DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 203/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO, QUINTO Y SEXTO DEL TERCER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 23 DE OCTUBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de la misma materia y de diferentes Circuitos, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por uno de los Tribunales Colegiados que emitieron uno de los criterios que aquí participan.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que, en síntesis, son los siguientes:
I. Amparo directo 396/2018, resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Las consideraciones torales de la ejecutoria emitida por unanimidad de votos, son las siguientes:
"El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó la práctica de una visita domiciliaria a fin de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones fiscales de la sociedad mercantil como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única por el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, e impuesto al valor agregado por los períodos del primero al treinta de abril de dos mil diez, del primero al treinta y uno de agosto de dos mil diez, y por el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; mismo que se dio a conocer a través del acta parcial de inicio, en la cual se le requirió diversa información y documentación.
"Previos trámites, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de ********** con sede en **********, emitió la resolución contenida en el oficio número ********** de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, por la que se determinó en contra de dicha contribuyente un crédito fiscal por la cantidad total de $**********, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, recargos y multas, por los ejercicios fiscales comprendidos en el año de dos mil diez y dos mil doce, en materia del impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única; así como por los periodos del primero al treinta de abril de dos mil diez, del primero al treinta y uno de agosto de dos mil diez, y por el ejercicio fiscal de dos mil doce, en materia del impuesto al valor agregado.
"Inconforme, la contribuyente interpuso recurso de revocación, y por resolución contenida en el oficio ********** de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Administración Desconcentrada Jurídica de **********, confirmó la determinación recurrida –que le impuso un crédito fiscal–.
"La sociedad mercantil promovió juicio contencioso administrativo, de dicho asunto conoció la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el expediente **********, la cual, por resolución de siete de septiembre de dos mil dieciocho, determinó reconocer la validez de la resolución impugnada.
"Inconforme con la anterior determinación, la quejosa promovió juicio de amparo directo del cual conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual lo admitió a trámite y registró con el número de expediente ********** y, por ejecutoria de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, resolvió concederle el amparo, al considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:
"‘... Como se puede observar, la Sala responsable le restó valor probatorio a los contratos exhibidos por la parte actora, básicamente por el hecho de que no tenían fecha cierta; aunado a que no se aprecia que realmente se hubiese hecho cargo de la totalidad de los documentos comprobatorios aportados, puesto que no hace referencia al análisis pormenorizado de cada uno de ellos, lo que resulta necesario, dada la cantidad de información que fue aportada por la aquí quejosa en el procedimiento.
"‘De ahí que su omisión resulta contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los preceptos 14 y 16 constitucionales, así como a los principios de congruencia y exhaustividad que consagra el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"‘...
"‘Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, si bien es cierto que la concesión del amparo tendrá como efecto constreñir a la autoridad responsable a que se pronuncie respecto de la cuestión efectivamente planteada en relación con la facultad de la autoridad fiscalizadora, así como a la valoración de pruebas, no menos cierto resulta que de proceder al análisis sobre la valoración de pruebas, en aras del artículo 17 constitucional se impone realizar el pronunciamiento relativo a que no es exigible que los contratos deban contener fecha cierta.
"‘Ello, pues refiere que la realidad de las operaciones que generan efectos fiscales, se constata de la apreciación conjunta y armónica de las pruebas exhibidas en el procedimiento de fiscalización, que es realizada por la propia autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación; y que a su vez es susceptible de control jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"‘En tanto que señala que los documentos privados pueden adquirir la característica de tener «fecha cierta», con la finalidad de que los hechos o actos jurídicos consignados en ellos, sean oponibles frente a terceros, es decir, que puedan producir una afectación a la esfera jurídica de éstos, con motivo de los hechos o actos jurídicos consignados en los documentos privados.
"‘Contexto diverso al que se da, en tratándose de generar certeza de la efectiva realización de las transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, en relación con las obligaciones de llevar contabilidad y la documentación comprobatoria; así como conservar toda la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
"‘...
"‘Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, tanto la jurisprudencia como el Código Civil Federal, acuden a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad o a un funcionario en razón de su oficio, así como a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior.
"‘Así, la naturaleza jurídica de la «fecha cierta» está vinculada con las controversias donde generalmente acude un tercero, quien hace valer derechos que derivan de un documento privado, en búsqueda, precisamente, de dar certidumbre sobre la materialización de esos actos que se celebran entre particulares, para evitar así la defraudación de terceros.
"‘No obstante, como lo adujo la propia parte quejosa en el motivo de inconformidad que se analiza, lo expuesto con anterioridad en cuanto a la fecha cierta de los documentos privados, no es aplicable en materia fiscal, específicamente, en lo concerniente a la documentación comprobatoria de la contabilidad que se debe llevar, ni de la documentación que los contribuyentes se encuentran obligados a conservar, relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, puesto que es contrario a la naturaleza propia de las facultades de comprobación.
