SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN XL, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RELATIVA AL NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS EX SERVIDORAS PÚBLICAS JUBILADAS Y PENSIONADAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 90/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIA: ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión de veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio 4776/2026 enviado electrónicamente por el actuario del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el cual remitió a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja administrativo 225/2026, en la que los magistrados integrantes de ese órgano colegiado denuncian la posible contradicción entre el criterio sustentado al resolver dicho medio de impugnación; y los sostenidos por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del mismo circuito y sede; así como por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los diversos recursos de queja 225/2026, 140/2026 y 243/2026, respectivamente, a efecto de determinar si la concesión de la suspensión provisional respecto de la publicación, en cumplimiento a obligaciones en materia de transparencia, de la información relativa a la pensión que percibe una persona ex servidora pública, en cuanto al nombre y apellidos, constituye un acto que afecta el interés social y contraviene disposiciones de orden público, en virtud de que dicha información debe ser de carácter público al contribuir a la rendición de cuentas del estado y al combate a la corrupción, así como por vulnerar diversas disposiciones en materia de acceso a la información, tanto de rango constitucional como legal.
2. SEGUNDO. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de cuatro de junio de dos mil veintiséis, se admitió y formó el expediente, el cual se ordenó registrar como contradicción de criterios 90/2026; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. A su vez, se requirió al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal relacionada con el tema a dilucidar. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se ordenó el turno del asunto a la magistrada Virginia Pétriz Herrera para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
4. TERCERO. Informes. Los magistrados presidentes de los tribunales colegiados de circuito contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de diez, doce y quince de junio de dos mil veintiséis.
5. Cabe precisar que, no obstante que el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, no rindió el informe requerido respecto de la vigencia del criterio emitido en el recurso de queja administrativo 225/2026, de la consulta realizada por este Pleno Regional, al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el expediente de referencia fue vinculado al expediente electrónico de la presente contradicción de criterios, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2o.;(1) sin que exista elemento probatorio alguno que indique que el referido órgano jurisdiccional ha cambiado de criterio.
6. De igual forma, por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiséis se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.
7. CUARTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de uno de julio de dos mil veintiséis se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(2)
8. Lista. La presente contradicción de criterios se listó por primera vez el trece de julio de dos mil veintiséis, para discutirse en la sesión de seis de agosto de la misma anualidad, en la cual las magistradas acordaron dejar en asunto en lista para discutirse en una sesión posterior.
9. QUINTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(5) así como lo establecido en los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(6) 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial;(7) y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, todos del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, así como el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
11. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por tres Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito y uno en Materia Administrativa, del Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de las especialidades sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
12. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes, quienes resolvieron el recurso de queja administrativo 225/2026, que además participa en la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(8)
13. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
A. Ejecutoria del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 243/2026.
14. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiséis en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, veinte personas físicas por propio derecho promovieron juicio de amparo indirecto contra los autos y autoridades siguientes:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS.
A) Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado ‘Transparencia para el Pueblo' con domicilio en **********.
B) Directora General de Obligaciones de Transparencia del Órgano Administrativo Desconcentrado "Transparencia para el Pueblo" con domicilio en **********.
C) Directora General del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública del Órgano Administrativo Desconcentrado "Transparencia para el Pueblo" con domicilio en **********.
D) Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con domicilio en **********.
E) Subsecretario de Buen Gobierno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con domicilio en **********.
F) Subsecretaria Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con domicilio en **********.
G) Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con domicilio en **********.
H) Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad con domicilio en **********.
I) Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con domicilio en **********.
J) Unidad de Innovación de la Gestión Pública (Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia) de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con domicilio en **********.
IV. ACTO RECLAMADO:
La inclusión y permanencia del nombre de los suscritos en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina ‘pensiones doradas', así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas."
15. Suspensión. Del contenido del escrito inicial de demanda, en el capítulo de suspensión, se desprende que los quejosos solicitaron:
"IX. SUSPENSIÓN
Con fundamento en los artículos 125, 128, 131 y demás relativos de la Ley de Amparo, en atención a la tutela anticipada, bajo la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, al demostrarse que se cuenta con los derechos fundamentales contenidos en los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal, y que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables retiren de manera inmediata el nombre y datos personales de los suscritos de cualquier plataforma, base de datos o publicación accesible al público, tal como la denominada Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html de Gobierno de México, en la que hayamos sido incluidos como beneficiarios de pensiones consideradas ‘doradas' para el Gobierno, o bien, en su defecto, se ordene la anonimización de dichos datos, evitando daños irreparables, incluyendo afectación reputacional y riesgo a la integridad personal.
