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PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON DE CARÁCTER PÚBLICO Y, POR ENDE, PUEDEN DARSE A CONOCER A TERCEROS. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LAS PUBLICACIONES CON LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYEN UNA PENA QUE DEBA RESPETAR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 51/2015. · Registro digital (IUS): 25911
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-10-23
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II , Pág. 1691.

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON DE CARÁCTER PÚBLICO Y, POR ENDE, PUEDEN DARSE A CONOCER A TERCEROS.

AMPARO EN REVISIÓN 51/2015. 26 DE AGOSTO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIOS: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE, ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI, MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ Y PAOLA YABER CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso.(1)

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión fue promovido de manera oportuna(2) y por parte legítima.3

De igual forma, el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto en tiempo(4) por parte legitimada(5) para ello.

TERCERO.-Agravios de la parte recurrente. En lo atinente a los planteamientos de constitucionalidad que atañen al presente asunto, la recurrente aduce en los agravios, lo siguiente:

• Violación al principio de no retroactividad. Contrariamente a como lo consideró el Juez de Distrito, en el momento en el que la autoridad fiscal ejerce la facultad que le confiere el artículo 69-B, párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación, sí se alteran o cambian las situaciones de hecho acontecidas en el momento en el que se expidieron los comprobantes fiscales sujetos a revisión, toda vez que se pone en duda no sólo la existencia de las operaciones, lo cual ya implica un cambio a la situación anterior, sino que se alteran los efectos fiscales al modificar, cambiar o alterar las establecidas hasta antes de que se ejercieran las facultades presuntivas. Lo anterior, ya que antes del ejercicio de éstas, los comprobantes fiscales gozaban de validez; sin embargo, posteriormente se presume la inexistencia de las operaciones y se obliga al particular a demostrar su veracidad.

• La resolución definitiva resultado del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, no modifica las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales, sino que confirma o ratifica el cambio o modificación que desde el inicio se efectuó con la presunción formulada por la autoridad fiscal.

• Aunque la autoridad fiscal posee facultades de comprobación y de determinación, así como la comprendida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ningún caso puede ni debe modificar la situación especial del particular.

• El Juez de Distrito confunde la inconstitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por contravenir derechos sustantivos de la quejosa, con las reglas procesales del procedimiento previsto en ese numeral, lo cual se traduce en dos situaciones distintas. Lo primero está relacionado con la afectación que producen las facultades presuntivas de la autoridad fiscal a la situación de un particular; lo segundo con las reglas aplicables al momento de sustanciar el procedimiento administrativo sancionador.

• Si bien el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de expedir comprobantes fiscales, en ninguna parte se refiere a la existencia de las operaciones como requisito de esos comprobantes.

• Violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica. En el caso concreto, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 16 constitucional en materia de visitas domiciliarias, ya que el procedimiento administrativo sancionador establecido en el artículo en cuestión es distinto. Además, en caso de que fuera aplicable ese precepto, éste no faculta a la autoridad fiscal para determinar la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales.

Aunado a ello, la obligación de fundar y motivar un acto de autoridad no admite excepción alguna, por lo que si bien la autoridad fiscal puede obtener información ejerciendo sus facultades de comprobación, en todos los casos está obligada a mencionar cómo fue que obtuvo la información, así como a precisar sus características.

Asimismo, las facultades a las que alude el artículo bajo análisis, están reguladas íntegramente, sin que exista certeza sobre los elementos restantes a que hizo alusión el Juez de Distrito respecto del Código Fiscal de la Federación.

De igual forma, el hecho de que se establezca el derecho a ofrecer pruebas en el procedimiento administrativo sancionador, debería obligar a la autoridad a demostrar la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales.

• Violación al principio de presunción de inocencia. El Juez de Distrito parte de supuestos incorrectos, pues justifica la constitucionalidad de la facultad presuntiva de la autoridad fiscal a partir de la práctica cotidiana, de una verdad jurídica distinta a la verdad real, el evitar un daño a la colectividad y el traslado de la carga de la prueba al particular en beneficio de la autoridad, lo cual afecta también el principio de presunción de inocencia.

• El Juez de Distrito debió considerar que el procedimiento previsto en el numeral impugnado viola lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, ya que la carga de la prueba debería ser para la autoridad fiscal, y no para el contribuyente. En este sentido, tampoco se justificó en la sentencia recurrida la inaplicación de la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis **********, emitida por el Tribunal Pleno.

