DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL TITULAR DE ÉSTA TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS QUE ORDENA LA ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES O QUE LE CONCIERNEN COMO PERSONA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL TITULAR DE ÉSTA TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS QUE ORDENA LA ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES O QUE LE CONCIERNEN COMO PERSONA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ARMANDO CRUZ ESPINOZA. DISIDENTE: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA. PONENTE: GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: JESSICA ARIANA TORRES CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la actual Ley de Amparo, así como 41 bis y 41 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los numerales 6, 17, fracción III y 18 del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, dado que la denuncia se refiere a criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa pertenecientes al Primer Circuito.
Siendo que debe estimarse que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (con residencia en San Andrés Cholula, Puebla) al sustentar su criterio lo hizo como especialista en materia administrativa dentro del Primer Circuito, dado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al que auxilió tiene esa especialidad dentro de ese circuito, lo que encuentra apoyo en la tesis aislada de este Pleno de Circuito, pendiente de publicación, que dice:
"COMPETENCIA DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO PARA CONOCER DE LAS CONTRADICCIONES DE TESIS QUE SE PRESENTAN ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. Cuando un tribunal auxiliar resuelve en auxilio de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con independencia de la región o residencia a la que pertenezca, se debe considerar que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito; atento a que no obstante que en términos del artículo 6o. del Acuerdo General precitado, los Tribunales Colegiados auxiliares no integrarán plenos, no se debe pasar por alto el que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva. De ahí que la competencia para conocer de las contradicciones de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito por lo que tiene la misma naturaleza; y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del tribunal auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por un Tribunal Colegiado de Circuito que debe estimarse como especialista en materia administrativa y perteneciente al Primer Circuito de la competencia de este Pleno, como lo es el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (con residencia en San Andrés Cholula, Puebla), para lo cual está autorizado en términos de la fracción III del artículo 227 de la actual Ley de Amparo en relación con la fracción III del artículo 226 de esa misma legislación.
TERCERO. Los criterios que se denuncian como contradictorios se resumen a continuación:
1. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (con residencia en San Andrés Cholula, Puebla), al resolver el amparo en revisión 467/2011 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el titular de la información respecto de la cual se ordenó hacer su versión pública para proporcionarla al solicitante, tiene interés jurídico para reclamar en amparo el acto que contiene dicha orden de hacer la versión pública -específicamente la resolución al recurso de revisión que interpuso el solicitante de la información, emitida por el actual Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos-, dado que es el titular de la información y fue parte en el procedimiento de acceso a la información del que derivó el acto reclamado, abundando en cuanto a que el interés jurídico está relacionado con el fondo del asunto, como se puede ver en la siguiente transcripción de esa resolución:
"RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, remitido el día hábil siguiente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en dicha ciudad, Grupo Idesa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: ‘6. Del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos reclamo: a) La resolución que recayó al recurso de revisión interpuesto por José Daniel de la Cruz Chung, radicado con el expediente número 7644/10 (en adelante la «resolución reclamada»), la cual se adjunta como anexo 2, por lo que respecta a que: i. Revoca la clasificación invocada por Pemex-Gas, con fundamento en lo previsto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, relativa al contrato celebrado entre Pemex-Gas y Braskem, S.A. y Grupo Idesa, S.A. de C.V., así como al precio pactado; ii. Revoca la clasificación invocada por Pemex-Gas, con fundamento en lo previsto en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, relativa