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RESERVA DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES. EL ARTÍCULO 69, PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ COMO EXCEPCIÓN LA CONDONACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL, ES UNA MEDIDA QUE SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 12/2025. · Registro digital (IUS): 33393
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.390.

AMPARO EN REVISIÓN 12/2025. 21 DE MAYO DE 2025. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.

Hechos: El quejoso fue sujeto a una revisión de gabinete para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en materia del impuesto sobre la renta por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

Durante el ejercicio de las facultades de comprobación el quejoso realizó una autocorrección pagando el impuesto omitido. Derivado de ello, el quejoso fue multado por el monto correspondiente al 20% del importe histórico el impuesto a cargo, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

El quejoso solicitó la reducción de la multa en términos del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Dicho beneficio fue otorgado al 100% por la autoridad fiscal, pero determinó que sus datos personales serían publicados en la página del Servicio de Administración Tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 69, párrafos décimo segundo, fracción VI, y décimo tercero, del mencionado código.

El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra del referido artículo 69, en virtud del primer acto de aplicación; planteó que la norma reclamada viola el derecho a la protección de datos personales, así como los principios de igualdad y seguridad jurídica.

El Juez de Distrito emitió sentencia en la que negó el amparo, en su contra se interpuso recurso de revisión, sin embargo, el Tribunal Colegiado del conocimiento se consideró incompetente para resolver el recurso en lo que respecta a los planteamientos de constitucionalidad y lo remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 12/2025, interpuesto por ********** en contra de la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********.

El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en analizar la regularidad constitucional del artículo 69, párrafos décimo segundo, fracción VI, y décimo tercero, del Código Fiscal de la Federación, bajo los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como con relación a los derechos de protección de datos personales y acceso a la información pública.

ANTECEDENTES

1. Hechos. El primero de junio de dos mil veintitrés, **********presentó la declaración normal del impuesto sobre la renta por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes del ejercicio fiscal dos mil veintidós, por medio del servicio de declaraciones y pagos del sitio de internet del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se reflejó un impuesto a pagar por la cantidad de **********, la cual quedó registrada con el número **********.

2. El cinco de junio de dos mil veintitrés, dicha persona física fue notificada con el oficio **********, de dos de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “4” del Servicio de Administración Tributaria, informó el inicio de la revisión de gabinete como sujeto directo del impuesto sobre la renta respecto del periodo comprendido de uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Dicha revisión quedó registrada bajo el número **********.

3. El veinte de junio de dos mil veintitrés, esa persona presentó la declaración complementaria de impuesto sobre la renta por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes del ejercicio dos mil veintidós, en la cual reflejó un impuesto a pagar por la cantidad de **********, con actualización y recargos, quedando registrada con el número **********. Dicha cantidad fue pagada el mismo veinte de junio.

4. El quince de septiembre de dos mil veintitrés, se levantó el acta a folios ********** a **********, en la cual la autoridad fiscal dio a conocer a la persona mencionada los hechos y omisiones que entrañaban el incumplimiento en el pago de contribuciones. Por dicho incumplimiento sólo impuso una multa del 20% sobre el histórico de la cantidad que había pagado el pasado veinte de junio de dos mil veintitrés, que corresponde a la cantidad de **********.

5. Previo rechazo de una solicitud de reducción de multa, el veintidós de enero de dos mil veinticuatro, el quejoso presentó un nuevo escrito ante la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal “1” del Servicio de Administración Tributaria, en el cual solicitó la reducción de la multa mencionada en términos del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y de las Reglas 2.14.5, fracción III, 2.14.6, 2.14.8 y 2.14.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinticuatro.

6. El veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, ********** fue notificado de la resolución contenida en el oficio 400-72-00-01-02-2024-3161, de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, mediante la cual la autoridad fiscal resolvió reducirle en un 100% la multa impuesta por la autoridad en cantidad de **********.

7. En el resolutivo sexto de la resolución —que constituye el primer acto de aplicación de las normas reclamadas—, la autoridad fiscal señaló que su nombre y clave de registro federal de contribuyentes serían publicados en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 69, párrafo décimo segundo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, en relación con las reglas 2.14.5, 2.14.6, 2.14.8 y 2.14.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinticuatro, así como por lo establecido en el artículo 71, fracción I, inciso d), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

8. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil veinticuatro, **********demandó el amparo y protección contra las autoridades y actos siguientes:

Autoridades Responsables

1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal “1”, del Servicio de Administración Tributaria.