Lo anterior, dado que la difusión pública del monto de la percepción económica de los quejosos, asociada a su identidad, no constituye un acto neutro de transparencia, sino un mecanismo de exposición que incrementa de manera objetiva y previsible su nivel de vulnerabilidad frente a la comisión de delitos patrimoniales y de aquellos que afectan la integridad física, la libertad y la vida. En un contexto social caracterizado por la incidencia de conductas como lesiones, homicidio, robo, extorsión, fraude y secuestro, la identificación de personas como poseedoras de ingresos elevados opera como un factor de riesgo real, actual y continuo, generando una afectación directa al derecho a la integridad personal.
Tal situación se agrava al tratarse de difusión en medios digitales, cuya naturaleza masiva, permanente e incontrolable impide revertir el daño y amplifica exponencialmente el riesgo, lo que justifica la intervención urgente del órgano jurisdiccional mediante la concesión de la suspensión provisional y definitiva respectivamente. [...]"
16. Radicación, registro y requerimiento. Por razón de turno, conoció de la demanda el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de veintidós de abril de dos mil veintiséis ordenó formar el expediente, lo registró con el número 776/2026, y requirió a los promoventes para que aclararan su demanda.
17. Aclaración de demanda. Por escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil veintiséis los promoventes desahogaron de dicho requerimiento, en el cual precisaron:
A) Del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado "Transparencia para Pueblo" se reclama la orden de incluirnos y que nuestro nombre permanezca en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html, de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas, lo cual realizó de conformidad con sus atribuciones previstas por los artículos 35, fracciones I, IV y XVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4, fracción XXII, del Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo, pues es el encargado de promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información, de conformidad con la política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública y las disposiciones jurídicas aplicables en esa materia.
B) De la directora General de Obligaciones de Transparencia del Órgano Administrativo Desconcentrado "Transparencia para el Pueblo" se reclama la autorización de incluirnos y que nuestro nombre permanezca en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html, de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas en términos de los artículos 2, fracción II, 6 y 11, fracciones II, III, V y IX, del Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo.
C) De la Directora General del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública del Órgano Administrativo Desconcentrado "Transparencia para el Pueblo" se reclama la autorización de incluirnos y que nuestro nombre permanezca en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html, de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas, en términos del artículo 17, fracción III, del Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo, pues es quien resguarda la documentación generada por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
D) Del Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se reclama la orden de publicar en la página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html, de Gobierno de México, una lista en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas, pues de conformidad con el artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es quien administra, implementó y puso en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia para cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en dicha Ley para los sujetos obligados (Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos) y la autoridad garante federal (Órgano Administrativo Desconcentrado "Transparencia para el Pueblo").
E) Del Subsecretario de Buen Gobierno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se reclama la autorización de incluirnos y que nuestro nombre permanezca en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html, de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas; lo anterior en términos del artículo 7, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues es quien proporciona el acceso a la información pública en términos de las disposiciones jurídicas en la materia.
F) De la Subsecretaria Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se reclama la autorización de incluirnos y que nuestro nombre permanezca en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html, de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas; lo anterior en términos del artículo 7, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues es quien proporciona el acceso a la información pública en términos de las disposiciones jurídicas en la materia.
H) Del Titular de la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reclama haber recabado y enviado nuestros datos sensibles y percepciones económicas respecto de los quejosos que fuimos pensionados por dicha empresa pública del Estado para que fueran incluidos en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas de conformidad con los artículos 41, fracción I, 65, fracción XL, 80 y 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
I) Del Titular de la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se reclama haber recabado y enviado nuestros datos sensibles y percepciones económicas respecto de los quejosos que fuimos pensionados por dicha empresa pública del Estado para que fueran incluidos en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página de internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas de conformidad con los artículos 41, fracción I, 65, fracción XL, 80 y 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
J) Del Titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública y del titular de la Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se reclama nuestra inclusión y permanencia de nuestro nombre y percepciones económicas en una lista publicada en Transparencia para el Pueblo en su página internet: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html de Gobierno de México, en la que se nos identifica como personas exservidoras públicas beneficiarias de una pensión que en la narrativa política del país se les denomina "pensiones doradas", así como la difusión de mis datos personales y percepciones económicas, pues de conformidad con los artículos 28, fracciones I, VI, VII y VIII y 30, fracciones I, V y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues son quienes determinan las acciones para el acceso y uso de la plataforma de transparencia, diseñan y coordinan el desarrollo, implementación y administración de dicha plataforma, así como los sistemas para la integridad y la transparencia; además de mantener y operar las plataformas y los sistemas para la integridad y transparencia.
Mientras que, a la autoridad responsable que se señaló como: G) Del titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no se le reclama ningún acto, por lo tanto, solicitamos que no se tenga como responsable."
18. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de abril de dos mil veintiséis, el juzgado del conocimiento por una parte, desechó de plano la demanda únicamente por lo que hacía al quejoso señalado con el número veinte, toda vez que el escrito de demanda carecía de la firma electrónica del mismo; y por otra admitió a trámite la demanda por lo que hace a los otros diecinueve promoventes, ordenó formar por separado sólo el original del incidente de suspensión respectivo; señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus informes justificados.
