AMPARO EN REVISIÓN 699/2011. **********. 10 DE JULIO DE 2012. ENCARGADO DEL ENGROSE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de julio de dos mil doce.
Vo. Bo.
SR. MINISTRO
V I S T O S los autos para resolver el amparo en revisión número **********, interpuesto en contra de la sentencia de amparo indirecto número **********, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal con apoyo del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal.
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Antecedentes. El diecinueve de octubre de dos mil diez, ********** realizó la solicitud de información pública ********** dirigida al Servicio de Administración Tributaria. El objeto de la consulta consistió en que se le informaran los nombres de las personas físicas y morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales en el año dos mil siete, así como los montos y las razones que justificaron esas cancelaciones.
En respuesta a la solicitud planteada, el diecisiete de noviembre de dos mil diez se notificó a la interesada, a través del sistema electrónico Infomex, el oficio ********** emitido por el Coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria en el que se negó la solicitud por tratarse de información de carácter reservado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
SEGUNDO. Demanda de amparo. El nueve de diciembre de dos mil diez, ********** presentó escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
1. Autoridades responsables:
(1) Congreso de la Unión de los Estado Unidos Mexicanos.
(2) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
(3) Secretario de Gobernación.
(4) Director General del Diario Oficial de la Federación.
(5) Presidente del Servicio de Administración Tributaria.
(6) Administradora General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.
(7) Coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.
(8) Titular del Comité de Información del Servicio de Administración Tributaria.
(9) Titular de la Unidad de Enlace del Servicio de Administración Tributaria.
2. Actos reclamados:
(1) Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación.
(2) Oficio número ********** emitido por el Coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria; mediante el cual se niega la solicitud de información pública ********** relacionada con los nombres de las personas físicas y morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales en el año dos mil siete, los montos cancelados y las razones que fundaron esas cancelaciones.
La quejosa señaló como derechos violados en su perjuicio los previstos en los artículos 6°, 31, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Trámite del juicio de amparo. La Juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal admitió la demanda de amparo el trece de diciembre de dos mil diez y la registró con el número **********; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; dio vista al agente del Ministerio Público y fijó fecha para la audiencia constitucional.
Seguidos los trámites de ley, el veinticuatro de enero de dos mil once, la juez del conocimiento celebró la audiencia constitucional y, en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil once, ordenó remitir el asunto al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región a efecto de que dictara sentencia, lo anterior en atención al contenido de los oficios STCCNO ********** y STCCNO/********** de veintidós de febrero y siete de junio ambos del dos mil diez, así como la circular 17 CAR/CCNO/**********, signados por la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos.
Una vez recibido el juicio de amparo en el mencionado juzgado auxiliar, se formó el cuaderno ********** y el veintiocho de marzo de dos mil once, la Juez Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región dictó sentencia en la que determinó, por una parte, decretar el sobreseimiento respecto a los actos reclamados al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria y, por otra, negar la protección constitucional en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y el oficio número ********** en el que se aplicó dicho precepto.
CUARTO. Trámite del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Por auto de nueve de mayo de dos mil once, el Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, admitió el recurso de revisión, registrándolo con el número **********.
Mediante oficio de diecisiete de mayo de dos mil once, la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "2" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, del Administrador General de Recaudación y del Coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación, dependientes del Servicio de Administración Tributaria, interpuso revisión adhesiva, la cual fue admitida el diecinueve de mayo del mismo año.
El veintiuno de julio de dos mil once, **********, delegada del Presidente de la República, interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual fue admitido a trámite el dos de agosto siguiente.
Por resolución del veintiocho de septiembre de dos mil once, el Tribunal Colegiado determinó: (i) dejar firme el sobreseimiento decretado respecto a los actos reclamados del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria; (ii) declarar infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable, Coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación dependiente del Servicio de Administración Tributaria; y (iii) reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la constitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal Federal.
QUINTO. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de diez de octubre de dos mil once, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta asumía su competencia originaria para conocer del recurso de revisión y la revisión adhesiva hechos valer por la parte quejosa y por el delegado del Presidente de la República, respectivamente, registrándose con el número **********. En el mismo proveído ordenó la notificación correspondiente a las autoridades responsables y al Procurador General de la República para los efectos legales conducentes. Finalmente, turnó el asunto para su estudio al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
SEXTO. Discusión del asunto. Los días nueve y diez de julio de dos mil doce, se sometió a la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de resolución y en la última de las sesiones mencionadas el Tribunal Pleno aprobó que el engrose fuera elaborado por el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, conforme a los puntos resolutivos de este fallo.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Competencia. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, incisos a) de la Constitución Federal; 84, fracciones I, inciso a), y III, de la Ley de Amparo; 10, fracción II, incisos a) y b), y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto Tercero inciso III del Acuerdo General Plenario número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve siguiente en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que en el recurso subsiste el problema de constitucionalidad de una ley federal.
