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Modo: Corpus Pro

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XLII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 629/2024. · Registro digital (IUS): 32987
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-14
Promovente: SILVIA MARÍA CRISTINA OROPEZA QUEREJETA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.161.

AMPARO EN REVISIÓN 629/2024. SILVIA MARÍA CRISTINA OROPEZA QUEREJETA. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK MANIFESTARON QUE FORMULARÍAN VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona presentó solicitud de oposición para que Petróleos Mexicanos publicara sus datos personales en el apartado de jubilaciones y pensiones en la Plataforma Nacional de Transparencia, en específico su nombre. En respuesta, la empresa productiva del Estado informó la improcedencia de la oposición.

Inconforme, la solicitante interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Pleno de ese Instituto determinó que no procedía la oposición a la publicación de los datos personales ya que existía un impedimento legal.

La titular de la información promovió juicio de amparo indirecto en contra de tal determinación, en el cual reclamó la inconstitucionalidad del artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por estimarlo violatorio de su derecho a la protección de datos personales.

El Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio respecto del acto de aplicación de la norma, el cual hizo extensivo a ésta, al considerar que se trataba de un acto consentido y, en cuanto a las cuestiones de legalidad, negó el amparo, en virtud de que no resultaba procedente la oposición a la publicación de sus datos personales.

Contra esa sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que revocó el sobreseimiento decretado respecto del artículo impugnado, en virtud de que su reclamación sí fue oportuna y, reservó jurisdicción para esta Suprema Corte.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 629/2024, interpuesto por la quejosa Silvia María Cristina Oropeza Querejeta, contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1648/2023.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar si la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, viola el derecho a la protección de datos personales, previsto en los artículos 6, apartado A, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal; por establecer que los sujetos obligados, específicamente Petróleos Mexicanos, debe poner a disposición del público a través de medios electrónicos, entre otra información, el listado de jubilados y pensionados, así como el monto que perciben.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil veintitrés, por buzón judicial, registrado el tres de octubre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Silvia María Cristina Oropeza Querejeta, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes:

III. Autoridades Responsables:

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos.

El Congreso de la Unión (tanto a su Cámara de Diputados como a su Cámara de Senadores); y,

El Titular del Poder Ejecutivo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame:

a) De la autoridad señalada como responsable Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se reclama la inconstitucional resolución dictada en sesión de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés (...) dentro de los autos del Recurso de Revisión identificado como RRD 765/23, formado con motivo del recurso de revisión que la hoy quejosa interpusiera en contra de la determinación que recayó a su solicitud de oposición de datos personales, dirigida a Petróleos Mexicanos identificada bajo el número de folio 330023822004113.

b) De la autoridad Comité de Información de Petróleos Mexicanos reclamo la indebida confirmación de improcedencia a la oposición al tratamiento que le dan a mi dato personal que es mi nombre y que se ordenó realizar por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme se ordena en los considerandos de la resolución emitida en sesión de fecha treinta de agosto de 2023.

c) Al Congreso de la Unión (tanto a su Cámara de Diputados como a su Cámara de Senadores) se reclaman (sic) el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de mayo de 2015, exclusivamente por cuanto hace a la inconstitucionalidad de su artículo 70, fracción XLII, aplicado por primera ocasión en mi perjuicio en la resolución a que se refiere el inciso a) anterior; y,

d) Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo de 2015, exclusivamente por cuanto hace a la inconstitucionalidad del artículo 70, fracción XLII, aclarando que no se reclama por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad de la fracción normativa señalada y que se toma con base para fundamentar indebidamente la improcedencia al ejercicio de mis derecho (sic) de oposición en detrimento de mi vida privada, mi intimidad y de la autodeterminación informativa de mi persona.

2. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 1648/2023 y se requirió a la quejosa para que aclarara el acto reclamado, prevención que se desahogó con el escrito presentado el trece de octubre siguiente, en el que expuso:

a) Preciso que el primer acto de aplicación del cual me duelo, es como lo señalé en mi escrito inicial, la resolución del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que toma como fundamento el artículo 70, fracción XLII, para emitir el 30 de agosto de 2023 dicha resolución que me fue notificada por correo electrónico el 07 de septiembre de 2023 la notificación se realizó después de las 06:00 PM, por lo que en el mismo correo se señaló que la misma se tendrá por enviada al siguiente día hábil de la fecha del correo electrónico dentro de los autos del Recurso de Revisión identificado como RRD 765/23.

