EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LOS DATOS DEL SUJETO CONTRIBUYENTE QUE SE UBICÓ EN DEFINITIVA EN LA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUNQUE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DERIVE DE LA REVISIÓN DE UN EJERCICIO FISCAL ESPECÍFICO, ES VÁLIDO JURÍDICAMENTE QUE LA INCLUSIÓN EN EL LISTADO TENGA EFECTOS GENERALES Y SE PROYECTEN A FUTURO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VEINTITRÉS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, QUIEN EMITIÓ VOTO CON SALVEDADES, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JEAN CLAUDE TRON PETIT, QUIEN EMITIÓ VOTO CON SALVEDADES, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CARLOS RONZON SEVILLA, RICARDO OLVERA GARCÍA, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, QUIEN EMITIÓ VOTO CON SALVEDADES, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MARTHA LLAMILÉ ORTIZ BRENA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN, ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ, QUIEN EMITIÓ VOTO CON SALVEDADES, Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. PONENTE: CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA. SECRETARIO: JOSÉ FERNANDO OJEDA MONTERO.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Mediante oficio sin número, recibido el cinco de marzo de dos mil veintiuno en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho tribunal y el Vigésimo de la citada materia y circuito, al resolver los expedientes D.A. 170/2020 y D.A. 109/2018, respectivamente.
SEGUNDO.—El once de marzo de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción y la registró con el número PC01.I.A.09/2021.C. Asimismo, requirió a los tribunales contendientes por la remisión de los archivos digitales de las ejecutorias emitidas y que informaran si continúan vigentes los criterios asumidos.
En respuesta a lo solicitado, en proveído de veintidós de marzo de esta anualidad, la presidencia del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó al Pleno en Materia Administrativa de esta jurisdicción, que el criterio sustentado se encuentra vigente; correlativamente, en diverso acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la presidencia del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio sustentado también se encuentra vigente.
TERCERO.—Por su parte, mediante oficio DGCCST/X/217/06/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó al secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, no se desprendía el registro de algún conflicto de contradicción de tesis con tema a resolver idéntico o similar al que ahora se plantea en esta contradicción.
CUARTO.—Finalmente, mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se turnó el asunto a la Magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
1. PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
2. SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuando resolvió el amparo directo D.A. 170/2020 de su índice, en el que sustentó uno de los criterios materia del presente asunto.
3. TERCERO.—Consideraciones de los criterios contendientes. Previamente a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es conveniente transcribir la parte relativa de las ejecutorias emitidas por los órganos colegiados contendientes.
4. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.A. 109/2018, en la sesión de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, determinó:
"En el caso se considera que sus argumentos devienen fundados por lo siguiente:
"La Sala al fijar la litis señaló que la actora se dolía de que la Administración Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria extralimitó el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, al considerar con efectos generales y universales que absolutamente todos los comprobantes fiscales expedidos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, siendo que la revisión se limitó al ejercicio correspondiente del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
"Posterior a ello, la Sala analizó el contenido del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y advirtió que el propio artículo le otorga las facultades a las autoridades fiscales para presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, cuando detecte que un contribuyente los ha estado emitiendo sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
"Que dicha presunción, señaló, daría lugar a que la autoridad fiscal publique un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, cuyo efecto será considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
"Dicho efecto, argumentó la Sala, no sólo corresponderá a operaciones pasadas sino futuras y sin caducidad alguna, pues no se debe perder de vista la razón de ser de dicho precepto legal, la cual es, precisamente, acabar con la simulación de actos, problema de actualidad que evidentemente ha causado perjuicio a la hacienda pública. Sin que sea obstáculo a lo anterior, señaló, que la autoridad demandada haya revisado sólo un ejercicio fiscal, pues la mención de la autoridad fiscal respecto del ejercicio revisado, es sólo para demostrar y acreditar que la contribuyente se encontraba en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
"Lo anterior pone en evidencia lo fundado del concepto de violación hecho valer por la quejosa, toda vez que si la Administradora Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, únicamente revisó las declaraciones que presentó la quejosa en el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, es evidente que la Sala federal se extralimitó al considerar que al publicar el listado en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el efecto producido era considerar que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión, no producen ni produjeron efecto fiscal alguno y que dicho aspecto no sólo correspondería a las operaciones pasadas, sino también a las futuras y sin caducidad alguna, dado que no se debía perder de vista que el objetivo de dicho precepto legal era acabar con la simulación de actos.
