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Modo: Corpus Pro

MULTA POR NO SUMINISTRAR DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 85, FRACCIÓN I, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO PUEDEN PROPONERSE CONCEPTOS DE NULIDAD TENDENTES A DEMOSTRAR LA ILEGALIDAD DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2017. · Registro digital (IUS): 27411
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Pág. 896.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 30 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, respecto de la que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano colegiado que emitió uno de los criterios contendientes en la contradicción.

TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis resulta, conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas.

El criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito derivó de lo resuelto en el juicio de amparo directo 483/2016, promovido por **********, contra la sentencia de veintinueve de abril del dos mil dieciséis dictada por el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio 1673/16-07-02-2, en que demandó la nulidad de la resolución que confirmó la diversa que le impuso una multa por no proporcionar la información y documentos requeridos por la autoridad hacendaria en un acta parcial de visita domiciliaria.

En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la orden de visita domiciliaria forma parte del procedimiento del que derivó la imposición de la multa impugnada, pues se trata del documento origen de la obligación de exhibir la información, cuya falta de exhibición provocó la sanción pecuniaria impuesta a la quejosa.

Para arribar a esa decisión tomó en cuenta lo resuelto por esta Segunda Sala al dirimir la contradicción de tesis 303/2010, cuyo punto en contradicción fue determinar si el oficio por el que la autoridad fiscal impone una multa al visitado con motivo del incumplimiento de una visita domiciliaria debe citar nuevamente o no el fundamento relativo a la competencia material, entendida como el fundamento de sus facultades para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Explicó que en dicha resolución, la Segunda Sala sostuvo que la visita domiciliaria se desarrolla a través de una serie de actuaciones vinculadas o concatenadas que inicia con una orden de visita que debe cumplir con ciertos requisitos legales y constitucionales y que se ejecuta por parte de la autoridad a través de una serie de actuaciones.

Sobre esa base, el Alto Tribunal decidió que si al emitir la orden de visita, la autoridad precisa sus facultades para hacerlo y previene al particular para que realice determinados actos apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una sanción, es claro que no debe citar nuevamente los preceptos legales que la facultan para llevar a cabo la visita, sino únicamente aquellos que la facultan a imponer la multa por no haber exhibido la documentación requerida.

Además, se estableció que la regla general relativa a que la fundamentación y motivación de un acto debe constar en el cuerpo mismo del documento y no en uno distinto, sufre una excepción cuando se trata de actos estrechamente vinculados en los que el acto fundante constituye la base del procedimiento.

Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 188/2010, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA IMPONER SANCIONES RELACIONADAS CON UNA VISITA DOMICILIARIA. ES INNECESARIO INVOCAR NUEVAMENTE LOS PRECEPTOS QUE LA FACULTAN PARA ORDENAR LA VISITA.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero del 2001, página 762.

Sentadas las bases anteriores, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció que la multa impuesta a un gobernado por no cumplir una de las obligaciones a su cargo dentro de la práctica de una visita domiciliaria está estrechamente vinculada con la orden de fiscalización, al grado que no es necesario que en el oficio que decreta la sanción se invoquen los preceptos que facultan a la autoridad para practicar la visita siempre que se hubieran citado en la orden de visita respectiva.

Explicó que, en el caso concreto, en la orden de visita domiciliaria la autoridad impuso a la contribuyente la obligación de poner a disposición de los visitadores todos los elementos que integran su contabilidad, informes, datos y documentos que se le solicitaran, apercibida que de no hacerlo se haría acreedora a una infracción en términos del artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, sancionada en términos del diverso artículo 86, fracción I, del mismo ordenamiento, lo que evidencia que la multa, cuya nulidad se demandó no es independiente del procedimiento de fiscalización ni mucho menos de la orden de visita.

Dijo que la relación estrecha entre la orden de visita y la multa impuesta, se pone en evidencia si se toma en cuenta que de no haberse practicado la visita, no hubiera existido intromisión en el domicilio de la contribuyente ni mucho menos se le habría formulado el requerimiento, cuyo incumplimiento dio origen a la sanción impuesta.

Aclaró que no todos los vicios de los que pudiera adolecer la orden de visita son susceptibles de trascender a la validez de la multa, sino sólo aquellos que incidan de manera directa en los motivos que la sustentan.

Sobre esa base, sostuvo que el Magistrado instructor responsable tenía la obligación de analizar los argumentos con que la actora pretendió demostrar la ilegalidad de la orden de visita domiciliaria y, en consecuencia, concedió el amparo para el efecto de que emitiera una nueva sentencia en que, con plenitud de jurisdicción, se ocupara de los argumentos respectivos.