En el presente asunto, es innecesario analizar la oportunidad de la presentación del recurso, así como la legitimación de la parte recurrente, puesto que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento de la revisión ya se ocupó de dichas cuestiones y concluyó que la promovente se encuentra legitimada y que la revisión se interpuso dentro del término legal.
SEGUNDO. Previo al análisis de fondo del asunto resulta conveniente precisar que la materia de la revisión, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se circunscribe al análisis de la constitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación; a que se refiere los Considerandos Sexto y Séptimo, Resolutivo Segundo de la sentencia recurrida.
TERCERO. La sentencia impugnada se sustenta, esencialmente, en las siguientes consideraciones.
· El artículo 6° constitucional consagra el derecho de acceso a la información por parte de los particulares, el cual establece que toda la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de cualquiera de los tres niveles de gobierno es pública y podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.
· El derecho a la información se distingue por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. Una consecuencia del segundo aspecto es que otorga publicidad a los actos de gobierno y trasparencia en la administración, a fin de que esté abierto al referendo o escrutinio de la población a través del voto, así como al control o legitimación del ejercicio del poder público.
· El derecho a la información se compone de una atribución doble: a dar información y a recibirla. Por tanto, el Estado, como sujeto que genera información de carácter público, tiene la obligación de comunicar a sus gobernados las actividades que realice y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a esa información, el cual puede estar limitado por razones de interés público, intereses sociales y protección de la persona.
· En un Estado constitucional y democrático, los poderes públicos no deben mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos respecto a las funciones estatales que les están encomendadas, excepto cuando la revelación de los datos afecte la intimidad, privacidad y seguridad de las personas, los intereses nacionales y de la sociedad.
Estudio de los conceptos de violación
La Juez de Distrito señaló que eran infundados en atención a las siguientes consideraciones:
· El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación debe interpretarse de manera que sea compatible con el artículo 6º constitucional. Al respecto, pueden identificarse dos interpretaciones de dicho precepto. Por un lado, una interpretación en sentido amplio, de acuerdo con ella el secreto fiscal comprende toda la información en posesión de las autoridades fiscales; y por otra, una interpretación confome con la Constitución, en la que el secreto fiscal protege exclusivamente los datos que los contribuyentes que éstos suministran a la autoridad en sus declaraciones o por terceros relacionados, así como los obtenidos en ejercicio de su facultad de comprobación.
· Las autoridades responsables del Servicio de Administración Tributaria realizaron la interpretación amplia del artículo 69 para negar la información solicitada por la quejosa. Dicha interpretación obliga a las autoridades hacendarias a guardar absoluta reserva respecto de dos tipos de información: (i) la relacionada con la aplicación de leyes tributarias a los contribuyentes; (ii) la que se obtenga de los contribuyentes a través de sus declaraciones y/o aquella proporcionada por terceros con ellos relacionados. En consecuencia, de acuerdo con esta interpretación el secreto fiscal comprende toda la información obtenida o proporcionada por las autoridades hacendarias.
· Así, la interpretación confome del artículo 69 permite sostener que el secreto fiscal protege exclusivamente los datos personales, patrimoniales, de ingresos y deducciones relativas a las declaraciones de impuestos, provisionales y definitivos de los contribuyentes, suministrados por éstos o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos por las autoridades hacendarias al ejercer sus facultades de comprobación. En consecuencia, de acuerdo con dicha interpretación conforme el secreto fiscal no comprende la información relacionada con cancelaciones de créditos, toda vez que ésta se refiere a información que debe ser del conocimiento público al tratarse de contribuciones que deja de recibir el erario.
· En atención a esta interpretación conforme, puede afirmarse que los argumentos de la quejosa son infundados, porque el artículo 69 del Código Fiscal no contraviene el artículo 6º constitucional, pues el derecho a la información no es absoluto, sino que se encuentra limitado cuando ello obdezca a razones de interés público y la información sea reservada temporalmente en los términos que fijen las leyes.