"Sin embargo, tal pronunciamiento de la responsable resulta incorrecto en razón de que la autoridad administrativa sólo revisó y se pronunció en relación con el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, lo que significa que no puede imprimirse un efecto general en los términos en que resolvió la Sala del conocimiento, pues ello implicaría afectar el derecho de debida audiencia y defensa de la quejosa, al dejarla en estado de indefensión respecto de periodos que no fueron analizados, ya que la materia de la revisión, se reitera, se concretó únicamente al citado periodo relativo al año dos mil trece; de ahí que se estime desacertada tal declaratoria sobre las operaciones pasadas y futuras y sin caducidad alguna.
"En tales condiciones, es dable arribar a la conclusión de que los argumentos de la impetrante del amparo antes reseñados resultan fundados, pues si bien es cierto la Sala se pronuncia con relación a las facultades de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, como en el caso lo es la Administradora Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, también lo es que dicho estudio excede lo previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para presumir la inexistencia general de las operaciones."
5. Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.A. 170/2020, en sesión de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por unanimidad determinó:
"Sobre tales premisas, es plausible concluir que la finalidad del procedimiento establecido en el artículo 69-B es que la autoridad dé a conocer que existe la presunción de inexistencia de operaciones para que los contribuyentes tengan oportunidad de desvirtuarla ofreciendo pruebas y, posteriormente –en su caso–, se declarare en definitiva una realidad jurídica, esto es, que los contribuyentes que se ubican en ese supuesto emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, con independencia de que únicamente se hubieran revisado aquellos que expidió en un ejercicio fiscal en específico.
"Ello es así, habida cuenta que no se trata del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, las cuales están limitadas al plazo de caducidad, sino que se trata de un procedimiento especial conformado por una presunción y la eventual declaración de una realidad jurídica.
"En ese orden de ideas, es jurídicamente razonable que los efectos de la resolución que confirma en definitiva la presunción de inexistencia de operaciones se proyecten a futuro, habida cuenta que el contribuyente no logró desvirtuarla, por lo que se entiende que al no demostrar que contaba con los elementos suficientes para realizar las actividades de su objeto social, es inconcuso que los comprobantes que emita no estarán soportados por operaciones reales.
"Además, no puede considerarse que se transgrede su derecho fundamental de audiencia, pues éste se encuentra garantizado por el propio procedimiento establecido en el artículo 69-B que le otorga la posibilidad de desvirtuar la presunción preliminar ante la autoridad hacendaria, así como la resolución definitiva, a través de los medios de defensa que estime procedentes.
"Por lo que respecta a los comprobantes que hubiera emitido en ejercicios fiscales anteriores al revisado, las facultades de la autoridad para comprobar los efectos que un tercero le hubiera dado, están acotadas por el plazo de caducidad, cuyo ejercicio no repercute en la esfera jurídica del contribuyente que los expidió, sino en la del tercero que los utilizó para efectos de las deducciones y/o acreditamiento del impuesto respectivo, quien también tiene garantizado su derecho de audiencia, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Fiscal de la Federación."
6. CUARTO.—Determinación de la existencia de contradicción de criterios. Es existente la contradicción de criterios objeto de denuncia, por las razones que a continuación se exponen:
7. En efecto, conforme a las jurisprudencias P./J. 72/2010(1) y 1a./J. 22/2010,(2) del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, para que exista una contradicción de tesis exista (sic) es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
• Los tribunales contendientes adopten en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
• La adopción de esos criterios derive del ejercicio de su arbitrio judicial a través de una labor interpretativa mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
• Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico.