Por otra parte, el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el juicio de amparo directo 728/2012, promovido por **********, contra la sentencia de diez de julio del dos mil doce, dictada por la Magistrada instructora de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio 6982/12-17-09-1, en que se demandó la nulidad de la resolución que le impuso una multa por omitir proporcionar la información y documentos requeridos por la autoridad hacendaria en el acta parcial de entrega de oficio de solicitud de información y documentación emitida dentro de una visita domiciliaria.

En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento consideró que, si bien la multa impuesta a la quejosa se emitió dentro de un procedimiento de fiscalización sin haber concluido la visita domiciliaria, lo cierto es que se trata de una sanción de carácter formal e independiente del resultado de la visita. Por tanto, no es necesario que culmine el ejercicio de las facultades de comprobación para que la autoridad hacendaria se encuentre en aptitud de imponerla.

Explicó que los artículos 46 y 46-A del Código Fiscal de la Federación establecen las formalidades que deben cumplirse para el desarrollo de una visita y prevén las facultades que tienen las autoridades competentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales con la finalidad de proteger el sistema tributario que constituye la fuente de ingresos que tiene el Estado para sufragar el gasto público.

Agregó que la tutela de esa facultad está inmersa en un sistema normativo que, además de derechos, establece diversas obligaciones a cargo de los particulares, cuyo incumplimiento puede derivar tanto en la omisión o inexacto pago de una contribución, como en la obstaculización y entorpecimiento de la actividad fiscalizadora que debe llevar a cabo la autoridad competente.

Expuso que con el objeto de que la autoridad hacendaria se encuentre en posibilidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, el legislador estableció como infracción en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación el no suministrar datos, informes, contabilidad o elementos que exijan las autoridades, la cual será sancionada con multa en términos del diverso artículo 86, fracción I, del mismo ordenamiento, sin que para ello sea necesario que la autoridad concluya el procedimiento de visita domiciliaria, a través del levantamiento del acta final, porque, únicamente se sanciona la conducta renuente del particular de proporcionar la información que le fue solicitada independientemente del resultado de la visita.

Agregó que condicionar la imposición de la multa a la conclusión del procedimiento de fiscalización, obstaculizaría las facultades de comprobación de la autoridad, pues se permitiría que los contribuyentes no proporcionen todos los elementos suficientes y necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Así, consideró que las violaciones cometidas en el procedimiento de fiscalización, se pueden hacer valer hasta que se emita la resolución de ese procedimiento, con excepción de los actos procesales que incidan en la decisión final y que, además, hubieran afectado las defensas del particular.

Sobre esas bases, el tribunal del conocimiento concluyó que, en el juicio contencioso administrativo promovido contra la imposición de una multa por no proporcionar la información y documentos requeridos por la autoridad hacendaria, no es oportuno examinar la validez de la orden de visita domiciliaria que dio origen al procedimiento de fiscalización, pues dicho acto, surgió necesariamente del requerimiento y apercibimiento efectuados al visitado en un acta parcial practicada con posterioridad a la emisión de la orden y, además, la multa impuesta no incide preponderantemente en la decisión final que llegue a emitirse en ese procedimiento ni afecta las defensas del particular, con independencia que, condicionar la imposición de la multa al examen de legalidad de la orden de visita, obstaculiza las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

De ahí que, concluyera que, como lo consideró la Magistrada responsable, los conceptos de anulación propuestos por la parte actora contra la orden de visita domiciliaria son ajenos a la multa que constituyó la resolución administrativa impugnada simplemente porque se trata de una decisión tendente a sancionar la conducta omisiva de la contribuyente.

Finalmente, expuso que si bien la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), del Pleno del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril del 2012, página 61, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.", permite reclamar la orden de visita domiciliaria por vicios propios, a través de un juicio de amparo indirecto, lo cierto es que en el caso concreto el particular decidió al juicio contencioso administrativo federal para impugnar la legalidad de la multa que le fue impuesta, por lo que ésa es la materia a la que circunscribe la litis en el juicio de nulidad.

De dicha resolución derivó el criterio sostenido en la tesis aislada I.7o.A.81 A (10a.), de rubro: "MULTA IMPUESTA POR NO PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD HACENDARIA DURANTE UNA VISITA DOMICILIARIA. EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES INOPORTUNO EXAMINAR LA VALIDEZ DE LA ORDEN QUE ORIGINÓ EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN."

CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción de tesis planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.

Con esa finalidad, conviene precisar que de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Dicho criterio encuentra reflejo en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto del 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción de tesis es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo, se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, que es el de dar certidumbre jurídica.

Sentado lo anterior y a fin de decidir si en el caso que nos ocupa existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en cuenta que de la lectura de las posturas que la propiciaron, sintetizadas en el considerando que antecede, se obtiene que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, conocieron de amparos directos promovidos contra sentencias que reconocieron la validez de las resoluciones, a través de las que se impuso una multa a contribuyentes por omitir exhibir la documentación, informes y datos que les fueron requeridos durante la práctica de una visita domiciliaria.

En los juicios de nulidad de los que derivaron las sentencias reclamadas, las contribuyentes adujeron conceptos de nulidad, tanto contra la multa impuesta como contra la orden de visita domiciliaria, argumentos últimos que fueron desestimados por los Magistrados instructores responsables sobre la consideración esencial de que no es posible aducir vicios contra la orden cuando el acto impugnado es la multa que hizo efectivo el apercibimiento efectuado al momento de requerirles la documentación relativa.

En su demanda de amparo, las quejosas adujeron, esencialmente, que la autoridad responsable debió analizar los conceptos de impugnación propuestos contra la orden de visita domiciliaria, porque la multa fue impuesta dentro de la tramitación de un procedimiento de fiscalización que dio inicio con la orden respectiva. Por tanto, de demostrarse su ilegalidad, se acreditaría también la de la multa impuesta por provenir de un acto viciado de origen.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que, el Magistrado instructor tenía la obligación de estudiar los argumentos respectivos, en tanto los procedimientos de fiscalización (como es una visita domiciliaria), se constituyen por una serie concatenada de actos. Por tanto, si la multa tuvo como origen un apercibimiento decretado en un acta parcial emitida dentro de la visita domiciliaria, es claro que se pueden analizar los vicios de la orden respectiva en el entendido de que no todos aquellos de los que pudiera adolecer son susceptibles de trascender a la validez de la multa, sino sólo aquellos que incidan de manera directa en los motivos que la sustentan.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que el Magistrado instructor no tenía la obligación de estudiar los argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la orden de visita, puesto que son ajenos a la multa que constituyó la resolución administrativa impugnada, esencialmente, por las razones siguientes: porque dicho acto surgió necesariamente del requerimiento y apercibimiento efectuados al visitado en un acta parcial practicada con posterioridad a la emisión de la orden, porque la multa impuesta no incide preponderantemente en la decisión final que llegue a emitirse en ese procedimiento ni afecta las defensas del particular y porque condicionar la imposición de la multa al examen de legalidad de la orden de visita, obstaculiza las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Pues bien, de la confrontación de las posturas referidas, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, se enfrentaron una misma situación jurídica, a saber, determinar si en un juicio contencioso administrativo promovido contra multas impuestas por no cumplir el requerimiento de información, datos o documentos efectuado por la autoridad hacendaria durante el desarrollo de una visita domiciliaria es posible analizar los conceptos de nulidad tendentes a demostrar la ilegalidad de la orden de visita.

Sobre dicha problemática cada tribunal arribó a una conclusión distinta, pues el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que sí se deben analizar los argumentos respectivos siempre que se trate de vicios que incidan de manera directa en los motivos que sustentan la multa, mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que no, lo que evidencia que lo afirmado por un órgano contendiente fue negado por el otro.

Pues bien, bastan las explicaciones anteriores para advertir que se encuentran satisfechas las condiciones para considerar existente la contradicción de criterios pues los tribunales contendientes conocieron de la misma cuestión jurídica general concluyendo en forma antagónica, de manera tal que la jurisprudencia que derive del fallo cumplirá el objetivo de generar certidumbre jurídica.

Ante tales circunstancias esta Segunda Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en un juicio contencioso administrativo promovido contra multas impuestas por no cumplir el requerimiento de información, datos o documentos efectuado por autoridad hacendaria durante el desarrollo de una visita domiciliaria, es posible analizar los conceptos de nulidad tendentes a demostrar la ilegalidad de la orden de visita.

QUINTO.-Para estar en aptitud de resolver el problema jurídico planteado, resulta conveniente tener en cuenta que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el sujeto pasivo de la contribución puede tener dos clases de obligaciones, a saber, sustantivas y formales, o bien, principales y secundarias.

