Corpus
Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y ORDENA EL INICIO DEL DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EMITIDA POR EL EXTINTO INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 30/2026. · Registro digital (IUS): 34119
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-03
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo I, Volumen 2, Pág.619.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 30/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 16 DE ABRIL DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: MARTÍN ALEJANDRO AMAYA ALCÁNTARA.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día dieciséis de abril de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio ****/2026 el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito,(1) en atención a la sentencia dictada el doce de febrero de dos mil veintiséis en el amparo en revisión administrativo ********, en la que se ordenó denunciar la posible contradicción de criterios suscitada entre el referido tribunal y los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión ******* y el recurso de queja ********, en ese orden.

2. Lo anterior a efecto de DETERMINAR SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EMITIDO POR EL EXTINTO PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

3. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 30/2026; se ordenó formar el expediente electrónico; asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

4. Por otra parte, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar.

5. Cabe precisar que la determinación del probable punto de contradicción en el acuerdo de inicio dictado por la presidencia del Pleno Regional, goza una naturaleza transitoria o provisional, de manera que no vincula al órgano jurisdiccional actuando en pleno, quien al resolver en definitiva el asunto conserva la facultad para precisar la materia de la contradicción, pues los autos de presidencia no causan estado, como sostiene en la jurisprudencia 222/2007, con número de registro digital 170598, del rubro que sigue: “REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO”.

6. En consecuencia, el tema a dilucidar en el presente asunto es el siguiente: ¿DETERMINAR SI PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EMITIDA POR EL EXTINTO PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES?

7. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la magistrada Virginia Pétriz Herrera para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

8. TERCERO. Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados Cuarto del Trigésimo Circuito y Décimo Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veintiséis.

9. Cabe destacar que no obstante que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, no rindió el informe requerido respecto del amparos en revisión 51/2023, de la consulta realizada por este Pleno Regional, al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que los amparos de referencia fueron vinculados al expediente electrónico de la presente contradicción de criterios, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2º.

10. De igual forma, por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.

11. CUARTO. Confirmación de turno. En acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, la presidencia tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(2)

12. QUINTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(5) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(6) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(7) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés. Así como el Acuerdo QUINTO del Acuerdo General 2/2025, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

14. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

15. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en la sentencia dictada en el amparo en revisión administrativo 258/2025, el cual forma parte de la contienda, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(8)

16. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario preciar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

Ejecutoria del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 250/2021.

17. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, una persona en representación legal de una empresa, sociedad anónima de capital variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del entonces Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, reclamó:

“(...)la resolución contenida en el oficio número ****************************, dictada dentro del Expediente de Verificación **********************, de fecha 25 de agosto de 2021, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante la cual se puso fin al procedimiento de verificación de que fue objeto la hoy quejosa y se resolvió, entre otras cuestiones, ordenar en perjuicio de ********** *****, S.A. DE C.V., el procedimiento administrativo de imposición de sanciones.”

18. De dicho asunto correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se registró bajo el número ********* y por auto de veinticinco de octubre del mismo año, desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, al llegar a la conclusión de que el acto reclamado era de naturaleza intraprocesal y no causaba a la parte quejosa un daño de imposible reparación.

19. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja que correspondió conocer al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya magistrada presidenta en auto de veintitrés de noviembre siguiente, ordenó su registro como Q.A. ******** y en sesión de tres de febrero de dos mil veintidós, por mayoría de votos, se declaró procedente y fundado, bajo las siguientes consideraciones:

“SEXTO. Los agravios son fundados.

El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone:

[SE TRANSCRIBE]

Del precepto transcrito se desprende que el Juez de Distrito podrá desechar de plano una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Con relación al concepto de causal notoria e indudable de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es esencial que el motivo de improcedencia se encuentre plenamente probado, como se advierte de la tesis aislada 2a. LXXI/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, Julio de 2002, página 448, cuyo contenido es como sigue:

“DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. [SE TRANSCRIBE]

En la demanda de amparo, la quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consistente en:

“[...] la resolución contenida en el oficio número ****************************, dictada dentro del Expediente de Verificación **********************, de fecha 25 de agosto de 2021, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante la cual se puso fin al procedimiento de verificación de que fue objeto la hoy quejosa y se resolvió, entre otras cuestiones, ordenar en perjuicio de ********** *****, S.A. DE C.V., el procedimiento administrativo de imposición de sanciones. [...].”

