MULTA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA IMPOSICIÓN DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DE FÁTIMA ISABEL SÁMANO HERNÁNDEZ Y JORGE VALENCIA MÉNDEZ. DISIDENTE: RODOLFO ALBERTO BANDALA ÁVILA. PONENTE: JORGE VALENCIA MÉNDEZ. SECRETARIO: CARLOS ERNESTO RAMÍREZ GUZMÁN.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Acuerdo del Pleno del Decimotercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria del día veintiséis de abril dos mil dieciséis.
VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2015, denunciada por el presidente del Pleno del Decimotercer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, suscrito por el presidente del Pleno de este Décimo Tercer Circuito, dirigido al Magistrado ponente, integrante del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del citado circuito, doctor en derecho Jaime Allier Campuzano, denunció la posible contradicción de criterios sustentados entre el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y Administrativa; y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, pertenecientes al Décimo Tercer Circuito, al resolver los amparos directos administrativos ********** y **********, ambos promovidos por **********, por conducto de su representante legal.
SEGUNDO.-Trámite. El uno de septiembre de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno del Decimotercer Circuito, tuvo por recibida la denuncia del Pleno del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, relativa a la posible contradicción de criterios sustentados entre ese tribunal y el diverso Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y Administrativa, ambos de este circuito; por lo que se ordenó formar archivo electrónico y expediente **********, en términos de lo establecido en el numeral 47 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referente a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; solicitó a los presidentes de los tribunales contendientes, informaran, si sus criterios sustentados se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; de igual forma, se ordenó informar lo anterior vía electrónica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis del Alto Tribunal; asimismo, a la Oficina de Estadística Judicial, Oficina Ejecutiva de Certificación Judicial y Correspondencia.
TERCERO.-Integración del asunto. Constan en autos, copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directos administrativos números ********** y **********, ambos promovidos por **********, por conducto de su representante legal, emitidas por los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa; y Penal y Administrativa del propio circuito, respectivamente; asimismo, el Magistrado presidente del Pleno del Decimotercer Circuito tuvo por integrada la presente contradicción de tesis, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó los autos al doctor en derecho Jaime Allier Campuzano, adscrito al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CUARTO.-Returno del proyecto. El proyecto de resolución de la contradicción de tesis 1/2015, del Pleno del Decimotercer Circuito, presentado en la sesión ordinaria de veinticinco de noviembre de dos mil quince, no se aprobó por falta de consenso en relación con el criterio que debe prevalecer y, en atención a que en el presente año de dos mil dieciséis, el Pleno del Decimotercer Circuito está conformado por nuevos integrantes, conforme al acta de instalación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 13, fracción XI, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 8/2015, del propio Consejo, se returnó el mencionado proyecto al Magistrado Jorge Valencia Méndez, adscrito al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien integra el Pleno de dicho Circuito para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimotercer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la vigente Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y publicado en dicho medio oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince, que abrogó el Acuerdo General 11/2014 del propio Pleno, publicado en el referido órgano de difusión el treinta de mayo de dos mil catorce, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios, sustentados por los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa; y Penal y Administrativa del propio Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, como lo es el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es oportuno tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia, en el sentido de que debe considerarse la existencia de una contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
De la misma manera, ha señalado que por "tesis", debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia, cuyos datos de localización, son los siguientes:
"Novena Época
"Registro: 164120
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, agosto de 2010
"Materia: común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Entonces, para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver en sesión de trece de agosto de dos mil quince, por unanimidad de votos, el amparo directo administrativo **********, promovido por **********, determinó, en la parte conducente, lo siguiente:
