REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE POR RAZÓN DE CUANTÍA CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE EN DEFINITIVA QUE EL CONTRIBUYENTE NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 555/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 4 DE MARZO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que el asunto es de especialidad administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el denunciante –Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito–, es uno de los órganos que sostuvieron los criterios materia de la contradicción de tesis, a saber, el adoptado en la revisión fiscal ********** del índice de dicho tribunal.
TERCERO.—Criterios contendientes. El denunciante anunció que el problema jurídico a resolver es determinar si, tratándose de asuntos en los que se declare la nulidad de la resolución que determina la inexistencia de operaciones, se actualiza "el supuesto de procedencia de la revisión fiscal contenido en el artículo 63, párrafo primero, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo". Al respecto, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron conforme a los antecedentes y consideraciones que se relatan a continuación:
I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.
1. El administrador desconcentrado Jurídico de Tamaulipas 5 del Servicio de Administración Tributaria, al resolver el recurso de revocación respectivo, confirmó la diversa resolución de veintinueve de junio de dos mil diecisiete por la que el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Tamaulipas 5 determinó que la contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en diversos comprobantes fiscales por ella expedidos en dos mil quince, por lo que ordenó agregarla al listado a que se refiere el artículo 69-B, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior, con la finalidad de que se considere, con efectos generales, que las operaciones contenidas en sus comprobantes no producen efecto fiscal alguno.
2. Contra la resolución descrita en el numeral precedente, la contribuyente promovió el juicio ********** del índice de la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien emitió la sentencia respectiva el seis de agosto de dos mil dieciocho en la que declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas y de origen porque, contrariamente a lo sostenido por la autoridad fiscal, las pruebas aportadas en el procedimiento acreditaron que la actora cuenta con los activos, el personal, la infraestructura y la capacidad material para realizar las operaciones amparadas en los comprobantes, por lo que quedó desvirtuada la inexistencia de operaciones.
3. En desacuerdo con la sentencia referida en el numeral que antecede, el administrador desconcentrado Jurídico de Tamaulipas 5 del Servicio de Administración Tributaria promovió la revisión fiscal **********, la cual fue desechada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, en lo que interesa, porque no se actualizó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(1) con base en las consideraciones siguientes:
• El asunto carece de cuantía porque, mediante la resolución de origen, no se determinó un crédito fiscal.
• Si bien en esa resolución se determinó en definitiva la inexistencia de operaciones, cuyo monto en suma excede la cuantía de tres mil quinientas veces la unidad de medida y actualización exigida para la procedencia de la revisión fiscal, lo cierto es que la nulidad declarada no tiene como efecto que la autoridad fiscal haga erogaciones o deje de gravar y/o percibir ingreso alguno, pues en aquella resolución no se fincó obligación económica en favor de la ahora contribuyente actora.
II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
1. Mediante supuesta resolución del administrador central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria, se determinó que la contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en diversos comprobantes fiscales por ella expedidos, por lo que ordenó agregarla al listado a que se refiere el artículo 69-B, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior, con la finalidad de que se considere, con efectos generales, que las operaciones contenidas en sus comprobantes no producen efecto fiscal alguno.
2. Contra la resolución descrita en el numeral precedente, la contribuyente promovió el juicio ********** del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cuya demanda sostuvo que no conocía la resolución porque no le fue notificada en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;(2) sobre lo cual, sustanciado el procedimiento, la Sala en comento emitió la sentencia respectiva el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada porque la certificación que obra en las copias de los documentos exhibidas por la autoridad demandada para demostrar la existencia y la legal notificación de esa resolución, carece de los requisitos para otorgarle pleno valor probatorio y, por ende, no quedó demostrado que existe ese fallo y que se comunicó al interesado.
3. En desacuerdo con la sentencia referida en el numeral que antecede, la administradora desconcentrada Jurídica de Guanajuato 2 del Servicio de Administración Tributaria promovió la revisión fiscal **********, la cual fue desechada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, en lo que interesa, porque no se actualizó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con base en las consideraciones siguientes:
• El asunto carece de cuantía porque, mediante la resolución de origen, no se determinó un crédito fiscal.
• Si bien en esa resolución se determinó en definitiva la inexistencia de operaciones, cuyo monto en suma excede la cuantía de tres mil quinientas veces la unidad de medida y actualización exigida para la procedencia de la revisión fiscal, lo cierto es que la nulidad declarada no tiene como efecto que la autoridad fiscal haga erogaciones o deje de gravar y/o percibir ingreso alguno, pues en aquella resolución no se fincó obligación económica en favor de la ahora contribuyente actora.
III. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
1. El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal en Campeche 1 del Servicio de Administración Tributaria dictó resolución en la que determinó que la contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en diversos comprobantes fiscales por ella expedidos en dos mil quince, por lo que ordenó agregarla al listado a que se refiere el artículo 69-B, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior, con la finalidad de que se considere, con efectos generales, que las operaciones contenidas en sus comprobantes no producen efecto fiscal alguno.
