FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 405/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, Y PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
II. Competencia
4. Esta Segunda Sala es competente para resolver la contradicción de tesis en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que la posible discrepancia de criterios se suscitó entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Incompetencia
5. Con independencia de lo anterior, esta Sala no es competente para conocer del criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 26/2017, toda vez que en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226 de la Ley de Amparo, 10, fracción VIII, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno; y 3 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a los Plenos de Circuito resolver las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito.
6. Asimismo, de conformidad con el artículo 226 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tiene competencia para conocer de contradicciones de tesis suscitadas entre sus Salas, o bien, entre las sustentadas por el Pleno o sus Salas y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las originadas entre los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de diversa especialidad de un mismo Circuito y/o los Tribunales Colegiados de diverso Circuito.
7. En el caso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, –cuyo criterio no es factible que sea revisado por este Alto Tribunal– pertenece al mismo Circuito y especialidad que el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, destacando que, respecto a este último Tribunal Colegiado, sí se justifica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la medida en que a diferencia de aquél, sostuvo un criterio divergente respecto del sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que pertenece a diverso Circuito.
8. En este sentido, resulta innecesario analizar el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, así como la remisión de los autos al Pleno del Décimo Primer Circuito, toda vez que mediante esta ejecutoria se emite el criterio que debe prevalecer.(1)
IV. Legitimación
9. En términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito está legitimado para denunciar la contradicción que nos ocupa, ya que dicho órgano jurisdiccional sustentó uno de los criterios contendientes.
V. Existencia de la contradicción
10. Esta Segunda Sala estima que existe contradicción de criterios, ya que los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica y adoptaron criterios discrepantes.(2)
11. Para corroborar lo anterior es necesario precisar los antecedentes de los asuntos sometidos a consideración de los órganos jurisdiccionales involucrados y sus respectivas posturas.
Recurso de revisión fiscal 3/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito
12. El Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT) ordenó una visita domiciliaria con el objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.
13. Con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal rechazó las deducciones para efecto de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única y el acreditamiento del impuesto al valor agregado pretendidos por el visitado, en razón de que no se demostró la materialización de las operaciones que el causante realizó con sus proveedores, determinación a la que arribó porque éstos no fueron localizados en sus domicilios ni presentaron sus declaraciones de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos, asimilados a salario y honorarios, por lo que concluyó que no contaban con personal para movilizar la mercancía referida en las facturas exhibidas por el visitado. Consecuentemente, determinó un crédito fiscal por concepto de esos impuestos, actualización, recargos y multas.
14. El contribuyente interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió en el sentido de confirmar el crédito fiscal determinado. Luego, el causante promovió juicio de nulidad en el que impugnó tal resolución.
15. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de la resolución confirmatoria y de la determinación del crédito fiscal.
16. La autoridad hacendaria interpuso recurso de revisión fiscal, el cual fue declarado fundado por el Tribunal Colegiado contendiente con base en los razonamientos siguientes:
17. De las constancias del expediente remitido por la responsable se advierte que la determinación del crédito contenido en la resolución impugnada tuvo origen en las facultades de comprobación previstas en las fracciones III y IV de artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, así como que previamente a la orden de visita se había solicitado documentación e información al contador registrado a fin de revisar el dictamen que formuló vía internet respecto de los estados financieros del contribuyente por el ejercicio fiscal de 2012, pero al ser insuficientes los datos proporcionados, fue necesario practicar la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento de las contribuciones federales correspondientes a los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado, y como retenedor del primero de los gravámenes citados.
18. En las actas parciales emitidas con motivo de la orden de visita domiciliaria al contribuyente, se hizo constar que los comprobantes fiscales con los que se pretendió declarar una deducción, amparaban operaciones inexistentes. También, que los comprobantes que se expidieron en favor del visitado por parte de terceros no podían producir efectos fiscales, porque las operaciones carecen de materialidad dado que ninguno de esos terceros contaba con personal para haber realizado la venta de mercancía, ni presentaron declaraciones de retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos, asimilados a salarios y por honorarios.