Ahora bien, el Juez de Distrito determinó desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado, constituía un acto a través del cual se ordenó iniciar el procedimiento de imposición de sanciones en su contra; tal acto tiene el carácter de intraprocesal porque no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan a la sociedad quejosa el ejercicio de algún derecho, en la especie no se le impuso ninguna sanción o apercibimiento derivado del tratamiento o transferencia de datos personales, lo que haga procedente el juicio de amparo biinstancial, pues no se tiene certeza que con la emisión de dicho acto transcienda al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental.

Lo anterior resulta incorrecto pues, como aduce la parte quejosa, aquí recurrente, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se regulan por separado los procedimientos de verificación y de imposición de sanciones, lo que implica que se trata de dos procedimientos distintos sin que obste que el primero deba servir de antecedente al segundo puesto que se prevé que el procedimiento de investigación concluya con una resolución que, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse definitiva.

En efecto, la citada ley establece:

“CAPÍTULO VIII

Del Procedimiento de Verificación

Artículo 59. El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte.

La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley.

Artículo 60. En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive.

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente.

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

CAPÍTULO IX

Del Procedimiento de Imposición de Sanciones

Artículo 61. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que realice el Instituto, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de esta Ley, iniciará el procedimiento a que se refiere este Capítulo, a efecto de determinar la sanción que corresponda.

Artículo 62. El procedimiento de imposición de sanciones dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, el Instituto resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga.

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas, el Instituto notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

El Instituto, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá en definitiva dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a las partes.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo.

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento de imposición de sanciones, incluyendo presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias y el cierre de instrucción.”

En el caso, la parte quejosa reclama precisamente la resolución con la que concluyó el procedimiento de verificación, procedimiento seguido en forma de juicio porque el quejoso participó en el mismo y pudo ofrecer pruebas y terminó con una resolución, que le causa un perjuicio sustantivo, por lo que el acto reclamado es la resolución que le puso fin a dicho procedimiento y, por tanto, es reclamable en amparo indirecto pues, como también invoca la parte recurrente, no existe medio ordinario de defensa que deba agotar antes de acudir al amparo pues los actos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sólo pueden impugnarse mediante el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 31/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 525/2019, publicada el 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 668, cuyo contenido es como sigue:

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.

[SE TRANSCRIBE]

Por lo que no es indudable al momento de proveer sobre la admisión de la demanda y en cambió se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio que terminó con una resolución, por lo que el acto reclamado es la resolución que le puso fin a dicho procedimiento y, por tanto, es reclamable en amparo indirecto pues, como también invoca la parte recurrente, no existe medio ordinario de defensa que deba agotar antes de acudir al amparo pues los actos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sólo pueden impugnarse mediante el juicio de amparo.

Máxime que incluso al resolver el juicio puede analizar la procedencia.

En esas condiciones, debe declararse fundado el recurso de queja para el efecto de que se provea sobre la admisión de demanda considerando que el acto reclamado se siguió en forma de juicio, para efectos del amparo, con libertad de jurisdicción respecto de los demás aspectos que deban considerarse, sin que sea el caso hacer el pronunciamiento a que alude el artículo 103 de la Ley de Amparo con base en la jurisprudencia 2a./J. 73/2014,(9) de contenido literal:

“RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. [SE TRANSCRIBE].”

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 95 y 99 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

ÚNICO. Es procedente y fundado el recurso de queja.

(...)”.

Ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 51/2023.

20. Demanda de amparo. El veintiuno de julio de dos mil veintidós una persona física presentó demanda de amparo en representación de una empresa, contra la autoridad y actos siguientes:

“III. AUTORIDAD RESPONSABLE.

(...) al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

IV. ACTOS RECLAMADOS.

(...) la resolución contenida en el oficio número ****************************, dictada dentro del Expediente de Verificación **********************, de fecha 21 de junio de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante la cual se puso fin al procedimiento de verificación de que fue objeto la hoy quejosa y se resolvió, entre otras cuestiones, ordenar en perjuicio de ********** *****, S.A. DE C.V., el procedimiento administrativo de imposición de sanciones”.

21. Por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde previo requerimiento, el veintisiete de julio siguiente, admitió a trámite y registró el expediente bajo el número *********, donde una vez seguida la secuela procesal se sobreseyó en la audiencia constitucional celebrada el diez de noviembre del mismo año.