Al dirimir la contradicción de tesis 375/2010, el Tribunal Pleno estableció que la obligación principal o sustantiva, se traduce específicamente en el pago de un impuesto, esto es, consiste en un dar (pago, entero o liquidación del impuesto o contribución). En cambio, las obligaciones secundarias o formales han sido divididas en tres modalidades:

a) De hacer: Entre las que se encuentran la de presentar declaraciones, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar determinados libros para su contabilidad, guardar la documentación referente a su actividad por determinado tiempo, expedir documentos determinados, respecto a su giro, dar aviso de modificaciones a sus estatutos, en el caso de personas morales, entre otras.

b) De no hacer: No proporcionar datos falsos, no oponerse a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, no llevar dos o más libros similares de contabilidad con datos diversos, etcétera.

c) De tolerar: Permitir la práctica de visitas domiciliarias, permitir la revisión de sus libros de contabilidad, papeles, entre otras.

En dicha resolución se dijo que para distinguir una obligación sustantiva de una formal, también es conveniente señalar que las leyes tributarias son disposiciones de observancia general que dimanan, tanto de la expresión tributaria del Estado, como de la potestad normativa paratributaria que consiste en la facultad para emitir disposiciones de observancia general, mediante las cuales se regulan los procedimientos de fiscalización, liquidación y cobro coactivo de los tributos y se pormenorizan aspectos secundarios de sus elementos esenciales.

Las normas tributarias que afectan en forma relevante el patrimonio del gobernado son las que regulan los elementos de una contribución como sujeto, hecho imponible, procedimiento para cuantificar la base gravable, cuota, tarifa, no sujeciones, exenciones, entre otras instituciones fiscales que inciden en el pago mismo del tributo, a las que se les denomina sustantivas.

Por su parte, las obligaciones tributarias accesorias o formales son las previstas en un acto materialmente legislativo, cuyo objeto es vincular a los gobernados a desarrollar una determinada conducta, diversa al pago en sí de contribuciones, que permite al Estado recaudar en forma eficiente esas prestaciones patrimoniales de carácter público. Esto es, se trata de obligaciones que no trascienden al núcleo de la obligación de pago pero que pueden coadyuvar a que el Estado recaude eficientemente las contribuciones.

Ahora bien, al dirimir la contradicción de tesis 285/2016, esta Segunda Sala sostuvo que la base del sistema tributario se encuentra en la confianza depositada por el Estado en que los contribuyentes cumplirán su deber constitucional de contribuir al gasto público, mediante la autodeterminación del impuesto que corresponda a su cargo.

Además, se dijo que ante la posibilidad de que se transgreda la confianza base del sistema tributario para desarrollar prácticas ilícitas defraudadoras del fisco, el legislador reconoció medios para que el Estado intervenga no sólo para neutralizarlas, sino también para sancionarlas y erradicarlas, los cuales, a fin de respetar la garantía de seguridad jurídica, se encuentran detallados, delimitados y pormenorizados en la legislación, a fin de que los contribuyentes tengan la certeza de que la autoridad hacendaria, únicamente podrá actuar conforme a la ley expresamente la faculta.

Entre los métodos empleados por el legislador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tanto fiscales como tributarias de los contribuyentes, se encuentra el otorgamiento de facultades a las autoridades hacendarias, las cuales han sido clasificadas por esta Segunda Sala en de gestión y de comprobación, según se advierte de la tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero del 2017, página 796 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 enero de 2017 a las 10:07 horas», que establece:

"FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN. Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Así, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas en los numerales 22, 41, 41-A y 41-B del Código Fiscal de la Federación; en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir."

De la tesis transcrita, se advierte que existe una clara distinción entre las facultades de gestión y las de comprobación, pues mientras aquéllas auxilian a la autoridad en la asistencia, control o vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, éstas tienden a la inspección, verificación, determinación o liquidación, esto es, a verificar el cumplimiento de la obligación de contribuir, prevista en el numeral 31, fracción IV, constitucional.

De esta manera podemos afirmar que las facultades de gestión, se vinculan normalmente con el cumplimiento de obligaciones accesorias o formales, mientras que las facultades de comprobación, se relacionan con la obligación principal o sustantiva de enterar o pagar contribuciones.

Las facultades de comprobación, se encuentran previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, entre las que destaca para el caso que nos ocupa, la establecida en su fracción III, que dispone:

"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

"...

"III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías."

El precepto transcrito prevé en su párrafo primero que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27411-390dcf36/multa-por-no-suministrar-datos-informes-y-documentos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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