Actos Reclamados

a) De ambas cámaras del Congreso de la Unión, la discusión, aprobación y expedición del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal”, en específico el artículo 69, décimo segundo párrafo, fracción VI; y décimo tercer párrafo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, con motivo de su primer acto de aplicación en la resolución contenida en el oficio **********.

b) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación y expedición del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal”, en específico el artículo 69, décimo segundo párrafo, fracción VI; y décimo tercer párrafo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, con motivo de su primer acto de aplicación en la resolución contenida en el oficio **********.

c) Del Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal “1”, del Servicio de Administración Tributaria, reclama la emisión de la resolución **********, contenida en el oficio **********, mediante la cual se autorizó al actor la reducción de multa conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, que constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada consistente en el artículo 69, décimo segundo párrafo, fracción VI; y décimo tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación; así como la inminente publicación de sus datos personales: nombre y clave de Registro Federal de Contribuyentes en el Portal de Internet de la autoridad fiscal, al haberse concedido la reducción del 100% de la multa en cantidad de **********.

9. El quejoso invocó como principios vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, narró los antecedentes del caso y formuló cuatro conceptos de violación.

10. Concepto de violación. La parte quejosa formuló cuatro conceptos de violación en los que expresó, en síntesis, lo siguiente:

Primer concepto

Refiere que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación no cumple con el test de proporcionalidad y razonabilidad de la medida, ya que transgrede el derecho a la privacidad.

Al respecto, señala que los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal contienen los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales. El primero, dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. El segundo, prescribe que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y al acceso, rectificación y cancelación de estos, en aras de preservar la vida privada de las personas.

Aduce que el derecho a la protección de datos personales aplica, aun y cuando, en materia de transparencia e información pública opera el principio de máxima publicidad y disponibilidad y conforme al cual toda la información en manos de las autoridades es pública.

Ahora, refiere que el artículo 69, párrafos décimo segundo y décimo tercero, del Código Fiscal de la Federación establece como excepción al secreto fiscal el nombre, denominación o razón social y clave de registro federal de contribuyentes a quienes se les hubiere condonado algún crédito fiscal.

Esa norma, bajo la confrontación de ambos derechos (acceso a la información y protección de datos personales), no supera un test de proporcionalidad. Primero, porque no persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ya que permite que los datos personales de un contribuyente que regularizó su situación fiscal sean publicados en la página del Servicio de Administración Tributaria, violando el derecho de privacidad.

Este último derecho se encuentra protegido por el artículo 6 de la Constitución Federal que contiene el derecho a la información, mismo que no es absoluto, pues se encuentra restringido por la información que por interés público debe ser reservada y por la obligación de proteger la información relacionada con la vida privada y datos personales.

El fin de la medida, según su exposición de motivos, fue que con la publicación de los datos se protegiera a los terceros que pudieran contratar con los contribuyentes incumplidos y que con ello cumplir con exigencias sociales. Sin embargo, esa finalidad no tiene sentido aplicada a los beneficiarios de la condonación fiscal y menos aún a la reducción de accesorios (recargos y multas), comparado con los contribuyentes incumplidos, como quien fue condenado por un delito fiscal.

Lo anterior, pues en la publicación de las listas de un contribuyente que ha sido beneficiado por una condonación fiscal, es importante considerar el impacto en la privacidad y la reputación de dichos contribuyentes. La publicación puede afectar negativamente la imagen de los contribuyentes.

En este sentido, la inclusión de los beneficiarios de la condonación en las listas de contribuyentes incumplidos no cumple con la finalidad de la norma reclamada, resultando contrario a la naturaleza del beneficio fiscal otorgado.

Tampoco considera que la finalidad de publicar los datos personales conforme a la norma reclamada sea el derecho a la información previsto en el artículo 6 constitucional, pues este se refiere a la libre divulgación de la información como consecuencia de la libertad de opinión y expresión en su dimensión social, con la consecuente obligación del Estado de garantizar para la sociedad la veracidad, oportunidad, objetividad y pluralidad de la información en los medios masivos de comunicación. Esta finalidad del derecho en cuestión no guarda relación con los supuestos riesgos para aquellos contribuyentes que realicen operaciones comerciales con personas incluidas en los listados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. Refiere que el objeto de la transparencia y acceso a la información es respecto de la actuación de las autoridades y no de los ciudadanos.

Aduce que la divulgación de los datos personales y privados de los contribuyentes que obtienen la condonación de créditos fiscales vulnera la intimidad y privacidad de sus titulares, pues presume que los contribuyentes condonados son incumplidos; además, dé que existen otros medios para que la autoridad de a conocer la información de condonados a los ciudadanos que estén interesados.