19. Asimismo, que si bien uno de los terceros aportó documentación, no comprobó que su proveedor tuviera capacidad de infraestructura para vender la mercancía, porque su domicilio fiscal no existe, además de que el otro tercero no se encuentra localizado fiscalmente y nunca ha estado constituido en su domicilio.
20. En la última acta parcial se consignaron tales hechos y se estableció que se concedía un plazo de cuando menos veinte días para que corrigiera su situación fiscal o para exhibir ante la autoridad fiscal los documentos, libros y registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en esa acta.
21. Asiste la razón a la recurrente al sostener que no podía seguirse el procedimiento que prevé el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ya que éste no debe observarse cuando son detectadas la operaciones al ejercerse facultades de comprobación en términos de las fracciones III y IV del artículo 42 del propio código tributario.
22. Del artículo 69-B se desprende que la finalidad del legislador fue instaurar un procedimiento en contra de los emisores de los comprobantes fiscales, y tiene como objetivo enfrentar y detener conductas evasivas que ocasionan un grave daño al fisco y perjudican a quienes sí cumplen con su deber constitucional de contribuir al gasto público.
23. Con base en esa disposición legal las autoridades podrán presumir que son inexistentes las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes, o bien, que no se encuentren localizados, para lo cual se establece que deberá notificarlos a través del buzón tributario, de la página de internet del SAT y del Diario Oficial de la Federación, a fin de que dentro del plazo de quince días desvirtúen los hechos considerados por la autoridad fiscal.
24. Dispone que en el plazo de cinco días siguientes se podrán valorar las pruebas y la resolución que se emita se notificará por medio del buzón tributario. Pasados treinta días de la notificación, en la página de internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación se publicará el nombre de los contribuyentes que no hubiesen desvirtuado la presunción, y la consecuencia será que los comprobantes fiscales expedidos por esos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
25. También establece un plazo de treinta días siguientes a la publicación, en favor de los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes expedidos por algún contribuyente incluido en la lista, para que demuestren que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan tales comprobantes.
26. Prevé que en caso de que el contribuyente no acredite la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrija su situación fiscal, se determinarán los créditos fiscales que correspondan y se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.
27. Y que si la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecta que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos de lo anterior, determinará los créditos fiscales que correspondan.
28. Este procedimiento no resulta aplicable cuando se realiza una visita domiciliaria, toda vez que en este supuesto los artículos 42 y 46 del Código Fiscal de la Federación prevén las reglas a seguir y los plazos que se otorgan al visitado para desvirtuar las presunciones de operaciones inexistentes que arrojan los hechos asentados en las actas parciales.
29. Las fracciones III y IV del artículo 42 prevén que la autoridad podrá practicar visitas a los contribuyentes y revisar su contabilidad, bienes, mercancías y los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los estados financieros de los visitados y las operaciones efectuadas. El artículo 46 dispone una serie de lineamientos sobre el procedimiento que debe seguirse con motivo de estas diligencias, dentro del cual cobra especial relevancia el supuesto en que si las autoridades conocen de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales, las cuales se darán a conocer al visitado y se le concederá oportunidad para desvirtuarlas con un plazo de veinte días.
30. En tal contexto, lo que puede deducirse es que el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación es un procedimiento ajeno a las diligencias efectuadas en la visita domiciliaria, puesto que se refiere a un caso diverso en el cual la autoridad no ha ejercido las facultades de comprobación a que se refiere el numeral 42, fracciones III y IV, del código citado. Incluso, ello puede inferirse si se atiende a la exposición de motivos que dio origen a la emisión del primer precepto referido, de los que se aprecia que éste fue creado para combatir la emisión de los comprobantes fiscales apócrifos; es una facultad distinta de comprobación y si bien se da oportunidad a quien se pretende beneficiar de esas facturas para que acredite que efectivamente se materializaron las operaciones a que refieren, ello se contempla porque lógicamente no se inició una visita domiciliaria o revisión de gabinete.
31. En la propia exposición de motivos se señala que "se abre una ventana" para que quienes se hayan beneficiado con los comprobantes fiscales, procedan a autocorregirse y destruyan la presunción de inexistencia, pero ello acontece sin que se estén ejerciendo las facultades de comprobación a través de una visita domiciliaria, puesto que en el procedimiento de la visita se da oportunidad al visitado para autocorregirse o desvirtuar los hechos o presunciones detectados en esa diligencia tal como se describe en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.