3. Conceptos de violación. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa adujo esencialmente lo siguiente:

a) El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fue omiso en observar que Petróleos Mexicanos es sujeto obligado en materia de protección de datos personales con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual enuncia los casos en los que se limita esa protección, sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos ahí previstos, pues lo que se solicitó es que no se asocie el nombre de la quejosa a datos patrimoniales; sin embargo, pretende justificar su decisión únicamente en obligaciones de transparencia y máxima publicidad, inobservando la obligación de proteger los datos personales en su poder.

b) La responsable relacionó su determinación en Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidos en el Título Quinto y el artículo 31, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales deberían estar alineados con el marco constitucional, el cual es la disposición máxima que establece las obligaciones del sujeto obligado, las cuales si bien consisten en transparentar información pública, también debe proteger datos personales que no tienen el carácter de públicos ni son relevantes en la materia, ya que al ser un dato personal debe ser resguardado.

c) El Pleno del referido Instituto debió ordenar mecanismos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, como la protección de datos personales, pues la quejosa tiene calidad de jubilada y, si bien, laboró para Petróleos Mexicanos, actualmente no ostenta un cargo, empleo o comisión en la Administración Pública, por lo que al ser una persona de derecho privado su nombre no puede ser considerado información pública.

d) Si bien la pensión que recibe es pública y debe transparentarse ese gasto, no puede asociarse a su nombre, porque la hace una persona identificable, lo que es contrario a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal. En ese sentido, la responsable debió realizar una interpretación armónica de la normatividad en la materia y ponderar entre publicidad y privacidad.

e) La responsable reconoce que asocia mi dato personal con registros públicos, dando tratamiento de información pública a mi nombre, faltando a la obligación que garantiza la privacidad de los individuos, prevista en el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que prevé los supuestos específicos en los que se limitará el derecho a la protección de datos personales, a saber, a) por razones de seguridad nacional; b) disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o c) para proteger los derechos de terceros, sin que la quejosa se encuentre en alguno de esos supuestos.

f) Se realizó una incorrecta interpretación del sistema normativo en materia de protección de datos personales, ya que la responsable determina que la publicación del dato personal deriva de una correcta rendición de cuentas, al considerar que mi nombre debe ponerse al escrutinio público por recibir una pensión por jubilación por parte de Petróleos Mexicanos.

g) Petróleos Mexicanos está obligado a transparentar el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben, pero garantizando su vida privada, por lo que al no hacerlo transgrede lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal, haciéndome plenamente identificable al publicar mi nombre.

h) El artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es inconstitucional porque su interpretación y aplicación no observa lo que dispone la Constitución Federal en materia de protección de datos personales y tampoco atiende a los principios de finalidad, proporcionalidad de la información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

i) El listado de pensionados y jubilados a que se refiere el precepto legal reclamado, en el cual se mencionan nombres y apellidos, es contrario al artículo 6 constitucional, ya que éste establece que es información pública la relativa a recursos públicos, es decir, la autoridad administrativa recibe y destina un recurso público, esa es la información pública a que debe referirse como "monto" de las pensiones o jubilaciones que aduce el artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no así al nombre y apellidos de un extrabajador.

j) El espíritu del artículo 6 constitucional es transparentar la recepción y destino de los recursos públicos, no así publicitar injustificadamente datos personales de grupos vulnerables, pues los trabajadores retirados no son servidores públicos y, por tanto, se debe proteger el derecho a la privacidad y seguridad.

4. Sentencia de amparo. Seguido el trámite, el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo, en los términos siguientes:

A. Consideró que la resolución emitida por el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos en su Cuarta Sesión Ordinaria de dos de febrero de dos mil veintitrés, en respuesta a la solicitud de oposición de publicación de datos personales registrada con el número de folio 330023822004113 constituye el primer acto de aplicación del artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada dentro del recurso de revisión RRD 765/23, por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que determinó se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa consintió la aplicación de la norma impugnada. Sobreseimiento que hizo extensivo a los actos consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, en específico su artículo 70, fracción XLII.

B. También determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, por la que se confirmó la improcedencia a la oposición del tratamiento de datos personales de la quejosa, atribuida al Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, en virtud de que no se formularon conceptos de violación en su contra.

C. Declaró infundados los conceptos de violación dirigidos a controvertir la legalidad de la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada dentro del recurso de revisión RRD 765/23, por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al considerar que los datos personales de la quejosa corresponden a aquellos que deben ser publicados para dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Petróleos Mexicanos, pues son datos de una persona que por concepto de jubilación recibe recursos directamente del Estado Mexicano, lo que deriva en una correcta rendición de cuentas por parte del sujeto obligado sobre el uso, manejo y distribución de recursos públicos, por lo que, respecto de la oposición de publicación de datos personales, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 55, fracción III, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

5. Recurso de revisión. Inconforme con tal determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual, por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, lo admitió a trámite, registrándolo con el número de expediente 107/2024.