· En este sentido, la absoluta reserva respecto a la información que comprende el artículo 69 del Código Fiscal, está justificada por el interés público de proteger la intimidad y la seguridad de las personas, con lo que se evita un riesgo de daño mayor, que ocasionaría el dar a conocer los datos relativos a la capacidad económica de los contribuyentes, sus domicilios, activos y pasivos, sus ingresos, gastos y deducciones y lo concerniente a su patrimonio, que obtengan las autoridades hacendarias, suministrados por los contribuyentes o terceros relacionados con ellos, así como los obtenidos en el ejercicio de facultades de comprobación.
· Con todo, la información relativa a la cancelación de créditos fiscales no goza de la protección del artículo 69 debido a que se refiere a contribuciones que debería percibir el Estado, en términos de la fracción IV del artículo 31 constitucional y que al no hacerlo debe ser de conocimiento público. En consecuencia, la interpretación de la norma impugnada realizada por el Servicio de Administración Tributaria es incorrecta porque niega la entrega de toda la información en su poder, incluyendo la relacionada con la cancelación de créditos fiscales. En ese caso, de dar a conocer los nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de tales créditos, no es contraria al interés público, si no que dicha apertura sirve para promoverlo.
· La ciudadanía tiene especial interés en que exista la mayor transparencia posible en el manejo de los recursos públicos, para verificar que éstos se utilizan en beneficio de la sociedad y no para favorecer a individuos o grupos particulares. Esto fortalece al Estado de derecho y al régimen democrático, al otorgar a los gobernados la seguridad de que sus contribuciones son destinadas al gasto público y que en la recaudación de éstas, se respetan los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.
· La interpretación del artículo 69 del Código Fiscal realizada por el Servicio de Administración Tributaria, en el sentido de que los créditos cancelados están incluidos en el secreto fiscal, se traduciría en el descrédito de las instituciones fiscales del país, porque podría pensarse que el secreto fiscal sirve de pretexto para encubirir nombres, cifras y datos relacionados con la cancelación de créditos fiscales, respecto de los cuales existe un interés público de los ciudadanos en saber por qué no llegaron esos recursos a las arcas públicas.
· En conclusión, los conceptos de violación son infundados porque asumen la indebida interpretación del artículo 69 del Código Fiscal realizada por el Servicio de Administración Tributaria, porque el secreto fiscal no comprende toda la información en poder de las autoridades hacendarias, sino sólo la referente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de facultades de comprobación.
· El artículo 69 tampoco viola el artículo 6° constitucional al no establecer limitación temporal a la reserva. La protección a la información resguardada por el secreto fiscal responde a otro principio que también debe observarse para establecer cuándo la información tiene que considerarse reservada o no: el interés público. Sin embargo, como ya se mencionó, la información protegida por el secreto fiscal no comprende la cancelación de créditos fiscales.
· Por otro lado, no le asiste la razón a la quejosa porque la reserva de la información por el secreto fiscal, no se da en función de los sujetos que la detentan, sino por la naturaleza misma de la información, toda vez que el secreto fiscal sólo se refiere a los datos personales de los contrubuyentes suministrados por éstos o por terceros relacionados
· Tampoco se estima que el artículo impugnado contravenga el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque no impide la recaudación fiscal, ni por ello se dejan de observar los principios de proporcionalidad y equidad.
· En relación a la vulneración al artículo 134 constitucional, son infundados, ya que la reserva contemplada en el artículo 69 del Código Fiscal, se refiere exclusivamente a los datos personales de los contribuyentes, lo que no impide que en el gasto público se observen los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparecia y honradez, que se desprenden de la citada norma constitucional.
· En conclusión, procede negar el amparo a la quejosa porque el artículo 69 del Código Fiscal no es inconstitucional al interpretarse de conformidad con la Constitución. Dicha negativa se hace extensiva a los actos de aplicación de la norma controvertida, consistentes en la elaboración, emisión, transmisión y notificación del oficio **********, mediante el cual se le negó la información solicitada por la quejosa, actos que no fueron reclamados por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de artículo impugnado.
· Esta negativa de amparo no impide que en lo futuro la quejosa pueda volver a solicitar la información solicitada a las autoridades hacendarias, que no puede clasificarse como "secreto fiscal", acorde a lo señalado en este fallo.
CUARTO. Agravios. En el escrito de revisión principal, la recurrente planteó los siguientes argumentos:
· El aquo no decidió la cuestión efectivamente planteada, al optar por una interpretación conforme del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, la Juez de Distrito reconoció que existe un sentido amplio del precepto combatido, contrario a la Constitución, de acuerdo al cual toda la información en posesión de las autoridades hacendarias es de absoluta reserva al estar protegida por el secreto fiscal. Esta interpretación del precepto impugnado, fue utilizada por las autoridades hacendarias, para negar la información sobre los créditos fiscales cancelados en el año de dos mil siete. Sin embargo, la Juez de Distrito concluye que los conceptos de violación eran infundados, pues es posible concebir una interpretación que sí respete el texto constitucional.