8. En el caso de las ejecutorias transcritas en el considerando que antecede, se desprende que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron el alcance del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente hasta la reforma del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, que establece, esencialmente, que cuando la autoridad fiscal detecte que una persona contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, lo que da inicio a un procedimiento fiscal administrativo que puede culminar con la publicación de un listado en el Diario Oficial de la Federación, listado relativo a las personas o entidades contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por lo tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se hizo referencia, publicación que tiene como consecuencia jurídica el considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el sujeto o la parte contribuyente en cuestión no producen efecto fiscal alguno.
9. No obstante, los órganos colegiados contendientes llegaron a conclusiones diferentes, pues el Vigésimo Tribunal Colegiado de esta materia y sede determinó que no podía imprimirse un efecto general a la resolución que confirma la presunción de inexistencia de actos, pues ello implicaría una afectación a los derechos de debida audiencia y defensa, en relación con periodos que no fueron analizados.
10. En oposición a lo anterior, el Octavo Tribunal Colegiado determinó que la finalidad del procedimiento establecido en el artículo 69-B, es que la autoridad dé a conocer que existe la presunción de inexistencia de operaciones para que los sujetos contribuyentes tengan oportunidad de desvirtuarla, por lo que se consideró jurídicamente razonable que los efectos de la resolución que confirma en definitiva la presunción de inexistencia de operaciones se proyecten a futuro, ya que si la referida presunción no se logró desvirtuar, se entiende que se demostró que el ente contribuyente no cuenta con los elementos suficientes para realizar las actividades de su objeto social, lo que implica que los comprobantes que emita no estarán soportados por operaciones reales.
11. Con base en lo expuesto, es patente que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron el contenido del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y llegaron a conclusiones opuestas, en tanto que el primero consideró que la resolución que determina la inexistencia de operaciones únicamente podría tener efectos en relación con el ejercicio revisado, en atención a los derechos fundamentales de audiencia y debida defensa; mientras que el segundo consideró que la resolución que confirmó la presunción de inexistencia de actos podía válida y jurídicamente proyectarse a futuro.
12. En tales condiciones, se actualiza la contradicción de criterios, habida cuenta que los órganos jurisdiccionales examinaron la misma cuestión jurídica y adoptaron criterios distintos.
13. Por lo tanto, la materia de la presente contradicción consiste en establecer el alcance de la determinación de la autoridad fiscal en el sentido de que el sujeto contribuyente se ubicó en definitiva en la hipótesis del artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cuando únicamente se revisaron los comprobantes emitidos durante un ejercicio fiscal en específico.
14. QUINTO.—Decisión. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 217, segundo párrafo, y 225 de la Ley de Amparo, el criterio que a continuación asume este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.
15. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente hasta la reforma del veinticinco de junio de dos mil dieciocho,(3) analizado y aplicado por ambos tribunales contendientes, establece sustancialmente el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, por el cual la autoridad fiscal enlista, de ser el caso, a las personas físicas y morales contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales sin acreditar que cuenta con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados por los comprobantes expedidos, o bien, que no sean localizables.
16. Así, el precepto en análisis establece a favor de la autoridad administrativa una presunción iuris tantum que le permite advertir la inexistencia de operaciones, que tiene como consecuencia jurídica y material la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del listado de personas contribuyentes que se ubicaron en esa hipótesis, publicación que tiene como consecuencia jurídica que se repute que las operaciones contenidas en los comprobantes expedidos por esos sujetos fiscales, no surten efecto fiscal alguno.
17. El precepto en cita ha sido objeto de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, entre las cuales se invoca la que dirimió la contradicción de tesis 405/2018, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 78/2019,(4) en la que sostuvo lo siguiente:
"70. En otras palabras, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación prevé el procedimiento y consecuencias de la presunción en que la autoridad fiscal puede considerar, salvo prueba en contrario, la inexistencia de las operaciones amparadas por los comprobantes expedidos, basándose en la prueba de un hecho distinto, esto es, que el contribuyente emisor no cuente con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que respaldan esos comprobantes, o bien, que se encuentren no localizados, y las contradicciones entre el valor de los comprobantes y la capacidad de su emisor, según lo haya detectado la autoridad.