al contrato celebrado entre Pemex-Gas y Braskem, S.A. y Grupo Idesa, S.A. de C.V.; iii. Confirma la clasificación invocada por Pemex-Gas, con fundamento en lo previsto en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativa al contrato celebrado entre Pemex-Gas y Braskem, S.A. y Grupo Idesa, S.A. de C.V., así como al precio pactado, estableciendo un periodo de reserva de 30 meses contados a partir del 23 de febrero de 2010, por lo que hace a determinadas partes del contrato de suministro de etano, y de la fórmula mediante la cual se determinará el precio del etano; el resolutivo que nos ocupa está siendo impugnado por lo que se refiere al periodo de reserva ilegalmente fijado por la responsable; iv. Le instruye a la entrega de información a José Daniel de la Cruz Chung, una vez que hayan transcurrido los 20 días hábiles que tiene Pemex-Gas para elaborar la versión pública y que el IFAI haya verificado dicha versión pública, en 10 días, mediante la elaboración de una versión pública del contrato de suministro de etano, y de la fórmula mediante la cual se determinará el precio del etano, en la que no se debe testar, entre otros: (a) El objeto del contrato, (b) La fecha de celebración del mismo, (c) La fecha de inicio de operación, (d) La ubicación del complejo, (e) Cláusulas genéricas, (f) Cláusulas que contengan acciones que deberán desarrollar las empresas parte, y (g) Cláusulas que contengan adiciones pactadas por Pemex-Gas y Braskem, S.A. y Grupo Idesa, S.A. de C.V., o de las que no se pueda desprender información sobre la forma en que será ejecutado el contrato de suministro; ...’. CONSIDERANDO ... TERCERO. Sentencia recurrida y agravios. ... Síntesis de la sentencia recurrida. I. En el considerando primero, la Juez justificó su competencia para conocer del asunto. II. En el considerando segundo, fijó como actos reclamados la inconstitucionalidad del artículo 55, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la resolución de dieciséis de marzo de dos mil once, emitida por el Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, la cual recayó al recurso de revisión interpuesto por el ahora tercero perjudicado José Daniel de la Cruz Chung, radicado con el expediente 7644/10, y su ejecución; resolución que constituye el primer acto de aplicación del citado precepto. III. En el considerando tercero sostuvo que eran ciertos los actos reclamados. IV. En el apartado cuarto decretó el sobreseimiento en el juicio, por estimar que la quejosa consintió tácitamente la resolución reclamada, en tanto omitió promover el juicio de garantías dentro del plazo que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los agravios. ... De modo que en el caso, no se actualiza la causal de improcedencia que la Juez Federal estimó probada, lo cual, en términos del artículo 91, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, conduce a analizar los restantes supuestos de sobreseimiento hechos valer por las partes, y de resultar infundadas las causales de improcedencia, examinar los conceptos de violación expuestos. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia ... II. El Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos aduce en su informe que se actualiza la causa de improcedencia de ausencia de interés jurídico, debido a que la orden contenida en la resolución reclamada afecta únicamente la esfera jurídica de la autoridad Pemex-Gas y Petroquímica Básica, ya que esta última es quien debe llevar a cabo los actos derivados de dicha resolución, como sujeto obligado (foja 345). No es exacto, porque la orden contenida en la resolución reclamada no sólo afecta la esfera jurídica de la autoridad Pemex-Gas y Petroquímica Básica, pues aun cuando esta última es quien debe llevar a cabo los actos derivados de dicha resolución, como sujeto obligado, empero, la quejosa es titular de la información que debe estar contenida en la versión pública que llevará a cabo la citada autoridad, y además, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento administrativo de origen, como tercero interesado, en términos de los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los diversos 14 y 15 de dicha ley, lo que es suficiente para considerar que la orden de publicación de información de la quejosa, en su carácter de interesada, afecta su interés jurídico. En efecto, los invocados numerales disponen: (se transcriben). De estos preceptos surge el derecho para el titular de la información que obre en poder de los sujetos obligados, de solicitar la modificación de los datos personales que obren en un sistema de datos, así como de que la información que constituya secreto comercial se clasifique como reservada. Asimismo, debe destacarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que el derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución, no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como ‘reserva de información’ o ‘secreto burocrático’. Así se advierte de la jurisprudencia (sic) P. LX/2000, de dicho Alto Tribunal, publicada en la página 74 del Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.’ (se transcribe). En congruencia con lo anterior, como la quejosa es titular de la información que debe estar contenida en la versión pública que llevará a cabo la autoridad obligada, y además, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento administrativo de origen, como tercero interesado, ello debe considerarse suficiente para estimar que la orden de publicación de información de la quejosa, afecta su interés jurídico. III. El mencionado instituto manifiesta en su informe que se actualiza la causa de improcedencia de ausencia de interés jurídico, porque la versión pública que llevará a cabo la autoridad Pemex-Gas y Petroquímica Básica, como sujeto obligado, debe realizarse testando todos los datos que constituyen información confidencial para la quejosa, por lo que es evidente que la información que pudiera causar desventaja competitiva a la quejosa, está debidamente protegida (fojas 345 a 347). En apoyo de su argumento, la autoridad responsable invoca la tesis de rubro: ‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL QUE OBLIGA AL DE PROTECCIÓN Y AHORRO BANCARIO A PROPORCIONAR INFORMACIÓN A UN GOBERNADO, PREVIA ELIMINACIÓN DE LOS DATOS RESERVADOS, CONFIDENCIALES O CLASIFICADOS.’. Esta causa de improcedencia debe desestimarse, en razón de que la litis en el juicio de amparo, radica precisamente en dilucidar si la versión pública que llevará a cabo la autoridad Pemex-Gas y Petroquímica Básica, como sujeto obligado, contiene o no información confidencial que constituye un secreto comercial de la sociedad quejosa, por lo que para estar en aptitud legal de determinar si dicha versión pública, se llevará a cabo testando todos los datos que constituyen información confidencial para la quejosa y, que por ende, la información que pudiera causar desventaja competitiva a la sociedad agraviada, está debidamente protegida, necesariamente debe examinarse el fondo del asunto, lo que sin duda conduce a desestimar la causa de improcedencia hecha valer. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe). Por lo que la tesis que cita la autoridad responsable en su informe justificado, no es aplicable por el momento para determinar la improcedencia del juicio de garantías ... . SEXTO. Estudio de fondo. Este cuerpo colegiado considera que el estudio de fondo debe reservarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con ... (se justifica esa decisión). SÉPTIMO. Denuncia de contradicción de tesis. En el considerando quinto de la presente ejecutoria, este Tribunal Colegiado consideró, en esencia, que como la quejosa es titular de la información que debe estar contenida en la versión pública que llevará a cabo la autoridad obligada y, que además, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento administrativo de origen, como tercero interesado, ello se estima suficiente para que la orden de publicación de información de la quejosa, afecte su interés jurídico. Asimismo, se sostuvo que la tesis de rubro: ‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL QUE OBLIGA AL DE PROTECCIÓN Y AHORRO BANCARIO A PROPORCIONAR INFORMACIÓN A UN GOBERNADO, PREVIA ELIMINACIÓN DE LOS DATOS RESERVADOS, CONFIDENCIALES O CLASIFICADOS.’, no cobra aplicación en el caso, en la medida en que la litis en el juicio de amparo, radica precisamente en dilucidar si la versión pública que llevará a cabo la autoridad Pemex-Gas y Petroquímica Básica, como sujeto obligado, contiene o no información confidencial que constituye un secreto comercial de la sociedad quejosa, por lo que para estar en aptitud legal de determinar si dicha versión pública, se llevará a cabo testando todos los datos que constituyen información confidencial para la peticionaria del amparo y, que por ende, la información que pudiera causar desventaja competitiva a la sociedad agraviada, está debidamente protegida, necesariamente debe examinarse el fondo del asunto, lo que sin duda conduce a desestimar la causa de improcedencia hecha valer. En tal virtud, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, por conducto del presidente de este Tribunal Colegiado, procede denunciar la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por este órgano jurisdiccional en esta ejecutoria y la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos textos se han transcrito previamente en este fallo, para los efectos legales procedentes. ... . En consecuencia, procede revocar el sobreseimiento decretado y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del artículo 55, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."
2. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 487/2004, 528/2004 y 245/2005 estimó que el titular de la información respecto de la cual se ordenó hacer su versión pública para proporcionarla al solicitante de dicha información, carece de interés jurídico para reclamar en amparo el acto que contiene dicha orden de hacer la versión pública -específicamente la resolución al recurso de revisión que interpuso el solicitante de la información, emitida por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública-, dado que en la versión pública ordenada previamente se deben eliminar los datos considerados como reservados, confidenciales o clasificados, como se puede ver en la siguiente transcripción de la tesis aislada I.4o.A.499 A publicada en la página 1584, del Tomo XXII, septiembre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con Núm. Registro IUS: 177116, que derivó de esas ejecutorias, así como de la parte conducente de tales fallos:
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL QUE OBLIGA AL DE PROTECCIÓN Y AHORRO BANCARIO A PROPORCIONAR INFORMACIÓN A UN GOBERNADO, PREVIA ELIMINACIÓN DE LOS DATOS RESERVADOS, CONFIDENCIALES O CLASIFICADOS. El artículo 6o. de la Constitución Federal establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, sin que esto signifique un perjuicio para las entidades públicas o privadas porque el acceso a la información no sólo obliga a proporcionarla o a exhibir la documentación que soliciten los gobernados sino también a difundir la que no sea confidencial, reservada o clasificada, que es la orientación y contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que reglamenta dicha disposición constitucional. Por tales razones, es claro que la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que obliga al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a proporcionar información, previa eliminación de los datos considerados como reservados, confidenciales o clasificados, no afecta los intereses jurídicos del titular de la información, aun cuando no hubiese dado su consentimiento, por lo que debe sobreseerse en el juicio de garantías que intenta, con fundamento en la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 74, fracción III, de la propia ley de la materia."
RA. 487/2004: "RESULTANDO. PRIMERO. Por escrito recibido el día primero de julio de dos mil cuatro en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Mario Raúl Cuervo Hermosillo, en representación de Banco Capital, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: ... ‘a. Del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información, reclamo la resolución administrativa de fecha 9 (nueve) de marzo de 2004 (dos mil cuatro), recaída en el expediente 00624/03, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el hoy tercero perjudicado Eric López Lena en contra de la diversa resolución de fecha 26 (veintiséis) de noviembre de 2003 (dos mil tres) pronunciada por la Unidad de Enlace del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. En los puntos resolutivos del acto reclamado se establece lo siguiente: (se transcribe). b. De la Dirección General Jurídico de lo Contencioso y de la Dirección General Consultiva, ambas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, reclamo la resolución de fecha 23 (veintitrés) de junio del año en curso, recaída en el expediente IPAB/DGJCS/00484/2004, por medio del cual se informa al hoy quejoso que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental revocó la decisión de la Unidad de Enlace del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de fecha 26 (veintiséis) de noviembre de dos mil tres, para el efecto de que dicho instituto entregue al recurrente la documentación objeto de su solicitud, dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del siguiente de su notificación. El texto de la resolución apuntada es del siguiente tenor: ...’ (se transcribe). CONSIDERANDO ... CUARTO. Los agravios formulados, los cuales se estudiarán conjuntamente dada su estrecha relación, acorde a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, son infundados. En los mismos, alega la recurrente que fue incorrecto que el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, haya determinado sobreseer en el juicio de garantías, al no haberse acreditado el interés jurídico para impugnar las resoluciones que constituyeron el acto reclamado; siendo que contrariamente a esa decisión, refiere la inconforme, dichas resoluciones afectan su esfera jurídica de manera inmediata y directa, ya que en las mismas se pretende la elaboración de ‘actas públicas’ de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), con lo que se divulgaría información reservada y confidencial de diversas instituciones de crédito, entre las que se encuentra la quejosa, lo cual es ilegal y violatorio de los secretos bancarios y fiduciarios, previstos en los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y, por tanto, se vulnera inmediata y directamente su interés jurídico. A mayor abundamiento, continúa la agraviada, en el acto reclamado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Pleno de dicho instituto ordenó expresamente al Comité de Información del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, elaborar las versiones públicas de las sesiones del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), incluyendo los documentos que constituyen información pública gubernamental y obligaciones de transparencia, así como los informes enviados al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, los