2. Contra la resolución descrita en el numeral precedente, la contribuyente promovió el juicio ********** del índice de la Segunda Sala Regional del Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien emitió la sentencia respectiva el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada porque, contrariamente a lo sostenido por la autoridad fiscal, las pruebas aportadas en el procedimiento acreditaron que la actora cuenta con los activos, el personal, la infraestructura y la capacidad material para realizar las operaciones amparadas en los comprobantes, por lo que quedó desvirtuada la inexistencia de operaciones.
3. En desacuerdo con la sentencia referida en el numeral que antecede, la administradora desconcentrada Jurídica de Campeche 1 del Servicio de Administración Tributaria promovió la revisión fiscal **********, la cual fue admitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, en lo que interesa, porque se actualizó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con base en las consideraciones siguientes:
• Si bien en la resolución impugnada –cuya nulidad se declaró– no se emitió liquidación alguna, lo cierto es que se involucraron los comprobantes fiscales expedidos por la contribuyente actora a sus clientes durante dos mil quince, en los que se ampararon operaciones equivalentes a $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional); cantidad que, de considerarse ingreso acumulable, podría generar un impuesto sobre la renta a razón del 30% (treinta por ciento).
• Con base en ello, el propio Tribunal Colegiado del conocimiento hizo un cálculo hipotético del tributo y, en ese tenor, fijó como cuantía del negocio la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), que excede la cuantía de tres mil quinientas veces la unidad de medida y actualización exigida para la procedencia de la revisión fiscal equivalente a $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional).
CUARTO.—Existencia. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3) y a la tesis P. XLVII/2009 también del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(4)
Conforme a estos criterios, para que exista la contradicción de tesis, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(5)
De los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada habida cuenta de que:
A. La actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes revela que analizaron un mismo punto jurídico, a saber, si, conforme al artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede o no el recurso de revisión fiscal por razón de cuantía contra las sentencias dictadas en el juicio administrativo federal que declaren la nulidad de una resolución que determina que el contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones, por lo que ordena agregarla al listado a que se refiere el artículo 69-B, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior.
B. Los órganos contendientes adoptaron actitudes opuestas, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consideraron que ese tipo de asuntos carecen de cuantía porque dichas resoluciones fiscales no determinan un crédito ni implican una erogación y/o ingreso para la hacienda pública que se vea afectado por la declaración de nulidad; de ahí que no se actualiza el supuesto de procedencia de la revisión fiscal a que se refiere la fracción I del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostuvo que sí se trata de negocios que implican una cuantía derivada del monto de las operaciones que amparan los comprobantes fiscales expedidos por la contribuyente, y para determinarla hizo un cálculo hipotético del impuesto que sobre ese monto podría pagarse, sobre lo cual consideró que se surte el supuesto de procedencia de la revisión fiscal en comento.
Así, aun cuando cada uno de los órganos jurisdiccionales referidos en el párrafo precedente se pronunciaron respecto de juicios naturales en los que se declaró la nulidad de la resolución impugnada atendiendo a violaciones distintas, lo cierto es que en las sentencias que emitieron existe un punto de toque específico, a saber, si las resoluciones que en definitiva concluyen la inexistencia de operaciones en términos del artículo 69-B, párrafos tercero y cuatro, del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior, implican o no una cuantía; aspecto sobre el cual, se insiste, los pronunciamientos fueron discrepantes.
Luego, sobre la base del estudio de una misma cuestión jurídica, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema es determinar si la resolución que determina que el contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones, por lo que ordena agregarlo al listado a que se refiere el artículo 69-B, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior (equivalentes al cuarto y quinto del texto actual), implica o no una cuantía que haga procedente el recurso de revisión fiscal contra la sentencia que declaró su nulidad en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
QUINTO.—Estudio. El artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien prevé la posibilidad de que las autoridades combatan las resoluciones dictadas por tribunales jurisdiccionales en juicios administrativos, lo cierto es que su intención es restringir el ámbito de procedencia de los recursos de revisión correspondientes, de modo tal que proceda solamente en los casos excepcionales que señalen las leyes, según se aprecia de su texto que establece que los tribunales de la Federación conocerán "de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de Justicia Administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno".