"‘Se afirma lo anterior, en primer lugar, porque los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, no establecen esa exigencia, como se evidencia de la siguiente transcripción:
"‘...
"‘Pero, por otra parte, la certidumbre de las operaciones de los contribuyentes que generan efectos fiscales, se constata de la apreciación conjunta y armónica de las pruebas exhibidas en el procedimiento de fiscalización, en el contexto antes indicado, que es realizada por la propia autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación; y que, a su vez, es susceptible de control jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"‘En ese contexto, la autoridad no se coloca como un tercero ajeno de la calidad de persona civil, ni se le oponen documentos en un juicio, sino que en uso de sus facultades obtiene la información necesaria para llegar a una conclusión, respecto de la cual y sobre los documentos, la ley no exige el cumplimiento de requisito de «fecha cierta», ni le afecta, precisamente, porque puede comprobar la realización material del hecho o acto jurídico concretado en el documento privado o llegar a otra conclusión.
"‘En tanto que, como se explicó en párrafos precedentes, los documentos privados pueden adquirir la característica de tener «fecha cierta», con la finalidad de que los hechos o actos jurídicos consignados en ellos, sean oponibles frente a terceros, es decir, que puedan producir una afectación a la esfera jurídica de éstos, con motivo de los hechos o actos jurídicos consignados en los documentos privados.
"‘Luego, como lo refiere la empresa quejosa, no es factible exigir que los documentos con los cuales se sustentan o amparan las operaciones que realiza el contribuyente sean de fecha cierta, sobre todo si se toma en consideración que, pretender que la documentación presentada en ejercicio de las facultades de verificación cuenten con el requisito de la fecha cierta, resulta evidentemente fuera del contexto de la naturaleza fiscal de la comprobación de las operaciones realizadas por los contribuyentes.
"‘Además, se insiste, fuera del contexto sobre el cual se crearon los diversos criterios de la «fecha cierta», emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que la responsable sustentó la determinación que ahora se combate, cuyos rubros son: «DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.» y «DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO.»
"‘Criterios que se originaron, principalmente, para que documentos privados pudiesen ser oponibles ante terceros, lo que en la especie no ocurre, pues la autoridad fiscalizadora tiene facultades para verificar y constatar la existencia de las operaciones celebradas por los contribuyentes.’ ..."
II. Amparo directo 184/2014, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por unanimidad de votos, en sesión de veintinueve de enero de dos mil quince. Las consideraciones torales de la ejecutoria emitida son las siguientes:
"Una persona física contribuyente promovió juicio contencioso administrativo, en contra de las autoridades y por las resoluciones siguientes:
"‘La resolución contenida en el oficio número ********** de once de diciembre de dos mil doce, emitida por el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de ********** que determinó en su contra un crédito fiscal por la cantidad –actualizada al once de diciembre de dos mil doce– de ********** por concepto de una supuesta omisión en el pago del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multas, en relación al periodo fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.
"‘La resolución contenida en el oficio número ********** de quince de julio de dos mil trece, emitida por el procurador fiscal del Estado de **********, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa resolución mencionada en el párrafo que antecede, en el sentido de confirmar la resolución recurrida.’
"Tocó conocer de ese asunto a la Tercera Sala Regional de Occidente del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente **********, el cual, por resolución de cinco de septiembre de dos mil catorce, reconoció la validez de la resolución impugnada de quince de julio de dos mil trece, recaída al recurso de revocación, que confirmó la diversa resolución contenida en el oficio ********** de once de diciembre de dos mil doce, que le impuso el crédito fiscal referido.
"En contra de la anterior determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y por ejecutoria de veintinueve de enero de dos mil quince, resolvió conceder el amparo a la parte quejosa, al considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:
"‘Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, si bien es cierto que la concesión del amparo tendrá como efecto constreñir a la autoridad responsable a que se pronuncie respecto de la cuestión efectivamente planteada en relación con la facultad de la autoridad fiscalizadora, así como a la valoración de pruebas, no menos cierto resulta que de proceder al análisis sobre la valoración de pruebas, en aras del artículo 17 constitucional se impone realizar el pronunciamiento relativo a la parte del sexto concepto de violación, en el que la parte quejosa aduce que la obligación de contar y conservar los documentos que amparan el cumplimiento de las disposiciones fiscales, no exige que éstos deban contener fecha cierta (folios 96 a 100 y 125 a 126 del expediente de amparo).