32. Además, en la exposición de motivos y en el párrafo último del artículo 69-B puede observarse que se previó la posibilidad de que si al ejercerse las facultades de comprobación (llámese visita domiciliaria) se detecta que el visitado insiste en utilizar los comprobantes o no se autocorrigió, se le sancionará con la liquidación, lo que implica que necesariamente ya se había seguido el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones y, por ende, se le dio oportunidad de defenderse en ese aspecto.
33. Pero no debe perderse de vista que puede ocurrir que la autoridad fiscal no inició el procedimiento previsto en el artículo 69-B del código tributario, y ejerce sus facultades de comprobación como en el caso, por tanto, no procederá a ordenar la liquidación del crédito en contra del visitado, sino hasta después de que levante la última acta parcial y hubiera dado veinte días al contribuyente para que tenga la oportunidad de desvirtuar las presunciones y demuestre la materialidad de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales, o pueda autocorregirse. Por consiguiente, no será necesario llevar a cabo el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, puesto que de estimarlo así se estaría concediendo un doble plazo al contribuyente, lo cual no es lógico jurídicamente.
Recurso de revisión fiscal 6/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito
34. Con motivo del desahogo de una visita domiciliaria, el SAT determinó un crédito fiscal por concepto de impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado, recargos y multas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.
35. Para arribar a esa determinación, la autoridad fiscal indicó que las deducciones registradas y declaradas dentro de los rubros costo de lo vendido y gastos de operación, se sustentaron con facturas que amparan operaciones inexistentes, ya que aun cuando la contribuyente visitada exhibió los comprobantes fiscales de ingresos expedidos a sus clientes y se conoció que recibió los pagos respectivos por esas operaciones, no se comprobó la real materialización de las ventas que soportan tales comprobantes, puesto que los requisitos de expedir facturas y obtener el pago no son suficientes para acreditar que una operación efectivamente se realizó.
36. Asimismo, que la visitada no lleva controles de inventarios de mercancías y/o productos terminados, toda vez que en la cuenta "inventario, mercancías o almacén" no tiene registrado saldo inicial ni final, tampoco tiene movimientos de cargo o de abono en el ejercicio revisado, ni tiene registrado en su contabilidad costo de ventas o compras, de manera que no acreditó que efectivamente se llevaron a cabo las operaciones de compra amparadas con las facturas que le fueron emitidas por sus proveedores.
37. Además, que se comprobó que la visitada no cuenta con personal para realizar la venta de fruta, tampoco tiene registrados terrenos y/o huertas, ni cuenta con infraestructura o capacidad material para realizar la compra y venta de fruta, puesto que no exhibió factura que ampare la adquisición de activos, lo que hace evidente que la materialización de la compra y venta de fruta no puede demostrarse exclusivamente a través de un registro contable y su documentación soporte, sino que además se requieren otros medios de prueba directos o indirectos que permitan corroborar lo asentado en ese registro o documentos. De ahí que las operaciones amparadas por las facturas exhibidas son inexistentes.
38. Por otro lado, que las operaciones de compra y venta realizadas por la contribuyente con sus proveedores y clientes respectivamente, a quienes incluso se les realizó una compulsa, son inexistentes porque dichos terceros no acreditaron contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para producir, comercializar o entregar los bienes a la visitada, en tanto que dos proveedores no fueron localizados y los restantes si bien presentaron la documentación e información con la que amparaban las operaciones, resultaron insuficientes para demostrar su real existencia.
39. Finalmente, que al presumirse inexistentes las operaciones de compra realizadas por la contribuyente, también se presumían inexistentes las operaciones de venta, toda vez que la visitada no acreditó contar con los activos, personas, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para producir, comercializar y entregar la fruta. De ahí que se estimen como ingresos y valor de actos o actividades presuntos en términos del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
40. La contribuyente interpuso recurso de revocación; sin embargo, el SAT confirmó la determinación del crédito fiscal. Ante tal circunstancia, la causante promovió juicio de nulidad en el que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió declarar la nulidad de la resolución confirmatoria y de la determinación del crédito fiscal, para el efecto de que, en su caso, la autoridad fiscal emitiera nueva resolución en la que se abstuviera de considerar inexistentes las operaciones que dieron origen a los ingresos registrados y declarados por la contribuyente por concepto de venta de fruta, así como las deducciones relativas a las compras o erogaciones de ese fruto, y en esa medida, los tome en consideración para efectos de la determinación de los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado.