Por otro lado, la finalidad perseguida por la norma reclamada es a través de la publicación de los datos personales del contribuyente, pero vulnera el derecho a la privacidad y protección de datos personales, teniendo repercusiones en la imagen pública y reputación del titular de la información.

En este sentido, la medida no es idónea porque existe un mecanismo alterno que permite conocer las personas a las que el gobierno les condonó un crédito fiscal, específicamente, a través de los mecanismos de solicitud de información establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, hace que la norma reclamada no sea necesaria porque existen otros medios para obtener la información sobre la condonación de créditos fiscales, que resultan ser menos lesivos.

Finalmente, la publicación de los datos personales del contribuyente es una medida desproporcional porque ponderando las razones de interés público a favor y en contra de la divulgación, prevalecen las razones en contra debido a que existen medios alternos para conseguir la finalidad de la norma que resultan menos lesivos; además, la divulgación de la información del contribuyente incide de manera negativa en su imagen.

Segundo concepto

Argumenta que la norma reclamada del Código Fiscal de la Federación transgrede el principio de igualdad porque otorga el mismo tratamiento a las personas que realizan una autocorrección de aquellas que son condenadas por un delito fiscal.

Al respecto, el principio de igualdad se encuentra contenido en el artículo 1° de la Constitución Federal y se traduce en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho. Además, refiere que no toda desigualdad de trato es violatoria de derechos, sino sólo aquella que no esté justificada.

Ahora, la norma reclamada prevé una excepción al secreto fiscal para el caso del nombre y registro federal de contribuyentes de las personas a las que se les hubiere condonado una multa.

Dicha norma no hace distinción alguna entre los contribuyentes que hayan optado por autocorregirse y haber solicitado una reducción de multas, de aquellos que han sido condenados por la comisión de un delito fiscal. Es decir, se pone en la misma situación a contribuyentes que obtuvieron la condonación de una multa por corregir su situación fiscal y a delincuentes fiscales condenados mediante sentencia firme. Esto es, la norma está dando un trato igual a situaciones distintas.

Refiere que las personas que optaron por autocorregirse y las que son condenadas por delitos fiscales, deben tener un tratamiento diferenciado. En el caso del primero, se deben cumplir con distintos requisitos para obtener el beneficio de la reducción, por ejemplo: No estar sujeto a una causa penal por un delito fiscal, que las multas se encuentren consentidas y que se opte por corregirse antes de que sea liquidado, que las multas no sean conexas con un crédito impugnado, que el registro federal de contribuyentes no se encuentre publicado en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que no se trate de multas ajenas a la materia fiscal y haber presentado su declaración de impuestos en tiempo.

Aduce que dichos requisitos son indispensables para la elegibilidad de los contribuyentes que obtendrán el beneficio y, aun cumplidos, son publicados sus datos en el listado de delincuentes, lo que viola el principio de igualdad tributaria.

Esto es, debe darse un tratamiento distinto a los contribuyentes que se autocorrigen y se les reduce la multa, de aquellos a los cuales se les condenó por un delito fiscal firme y es igualmente divulgada su información, generando una afectación a su imagen.

Tercer concepto

Argumenta que la norma reclamada viola el principio de seguridad jurídica porque se trata de una medida sin límite temporal, es decir, no se tiene certeza del lapso de tiempo que transcurrirá entre la publicación de los datos de contribuyente y su eliminación.

Refiere que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación genera incertidumbre jurídica por contener un procedimiento con un plazo indeterminado, pues no define cuánto tiempo estará publicada la información de los contribuyentes en el listado del portal del Servicio de Administración Tributaria, específicamente, de quienes obtuvieron una condonación de crédito fiscal conforme a la fracción VI.

Esto es, la eliminación de la información publicada queda a voluntad de la autoridad fiscal. No existe una norma que defina hasta cuando debe hacerse la eliminación de los datos de los contribuyentes una vez publicados en el listado, transgrediendo con ello el principio de seguridad jurídica.

Cuarto concepto

Refiere que es inexacta la aplicación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación porque la reducción de multa no equivale a una condonación.

En el caso concreto, la autoridad responsable ordenó la inclusión del quejoso en la lista que publica el Servicio de Administración Tributaria en términos del artículo 69, párrafo décimo tercero, del Código Fiscal de la Federación, porque se le condonó un crédito fiscal, tras haber obtenido una reducción de multa después de haber corregido su situación fiscal.