No se analizan todas las disposiciones aplicables relacionadas con la presunción de inocencia, establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Es insuficiente que se pretenda justificar la constitucionalidad del precepto combatido sobre la base de que la resolución de determinación de inexistencia de operaciones se notifique en forma personal y se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

• Violación al derecho de audiencia. El acto regulado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación constituye un acto privativo y no un acto de molestia, razón por la cual debe garantizarse el derecho de audiencia.

• Violación a la protección de datos personales. La resolución provisional que considera inexistentes las operaciones amparadas con comprobantes fiscales, al ser publicada en diversos medios afecta el derecho a la privacidad y protección de datos personales de la quejosa ya que, en contra de como se sostiene en la sentencia recurrida, la razón social sí es un dato privado, incluso confidencial.

• Violación a la libertad de trabajo. El artículo combatido viola el derecho a la libertad de trabajo previsto en el artículo 5o. constitucional, toda vez que pone en entredicho la actividad que realiza el contribuyente.

• Violación al artículo 22 constitucional. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación produce afectación desde su entrada en vigor, con independencia de que haya concluido el procedimiento ahí previsto. Esto afecta al contribuyente y a terceros y se traduce en una pena trascendental e inusitada prohibida por el artículo 22 constitucional.

CUARTO.-Antecedentes. Se advierte que la parte quejosa combate en específico los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, al tenor de los siguientes antecedentes:

1.Mediante el oficio 500-05-2014-3997 de catorce de enero de dos mil catorce, la Administración Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria, con apoyo, entre otros, en los artículos 16 constitucional; 33, último párrafo, y 69-B, primer y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, y en el artículo tercero, fracción III, del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de dos mil catorce, determinó que dentro de las bases de datos a las que tiene acceso, en términos del artículo 63, primer párrafo, del citado código, diversos contribuyentes manifestaron operaciones con la persona moral ahora quejosa, **********, en su declaración informativa de operaciones, por las cuales esta última emitió comprobantes fiscales.

Para mayor claridad a continuación se transcribe la parte que interesa del oficio 500-05-2014-3997:

Ver parte

2. La autoridad detectó que la ahora quejosa emitió comprobantes fiscales sin contar con el personal ni con los activos para realizar sus actividades económicas que amparan dichos comprobantes; ello en virtud de que de la consulta a la declaración informativa múltiple, presentada vía Internet el ocho de septiembre de dos mil ocho, con número de operación **********, del análisis al anexo 1 denominado información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso (incluye ingresos por acciones), se conoció que por el ejercicio fiscal del dos mil ocho, la presentó sin operaciones, y no enteró retenciones del impuesto sobre la renta por la prestación de un servicio personal subordinado en dicho ejercicio, y por lo que respecta a los ejercicios fiscales de dos mil nueve al dos mil doce no las presentó; que de las declaraciones anuales presentadas vía Internet el dos de septiembre de dos mil nueve, trece de agosto de dos mil diez, veintiuno de junio de dos mil doce, veintiuno de junio de dos mil doce y veinticinco de septiembre de dos mil trece, con números de operación **********, **********, **********, ********** y **********, del análisis al apartado de detalles de la declaración, conoció que por los ejercicios fiscales del dos mil ocho al doce, no declaró activos fijos, por lo que presume que la persona moral sujeta a revisión no cuenta con el personal ni con los activos para poder realizar sus actividades económicas, situaciones que actualizan el supuesto establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, presumió la inexistencia de las operaciones amparadas con los comprobantes expedidos por esa contribuyente y, en términos del párrafo segundo del citado numeral, le informó a través del oficio 500-05-2014-3736 de catorce de enero de dos mil catorce, que contaba con un plazo de quince días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la última de las notificaciones a que se refiere dicho párrafo, para que pudiera manifestar lo que a su derecho conviniera y aportar ante la administración local de auditoría fiscal que correspondiera conforme a su domicilio fiscal, la documentación e información que considerara pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la referida autoridad fiscal a presumir la inexistencia de las operaciones señaladas.

4. Asimismo, ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del oficio 500-05-2014-3997 de catorce de enero de dos mil catorce, por el que se notificó la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69-B, primer y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, respecto de los contribuyentes que ahí se indican, entre otros, la aquí quejosa.

QUINTO.-Fijación de la litis. Como quedó precisado, el Juez de Distrito remitió el presente asunto, en virtud de que en relación con el tema de inconstitucionalidad planteado en contra del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no existe jurisprudencia de este Alto Tribunal.

