MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA FIJAR SU MONTO POR IMPEDIR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, DEBE ACUDIRSE AL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo Plenario General Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, además de que el asunto es del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante -Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito- es uno de los órganos jurisdiccionales, cuyos asuntos dieron lugar a los criterios materia de la contradicción, a saber, el juicio de amparo directo ********** del índice de dicho tribunal.
TERCERO.-Tema y criterios contendientes. El problema jurídico a resolver es:
"Multa prevista en el artículo 86 del Código Fiscal de la Federación. Determinar si puede imponerse por analogía, como medida de apremio, a los sujetos obligados que se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, en términos del artículo 40, fracción II, del código citado."
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, dictó el fallo de veintiséis de noviembre de dos mil quince que, en lo que interesa, establece:
"Es infundado el anterior concepto de violación toda vez que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la multa aplicable como medio de apremio, en el supuesto en que los sujetos obligados se opongan, impidan u obstaculicen el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, es la establecida en la disposición última citada, sin que sea óbice a dicha conclusión, que estos preceptos regulan esa multa como sanción a una conducta infractora, pues su aplicación como medida de apremio es procedente por remisión expresa del legislador, a quien jurídicamente nada impide que, para identificar el monto de la multa impuesta como medio de apremio prevista en una disposición, se remita a otra del mismo ordenamiento a fin de evitar ser repetitivo o redundante, pues dicha técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del ordenamiento jurídico.
"En principio, conviene precisar el contenido de los artículos citados, el cual es del tenor siguiente:
"‘Artículo 40.’ (lo transcribe)
"‘Artículo 53.’ (lo transcribe)
"‘Artículo 85.’ (lo transcribe)
"‘Artículo 86.’ (lo transcribe)
"Así, se tiene que el artículo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal Federal, dispone que las autoridades fiscales pueden emplear como medida de apremio la multa ‘que corresponda en los términos de este código’ para el caso de que los contribuyentes se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo de sus facultades de comprobación.
"En ese sentido, el artículo 53, inciso a), de esa legislación fiscal, establece que los libros y registros de la contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deben presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico.
"Por su parte, el artículo 86, fracción I, del mismo ordenamiento fiscal, constriñe su ámbito de aplicación a las conductas infractoras previstas en el artículo 85, cuando dice que se impondrán las multas previstas en dicho precepto ‘a quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85’.
"Cabe destacar que la fracción I del artículo 86 del Código Fiscal de la Federación, contempla el rango de más trece mil pesos y hasta poco más de cuarenta y un mil pesos de multa, pero exclusivamente para la conducta infractora prevista en el artículo 85, fracción I.
"Al respecto, se advierte que la fracción I del artículo 85 del multicitado código, contempla como conductas infractoras las siguientes:
"‘I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal.
"‘II. Omitir el suministro de datos e informes.
"‘III. No proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales propias o de terceros.’
"Ahora en el caso, la multa emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Pedro Garza García, Nuevo León, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, fue consecuencia de que en la visita derivada de la orden **********, **********, en su carácter de tercero y en calidad de empleado de **********, no presentó al personal autorizado los libros y registros que forman parte de su contabilidad y que tenía obligación de presentar de inmediato, de conformidad con el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.
"Así en ese tenor, la autoridad demandada consideró que la contribuyente con el incumplimiento consistente en no proporcionar de inmediato los libros y/o registros que forman parte de su contabilidad que fueron solicitados, impedía el ejercicio de las facultades de comprobación. En consecuencia, puntualizó que dicha conducta actualizaba el supuesto establecido en el artículo 40, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que con fundamento en los artículos (sic) 40, primer párrafo, fracción II, en relación con los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, del propio código le impuso la multa equivalente a la cantidad de $13,720.00 (trece mil setecientos veinte pesos con 00/100 moneda nacional).
"Lo anterior se desprende del oficio ********** de veintisiete de junio de dos mil catorce, por medio del cual se impone la multa, mismo que se transcribe a continuación: (transcribe texto)
"En ese tenor, se considera que la multa controvertida por el quejoso es legal pues se impuso justificándose como una medida de apremio prevista en el artículo 40, fracción II, del Código Fiscal en relación con el artículo 53, inciso a), pero a partir de la aplicación del artículo 86 del mismo ordenamiento, el cual sanciona las conductas previstas en el artículo 85, dentro de las cuales se destaca como infracción relacionada al ejercicio de la facultad de comprobación el no proporcionar la contabilidad o parte de ella para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.