Al respecto, señala el quejoso que la aplicación de dicho artículo es equivocada porque no obtuvo una condonación sino una reducción, las cuales son figuras de naturaleza distinta.

Argumenta el quejoso que la condonación se entiende como el perdón de la deuda o sanción y se actualiza en la materia fiscal frente a circunstancias de hecho propias de la colectividad o de grupos o sectores, teniendo como fundamento el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

En cambio, la reducción de multa sólo opera sobre situaciones particulares respecto a sanciones por infracción a las leyes fiscales, cumpliendo con los requisitos contenidos en el código tributario.

Esto es, la condonación tiene efectos generales sobre una parte de la población atendiendo a su situación particular, como cuando se trate de impedir la afectación de algún lugar o región, una rama de la actividad, la producción o cuando surja una catástrofe causada por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Por su parte, la reducción tiene efectos particulares para quien lo solicita y procede sólo si se cumplen los requisitos contenidos en los artículos 70-A y 74 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, refiere que la reducción sólo procede sobre los accesorios de un crédito fiscal como multas o recargos, mientras que la condonación procede no sólo sobre los accesorios, sino respecto del mismo crédito principal.

Aduce que lo anterior se corrobora de la reforma constitucional al artículo 28 de la Constitución Federal publicada el seis de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación que prohibió las condonaciones de impuestos. Por todo lo dicho, señala que la autorización de reducir una multa y que derivado de ello se publiquen el nombre, registro federal de contribuyentes y monto reducido del beneficiado, con fundamento en el artículo 69, décimo segundo párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, es ilegal, ya que dicho artículo va dirigido a las personas a las que les son condonados créditos fiscales y no a las que son beneficiadas por una reducción de multa tributaria.

Refiere que el doce de noviembre de dos mil veintiuno se reformó el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación para señalar expresamente reducción y no condonación de multas. Esta última figura quedó reservada para los supuestos previstos en el artículo 39, fracción I, de ese código. Lo que hace clara la intención del legislador de diferenciar a los dos conceptos.

En este sentido, la publicación de datos conforme a los supuestos mencionados, no aplica para el caso de reducción de multas del artículo 74 referido, ya que la publicación está dirigida para los supuestos de condonación. Considerar lo contrario, violaría el principio de seguridad jurídica.

Finalmente, refiere que si la intención de legislador hubiera sido que las personas que soliciten el beneficio contenido en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, también fueran sujetos de publicación en la página del Servicio de Administración Tributaria, así lo hubiera indicado en el artículo 69, décimo segundo párrafo, fracción VI, o en el mismo 74 del mismo código.

11. Admisión y trámite. El quince de marzo de dos mil veinticuatro, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió la demanda y la registró bajo el expediente ********** y requirió a las autoridades responsables el informe justificado, otorgó la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

12. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia en la cual negó el amparo bajo los siguientes razonamientos:

En el cuarto considerando de la sentencia el Juez del conocimiento señaló que el artículo 6 de la Constitución Federal regula, entre otras cuestiones, el derecho de acceso a la información. Este derecho implica la obligación para el Estado de difundir y garantizar que las entidades de cualquier índole brinden a toda persona la posibilidad de conocer aquella información que tenga un carácter público y sea de interés general. En el mismo artículo constitucional se prevén diversos principios jurídicos como la presunción de publicidad, reserva de información, privacidad y máxima publicidad.

El principio de presunción de publicidad implica que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública. El principio de reserva de la información consiste en que determinados datos en posesión de la autoridad podrán ser guardados temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. El principio de privacidad estriba en que determinada información que esté en posesión de cualquier autoridad, que se refiera a la vida privada y los datos personales, será protegida en los términos que fijen las leyes. Finalmente, el principio de máxima publicidad consiste en que cuando se requiera interpretar el derecho a la información, el intérprete debe guiarse por ese principio y procurar que, sin menoscabo de las anteriores directrices, prevalezca en lo máximo posible la publicidad de la información.

Asimismo, refirió que el derecho a la privacidad y protección de datos personales no es absoluto y puede ser restringido cuando las limitaciones sean proporcionales y que su limitación se encuentre contenida en la constitución.

Ahora, los artículos que por esta vía se reclaman disponen que una excepción al secreto fiscal será el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de las personas a quienes se les hubiere condonado un crédito fiscal. En este sentido, el artículo 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la obligación de hacer pública la información antes mencionada.

El Juez del conocimiento estableció que el secreto fiscal no estaba protegido por la constitución, por lo cual, estimó que la restricción al derecho a la protección de los datos personales contenida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación era admisible.