En ese sentido, la litis que corresponde estudiar será la relativa a los agravios de constitucionalidad que hizo valer la quejosa, en su carácter de contribuyente, cuyos datos se incluyeron en la lista que publicó el Servicio de Administración Tributaria, debido a que se presumió que emitió comprobantes fiscales sin sustento en una operación o actividad, en relación con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, en específico el artículo 69-B.

Lo anterior es así, ya que esta Segunda Sala se percata que, en la especie, el Juez de Distrito agotó el estudio de las causales de improcedencia que se hicieron valer sin que se advierta la actualización de alguna otra de oficio.

Además, debe declararse firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en relación con el acto atribuido al presidente de la República, debido a que la recurrente omite formular agravio alguno en su contra.

SEXTO.-Contexto normativo.

Para dar contestación a los agravios hechos valer por la ahora recurrente, resulta necesario tomar en cuenta el contexto normativo en el que se desarrolla la facultad prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

El deber de contribuir al gasto público, se encuentra contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precepto del que deriva que tal obligación debe cumplirse bajo parámetros de legalidad, equidad y proporcionalidad.

I. Obligaciones formales tributarias

El cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, tiene un contenido económico que se traduce en un pago en dinero que el legislativo determina por medio de una contribución, cuya cuantía y forma de entero impone al causante.

En concordancia con lo anterior, las obligaciones del contribuyente se dividen en principales o sustantivas y secundarias, accesorias o formales.

La obligación principal o sustantiva, consiste específicamente en un dar, esto es, el deber de pago de la contribución; por lo que este tipo de normas afectan en forma relevante el patrimonio del gobernado y regulan los elementos de una contribución como sujeto, hecho imponible, procedimiento para cuantificar la base gravable, cuota, tarifa, no sujeciones, exenciones, entre otras figuras que inciden en el pago del tributo.

Por su parte, las obligaciones tributarias accesorias o formales son las que tienen por objeto vincular a los gobernados a desarrollar una determinada conducta, diversa al pago en sí de las contribuciones, que permite al Estado recaudar en forma eficiente esas prestaciones patrimoniales de carácter público, y cuyo cumplimiento no supone el ingreso de cantidad alguna al erario público, pues sólo pormenorizan las obligaciones sustantivas con el fin de facilitar a los sujetos pasivos su cumplimiento.

Las obligaciones formales se dividen en tres grupos:

a) De hacer. Presentar declaraciones, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar determinados libros para su contabilidad, guardar la documentación referente a su actividad por determinado tiempo, expedir documentos determinados respecto a su giro, dar aviso de modificaciones a sus estatutos, en el caso de personas morales, entre otras.

b) De no hacer. No proporcionar datos falsos, no oponerse a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, no llevar dos o más libros similares de contabilidad con datos diversos, etcétera.

c) De tolerar. Permitir la práctica de visitas domiciliarias, acceder a la revisión de sus libros de contabilidad, papeles, entre otras.

De lo expuesto, se pone de manifiesto que las obligaciones formales, tienen como objetivo que la autoridad hacendaria pueda comprobar el eficiente cumplimiento de los gobernados para contribuir al gasto público, para lo cual se implementan herramientas que le permitan a la autoridad fiscal un mayor control y el conocimiento de las actividades gravadas que realicen los contribuyentes (como por ejemplo el cruzado de datos de compras y ventas de los contribuyentes y el mantenimiento actualizado del registro de contribuyentes).

En este sentido, las obligaciones de carácter formal, tienen como finalidad dar cuenta fidedigna de la realización efectiva de las actividades por parte de los contribuyentes y del cumplimiento de sus obligaciones, para facilitar la tarea de control de los contribuyentes por parte del Estado.

Como se mencionó anteriormente, entre las obligaciones formales de hacer que tienen los contribuyentes, se encuentran la de conservar la documentación referente a su actividad, así como la de expedir los documentos determinados respecto a su giro.

Precisamente, los comprobantes fiscales, son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que actualiza el hecho imponible por el cual se debe pagar una contribución, entonces deberá emitir el correspondiente comprobante fiscal, para efectos de determinar su situación en particular respecto del tributo que en concreto tenga que pagar.

De igual forma, quien haya solicitado la actividad o haya intervenido en un hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo.

Estos comprobantes fiscales, deben cumplir con los requisitos previstos en los artículos 29(6) y 29-A,(7) del Código Fiscal de la Federación, para ser considerados por la autoridad, para efectos de las de las deducciones y/o acreditamiento del impuesto. De considerar que los comprobantes fiscales exhibidos por un contribuyente no amparan la operación realizada, pueden requerir toda la información atendiendo a dicha transacción en particular, y en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente considerando las situaciones fácticas de cada asunto.