"Lo anterior encuentra justificación en tanto que la autoridad fiscal fundamentó la imposición de la multa al actor por el incumplimiento consistente en no proporcionar de inmediato los libros y/o registros que forman parte de su contabilidad que fueron solicitados mediante el acta parcial de inicio de visita **********, de veintiséis de junio de dos mil catorce, al considerar que con ello impedía el ejercicio de las facultades de comprobación.
"En este contexto, es aplicable como medida de apremio la multa del numeral 86, fracción I, de la legislación fiscal, puesto que la infracción prevista por no proporcionar la contabilidad o parte de ella, es una infracción relacionada con el ejercicio de las facultades de comprobación, sancionada por el primer artículo citado, ello, pues el propio artículo 40, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, remite la imposición de la medida de apremio como multa en los términos de ese código, siendo acorde de una interpretación sistemática y armónica de la legislación fiscal. De ahí lo infundado del concepto de violación. ..."
Derivado de lo anterior, sostuvo el siguiente criterio:
"MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR.-De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, segundo párrafo, inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se colige que la multa aplicable como medida de apremio cuando los sujetos obligados impidan el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, al no presentar de inmediato los libros y registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, es la establecida en la última disposición citada, pues el marco normativo que integran contiene una adminiculación coherente, razonada y clara para identificar dicha medida pecuniaria. Lo anterior, porque en el artículo 53 aludido se encuentra la obligación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de presentar los informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, entre los cuales se consideran los libros y registros indicados, los que deberán presentarse de inmediato, y en el diverso 40, fracción II, se precisa que en caso de oposición de los obligados a ello, dichas autoridades podrán imponer como medida de apremio la multa que corresponda en los términos del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé en su artículo 86, fracción I, en relación con el diverso 85, fracción I, el monto de dicha multa. No se opone a esta conclusión que estos últimos preceptos consideren la multa como sanción a una conducta infractora, pues su aplicación, como medida de apremio, procede por la remisión expresa del legislador, a quien jurídicamente nada impide que, para identificar el monto de las multas impuestas como medio de apremio previstas en alguna disposición del propio código tributario, se remita a otra del mismo ordenamiento, a fin de evitar ser repetitivo o redundante, pues dicha técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del ordenamiento jurídico." [publicada bajo el número IV.2o.A.114 A (10a.) en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de dos mil dieciséis, página dos mil noventa y nueve]
II. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, dictó el fallo de veintitrés de abril de dos mil quince que, en lo que interesa, establece:
"Argumentos relacionados con la imposición de la multa por el incumplimiento consistente en no proporcionar de inmediato los libros y/o registros que forman parte de la contabilidad que fueron solicitados mediante el acta parcial de inicio de la orden de visita, en términos de los artículos (sic) 40, primer párrafo, fracción II, en relación con los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
"Es menester precisar que el principio de exacta aplicación de la ley se encuentra previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la prohibición por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
"La pretensión punitiva del Estado involucra en su parte más visible al derecho penal, pero extiende sus alcances a la materia administrativa sancionadora. Es por eso que los principios del derecho penal, matizados y adaptados a la materia encuentran aplicación en el caso de las sanciones que el Estado eventualmente impone a sus gobernados.
"Dentro de tales principios y de manera destacada se encuentra el de legalidad y exacta aplicación de la ley, que se traduce, en la materia administrativa, a la validez de la sanción siempre que esté prevista para determinada conducta infractora, así como a la definición explícita de esa conducta infractora con motivo de la afectación concreta al bien jurídico tutelado y la expresa previsión de las sanciones correspondientes a tales conductas transgresoras de la ley, de manera que no cabría la imposición de aquéllas con motivo de conductas no previstas, ni su aplicación por vía de interpretaciones analógicas o por mayoría de razón, sino sólo a propósito de disposición expresa que así las haga imponibles.
"Como fiel reflejo de ese principio de exacta aplicación de la ley, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación prevé que las disposiciones sobre cargas fiscales y sus excepciones, pero sobre todo y en lo que aquí interesa, las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, esto es, se encuentran sujetas a los principios del derecho administrativo sancionador.