"71. Así, se destaca que este procedimiento va dirigido al sujeto a quien se le imputan los actos o actividades, puesto que, precisamente, su finalidad es verificar que el contribuyente que emitió las facturas efectivamente haya realizado las operaciones que se mencionan en éstos, y no al tercero que le da efectos fiscales a esos comprobantes, ya que no son las facturas las que verifica la autoridad mediante el procedimiento contenido en el artículo 69-B, sino la realización de los actos que soportarían en su caso.
"...
"85. Si bien el desarrollo del procedimiento previsto en el artículo 69-B puede tener como consecuencia, entre otras, el que se considere que los comprobantes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, ello no es lo que se busca con tal procedimiento, sino detectar quiénes son los contribuyentes que emiten documentos que soportan actividades o actos inexistentes, puesto que, de conformidad con el párrafo penúltimo de esta norma, si los terceros acreditan que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan las facturas expedidas por tales contribuyentes, éstas seguirán surtiendo sus efectos y, por ende, esos terceros no tendrán que corregir su situación fiscal. De ahí que se corrobore que el dar o no efectos a los comprobantes fiscales no es la finalidad del procedimiento contemplado en la disposición citada.
"86. En cambio, para corroborar que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos legales o que fueron idóneos para respaldar las pretensiones del contribuyente a quien le fueron emitidos, la autoridad fiscal cuenta con las facultades de comprobación contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, específicamente en las fracciones II, III y V, las cuales podrá ejercer, siempre y cuando no hayan caducado."
18. De las consideraciones asentadas en la referida contradicción de tesis, se desprende que el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es de naturaleza y finalidad diversas al ejercicio de las facultades de comprobación que se regulan en el artículo 42 del código tributario federal, por lo que es dable que también tengan consecuencias jurídicas y fiscales diferentes. Así, el primero de los procedimientos descritos tiene como finalidad mitigar la defraudación fiscal a través del tráfico de comprobantes fiscales, cuyo resultado lógico y jurídico será la consideración de que esos documentos no producen efecto fiscal alguno, e incluso que se trata de actos simulados constitutivos de delito; por otro lado, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal acotadas en el segundo de los procedimientos mencionados, otorga a las autoridades fiscales la facultad de verificar que los entes contribuyentes han dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias. De ello se sigue que ambos procedimientos implican la facultad de revisión de las operaciones que se hicieron constar en los documentos que integran la contabilidad y su realización material, lo que de no desvirtuarse, implica la declaración de inexistencia correspondiente y, por consecuencia, que los comprobantes fiscales expedidos carezcan de valor probatorio para efectos fiscales.
19. En este entender, las consecuencias de la declaración de inexistencia de operaciones dependen de la facultad de comprobación que la autoridad fiscal haya optado por ejercer, ya que la ley no establece (sic) como excluyentes entre sí, sino que atienden a diferentes finalidades, con consecuencias jurídicas también diversas.
20. Precisado lo anterior, es menester recalcar que en el presente caso sujeto a estudio, el primero de los procedimientos descritos, que culmina con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del listado de los sujetos contribuyentes, está integrado por dos partes, a saber: una primera fase, que da inicio a partir de una publicación preliminar por virtud de la cual se llama al ente contribuyente ubicado en la presunción de inexistencia de operaciones para que oponga sus defensas. Esta parte del procedimiento, en caso de que resulte desfavorable a la persona tributaria obligada, da lugar a la publicación de una lista definitiva, con efectos generales, de los entes contribuyentes que llevan a cabo operaciones inexistentes. Así, se observa que esta parte del procedimiento es la que se identifica con las llamadas "empresas que facturan operaciones simuladas" (EFOS).
21. Por otra parte, la segunda parte (sic) del procedimiento tiene verificativo una vez publicada la lista definitiva. En esta etapa, las y los contribuyentes que dieron efectos fiscales a las facturas de los diversos contribuyentes referidos en la etapa previa, conservan expeditos sus derechos para acudir ante la autoridad exactora a demostrar que sí recibieron los bienes o servicios.