19. Suspensión provisional. Por diverso auto de esa misma data dictado en el incidente de suspensión, el juzgado de distrito solicitó a las autoridades responsables su informe previo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental y concedió a los quejosos la suspensión provisional solicitada:
"... para el efecto de que las autoridades responsables eliminen únicamente el nombre y apellido de los quejosos del listado sobre pensiones de personas exservidoras públicas, en específico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicado en la Plataforma de Transparencia Nacional, y en su caso, los sustituyan por las iniciales de su nombre o cualquier otro medio de identificación, como puede ser algún número de folio o el número interno de seguridad social; así como para que se abstenga de incluir el nombre y apellido de los quejosos en posteriores publicaciones."
20. Interposición del recurso de queja. Inconforme con esa determinación, el Director de Amparo de la Dirección General Jurídica, en representación de la Titular de Transparencia para el Pueblo; Directora General de Obligaciones de Transparencia; y Directora General del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, adscritas al Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, interpusieron recurso de queja del que conoció el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de presidencia de once de mayo de dos mil veintiséis lo admitió a trámite y registró bajo el número QA 243/2026. Posteriormente, en sesión de doce de mayo de esta anualidad dictó sentencia, en la que declaró fundado dicho medio de impugnación y negó la suspensión provisional.
21. Interposición de diversos recursos de queja. Por otra parte, a través de distintos escritos, el Director de Amparo C de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en representación de la Titular de dicha Secretaría; Subsecretaria Anticorrupción; Subsecretario de Buen Gobierno; y Titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública, todos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, interpuso recursos de queja de los que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de presidencia de doce de mayo de dos mil veintiséis los admitió a trámite y registró bajo el número Q.A.B. 232/2026.
22. Posteriormente, en sesión de trece de mayo de esta anualidad dictó sentencia, en la que declaró sin materia los recursos de queja, toda vez que el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al dictar sentencia en el diverso recurso de queja 243/2026, con sus razonamientos agotó por completo la materia de la concesión de la medida cautelar, independientemente de la autoridad que haya interpuesto el referido medio de impugnación.
23. La ejecutoria emitida por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja 243/2026, en sesión de doce de mayo de dos mil veintiséis, se basó en las siguientes consideraciones:
23.1 • SÉPTIMO. Estudio. El agravio identificado como primero es esencialmente fundado y suficiente para revocar el auto recurrido, pues en él se expone lo siguiente:
• Las recurrentes construyen sus argumentos aseverando que el auto recurrido transgrede disposiciones de orden público y causa perjuicio al interés social, porque de conformidad con lo establecido en el artículo 65, fracción XL, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deriva la obligación de publicación de jubilados, pensionados y los montos que perciben.
• Afirman que la eliminación de la información de la persona pensionada y el monto que percibe significaría restar transparencia en la rendición de cuentas del sujeto obligado, puesto que el fin de la publicación del listado de personas jubiladas y pensionadas, así como el monto que reciben, incluyendo la información de la parte quejosa persigue el fin inmediato y directo de tutelar el acceso a la información pública de la colectividad.
• Refieren que la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 605/2024, precisó que la obligación de publicación de jubilados y pensionados y los montos que perciben atienden a cuestiones de orden público y al interés social.
23.2 • Como se anunció, el agravio propuesto es esencialmente fundado.
23.3 • A efecto de sustentar lo anterior, en principio se retoma que sobre el tema en particular, el juzgado de origen al momento de resolver la suspensión provisional recurrida, destacó lo siguiente:
• La ley de Amparo, en su artículo 129, establece algunos casos en que se considera, se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
• De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se deberá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho y del interés social.
• Para la concesión de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.
• El peligro en la demora se sustenta en la posible frustración de los derechos de los solicitantes de la medida, la cual puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.
• Destacó que el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, como presupuestos de la medida suspensional, debe hacerse sin dejar de observar los demás requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo.
• Consideró que en el caso, era factible aplicar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora porque los quejosos reclaman de manera destacada la publicación de sus nombres y el monto de sus pensiones, en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección electrónica: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html.
• Estimó que de no concederse la medida cautelar, los daños y perjuicios que se les causarían con la prosecución de los actos reclamados, serían de difícil reparación, pues en el caso, la permanencia de sus datos personales asociados directamente con el monto de su jubilación de la Comisión Federal de Electricidad, genera una vulneración a la protección de sus datos personales y su seguridad personal, pues si bien es dable que existe publicidad del monto que recibe una persona jubilada como la parte quejosa, ésta merece una especial protección como adulto mayor ante el aumento de su vulnerabilidad por existir en un medio público como es la Plataforma Nacional de Transparencia, el asentamiento de sus da
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34386-5476f4ee/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-es-improcedente-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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