"‘Ello, pues refiere que la realidad de las operaciones que generan efectos fiscales, se constata de la apreciación conjunta y armónica de las pruebas exhibidas en el procedimiento de fiscalización, que es realizada por la propia autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación; y, que a su vez, es susceptible de control jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"‘En tanto que señala que los documentos privados pueden adquirir la característica de tener «fecha cierta», con la finalidad de que los hechos o actos jurídicos consignados en ellos, sean oponibles a terceros, es decir, que puedan producir una afectación a la esfera jurídica de éstos, con motivo de los hechos o actos jurídicos consignados en los documentos privados.
"‘Contexto diverso al que se da, en tratándose de generar certeza de la efectiva realización de las transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, en relación con las obligaciones de llevar contabilidad y la documentación comprobatoria; así como la de conservar toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
"‘Ahora bien, es menester precisar que en relación con «la certeza de la fecha de un documento privado», en principio, se atiende al contenido expreso del criterio jurisprudencial número sesenta y cinco, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de dos mil once, Sexta Época, Tomo V, Materia Civil, Primera Parte -SCJN Primera Sección- Civil Subsección 1-Sustantivo, página sesenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: «DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.» (se transcribe)
"‘De lo transcrito se advierte que, el Alto Tribunal del País ha sustentado que un documento privado se considera de «fecha cierta», en los casos en que se dan las hipótesis jurídicas siguientes:
"‘I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad.
"‘II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, finalmente,
"‘III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes.
"‘Lo anterior, se reflejaba en las condiciones de eficacia de documentos presentados en un juicio de amparo, respecto de terceros que no tuvieron intervención en el acto jurídico.
"‘Por su parte, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación establece que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa; así como que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica; y que, a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.
"‘Cabe recapitular que aquel criterio jurisprudencial no es más que el reflejo de lo dispuesto por el Código Civil Federal, que en su numeral 2034 establece:
"‘...
"‘En ese sentido, si no se dan esos supuestos, el documento privado no produce efectos en relación con terceros, cuando se trata de transmisión de obligaciones entre personas del derecho privado; así, tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica, para así evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas, como sería que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera.
"‘Ello, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen y, por lo mismo, no puede igualmente dar fe, ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo y, por tanto, al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión.
"‘Es decir, las hipótesis jurídicas citadas tienen como elemento de similitud dar certidumbre de su materialidad a través de su fecha, que no haya duda de que el acto sea anterior o posterior, en la que interviene un tercero fidedigno por su fe pública para dar certeza de esa materialidad, o sea, tener una precisión o un conocimiento indudable de la existencia del documento privado y que a partir de cualquiera de los acontecimientos mencionados, su fecha ya no puede ser anterior o posterior, por lo que no atienden a las formalidades de validez del acto contenido en ese instrumento.
"‘Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, tanto la jurisprudencia como el Código Civil Federal acuden a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad o a un funcionario en razón de su oficio, así como a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior.
"‘Así, la naturaleza jurídica de la «fecha cierta» está vinculada con las controversias donde generalmente acude un tercero, quien hace valer derechos que derivan de un documento privado, en búsqueda, precisamente, de dar certidumbre sobre la materialización de esos actos que se celebran entre particulares, para evitar así la defraudación de terceros.
"‘No obstante, como lo adujo la propia parte quejosa en el motivo de inconformidad que se analiza, lo expuesto con anterioridad en cuanto a la fecha cierta de los documentos privados, no es aplicable en materia fiscal, específicamente, en lo concerniente a la documentación comprobatoria de la contabilidad que se debe llevar, ni de la documentación que los contribuyentes se encuentran obligados a conservar, relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, puesto que es contrario a la naturaleza propia de las facultades de comprobación.
"‘Se afirma lo anterior, en primer lugar, porque los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, no establecen esa exigencia, como se evidencia de la siguiente transcripción:
"‘...
"‘Pero, por otra parte, la certidumbre de las operaciones de los contribuyentes que generan efectos fiscales, se constata de la apreciación conjunta y armónica de las pruebas exhibidas en el procedimiento de fiscalización, en el contexto antes indicado, que es realizada por la propia autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación; y, que a su vez, es susceptible de control jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"‘En ese contexto, la autoridad no se coloca como un tercero ajeno de la calidad de persona civil, ni se le oponen documentos en un juicio, sino que en uso de sus facultades obtiene la información necesaria para llegar a una conclusión, respecto de la cual y sobre los documentos, la ley no exige el cumplimiento de requisito de «fecha cierta», ni le afecta, precisamente, porque puede comprobar la realización material del hecho o acto jurídico concretado en el documento privado o llegar a otra conclusión.
"‘En tanto que, como se explicó en párrafos precedentes, los documentos privados pueden adquirir la característica de tener «fecha cierta», con la finalidad de que los hechos o actos jurídicos consignados en ellos, sean oponibles frente a terceros, es decir, que puedan producir una afectación a la esfera jurídica de éstos, con motivo de los hechos o actos jurídicos consignados en los documentos privados.