22. Amparo en revisión. En desacuerdo con esa decisión el apoderado legal de la empresa quejosa, interpuso recurso de revisión recibido en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se registró con el número *******, resuelto por mayoría de votos, en sesión de ocho de agosto de dos mil veinticuatro, en el sentido de revocar la resolución recurrida y conceder el amparo, bajo las siguientes consideraciones:

“SÉPTIMO. El artículo 93 de la Ley de Amparo establece:

[Lo transcribe]

Conforme con este artículo, este Tribunal Colegiado al conocer del recurso de revisión, está obligado a seguir las reglas siguientes:

1. Cuando el recurrente es el quejoso, en primer lugar se examinarán los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida;

En caso de ser fundados, es decir, cuando se revoca el sobreseimiento, se examinarán las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada.

2. Cuando recurrente la autoridad responsable o el tercero interesado, se examinarán los agravios en contra de la omisión o negativa de sobreseer en el juicio, en caso de ser fundados, se revocará la resolución recurrida.

3. Para los efectos de los puntos anteriores, se podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;

4. Cuando se encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, se revocará la resolución recurrida y se mandará reponer el procedimiento;

5. Cuando recurre el quejoso, se examinarán los demás agravios; si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda;

6. Cuando el recurrente es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y

7. Únicamente se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional.

Bajo estas reglas, al ser el recurrente la parte quejosa se analiza el agravio formulado en contra del sobreseimiento decretado por el juez de amparo, mismo que es fundado.

En el juicio de amparo se tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, de los que se desprende que el juicio de garantías es improcedente contra los actos que no sean definitivos o los intraprocesales emitidos en un procedimiento administrativo que no afecten derechos sustantivos.

Así el artículo 107, fracciones II y III, de la Ley de Amparo establece:

[Lo transcribe]

De lo anterior, se deducen tres hipótesis de procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades administrativas:

Conforme a la fracción II, dicho medio de defensa es procedente contra actos administrativos aislados; mientras que, de acuerdo con la fracción III, también son impugnables en esa vía los actos originados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Tratándose de estos últimos, en el inciso a) se establece la regla especial de procedencia consistente en que, cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual se podrán reclamar tanto las violaciones contenidas en dicha resolución como las que se hubieran cometido durante el procedimiento.

En el inciso b) aparece una excepción a dicha regla especial que consiste en que, cuando dentro de ese procedimiento se emitan actos de imposible reparación, el sujeto afectado podrá promover de inmediato el juicio de amparo, es decir, sin esperar a la emisión de la resolución que en definitiva se emita.

En el mencionado inciso se prevé que por actos de imposible reparación se entenderán los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En el caso, de la resolución *** ************************, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el expediente de verificación **********************, destacan los siguientes puntos resolutivos:

[Se insertaron imágenes]

En la resolución reclamada, la autoridad responsable puso fin al procedimiento de verificación que tuvo por objeto indagar el probable incumplimiento de la parte quejosa a disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

A efecto de analizar la naturaleza de la resolución impugnada, se traen a contexto los artículos 59, 60 y 61 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y (sic)

[Lo transcribe]

El procedimiento de verificación, según los artículos transcritos, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de esa misma legislación y de la normatividad que de ella derive, la cual puede iniciar de oficio o a petición de parte.

En el desarrollo del procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación que considere necesaria, de acuerdo a la resolución que lo motive, las reglas que debe seguir este procedimiento se desarrollan en el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, siendo en esencia el inicio, las causales de improcedencia, los requisitos de la denuncia, el desarrollo de la verificación, el acta de verificación, y el dictado de la resolución.

Específicamente, en cuanto a la resolución se prevé que el Instituto, en su caso, establecerá las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la misma establezca. El Pleno podrá instruir el inicio del procedimiento de imposición de sanciones o establecer un plazo para su inicio.

Es importante resaltar que el artículo 138 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previamente transcrito, establece que en contra de la resolución al procedimiento de verificación, se podrá interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En caso de que con motivo del procedimiento de verificación, el Instituto tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la legislación de la materia, iniciará el procedimiento de imposición de sanciones.

Lo hasta aquí expuesto permite a este Tribunal Colegiado concluir que los procedimientos de verificación y de imposición de sanciones que regula la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su respectivo reglamento, son autónomos, y en contra de la resolución que concluye cada uno de ellos, es procedente el juicio de nulidad. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2020 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 668, que establece:

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPAREN

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34119-289108f3/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.