datos sobre estados financieros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, costos de contingencias laborales que incluyen toda la información sobre los temas a discutir en el orden del día, los nombres de los participantes que en las sesiones de la Junta de Gobierno, integren formalmente o no dicho órgano, y el sentido de la votación. Por lo que es lógico, manifiesta la recurrente, que en las diversas sesiones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, se trataron asuntos relacionados con el rescate bancario, incluidos los datos de identificación de la sociedad quejosa, sus estados financieros, el monto de su activo y pasivo, así como las consideraciones para determinar si dicha sociedad sería liquidada o en su caso, se promovería el concurso mercantil de la misma, datos todos ellos que son confidenciales y reservados de acuerdo a la mencionada Ley de Instituciones de Crédito y, por ende, concluye la ocursante, es incuestionable que las resoluciones que constituyen los actos reclamados afectan de manera directa e inmediata su interés jurídico, todo lo cual dejó de considerar el Juez. Finalmente, indica la inconforme, contrariamente a lo señalado por el Juez Federal, sí ofreció pruebas para acreditar su interés jurídico, las cuales consistieron en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y los documentos anexados a los mismos. Los argumentos narrados con antelación, son infundados, toda vez que se estima que los actos reclamados no deparan perjuicio alguno a la hoy recurrente. En efecto, el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe). De la transcripción anterior, se desprende que el derecho a la información será garantizado por el Estado, pero sin que ello signifique un perjuicio para las entidades públicas o privadas, porque el acceso a la información no sólo obliga a proporcionar información o a exhibir la documentación solicitada por el gobernado, sino que se debe difundir toda la que no sea confidencial, reservada o dosificada, es la orientación y contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Además de lo anterior, debe precisarse que atendiendo a lo establecido en el recurso de revisión de fecha nueve de marzo de dos mil cuatro, que la quejosa señaló como acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa, se advierte que en sus considerandos quinto, sexto y séptimo, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver dicho medio de impugnación, manifestaron lo que se transcribe a continuación: ‘... Quinto. Con independencia de que la obligación de guardar el secreto bancario se extiende al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, o únicamente es aplicable a las instituciones de crédito, de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, del análisis de los artículos citados se desprende que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario garantiza, califica, supervisa y asume la titularidad de las operaciones de liquidación del fideicomiso denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro. En consecuencia, las actas de las sesiones que se celebraron como resultado del contrato de fideicomiso contienen información de sus operaciones, las cuales podrían llegar a precisar información relativa a depositantes, deudores, titulares o beneficiarios de dichas operaciones respecto de una diversidad de instituciones de crédito, es decir, información relativa al patrimonio de personas físicas y morales que tendría que clasificarse como datos personales e información confidencial, al amparo de los artículos 3, fracción II y 18, fracciones I y II, de la ley, respectivamente, así como el trigésimo, trigésimo segundo y trigésimo sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en lo sucesivo Lineamientos Generales. Las operaciones realizadas para ejecutar el «Programa de capitalización y compra de cartera» al comprender información relativa a depositantes, deudores, titulares o beneficiarios de dichas operaciones respecto de una diversidad de instituciones de crédito, es decir, información relativa al patrimonio de personas físicas y morales que tendría que clasificarse como datos personales e información confidencial, se encuentran protegidas por los secretos bancario y fiduciario aplicable a la relación entre las instituciones de crédito y sus depositantes, deudores, titulares o beneficiarios de las operaciones financieras. Por lo anterior, toda información dentro del «Programa de capitalización y compra de cartera», que precise esas operaciones e identifique a depositantes, deudores, titulares o beneficiarios de las operaciones financieras, tiene el carácter confidencial, ya que contienen información protegida por los secretos arriba referidos, donde las instituciones financieras hicieron entrega con el carácter de confidencial, por lo que se requerirá del consentimiento de los titulares de la información para darla a conocer a un tercero, es decir, el consentimiento de depositantes, deudores, titulares o beneficiarios de dichas operaciones. En atención a lo establecido en los artículos 117 y 118 en relación con el 46, fracción XV, ambos (sic) de la Ley de Instituciones de Crédito, se concluye que la información solicitada forma parte de las operaciones de un fideicomiso de conformidad con lo establecido en la L
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25097-00ea3378/derecho-a-la-informacion-el-titular-de-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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