"SEGUNDO.-El juicio de amparo directo se promovió por persona legitimada para ello, a saber, **********, por conducto de su representante legal **********, parte actora en el juicio de nulidad; por tanto, en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de parte quejosa.-TERCERO.-La existencia del acto reclamado, sentencia de veinte de noviembre de dos mil catorce, dictada en el expediente **********, se acredita con el informe justificado rendido por el Magistrado instructor de la primera ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se resolvió: ‘I. La parte actora no probó su acción, en consecuencia.-II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, cuyas características se precisaron en el resultando primero de este fallo. ... V. Notifíquese.’.-CUARTO.-La demanda de amparo se presentó dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada se notificó a la parte quejosa, el martes dos de diciembre de dos mil catorce, a través de su autorizada (foja 94 del expediente fiscal), notificación que surtió efectos el día miércoles tres de diciembre siguiente, por lo que el término referido inició el jueves cuatro de diciembre y concluyó el martes trece de enero de dos mil quince, haciéndose notar que los días seis, siete, trece y catorce de diciembre, y tres, cuatro, diez y once de enero fueron inhábiles por corresponder a sábados y domingos; así como del quince al treinta y uno de diciembre por corresponder al segundo periodo vacacional de la autoridad responsable, así como uno de enero de dos mil quince por ser inhábil y la demanda se presentó el tres de diciembre de dos mil catorce (foja 6 del presente expediente), por lo que se estima que su presentación se hizo en tiempo.-No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que la quejosa haya promovido el juicio de amparo directo, antes de que iniciara el plazo para ello, pues lo que la ley sanciona es que su presentación se realice después de concluido dicho plazo, no antes.-QUINTO.-No se transcribe la resolución reclamada ni los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues los artículos 94 a 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establecen esa exigencia y, además, el diverso numeral 74 de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, estatuye que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación, así como las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para sobreseer, amparar o negar la protección de la Justicia Federal.-Además, a efecto de que la resolución reclamada pueda ser consultada por las partes, previamente a que se devuelva el expediente de origen al órgano jurisdiccional responsable, se ordena al secretario de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, que agregue al presente toca, copia certificada de dicha resolución; sin que en el presente caso sea necesario realizar lo mismo en relación con los conceptos de violación, pues éstos ya obran en el presente expediente.-Por ello, al no existir disposición constitucional ni legal que imponga como requisito, ni aun de forma, que en las sentencias de amparo deba transcribirse la resolución reclamada y los conceptos de violación expresados en su contra y, además, tales documentos ya obran en el presente toca; se concluye que dichas transcripciones son innecesarias. Medida que se toma en cuenta para cumplir con una de las finalidades establecidas en el artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a la expeditez en la administración de justicia.-Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X «De las sentencias», del título primero «Reglas generales», del libro primero «Del amparo en general», de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.’.-SEXTO.-El análisis de los conceptos de violación, nos lleva a lo siguiente: De las constancias que integran el juicio de nulidad **********, que remitió el Magistrado responsable en apoyo a su informe justificado, revestidas de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., último párrafo, se conoce que mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, a través de su representante **********, promovió juicio de nulidad contra la resolución número **********, de quince de agosto de dos mil catorce, emitida por la directora de Auditoría e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que le impuso multa en cantidad de **********, por no exhibir toda la documentación solicitada mediante acta parcial dos de visita domiciliaria.-En auto de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, el Magistrado instructor de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitió la demanda de nulidad.-Previos los trámites de ley, el veinte de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado de la primera ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió sentencia definitiva, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.-En el único concepto de violación, el representante de la persona moral quejosa manifiesta que la sentencia reclamada viola el artículo 16 constitucional, ya que se encuentra indebidamente fundada y motivada.