La satisfacción de los requisitos legales por parte de los contribuyentes obedece a la necesidad de asegurar la adecuada recaudación en proporción a las distintas capacidades contributivas y las deducciones fiscales que deben regirse por los principios de veracidad y demostrabilidad razonables, permitiendo hacer deducibles los gastos del contribuyente estrictamente indispensables para su funcionamiento, en aras de evitar simulaciones de aquél con el firme propósito de disminuir ilícitamente su carga impositiva.

Así, los comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que actualiza el hecho imponible por el cual se debe pagar una contribución, entonces deberá emitir el correspondiente comprobante fiscal, para efectos de determinar su situación en particular respecto del tributo que en concreto tenga que pagar. De igual forma, quien haya solicitado la actividad o haya intervenido en un hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo.

De lo anterior se advierte la importancia que tienen los comprobantes fiscales dentro de la relación jurídico-tributaria entre los contribuyentes y la autoridad fiscal, pues son los medios a través de los cuales comprueban la realización de actividades y constituyen una herramienta de control para que se pueda verificar la autenticidad de la información presentada por los sujetos pasivos para los efectos fiscales a que haya lugar.

II. Exposición de motivos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

En ese contexto, resulta relevante considerar lo expuesto por el legislador para adicionar el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, relacionado con los comprobantes fiscales.

De acuerdo con la exposición de motivos del artículo reclamado, las prácticas indebidas respecto del uso de los comprobantes fiscales evolucionaron, por lo cual, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, el legislador decidió adicionar el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

En esta propuesta, el legislador centra su atención en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios a través del tráfico de comprobantes y tiene como objetivo enfrentar y detener este tipo de prácticas evasivas que ocasionan un grave daño a las finanzas públicas y perjudican a quienes sí cumplen con su deber constitucional de contribuir al gasto público.

Para mayor claridad a continuación se transcribe la exposición de motivos que dio origen al artículo reclamado:

"Uso indebido de comprobantes fiscales

"Una de las causas más dañinas y que más ha contribuido para agravar la recaudación fiscal, son los esquemas agresivos de evasión fiscal, por lo que deben eliminarse o corregirse los motivos que los originan, a través de instrumentos eficaces que permitan combatir frontalmente el referido fenómeno.

"Cuando no se cuenta con dichos instrumentos se provoca el avance de nuevas prácticas de evasión, las cuales erosionan de manera grave las bases gravables, sin poder reflejar incrementos significativos en la recaudación.

"Un ejemplo que ilustra la evolución y sofisticación en la forma en que los contribuyentes disminuyen o evaden el pago de sus obligaciones fiscales, es el derivado de la adquisición de comprobantes fiscales.

"Inicialmente este esquema consistía en usar comprobantes apócrifos, con la finalidad de deducir y acreditar las cantidades amparadas en los mismos, sin haber pagado las cantidades que se reflejaban en ellos.

"Posteriormente, con los controles de seguridad y requisitos que la autoridad implementó en diversas reformas tendientes a evitar y detectar la emisión de comprobantes fiscales apócrifos, disminuyó temporalmente el recurrir a esta práctica.

"Sin embargo, estas prácticas indebidas evolucionaron, llevando a los contribuyentes evasores a recurrir a estructuras mucho más complejas, para tratar de obtener beneficios fiscales en perjuicio del fisco federal.

"Tal es el caso del tráfico de comprobantes fiscales, que en esencia consiste en colocar en el mercado comprobantes fiscales auténticos y con flujos de dinero comprobables, aunque los conceptos que se plasman en los mismos, carecen de sustancia o la poca que pudieran tener no es proporcional a las cantidades que amparan los referidos comprobantes.

"En estas operaciones el adquirente del comprobante fiscal generalmente recibe directamente o a través de interpósita persona la devolución de la erogación inicialmente facturada menos el cobro de las comisiones cobradas por el traficante de comprobantes fiscales.

"Con esta devolución se cierra el círculo del tráfico de comprobantes fiscales, en el cual el adquirente logra su objetivo de deducir y/o acreditar un concepto por el cual en realidad erogó una cantidad mucho menor, erosionando con ello la base del impuesto correspondiente en perjuicio del fisco federal y a su vez los traficantes de comprobantes fiscales obtienen una utilidad por expedir dichos comprobantes.