41. El SAT interpuso recurso de revisión fiscal y el tribunal federal contendiente lo declaró infundado por lo siguiente:
42. No asiste la razón a la autoridad recurrente, porque como lo indicó la Sala administrativa, tratándose de inexistencia de operaciones el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación prevé los supuestos de procedimiento, por lo que si la autoridad considera que se actualiza alguno de esos supuestos, necesariamente tendrá que llevarlo a cabo, aun cuando lo haga dentro de una visita domiciliaria, precisamente para tener y otorgar la seguridad y certeza jurídica de que se obtendrá su firmeza.
43. Más cuando la autoridad que revisaba estimó que estaba frente a operaciones inexistentes, porque el contribuyente no había demostrado en el mundo fáctico la realización de los conceptos que describían las facturas y de los asientos contables que había exhibido, más ahí, en ese momento, como obligación de toda autoridad es que deba aplicarse la ley, y si en el código tributario federal está dispuesto un procedimiento que permite legalmente establecer y llegar a la plena convicción de que se actualizan operaciones inexistentes, es que los servidores públicos que realizaban esa visita domiciliaria debieron aplicar el artículo 69-B.
44. Si sólo se tiende a argumentar que así es, partiendo de la base misma de que son así, porque son operaciones inexistentes y que esa determinación no depende de que se realice el procedimiento que señala el artículo 69-B, sino de los hechos y omisiones que se van conociendo en el procedimiento fiscalizador que en su momento inicia la autoridad, en el cual sí se puede determinar la inexistencia o simulación de operaciones, entonces lo que resulta es una falacia de petición de principio, que lejos de soportar el crédito líquido, trae como en el caso, la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por la evidente ilegalidad de la actuación de la autoridad fiscal.
45. Es claro que sí es exigible para la autoridad que revisa la situación fiscal del contribuyente que hubiera llevado a cabo el procedimiento que prevé el artículo 69-B, ya sea antes o durante la visita domiciliaria, puesto que si se tiene algún indicio de que se está ante operaciones inexistentes, se le debe dar la oportunidad a quien aplicó fiscalmente esos comprobantes para que demuestre su existencia o corrija su situación fiscal y sólo a los que no hicieron una u otra cosa, es a los que se les podrá determinar operaciones inexistentes en razón de un diverso procedimiento de fiscalización a los previstos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.
46. También es infundado que la autoridad fiscal cuando advierte que los documentos y asientos contables presentados por los causantes amparan operaciones que no se pudieron comprobar en el mundo fáctico, puede establecer la inexistencia de esos actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento previsto para determinar operaciones inexistentes.
47. Ello, porque el artículo 69-B dispone el procedimiento a seguir por las autoridades fiscales cuando detecten que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
48. Procedimiento que concluirá con la notificación de la resolución a los contribuyentes investigados a través del buzón tributario, y en su caso, con la publicación de un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT de los que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por ende, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el párrafo primero del artículo 69-B.
49. La publicación de este listado implica considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente investigado no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Consecuentemente, las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado, contarán con treinta días siguientes al de la publicación de la lista para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan esos comprobantes, o bien, procederán dentro del mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante las declaraciones complementarias que correspondan.
50. Así, el artículo 69-B prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal.
51. La primera publicación que se efectúa en el procedimiento constituye un medio de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente que se encuentra en el supuesto de presunción de inexistencia de operaciones, con la finalidad de hacer del conocimiento del gobernado la posibilidad que tiene de acudir ante la autoridad exactora a manifestar lo que a su interés convenga, inclusive a ofrecer pruebas para desvirtuar el sustento de la referida presunción, esto de manera previa a que se declare definitivamente la inexistencia de sus operaciones. Por tanto, la primera publicación resulta ser un acto de molestia al que no les es exigible el derecho de audiencia previa.