"‘Luego, como lo refiere la empresa quejosa, no es factible exigir que los documentos con los cuales se sustentan o amparan las operaciones que realiza el contribuyente sean de fecha cierta, sobre todo si se toma en consideración que, pretender que la documentación presentada en ejercicio de las facultades de verificación cuenten con el requisito de la fecha cierta, resulta evidentemente fuera del contexto de la naturaleza fiscal de la comprobación de las operaciones realizadas por los contribuyentes.
"‘Y, se insiste, fuera del contexto sobre el cual se crearon los diversos criterios de la «fecha cierta», emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que la responsable sustentó la determinación que ahora se combate, cuyos rubros son: «DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.» y «DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO.»
"‘Criterios que se originaron, principalmente, para que documentos privados pudiesen ser oponibles ante terceros, lo que en la especie no ocurre, pues la autoridad fiscalizadora tiene facultades para verificar y constatar la existencia de las operaciones celebradas por los contribuyentes.’ ..."
III. Amparo directo 40/2017, resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por unanimidad de votos, en sesión de seis de octubre de dos mil diecisiete. Las consideraciones torales de la ejecutoria emitida son las siguientes:
"Una empresa promovió juicio contencioso administrativo, en contra de las autoridades y por las resoluciones siguientes:
"‘... I. ...II. Resoluciones que se impugnan. a) La contenida en el oficio número ********** de treinta de septiembre de dos mil quince, emitido por la administradora local jurídica de ********** del Servicio de Administración Tributaria; y, b) La diversa contenida en el oficio ********** de veintisiete de mayo de dos mil quince, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de ********** del Servicio de Administración Tributaria. Resolución esta última que se impugna de manera destacada ...’
"Tocó conocer de ese asunto a la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el expediente **********, el cual, por resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, determinó reconocer la validez de la resolución impugnada contenida en el oficio número ********** de veintisiete de mayo de dos mil quince.
"En contra de dicha determinación, la empresa actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y por ejecutoria de seis de octubre de dos mil diecisiete, resolvió conceder el amparo a la empresa quejosa, al considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:
"‘... Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, si bien es cierto que la concesión del amparo tendrá como efecto constreñir a la autoridad responsable a que se pronuncie respecto de la cuestión efectivamente planteada en relación con la facultad de la autoridad fiscalizadora, así como a la valoración de pruebas, no menos cierto resulta que de proceder al análisis sobre la valoración de pruebas, en aras del artículo 17 constitucional se impone realizar el pronunciamiento relativo a la parte del sexto concepto de violación, en el que la parte quejosa aduce que la obligación de contar y conservar los documentos que amparan el cumplimiento de las disposiciones fiscales, no exige que éstos deban contener fecha cierta (folios 96 a 100 y 125 a 126 del expediente de amparo).
"‘Ello, pues refiere que la realidad de las operaciones que generan efectos fiscales, se constata de la apreciación conjunta y armónica de las pruebas exhibidas en el procedimiento de fiscalización, que es realizada por la propia autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación; y que, a su vez, es susceptible de control jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"‘En tanto que señala que los documentos privados pueden adquirir la característica de tener «fecha cierta», con la finalidad de que los hechos o actos jurídicos consignados en ellos, sean oponibles a terceros, es decir, que puedan producir una afectación a la esfera jurídica de éstos, con motivo de los hechos o actos jurídicos consignados en los documentos privados.
"‘Contexto diverso al que se da, en tratándose de generar certeza de la efectiva realización de las transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, en relación con las obligaciones de llevar contabilidad y la documentación comprobatoria; así como la de conservar toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
"‘Ahora bien, es menester precisar que en relación con «la certeza de la fecha de un documento privado», en principio, se atiende al contenido expreso del criterio jurisprudencial número sesenta y cinco, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de dos mil once, Sexta Época, Tomo V, Materia Civil, Primera Parte -SCJN Primera Sección- Civil Subsección 1-Sustantivo, página sesenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: «DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.» (se transcribe)
"‘De lo transcrito se advierte que el Alto Tribunal del país ha sustentado que un documento privado se considera de «fecha cierta», en los casos en que se dan las hipótesis jurídicas siguientes:
"‘I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad.
"‘II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, finalmente,
"‘III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes.
"‘Lo anterior, se reflejaba en las condiciones de eficacia de documentos presentados en un juicio de amparo, respecto de terceros que no tuvieron intervención en el acto jurídico.
"‘Por su parte, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación establece que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa; así como que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica; y que, a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza prop
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29181-31fab3b4/documentos-privados-deben-cumplir-con-el-requisito-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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