"Al día de hoy, las autoridades han combatido arduamente esta práctica ilegal, haciendo uso de todas las herramientas, procedimientos e instrumentos con las que cuenta para ello, como la facultad para rechazar una deducción o un acreditamiento amparado en un comprobante fiscal traficado; sin embargo, la complejidad y sofisticación que han alcanzado estos grupos criminales, obligan a implementar nuevas medidas que hagan frente a esta problemática y que permitan adaptarse al dinamismo y velocidad en que operan.

"Algo que se ha detectado y que se presenta de manera genérica en este grupo delictivo, tanto de la traficante, como de sus cómplices y, en ocasiones, hasta el adquiriente final es que generalmente son partes relacionadas, donde sus accionistas, administradores u apoderados son las mismas personas.

"Adicionalmente este grupo delictivo ofrece una gran variedad de objetos sociales para poder adecuarse a las necesidades de los adquirientes, con la emisión de comprobantes fiscales con conceptos que ayuden a disfrazar mejor la operación.

"Asimismo, se ha detectado que los traficantes o emisores de facturas suelen tener una vida activa muy breve, liquidando la ‘empresa’ original o dejándola simplemente inactiva.

"El negocio de las personas que se dedican al tráfico de comprobantes fiscales, se basa en la constante constitución de sociedades, las cuales comienzan en apariencia cumpliendo con sus obligaciones fiscales y, posteriormente comienzan a incumplirlas, confiados en que para cuando la autoridad fiscal pretenda fiscalizarlas, las mismas ya se encontrarán no localizadas o han sido preparadas corporativamente para dejar al frente de las mismas a testaferros, empleados, personal doméstico o similares y generalmente sin activos ni condiciones remotamente cercanas a las necesarias que puedan garantizar la prestación del servicio o el transporte, producción o comercialización de los bienes o servicios que sus facturas amparan.

"En suma, derivado de la información procesada por el Servicio de Administración Tributaria se han podido identificar una serie de patrones que generalmente están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales, como son:

"1. Tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente un comprobante fiscal con un concepto que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de éste.

"2. Emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron.

"3. Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones consignadas en los mismos es sólo un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas operaciones.

"4. No tienen personal o éste no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales.

"5. No tienen activos o éstos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales.

"6. Reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento.

"7. Tienen cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un periodo determinado y después son canceladas o las dejan con saldos ínfimos después de haber manejado cantidades elevadas.

"8. Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes.

"9. Sus sociedades se encuentran activas durante un periodo y luego se vuelven no localizables.

"10. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idénticos a sus deducciones o bien, éstas son mayores por escaso margen.

"11. Prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos montos.

"12. Comparten domicilios con otros contribuyentes también prestadores de servicios.

"El fenómeno es grave y sólo por citar un ejemplo, derivado del análisis de la declaración informativa de operaciones con terceros de los ejercicios 2008 a 2012, se han identificado al menos 316 facturadores que realizaron operaciones por $105,369 millones de pesos con más de 12 mil contribuyentes que utilizan indebidamente estas facturas que amparan operaciones simuladas y sólo por lo que se refiere al impuesto al valor agregado.

"Nótese que en estas estrategias irregulares no sólo actúan de mala fe quienes expiden y ofertan facturas por bienes o servicios inexistentes, sino que también lo hacen aquellos contribuyentes que pagan un precio o ‘comisión’ por una factura que, reuniendo todos los requisitos formales, ampara un servicio que no se prestó o un bien que no se adquirió con la única finalidad de erosionar o suprimir la carga tributaria.

"Es por todo lo anterior que se propone la adición del artículo 69-B mediante un procedimiento dirigido a sancionar y neutralizar este esquema. La propuesta centra atención en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios -y no una elusión legal de la norma- a través del tráfico de comprobantes fiscales, esto es a quienes los adquieren, venden o colocan y quienes de alguna manera se benefician de este tipo de actividad ilegal que tanto perjudica al fisco federal.

"Conforme a la propuesta, la autoridad fiscal procedería a notificar en el buzón tributario del emisor de facturas, y a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación el Diario Oficial de la Federación a las empresas o sociedades que presenten el padrón de comportamiento arriba indicado, otorgándoles la garantía de audiencia para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, procedería la publicación de una la lista, cuyo efecto sería la presunción de que las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales por ellos emitidos nunca existieron y, por tanto, tales comprobantes no deben producir efecto fiscal alguno.

"Acto seguido, se abre una ventana para que los contribuyentes que hayan utilizado en su beneficio los comprobantes fiscales puedan proceder a autocorregirse o, en su caso, acreditar que la prestación del servicio o la adquisición de bienes en realidad acon

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25911-dfbf06c4/procedimiento-relativo-a-la-presuncion-de-inexistencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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