"Corrobora el criterio asumido, la tesis de jurisprudencia 941, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (transcribe texto)
"En el caso concreto la multa controvertida por el quejoso es ilegal pues se impuso con base en el ejercicio de la medida de apremio prevista en el artículo 40, fracción II, del Código Fiscal en relación con el artículo 53, inciso a), pero a partir de la aplicación del artículo 86 del mismo ordenamiento, el cual está expresamente diseñado para sancionar las conductas previstas en el artículo 85, mas no para extender sus alcances a la multa recaída como medida de apremio y menos aún si esto ocurre con motivo de una mera dilación en la entrega de documentación fiscal previamente requerida.
"En efecto, el artículo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal Federal, dispone que las autoridades fiscales pueden emplear como medida de apremio la multa ‘que corresponda en los términos de este código’ para el caso de que los contribuyentes se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo de sus facultades de comprobación.
"En ese sentido, el artículo 53, inciso a), de esa legislación fiscal, establece que los libros y registros de la contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deben presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico.
"En el caso el fundamento de la multa impugnada se hizo descansar en la aplicación del artículo 86, fracción I, del mismo ordenamiento fiscal, pero llama la atención que dicho precepto constriñe su ámbito de aplicación a las conductas infractoras previstas en el artículo 85, cuando dice que se impondrán las multas previstas en dicho precepto ‘a quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85’.
"Todavía es destacable que la fracción I del artículo 86, en que se fundó expresamente el acto impugnado, contempla el rango de más de trece mil pesos y hasta poco más de cuarenta y un mil pesos de multa, pero exclusivamente para la conducta infractora prevista en el artículo 85, fracción I.
"Al respecto es interesante advertir que la fracción I del artículo 85, no contempla la conducta relativa a la demora en la entrega de documentación fiscal, ni el caso de violar los plazos para su entrega previstos en el artículo 53.
"En efecto, dentro de las conductas infractoras delineadas en la fracción I del artículo 85, solamente figuran las siguientes:
"I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal.
"II. Omitir el suministro de datos e informes.
"III. No proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales propias o de terceros.
"Como puede apreciarse con nitidez, es francamente inexacta la aplicación de la multa del artículo 86, fracción I, a la conducta prevista en el artículo 53, pues mientras aquélla es imponible a conductas infractoras de categórico rechazo u omisión frente a las facultades de comprobación, las del último precepto se refieren a meras dilaciones en dicha entrega de documentación que son vencidas a partir de la aplicación de apremios.
"Al respecto el artículo 40 contempla como medio de apremio la multa. Sin embargo la naturaleza del apremio es muy distinta de la sanción administrativa, pues mientras ésta es una manifestación palmaria de la satisfacción a la pretensión punitiva del Estado, aquélla persigue el fin distinto de remover el obstáculo que la conducta dilatoria del contribuyente representa para el ejercicio de sus facultades de comprobación.
"Y es que una de las notas procesales más distintivas de la medida de apremio es que se actualiza luego de la comunicación de un previo requerimiento que se acompaña del conducente apercibimiento para el caso de que no se cumpla con lo ordenado. En cambio cuando se establecen sanciones, ya no es preponderante el fin de allanar posibles contumacias sino la pretensión es punir tales desacatos.
"Consecuentemente, cuando con base en el artículo 86 citado pretende imponerse multas al contribuyente que no presente de inmediato los libros y registros que le son requeridos por la autoridad fiscal con motivo de las facultades de comprobación, en términos del artículo 53, inciso a), referido, si bien de conformidad con el artículo 40, fracción II, eventualmente podrían ser aplicables multas como medidas de apremio, éstas no pueden fundarse en el artículo 86 pues, de conformidad con los principios de exacta aplicación de la ley y de taxatividad, no es dable la aplicación analógica y desproporcionada de sanciones y sin más, a los medios de apremio que, por su naturaleza, son distintas ya que no tienen un fin sancionador en sí mismo como las previstas en el citado numeral 86.