6. La recurrente formuló los siguientes agravios:

a) Respecto del sobreseimiento del acto de aplicación del artículo reclamado, adujo que fue incorrecta la conclusión de que se impugna un acto derivado de otro consentido, ya que no consintió la resolución emitida por el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, pues fue impugnada mediante el recurso de revisión que correspondía con base en el principio de definitividad, sin que ello implique consentimiento en la indebida aplicación del precepto legal impugnado, por lo que la juzgadora no valoró correctamente las actuaciones del expediente.

b) Asimismo, por lo que hace al argumento de legalidad de la resolución emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, esencialmente adujo lo siguiente:

1. La juzgadora determina que la actuación de Petróleos Mexicanos es apegada a lo ordenado en la ley, concluyendo que toda la información en su poder es pública, además de que debe prevalecer la transparencia respecto del derecho a la privacidad de la quejosa.

2. Incorrectamente consideró que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sí realizó una valoración del tipo de información publicada por parte del sujeto obligado y concluyó que no se actualizaba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que el tratamiento era lícito al tratarse de información pública.

3. Concluye que Petróleos Mexicanos, con base en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, debe garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en el artículo 16 de esa ley; sin embargo, considerar un dato personal como relevante e información pública es contrario a lo ordenado por la Constitución Federal, repercutiendo en su intimidad.

4. Publicar un dato personal la hace identificable, ya que éste carece de relevancia para el cumplimiento de obligaciones de transparencia; sin embargo, el sujeto obligado deja de observar los principios que mandata la ley y da un tratamiento desproporcional.

5. La juzgadora omite realizar un estudio de fondo respecto de la violación que causa la publicación de mi dato personal y califica de inoperantes los conceptos de violación, concluyendo que la información pública tiene prevalencia respecto al derecho a la privacidad de la quejosa.

6. La información pública sólo es relevante para entender las actividades de los sujetos obligados, por lo que concluir que su nombre es relevante para entender las actividades de Petróleos Mexicanos es desproporcionado, violentando con ello su derecho a la privacidad y protección de datos personales.

7. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, el citado Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:

I. Señaló que no era materia del recurso de revisión el sobreseimiento decretado respecto de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, por la que se confirmó la improcedencia a la oposición del tratamiento de datos personales de la quejosa, atribuida al Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, en virtud de que no fue combatida esa determinación.

II. Revocó el sobreseimiento decretado respecto del artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estimar que fue correcto que la quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, en la que el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos dio respuesta a la solicitud de la quejosa y determinó que existía una causa de improcedencia de oposición fundada en la norma legal que ahora se reclama, pues a través de ese medio de defensa buscó obtener la modificación, anulación o revocación del acto controvertido.

III. Analizó las diversas causas de improcedencia hechas valer por la Cámara de Senadores y el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, las cuales desestimó.

IV. Reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del tema de constitucionalidad que subsiste en relación con el artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8. Trámite ante la Suprema Corte. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte determinó reasumir su competencia originaria para conocer del medio de impugnación de que se trata; ordenó su registro con el número 629/2024; turnó el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán para su estudio y envió los autos a la Sala de su adscripción para el trámite de avocamiento.

9. Avocamiento en Sala. Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y, una vez que estuviera integrado, remitirlo a su ponencia para la formulación del proyecto respectivo.

10. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público.

I. COMPETENCIA

11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; así como 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto segundo, fracción III, inciso A), en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, en virtud de que se trata de un recurso de revisión derivado de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el que se combate la constitucionalidad del artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRESUPUESTOS PROCESALES

12. Resulta innecesario el estudio de la oportunidad del recurso de revisión y legitimación de quien lo interpuso, toda vez que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto se pronunció respecto de los mencionados presupuestos procesales.

III. PRECISIÓN DE LA NORMA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE RECLAMA

13. El problema jurídico consiste en determinar si la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le fue aplicado a la quejosa, viola el derecho a la protección de datos personales, previsto en los artículos 6, Apartado A, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal; por establecer que los sujetos obligados, específicamente Petróleos Mexicanos, debe poner a disposición del público a través de medios electrónicos, entre otra información, el listado de jubilados y pensionados, así como el monto que perciben.

14. El contenido del precepto legal reclamado se reproduce a continuación:

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

(...).

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

(...).

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

15. El artículo transcrito prevé una obligación en materia de transparencia para los sujetos obligados que ejerzan recursos públicos, la cual deberán cumplir a través de su página oficial de internet.