· Con todo, al realizar una interpretación conforme del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, la Juez de Distrito dejó a la quejosa en estado de indefensión ante esa interpretación amplia del precepto combatido, hecha por las autoridades hacendarias, lo que contraviene sus garantías individuales. En su intención por preservar el orden constitucional, la interpretación de la Juez no resulta vinculante para las autoridades hacendarias, por tanto, la violación al derecho de acceso a la información de la quejosa subsiste y las autoridades tributarias continuarán aplicando la norma de forma inconstitucional.
· El razonamiento de la Juez de Distrito es contrario al principio de congruencia que debe regir toda sentencia de amparo, debido a que, si bien reconoce que la interpretación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación hecha por las autoridades hacendarias viola el derecho de acceso a la información del quejoso, elige validar el precepto en perjuicio de su derecho, mediante una interpretación conforme con la Constitución.
· La interpretación más adecuada, cuando se trata de proteger derechos humanos, es aquella que otorgue la protección más amplia y efectiva al individuo, especialmente cuando la norma admite una interpretación inconstitucional. En este sentido, conforme al método de interpretación pro homine o pro personae, se debe acudir a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos, y más restringida, tratándose de establecer límites a su ejercicio.
· La Juez de Distrito, contrario con el principio pro homine, interpretó de forma restringida el derecho de acceso a la información y de forma extensiva su límite, con ello validó la interpretación amplia que hacen las autoridades responsables, violando los derechos de la quejosa.
· La Juez de Distrito realizó una interpretación del derecho de acceso a la información pública destacando su importancia en un régimen democrático, donde la regla es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración pública. Además, señaló que este derecho no es absoluto, sino que encuentra tres tipo de limitaciones: el interés nacional e internacional, los intereses sociales, y la protección de las personas. En este sentido, argumentó que a excepción de la información confidencial, es decir, la relativa a las personas y sus datos personales, el Estado tiene la obligación de poner a disposición la información pública. Por lo tanto, el secreto fiscal no engloba toda la información en posesión de las autoridades hacendarias, entre la que se excluye la relativa a los créditos fiscales cancelados.
· El problema del razonamiento de la Juez de Distrito radica en que el artículo impugnado establece una reserva absoluta, sobre la información que se obtenga de los contribuyentes o terceros relacionados con ellos. Contrariamente a lo que sostiene la Juez, el artículo 69 no se refiere de forma especial a los datos personales, patrimoniales, de ingresos y deducciones relativas a las declaraciones de impuestos de los contribuyentes, suministrados por éstos, por teceros con ellos relacionados o los obtenidos en el ejercicio de facultades de comprobación.
· Debido a que no toda la información obtenida de los contribuyentes puede ser considerada como datos personales, incluso la interpretación conforme a la Constitución, realizada por la Juez de Distrito, resulta demasiado amplia para responder de manera adecuada a las exigencias del artículo 6° constitucional. En este sentido, el artículo 69 del Código Fiscal no responde a la finalidad que se aduce por dos razones: (a) los datos personales se encuentran protegidos por el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y (b) no distingue entre la información en posesión de las autoridades hacendarias que debería ser reservada para proteger los datos personales y la que no protege este fin, debido a que establece una regla general de absoluta reserva a toda la información.
· En consecuencia, el precepto impugnado viola el principio de máxima divulgación al establecer un régimen de excepciones opuesto al artículo 6° constitucional, pues aquel establece como regla general, la absoluta reserva de la información en posesión de las autoridades hacedarias, aun cuando el mismo, establezca una serie previa de excepciones.
QUINTO. Estudio. Son infundados los agravios hechos valer por la recurrente.
No le asiste la razón en cuanto aduce que la Juez de Distrito, no decidió la cuestión efectivamente planteada, pues de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que sí dio respuesta a su concepto de invalidez, en el cual planteó que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, transgredía el principio de máxima publicidad o divulgación, contemplado en el artículo 6º constitucional, al ordenar que toda la información es reservada, a menos, que se trate de las excepciones que el mismo prevé, asimismo, que la disposición combatida resultaba contraria al precepto constitucional, por no establecer limitación a la temporalidad durante la cual deberá aplicarse dicha reserva; además, que el artículo impugnado violentaba el principio de transparencia en el ejercicio del gasto público, contemplado en el artículo 134 en conexión con la fracción IV del artículo 31 constitucional.
