan realizado otras acciones para tales fines como la imposición de multas o el aseguramiento precautorio.
"Lo anterior, influye de manera negativa en la recaudación de ingresos federales, lo cual hace imperante la necesidad de crear mecanismos de control y vigilancia que doten a las autoridades fiscales de facultades más efectivas para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones, previo al ejercicio de las facultades de fiscalización.
"En este contexto, se pone a consideración de ese Congreso de la Unión establecer un procedimiento mediante el cual, a partir del segundo requerimiento de presentación de declaraciones para el pago de contribuciones que se incumpla, las autoridades fiscales estén en posibilidad de cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo, en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución respectiva. ..." (énfasis y subrayado añadidos)
63. En el trámite del proceso legislativo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en el dictamen formulado a la iniciativa de decreto propuesto por el presidente de la República, de veinte de octubre de dos mil nueve, manifestó con relación al precepto reclamado, lo siguiente:
"Vigilancia de obligaciones
"...
"La que dictamina está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal en el establecimiento de un procedimiento que sirva para desincentivar el incumplimiento reiterado por parte de los contribuyentes en lo relativo a la falta de presentación de sus declaraciones. No obstante se considera pertinente adecuar la propuesta en estudio, para efectos de que sea a partir del tercer requerimiento de presentación de declaraciones que se incumpla, en que las autoridades fiscales puedan cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo, en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución respectiva, precisándose que deberá otorgarse al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. ..." (énfasis y subrayado añadidos)
64. Finalmente, el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, presentado el treinta de octubre de dos mil nueve, coincidió con las propuestas formuladas por la Cámara de Diputados.
65. Entonces, como se concluye del proceso legislativo aludido, al reformar el precepto y porción normativa impugnados, su productor consideró necesario establecer un medio de control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales -entre otras, la relativa a la presentación de las declaraciones- de los contribuyentes.
66. Dicho medio de control y vigilancia se tradujo en la facultad de la autoridad fiscal para exigir la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes a los contribuyentes que tengan la obligación de presentar declaraciones, avisos y demás documentos y que no lo hagan en los plazos señalados en las disposiciones fiscales.
67. Pero para lograr la efectividad del referido medio de control y vigilancia, el legislador también dotó a la autoridad fiscal del ius puniendi del Estado, en su vertiente sancionadora del incumplimiento al requerimiento formulado al contribuyente en la presentación del documento respectivo, para lo cual procederá a imponer la multa que corresponda en los términos del Código Fiscal de la Federación -por ejemplo, en cualquiera de los supuestos establecidos en los numerales 81 y 82 del invocado ordenamiento-.
68. No obstante tal atribución sancionadora, subsiste la facultad de la autoridad fiscal para requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido, otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento.
69. En el caso de que no se atiendan los requerimientos realizados por la autoridad fiscal, impondrá las multas correspondientes; que tratándose de declaraciones fiscales, será una multa por cada obligación omitida. Además, la autoridad fiscal después de realizar el tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar la hipótesis legal prevista en la porción normativa siguiente del mismo artículo 41, referente a que tratándose de la omisión de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez requeridos los documentos e impuestas las multas, podrá hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate, sin que la cantidad a pagar libere a los obligados de presentar la declaración omitida.
70. Así, la autoridad fiscal cuenta con dos facultades que se complementan recíprocamente, por una parte, la de requerir las declaraciones, avisos y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como medio del control y vigilancia de éstas y, por otra, la facultad sancionadora al incumplimiento de los requerimientos formulados.
71. Ahora, ¿el establecimiento de un medio de control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la correspondiente facultad para requerir su comprobación y, en su caso, sancionar el incumplimiento a tal requerimiento encuentra respaldo constitucional?
72. Para responder a la interrogante planteada conviene tener en cuenta los planos de análisis con los que se puede examinar el precepto que se tilda de inconstitucional.
73. De entrada, cabe mencionar que aun cuando se encuentran íntimamente vinculadas, existen diferencias entre la obligación de contribuir a los gastos públicos prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental y la obligación fiscal material -el pago- y formal -hacer, no hacer y tolerar- prevista en la legislación fiscal.
74. En efecto, las diferencias aludidas son las siguientes: 1. La primera encuentra recepción en la Constitución y la segunda en la legislación fiscal (fundamento normativo). 2. La primera se configura como un mandato al legislador y una obligación fundamental de los contribuyentes; la segunda es una disposición normativa dirigida a estos últimos que pormenoriza y permite el cumplimiento de aquella obligación (diseño normativo). 3. La primera se justifica directamente en la solidaridad social de los integrantes del Estado, la segunda no, sólo de manera indirecta (justificación normativa). 4. La primera no origina derecho de crédito alguno, sino responde al ejercicio del poder tributario del Estado, la segunda sí, por ello se ha justificado constitucionalmente la facultad económico-coactiva (consecuencias normativas).
75. Con base en ese ejercicio distintivo, los planos de análisis de una y otra fundamentalmente atienden -principal, mas no exclusivamente- al instrumento normativo en el que se encuentran insertas, o sea, a su fundamento normativo. La obligación de contribuir prevista en la Constitución y la obligación tributaria en la legislación fiscal.
76. No obstante las diferencias expuestas, ello no implica que uno y otro concepto se analicen por separado, en la medida en que -como se dijo- existe una relación dialéctica entre los mismos, que puede sintetizarse en que la obligación tributaria sirve de medio para concretizar y hacer efectiva la obligación de contribuir a los gastos públicos, pues sólo a partir de esta interpretación sistemática se podrán obtener conclusiones que irradien efectos a todo el sistema tributario, pero sin dejar de tener en cuenta las diferencias señaladas.
77. Una vez determinados los planos de análisis con los que se puede estudiar el precepto que se impugna de inconstitucional y la interconexión que se presenta entre los mismos, ahora procede delimitar las parcelas de conocimiento en donde doctrinalmente se puede ubicar el contenido de dicho precepto.
78. La atribución de facultades a la autoridad fiscal establecida en el artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación para dos mil diez, se encuentra inmersa en el ámbito del derecho tributario administrativo y del derecho administrativo sancionador (derecho tributario sancionador), en donde la autoridad fiscal tiene encomendada, por una parte, la tarea de asistir, controlar, verificar, vigilar, inspeccionar, comprobar o liquidar el cumplimiento de las obligaciones tributarias -materiales y formales-
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23690-07cafad0/obligaciones-fiscales-la-autodeterminacion-de-las-contribuciones-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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