22. En este orden de ideas, y con miras en resolver si la presunción de inexistencia opera para ejercicios diversos al revisado, debe señalarse que la consecuencia que opera cuando el sujeto contribuyente se ubica en la hipótesis del primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y como resultado de ello se establezca en definitiva que incurrió en la simulación en estudio y es publicado dentro del listado definitivo en el Diario Oficial de la Federación, forzosamente se traduce en que la presunción de inexistencia de las operaciones subsiste hasta tanto la autoridad fiscal proceda a ejercer sus facultades de comprobación y/o determine el o los créditos fiscales que correspondan. Entonces, la determinación definitiva de que el ente contribuyente enlistado carece de los elementos identificados como activos, de personal, de infraestructura o de capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o de entregar los bienes amparados por los comprobantes expedidos, esto es, para realizar las operaciones propias de su objeto social, implica no sólo que los comprobantes fiscales objeto de revisión carecen de sustento legal en las situaciones fácticas referidas, sino también implican que esa persona física o moral incurre en la práctica que se busca mitigar a través del procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Correlativamente, por lo que hace a las personas que en su caso hayan dado efectos fiscales a los comprobantes expedidos por las personas físicas o morales enlistadas, será hasta ese momento procesal que se podrá ejercer nuevamente su derecho para acreditar la efectiva realización de las operaciones consignadas en la documentación fiscal tildada de apócrifa.
23. Esto es, el objeto y las consecuencias de la declaración de inexistencia de operaciones dependen de la facultad de comprobación que la autoridad fiscalizadora haya optado por ejercer y, por ende, válidamente pueden derivar del ejercicio de las facultades de comprobación y será hasta el procedimiento de fiscalización cuando la persona física o moral que deduzca operaciones simuladas, o bien, sea receptora de comprobantes fiscales emitidos por quienes facturan operaciones simuladas, cuando podrán nuevamente ejercer su derecho a desvirtuar esa presunción, etapa procesal en la que podrán aportar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para demostrar la efectiva prestación del servicio o la adquisición de los bienes amparados por los comprobantes fiscales expedidos por la diversa persona física o moral que aparece en el listado definitivo de referencia; así como también, de ser el caso, interponer los recursos o medios de defensa procedentes contra las resoluciones determinantes de los créditos fiscales que se le determinen.
24. En esta línea de pensamiento, es dable concluir que, con independencia del ejercicio revisado que dio origen al procedimiento que puede culminar con la publicación del sujeto contribuyente en el listado definitivo publicado en el Diario Oficial de la Federación en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que dicha publicación produce efectos generales respecto de las operaciones reflejadas en los comprobantes expedidos y es dable que se proyecten a futuro, en tanto que, por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la finalidad de ese procedimiento no es determinar situaciones fiscales particulares, sino identificar entes contribuyentes que incurren en la práctica de simulación de operaciones; por el otro lado, tanto la autoridad fiscal como el sujeto contribuyente que pretendió darle efectos a los comprobantes fiscales expedidos, conservan expeditos sus derechos para desvirtuar la inexistencia de operaciones con las limitaciones legales que corresponden y que rigen las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del código tributario federal.
25. Luego, ante la circunstancia de que un sujeto contribuyente se ubique en la hipótesis del artículo 69-B y no logre desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones referidas en la documentación fiscal que expide, ello es suficiente para que sea incluido en el listado de referencia; sin embargo, ese acto jurídico no determina per se una obligación fiscal concreta, ni es requisito sine qua non para el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, tanto para el ente enlistado, como para el que le dio efectos fiscales a los comprobantes fiscales expedidos por el primer sujeto nombrado.
26. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 555/2019, que derivó en la tesis de jurisprudencia 2a./ J 26/2020,(5) en cuyas consideraciones expuso lo siguiente:
"Como puede apreciarse, a través de la resolución descrita en el inciso a) que antecede, la autoridad fiscal no determina obligación económica a cargo del contribuyente, es decir, no emite liquidaciones; es más, ni siquiera otorga a alguien la calidad de deudor y, menos aún, le determina un crédito fiscal, sino que únicamente se define formal y definitivamente que el emisor de los comprobantes fiscales no logró demostrar que cuenta con l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30400-0f256d7e/efectos-de-la-publicacion-en-el-diario-oficial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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