"En el caso concreto, de la resolución impugnada contenida en el oficio **********, de siete de noviembre de dos mil trece, se advierte que la directora de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí, impuso al quejoso una multa por la cantidad de $13,720.00, por concepto de no proporcionar de manera inmediata, los datos, informes, contabilidad y demás elementos necesarios, con fundamento en los artículos (sic) 40, primer párrafo, fracción II, en relación con los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
"Sin embargo, dicho acto combatido es ilegal, en tanto que la autoridad fiscal fundamentó la imposición de la multa al actor por el incumplimiento consistente en no proporcionar de inmediato los libros y/o registros que forman parte de su contabilidad que fueron solicitados mediante el acta parcial de inicio de visita ********** de veinticuatro de octubre de dos mil trece, en la fracción I del artículo 85, en relación con la fracción I del numeral 86 de la legislación fiscal.
"Lo anterior, habida cuenta que de acuerdo con lo ya expuesto las sanciones por infracciones previstas en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal Federal no pueden imponerse por vía de interpretación analógica como medidas de apremio, en términos de los artículos 40, párrafo primero, fracción II y 53, inciso a), de dicha codificación. De ahí que resulte contraria a derecho la resolución reclamada pues al validar la multa impugnada transgrede, en perjuicio del quejoso, la garantía de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley.
"Al respecto la Magistrada de la Sala Fiscal responsable debió declarar ilegal la resolución administrativa impugnada por inexacta aplicación de la ley en términos del artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, de acuerdo con el artículo 52, fracción II, del mismo ordenamiento, debió declarar la nulidad lisa y llana de la determinación impugnada. ..."
Derivado de lo anterior, sostuvo el siguiente criterio:
"MULTAS. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 86, POR ESTAR REFERIDAS EXPLÍCITAMENTE AL DIVERSO 85, NO PUEDEN IMPONERSE POR ANALOGÍA COMO MEDIDA DE APREMIO EN TÉRMINOS DEL PRECEPTO 40, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 53, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO A), TODOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUES TAL PROCEDER VULNERA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY (TAXATIVIDAD) Y DE LEGALIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).-Los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o. del Código Fiscal de la Federación establecen los principios de legalidad y de exacta aplicación de la ley, que en el derecho administrativo sancionador se traducen en la validez de la sanción, siempre que sea impuesta para el caso de que la conducta se ubique en la definición explícita de la señalada como infracción con motivo de la afectación concreta al bien jurídico tutelado. De manera que no es dable la imposición de multas con motivo de conductas no previstas, ni cabe su aplicación por vía de interpretaciones analógicas o por mayoría de razón, sino sólo a propósito de disposición expresa que así las haga imponibles. Al respecto, el artículo 86 del Código Fiscal de la Federación prescribe la imposición de multas a quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación ‘a que se refiere el artículo 85’ y, este último, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, a su vez, precisa como conductas infractoras, la oposición a la práctica de la visita en el domicilio fiscal, la negativa a suministrar los datos e informes o a proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y, en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros; sin embargo, ahí no se encuentra la conducta relativa a la medida de apremio prevista en el artículo 40, fracción II, del mismo compendio legal y vigencia, relacionada con el cumplimiento de los plazos para la presentación de los datos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, en términos del artículo 53. Consecuentemente, cuando con base en el artículo 86 citado pretenden imponerse multas al contribuyente por no presentar de inmediato los libros y registros que le son requeridos por la autoridad fiscal con motivo de las facultades de comprobación, en términos del artículo 53, segundo párrafo, inciso a), referido, de conformidad con el artículo 40, fracción II, como medida de apremio, ese proceder vulnera los principios de exacta aplicación de la ley (taxatividad) y de legalidad, pues no es dable la aplicación analógica y desproporcionada de sanciones sin más, a las medidas de apremio que, por su naturaleza, son distintas, ya que no tienen un fin sancionador en sí mismo, como en el caso de la hipótesis del numeral 86 indicado, pues el objeto de aquéllas es remover obstáculos que la conducta dilatoria del contribuyente representa para el ejercicio de las facultades de comprobación." [publicada bajo el número XXII.1o.9 A (10a.) en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de dos mil quince, página dos mil trescientos trece]
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Es de atenderse a la jurisprudencia 72/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Conforme al criterio jurisprudencial aquí reproducido, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Así, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Ahora, procede determinar los elementos fácticos y jurídicos que, en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26381-50dafad1/multa-como-medida-de-apremio-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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