52. En relación con la segunda publicación a que refiere el artículo 69-B, quedan expeditos los derechos de los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los comprobantes que sustentan operaciones que se presumen inexistentes, para que acudan ante la autoridad hacendaria con el fin de demostrar que efectivamente recibieron los bienes o servicios que amparan, lo que constituye un periodo de prueba, y en caso de no lograr desvirtuar esa presunción, pueden impugnar la resolución definitiva a través de los medios de defensa que estimen convenientes.
53. Lo que conlleva implícitamente el derecho de audiencia de los contribuyentes, que no puede ser vulnerado por ninguna autoridad, aun cuando sea la fiscalizadora, y es que es esta premisa la que rige la sentencia revisada, dado que la autoridad fiscal no llevó a cabo aquel procedimiento y así lo confesó tanto en el juicio contencioso administrativo, como en esta instancia, aunque alegue que no lo debía hacer, porque en realidad está obligada a realizar lo que la ley dispone, puesto que no se trata del contribuyente, sino de la propia autoridad que tiene que garantizar su actuación en los artículos 14 y 16 constitucionales, precisamente para tener también el fisco federal, la seguridad jurídica de sus determinaciones y que no sea factible de que el contribuyente la nulifique como en el caso.
54. Entonces, contrariamente a lo aducido, sí era necesario que se llevara a cabo el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, más cuando la propia autoridad hacendaria va a determinar la inexistencia de las operaciones amparadas en la contabilidad y en las facturas que se le presentan, desproveyendo esas anotaciones contables y documentos de cualquier tipo de eficacia probatoria, aunque se haga dentro de una visita domiciliaria, ya que si bien son facultades de comprobación distintas, no es verdad que la autoridad tenga toda la libertad para desestimar la contabilidad y las facturas que la soportan, sin que se lleve a cabo el procedimiento que la ley prevé para determinar operaciones inexistentes, que además, tendrá el efecto fiscal de que se acumule la totalidad de esos ingresos que la autoridad recurrente determinó sin dar mayor motivación y fundamentación como operaciones inexistentes, lo que se traduce en una actuación ilegal de su parte.
55. La autoridad fiscal para arribar a tal determinación y negarle efectos fiscales a esas operaciones, debió seguir el procedimiento previsto en el artículo 69-B, puesto que dispone expresamente cómo debe proceder cuando está en el supuesto de inexistencia de operaciones por la expedición de comprobantes fiscales por contribuyentes que no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
56. Tan es así, que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación prevé que la autoridad hacendaria puede iniciar sus facultades de comprobación para confirmar la situación fiscal del contribuyente, y en el supuesto de que considere la inexistencia de operaciones por la expedición de comprobantes fiscales por contribuyentes que no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes, el numeral 69-B, del propio código tributario establece el procedimiento a seguir para negarles cualquier efecto fiscal y, por ende, para restarles eficacia demostrativa o, en su caso, negar la devolución de las cantidades que fueron solicitadas con sustento en ese tipo de comprobantes.
57. Procedimiento que no se siguió por la autoridad demandada y así lo aceptó, y que resultaba necesario si se pretendía demostrar la inexistencia de las operaciones, puesto que es a la autoridad recurrente a quien le corresponde el débito procesal de acreditarlo, esto es, corresponde a la autoridad fiscal la carga probatoria de demostrar que el contribuyente sustenta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en operaciones inexistentes, con base en la falta de activo fijo, personal, infraestructura, incapacidad material directa o indirecta, para la prestación de servicios o para producir, comercializar o entregar los bienes que refieren sus comprobantes fiscales, pero a través del procedimiento establecido ex profeso en el artículo 69-B para estas situaciones.
58. No existe dispositivo legal alguno que autorice a la autoridad hacendaria para que determine que un contribuyente específico no ha realizado las operaciones que su contabilidad informa, es decir, que le permita concluir en la inexistencia de operaciones, sin realizar el procedimiento correspondiente que la propia ley tributaria federal prevé para este fin.
59. De lo expuesto se observa que los órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica consistente en definir si para que la autori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28715-1a59ba2a/facultades-de-comprobacion-al-ejercerlas-la-autoridad-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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