-Lo anterior, dijo, pues en la segunda parte del segundo concepto de nulidad, hizo valer ante la autoridad responsable que la demandada debió justificar la razón por la cual, no se sujetó al orden señalado en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, es decir, no explicó por qué impuso como medida de apremio la multa, que es la segunda en el orden, y no la solicitud de auxilio de la fuerza pública, que es la primera; pues el mencionado artículo 40 señala que la autoridad fiscal, al momento de imponer una medida de apremio, debe observar estrictamente el orden ahí señalado.-Agrega que la demandada señaló como fundamento el artículo 40 del código tributario, pero no los motivos que tuvo en consideración para imponer la multa, que es la segunda medida en el orden señalado en ese numeral, a pesar de que esa norma dice que se debe seguir el orden ahí establecido.-Que el Magistrado responsable, al resolver el planteamiento, expresó que las medidas de apremio deberán ser conforme a la naturaleza jurídica de ésta y, en el caso, la demandada fundó y motivó su resolución, entre otros, en el artículo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, lo que no causa perjuicio alguno a la actora, dijo, ya que el acto impugnado consiste en la exhibición de documentación derivado de una visita domiciliaria y dada su naturaleza, era innecesario que por el orden de dicho numeral se requiriera de la fuerza pública para cumplir con las facultades de comprobación.-Señala el solicitante del amparo que la responsable no se limitó a resolver lo planteado, pues únicamente debió verificar si la autoridad demandada, al emitir la resolución impugnada, realmente expresó las razones y fundamentos por los cuales no se sujetó al orden señalado en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, y no suplir la deficiencia de la resolución impugnada como lo hizo.-Agregó que, en todo caso, la justificación que hace el Magistrado responsable debió formar parte del acto impugnado en el juicio de nulidad y no hacerla la autoridad responsable, que en la multa impugnada se debió invocar el segundo párrafo del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, en tanto sólo se hizo referencia al primer párrafo, fracción II, de dicho numeral.-Los argumentos anteriores son ineficaces por infundados.-A juicio de los Magistrados que integran este Tribunal Colegiado es correcta la determinación de la autoridad responsable, al considerar que la multa impugnada sí se encuentra fundada y motivada, por las siguientes razones: Es conveniente transcribir la parte relativa de la multa impugnada en el juicio de nulidad. ‘La infracción en que incurrieron se considera grave, ya que al no proporcionar oportunamente la información y documentación que les fue requerida, obstaculizan el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, existiendo con esta conducta la clara intención de evadir el cumplimiento de las disposiciones fiscales, colocándose en una situación de privilegio ante los demás contribuyentes que sí proporcionan la información y documentación oportunamente, tomando en consideración de que a través de este ejercicio de facultades de revisión, el Estado puede allegarse de los recursos económicos para poder hacer frente al gasto público; es relevante mencionar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los mexicanos de contribuir con el gasto público de la Federación, del Estado y del Municipio en que residan, de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes fiscales, en la especie, la sanción es la consecuencia jurídica que se produce por haber violado e infringido una norma, siendo el objeto principal restablecer el orden legal o evitar que posteriormente los contribuyentes cometan la misma infracción, que en nuestro derecho positivo vigente se conoce como reincidencia específica.-Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas primera, segunda, párrafo primero, fracciones I, II y V; tercera; cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; octava, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); y fracción II, inciso a), novena, párrafos primero y décimo, párrafo primero, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 22 de diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2009 y en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 14 de febrero de 2009; artículos 1, 3, primer párrafo, fracción I, 6, segundo párrafo, 24, 26, 27, primer párrafo, fracción XII, 29, primer párrafo, y 45, primer párrafo, fracciones XI, XXI, XXXVII y LII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente; artículos 1, primer párrafo, 5, fracción VII, y 7, fracciones II, VII y VIII, del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca en vigor, y artículos 1, 2, 3, 4, fracciones VI, XI y XVIII, 5, fracción VIII, 17 y 18, fracción XXIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicado en el extra del Periódico Oficial del Estado de fecha