Al respecto, el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo(6) regula el recurso de revisión fiscal, estableciendo que procede contra las resoluciones emitidas por la Sala Superior (actuando en Pleno o secciones) o Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en específico, aquellas que cumplan con determinada cuantía, que contengan un pronunciamiento importante y trascendente, que incidan en las materias tributaria, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o de aportaciones de seguridad social, que declaren la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria por daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan, que resuelvan sobre costas en los propios juicios de nulidad conforme al artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que resuelvan sobre reclamaciones con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Pero, además, a partir del carácter restrictivo y selectivo del recurso de revisión fiscal, esta Segunda Sala ha interpretado que para que proceda no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que, en todos los casos, el fallo que se pretenda recurrir contenga un pronunciamiento importante y trascendente, lo que sucede cuando contenga decisiones en cuanto al fondo del asunto a modo de una decisión última sobre si es o no exigible el deber a que se refiere la resolución impugnada, para así justificar la procedencia del citado medio de impugnación. Y, en este entendido, al margen de la materia del asunto, en todos los casos en los que se haya declarado la nulidad de la resolución impugnada por vicios meramente formales, el recurso de revisión es improcedente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)."(7)
Criterio a partir del cual fueron definiéndose supuestos específicos por esta Segunda Sala, al tenor de sus jurisprudencias 2a./J. 118/2012 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.",(8) 2a./J. 171/2013 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS EN LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS.",(9) 2a./J. 67/2015 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE DETERMINÓ CONTRIBUCIONES POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO DICTÓ U ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA.",(10) 2a./J. 58/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CON EMBARGO."(11) y 2a./J. 127/2019 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA POR VICIOS FORMALES EN SU PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN."(12)
Ahora, adquiere relevancia el primer supuesto a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes del uno de enero de dos mil seis previsto en el artículo 248, fracción I, del Código Fiscal de la Federación), que exige una cuantía específica del negocio para que proceda la revisión fiscal, según se aprecia de su texto que se reproduce a continuación:
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6 de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:
"I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.
"En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce."
Como puede apreciarse, la disposición en comento exige que, para la actualización de la hipótesis de procedencia, el negocio de que se trate implique una "cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal", lo que ha sido interpretado por esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 36/95, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. BASES PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA, POR RAZÓN DE CUANTÍA.",(13) conforme a la cual, para determinar el monto del asunto deben seguirse las reglas siguientes:
1. Atenderse a dos datos, a saber: uno, concerniente a la cuantía que la ley señala como necesaria para la procedencia del recurso y, otro, relativo a la cuantía propia del negocio, con miras a establecer si supera o no la que la ley exige.
2. Considerar que la unidad de medida que indica "vigente en el momento de su emisión", se refiere a la fecha en que fue dictada la sentencia recurrida, y no a la fecha de la resolución impugnada.
3. La cuantía del negocio se determinará a partir de las cantidades que hayan sido anuladas en la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y no al monto total del adeudo u obligación determinada en la resolución impugnada, toda vez que solamente la parte de la sentencia en la que se establece la nulidad es la que será materia de revisión ante el Tribunal Colegiado correspondiente.
Ciertamente, en principio, se destaca que, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo,(14) la exigencia del legislador de que la cuantía del negocio "exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal", debe entenderse en unidades de medida y actualización, desde luego, las mismas tres mil quinientas veces.
Así, aunque no se diga de forma expresa, de esta propia disposición deriva que necesariamente el monto del asunto debe traducirse en una cantidad líquida determinada desde la resolución impugnada y que, por ende, constituya la materia del litigio, incluso, de manera específica la declarada nula en el juicio administrativo, pues sólo así podrá hacerse la comparación respectiva y definirse con certeza y precisión si es superior o no al equivalente de las unidades de medida y actualización exigidas por la legislación en comento. Es ilustrativa la jurisprudencia de esta Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. CUANTÍA DEL NEGOCIO SE DETERMINA POR EL VALOR DE LAS PRESTACIONES EXIGIDAS EN LA DEMANDA. CUESTIONES JURÍDICAS."(15)
En efecto, si bien podrían existir asuntos que reflejen intereses económicos ya sea de manera directa o, incluso, indirecta, lo cierto es que eso no basta para considerar que se surte el supuesto de procedencia en estudio, pues, por mandato del legislador, es menester que ese tinte económico esté reflejado en una cuantía identificada y especificada desde el origen, es decir, por la autoridad administrativa a cargo del particular; de ahí que cuando la resolución impugnada carezca de cuantía, es claro que no procederá la revisión fiscal ni siquiera por considerar que la nulidad de esa resolución podría generar actos posteriores que impliquen la insubsistencia de obligaciones o deberes pecuniarios a cargo de los particulares.
Además, ese requisito relativo a que la materia del asunto refleje un monto determinado, debe ser susceptible de apreciarse de manera directa sin acudir a algún otro elemento adicional a la comparación entre la carga económica cuantificada por la autoridad administrativa –evidentemente declarada nula– y el equivalente a las unidades de medida y actualización exigidas por la hipótesis normativa, pues en el caso de que el Tribunal Colegiado del conocimiento tenga que hacer uso de otros factores, componentes o cálculos ajenos a los ya integrados a la litis, se trataría de un asunto carente de cuantía o de cuantía indeterminada. Sirve de apoyo la jurisprudencia también de la Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. CUANTÍA DEL NEGOCIO."(16)
Pues bien, es de atenderse al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (adicionado mediante decreto publicado el nueve de diciembre de dos mil trece), que establece:
"Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
"En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
"Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29487-e538ec61/revision-fiscal-es-improcedente-por-razon-de-cuantia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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