Para determinar lo anterior, trajo a colación la exposición de motivos de la reforma al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación publicada el nueve de diciembre de dos mil trece en la que se reformuló el llamado “secreto fiscal”, para transparentar cualquier información que pudiera impactar los ingresos y el gasto público.

En este sentido, si la condonación es un gasto fiscal porque comprende los montos que deja de recaudar el estado en beneficio del contribuyente, entonces, debe reportarse. Es decir, la condonación no sólo involucra a la autoridad fiscal y al contribuyente, sino a toda la sociedad porque todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público. Aunado a que tanto la condonación como la cancelación es un beneficio en materia fiscal que la autoridad está obligada a publicar en términos de la ley de ingresos que se emita en cada ejercicio fiscal.

Por lo anterior, los datos relacionados con el nombre, denominación o razón social, clave del registro federal de contribuyentes, motivos y montos de los sujetos que accedieron a condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales, se configura como información pública por disposición del artículo 6 de la Constitución Federal y 69 del Código Fiscal de la Federación, por tanto, con fundamento en los artículos 113, última parte, y 117, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pueden ser divulgados sin consentimiento del titular de la información, por tratarse de información pública.

Entonces, la restricción del derecho a la protección de datos y la obligación de la autoridad de publicar la información del contribuyente cuando le es condonado un crédito fiscal en términos de la norma reclamada se considera admisible y proporcional, por lo cual, la restricción es constitucionalmente válida.

Por otro lado, el Juez consideró que la publicación de los datos del contribuyente en los términos señalados es necesaria y proporcional para asegurar los fines en que se fundamenta, esto es, para asegurar el derecho de acceso a la información de los gobernados, respetando el principio de máxima publicidad, al verse afectados recursos públicos.

Lo anterior, pues debe prevalecer el principio de máxima publicidad, debiendo de interpretar las excepciones de tal manera que se favorezca el derecho de acceso a la información.

Con relación a lo alegado por el quejoso en el sentido de que la reducción de la multa no es lo mismo que una condonación y que por tanto se viola el principio de igualdad al tratarse de un contribuyente que realizó actos para ponerse al corriente y no fue con motivo de créditos fiscales determinados, el Juez del conocimiento determinó que aun y cuando el contribuyente se acogió al beneficio contenido en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, la información publicada por la autoridad es de carácter pública.

Señala que su determinación corresponde al criterio del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la entonces contradicción de tesis 31/2018, en la que se determinó que la información de los particulares a los que la autoridad hacendaria canceló o condenó adeudos fiscales tiene el carácter de pública, pues debe prevalecer el principio de máxima publicidad en beneficio de la transparencia y el escrutinio del gasto público a que se refieren los artículos 6° y 134 de la Constitución Federal.

Refiere que dicha determinación del Pleno en Materia Administrativa mencionado, coincide con el criterio que sustentó la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis 1a CVII/2013 (10ª) y en el amparo en revisión 699/2011, en donde se previó que la protección que otorga el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación a la información tributaria de los contribuyentes no es absoluta, pues cuando el derecho a la protección de datos personales entra en conflicto con el derecho a la información, debe examinarse en cada caso concreto si existen razones de interés público que justifiquen la apertura de la información.

Por lo que hace al argumento de que no se realizó un análisis de proporcionalidad adecuado, violando el principio de razonabilidad y el derecho humano a la seguridad jurídica, a la protección de la vida privada y los datos personales, determinó el Juez de Distrito que, conforme a la metodología sustentada por este Alto Tribunal, el análisis de una medida legislativa que intervenga un derecho constitucional, se compone por dos etapas: 1) Se debe verificar si la medida incide en un derecho y 2) Superado el primer punto, verificar si la medida está justificada.

Ahora, refiere que la información relativa a la condonación de créditos fiscales puede ser divulgada sin el consentimiento de sus titulares, pues no cuentan con un derecho oponible, según lo resuelto por el Pleno en Materia Administrativa referido, ya que se trata de información de carácter pública, por tanto, no se supera la primera etapa para realizar un test de proporcionalidad.

Ello es correcto, aduce, porque en la ponderación efectuada entre los intereses públicos o colectivos frente a los intereses particulares, debe imperar la necesidad del interés público. En el caso, se otorgó un beneficio fiscal al quejoso, resultando aplicable el supuesto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación por tratarse de una cuestión que afecta el g

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33393-ee1b932e/reserva-de-datos-de-los-contribuyentes-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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