IV. ESTUDIO

16. Esta Segunda Sala procede a analizar el concepto de violación formulado por la quejosa respecto de la inconstitucionalidad planteada en su demanda de amparo, pues como se precisó, la Jueza de Distrito, estimó improcedente el reclamo contra la norma legal, determinación que fue revocada por el Tribunal Colegiado y reservado el análisis de constitucionalidad a esta Suprema Corte.

17. En principio, debe destacarse que el artículo 6, párrafo segundo y apartado A, de la Constitución Federal,(1) prevé, entre otros derechos y prerrogativas, el derecho de acceso a la información.

18. La Segunda Sala en el amparo en revisión 467/2017(2) determinó que dicha prerrogativa constituye la obligación impuesta al Estado a efecto de que difunda y garantice la difusión de aquella información que tenga el carácter de pública y sea de interés general, entendiéndose por ello, todos los datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema, en posesión de la autoridad por causa del ejercicio de funciones de derecho público.

19. Sin embargo, el ejercicio del referido derecho no es absoluto, sino que se rige bajo los principios de presunción de publicidad,(3) el de reserva de la información,(4) el de privacidad(5) y el de máxima publicidad.(6)

20. Por su parte, el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal,(7) reconoce el derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a la oposición de la publicación de información personal, lo cual se realizará en los términos que fijen las leyes respectivas, en las que se establecerán los casos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.

21. Asimismo, es de destacarse lo que la Primera Sala de esta Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 884/2018,(8) señaló sobre el derecho a la protección de datos personales, el cual se determinó que tiene su núcleo en la noción de intimidad o privacidad, la que a su vez suele asociarse a aquello que no pertenece a lo público y a lo que, sólo el individuo, y quienes éste admite libremente, puedan tener acceso.

22. Bajo esa óptica, el derecho a la intimidad se convierte en la prerrogativa a saber: qué, quién y por qué motivos, puede conocer información sobre la persona. Deja de ser sólo un derecho de defensa de un espacio exclusivo y excluyente, para convertirse también en uno activo de control sobre la información personal, de que otros puedan disponer y del uso que se le dé.

23. Asimismo, las potenciales agresiones que la posesión de la información personal organizada, representan para la intimidad, tienen una relevancia pública enorme, ya que los derechos a la intimidad y a la información, además de tener un aspecto de protección de bienes individuales, tienen una importante función para el desarrollo de sociedades democráticas porque son una condición para el ejercicio del resto de los derechos humanos.

24. Por tanto, la intimidad apunta al control de la cantidad de información que otros puedan conocer sobre las personas y sobre los usos que le puedan dar.

25. Así, en la doctrina se ha dejado de considerar a la intimidad como sólo un derecho defensivo frente a intromisiones ilegítimas de los demás, en la esfera reservada a la persona, para incluir también poderes activos de conocimiento, acceso y control de la información personal, detentada por otros.

26. El derecho a la intimidad tiene un sentido social, pues las prácticas sociales dan paso a una concepción de la intimidad en que ésta entra en juego -y se define en función de la interacción- con otros intereses o valores sociales opuestos, incluyendo, como parte de ese concepto, el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, el poder para determinar quién, qué y con qué motivo puede acceder a datos personales.

27. Las limitaciones para acceder a la información, que significa en la intimidad de las personas, junto con el honor y el derecho a la propia imagen, pueden ceder, o al menos, oponer una menor resistencia, en una controversia jurídica en la que aparezca la variable del interés público, ya sea por el interés objetivo de la información o por la relevancia y dimensión pública del sujeto que la protagoniza.

28. Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa promovió amparo indirecto reclamando la inconstitucionalidad del artículo 70, fracción LXII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por considerar que transgrede los derechos de protección de datos personales y privacidad, previstos en los artículos 6, apartado A y 16 párrafo segundo constitucionales, al argumentar que Petróleos Mexicanos es un sujeto obligado en materia de protección de datos personales, por lo que si bien debe transparentar el destino de los recursos públicos que recibe, lo cierto es que debió ponderar entre publicidad y privacidad respecto del nombre de la quejosa, ya que no es un dato relevante para tal propósito, por lo que ese dato personal debe ser resguardado.

29. En ese sentido, por lo que hace a las disposiciones secundarias que regulan el derecho de acceso a la información debe señalarse que el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

30. Asimismo, el artículo 68 de la mencionada ley refiere que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, en relación con los cuales deberán, entre otras cosas, adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectific

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32987-7345c71b/derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales-interpretacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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