2 de enero del 2009; así como en los artículos 40, primer párrafo, fracción II, 42, primer párrafo, fracciones II y III, 45, 53, inciso a), 70 y 75, primer párrafo, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación; esta autoridad determina lo siguiente: ...’.-Los artículos 85, fracción I, y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, invocados como fundamento en la multa impugnada, establecen: ‘Artículo 85.’ (se transcribe).-‘Artículo 86.’ (se transcribe).-Conforme a lo anterior, es merecedor de la multa contenida en el precepto 86, fracción I, quien no suministre los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales. En el caso, se impuso la multa a la persona moral quejosa, por no presentar los libros y registros que forman parte de su contabilidad.-De ahí que la Sala Fiscal válidamente hubiera determinado que la multa impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada.-Por otro lado, también es apegada a derecho la determinación de la responsable, al considerar infundado el segundo concepto de nulidad en el que se alegó la ilegalidad de la multa, porque se fundó en el artículo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.-De la revisión de la sentencia reclamada se advierte que el Magistrado responsable desestimó por infundado el argumento de la actora, consistente en que la multa es ilegal, porque la demandada fundó su determinación en el artículo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, y debió señalar con precisión las causas que la llevaron a considerar actualizada esa hipótesis, pues no observó el estricto orden de las medidas de apremio establecidas en ese precepto legal.-En efecto, el Magistrado responsable consideró infundado ese argumento, porque dijo, de una interpretación conforme al artículo 17 constitucional, a efecto de garantizar el cumplimiento de sus resoluciones y el buen desempeño de las funciones que la ley le confiere, las autoridades tienen a su disposición las medidas de apremio que establece la ley para hacer cumplir sus determinaciones; que atendiendo a la naturaleza jurídica de esas determinaciones, como actos de molestia, requieren la existencia de: a) Mandamiento legítimo de autoridad que aperciba al obligado de que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio; b) Se precise el medio de apremio que, en su caso, será aplicable y que esté previsto en la ley; y, c) Se notifique tal determinación al sujeto obligado, y que a partir de ésta surta sus efectos, sin que el mandato judicial se hubiese acatado en el plazo concedido, se haga efectivo el medio de apremio a la parte contumaz; por tanto, dijo, las medidas de apremio deberán ser conforme a la naturaleza jurídica de ésta.-Concluyendo el Magistrado responsable que, en el caso, la demandada fundó y motivó su resolución, entre otros, en lo dispuesto en el artículo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, lo cual no le causa perjuicio a la actora, porque dada la naturaleza del acto, consistente en la exhibición de documentación (contabilidad) derivada de una visita domiciliaria, era innecesario que por el orden que establece dicho numeral, se requiriera de la fuerza pública para cumplir con sus facultades de comprobación.-Ahora bien, el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación establece: ‘Artículo 40.’ (se transcribe).-De acuerdo al precepto legal transcrito, y específicamente del contenido de su primer párrafo, las autoridades fiscales aplicarán la medida de apremio relativa a la solicitud del auxilio de la fuerza pública cuando alguien impida de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de las facultades de las autoridades fiscales, observando estrictamente el siguiente orden: En su fracción primera, se prevé la solicitud de la fuerza pública.-De tal manera que existe la obligación de seguir el orden establecido en el numeral, es decir, en primer lugar, solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando se impida el inicio o desarrollo de las facultades de la autoridad fiscal.-En el caso, como se advierte de la transcripción de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, la multa se impuso porque la actora no proporcionó oportunamente la información y documentación que le fue requerida en el acta parcial dos de visita domiciliaria, por lo que, dijo la demandada, obstaculizó el ejercicio de las facultades de comprobación de esa autoridad fiscal, existiendo con esta conducta la clara intención de evadir el cumplimiento de las disposiciones fiscales, colocándose en una situación de privilegio ante las demás contribuyentes que sí proporcionan la información y documentación oportunamente.-Esto es, la conducta cometida por la actora no se ubica en el supuesto previsto en el artículo 40, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, ya que ella no impidió el inicio ni el desarrollo de la visita domiciliaria; esto es, no se impidió el inicio de la visita, dado que la solicitud de información se hizo en el acta parcial número dos, es decir, cuando ya había iniciado la misma, ni se impidió el desarrollo de la visita, pues la conducta de la ahora quejosa consistió en no proporcionar la información y documentación requerida, respecto de la cual, la autoridad tiene las facultades para continuar y concluir la visita domiciliaria con la información que ella posea.-Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que de acuerdo a la definición del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, obstaculizar significa impedir o dificultar la consecución de un propósito; sin embargo, tratándose de facultades de fiscalización, no puede decirse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26641-f3390cee/multa-fundamentacion-y-motivacion-para-la-imposicion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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