En respuesta a los anteriores argumentos el a quo, sostuvo que el precepto legal impugnado puede interpretarse de conformidad con el artículo 6º de la Carta Magna, considerando al efecto que el secreto fiscal protege sólo los datos personales que los contribuyentes suministran a las autoridades hacendarias en sus declaraciones o por terceros relacionados, así como los obtenidos en ejercicio de su facultad de comprobación.
En ese sentido, la juzgadora inició su estudio analizando el sentido y alcance del derecho a la información, para con ello establecer que el mismo no es absoluto, sino que encuentra limitaciones, cuando ello obedezca a razones de interés público y la información sea reservada temporalmente en los términos que fijen las leyes. De ahí que, el secreto fiscal previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, está justificado por el interés público de proteger la intimidad y la seguridad de las personas, pues con ello se evita un riesgo de daño mayor, que ocasionaría el dar a conocer los datos relativos a la capacidad económica de los contribuyentes, como domicilio, activos y pasivos, ingresos, gastos y deducciones, es decir, todo lo concerniente a su patrimonio, que hubiesen obtenido las autoridades hacendarias, ya sea suministrados por los propios contribuyentes o terceros relacionados con ellos, o bien, los que se alleguen en ejercicio de las facultades de comprobación.
Además, agregó que el artículo 69, tampoco viola el precepto 6° constitucional al no establecer limitación temporal de la reserva, ya que la protección a la información resguardada por el secreto fiscal, responde a otro principio que también debe observarse para establecer cuándo la información tiene que considerarse reservada o no: el interés público.
A su vez, consideró que el artículo impugnado tampoco contravenía los artículos 31, fracción IV y 134, de la Constitución Federal, pues por una parte, no impide la recaudación fiscal, ni se dejan de observar los principios de proporcionalidad y equidad; y, la reserva contemplada en el norma controvertida, se refiere sólo a los datos personales de los contribuyentes, lo que no impide que en el gasto público se observen los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a que se refiere el segundo precepto constitucional invocado.
Todo lo anterior, permite concluir que la juez de Distrito sí decidió la cuestión efectivamente planteada, en virtud de que la quejosa en sus conceptos de violación adujo que la norma legal impugnada, transgredía los principios constitucionales de máxima publicidad y lo relativo a la reserva temporal de la documentación en posesión de las autoridades fiscales (artículo 6º, fracción I), además, de aquellos que rigen el ejercicio del gasto público (artículos 134 en conexión con la fracción IV del artículo 31); conceptos que fueron atendidos en la sentencia de mérito, para estimar la constitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Por otra parte, resultan infundados los restantes agravios esgrimidos por la recurrente, cuando afirma que el razonamiento de la Juez de Distrito es contrario al principio de congruencia, pues reconoce que la interpretación del artículo 69 que llevaron a cabo las autoridades hacendarias viola el derecho a la información, empero la convalida en su perjuicio, al adoptar una interpretación conforme al artículo 6º del Pacto Federal.
Agrega la impetrante, en todo caso la Juez contravino el principio pro homine, al interpretar restringidamente el derecho a la información y de forma extensiva su límite, con lo cual validó la interpretación que llevaron a cabo las autoridades hacendarias responsables toda vez que, el a quo establece que el artículo impugnado debe interpretarse en el sentido de que la reserva se refiere a los datos personales de los contribuyentes; asimismo -asegura la recurrente-, esa interpretación conforme, resulta "demasiado amplia", pues no toda información obtenida de los contribuyentes puede ser considerada como datos personales, así, dicha interpretación conforme no logra responder de manera adecuada las exigencias del artículo 6° de la Ley Fundamental.
Dada la estrecha vinculación de los anteriores agravios, éstos se estudiarán de forma conjunta.
Contrario a lo que sostiene la recurrente, aunque la Juez de Distrito hizo referencia a la interpretación amplia de las responsables y estableció que el secreto fiscal protege determinada información, que no comprende toda la relativa a cancelaciones de créditos; sin embargo, en la sentencia de mérito nunca se afirmó que esta interpretación de las autoridades hacendarias, violara el derecho de acceso a la información de la quejosa. En efecto, el a quo a partir del análisis abstracto del sentido y alcance del derecho a la información, concluyó que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, no contravenía el artículo 6º de la Constitución Federal, ya que el secreto fiscal comprende sólo la relativa a datos suministrados por los contribuyentes o por terceros relacionados con ellos, así com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80063-ec7f1f6c/amparo-en-revision-699-2011-10-de-julio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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