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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. SI LA AUTORIDAD FISCAL LO INICIA PORQUE DETECTÓ QUE UN CONTRIBUYENTE HA ESTADO EMITIENDO COMPROBANTES SIN TENER LA CAPACIDAD OPERATIVA NECESARIA PARA REALIZAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES AVALADAS EN TALES COMPROBANTES, LA CARGA DEL CONTRIBUYENTE EMISOR CONSISTE ÚNICAMENTE EN DEMOSTRAR QUE SÍ CUENTA CON ESA CAPACIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 362/2023. · Registro digital (IUS): 32427
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo III, Pág.2467.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 362/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JULIO CÉSAR CANELA MAYORAL.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si en el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones iniciado por la autoridad fiscal con motivo de que detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, el deber de dicho contribuyente es acreditar que sí cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo esas operaciones o, además de ello, demostrar la materialidad de éstas.

Un tribunal colegiado consideró que el contribuyente en cuestión sólo debía probar que cuenta con la capacidad operativa para realizar las operaciones respaldadas por los comprobantes que emitió, mientras que el otro órgano jurisdiccional estimó que el contribuyente también debía demostrar la materialidad de sus operaciones.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve el expediente relativo a la contradicción de criterios identificada al rubro, suscitada entre los emitidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el juicio de amparo directo 240/2021 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 237/2023.

El problema jurídico que debe resolver esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en definir si existe o no la contradicción de criterios denunciada.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia. La representante legal de la parte quejosa en el juicio de amparo 237/2023 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por el mencionado órgano colegiado en aquel asunto y el sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el juicio de amparo directo 240/2021.

2. Trámite. La ministra presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y turnó el expediente al ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

3. Posteriormente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto.

II. COMPETENCIA

4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la contradicción de criterios en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, y tercero(1) transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por órganos colegiados de distintas regiones, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de esta ejecutoria.

III. LEGITIMACIÓN

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la denunciante de esta contradicción de criterios tiene la legitimación necesaria para formularla, ya que es la representante legal de la parte quejosa en el juicio de amparo 237/2023 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asunto del cual surgió uno de los criterios contendientes en esta contradicción.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

6. De acuerdo con los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la configuración de la contradicción de criterios surge si los órganos contendientes examinaron, en los asuntos implicados en la denuncia, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso si parten de aspectos fácticos distintos, y respecto de tales cuestiones arriban a posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas contenidas en las sentencias respectivas.

7. De igual forma, este Alto Tribunal ha estimado que para el surgimiento de la contradicción es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos tenga el carácter de generalidad y no de particularidad o individualidad, de manera que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo que persigue que es dar certidumbre jurídica.

8. En esa lógica, esta Segunda Sala estima que existe contradicción de criterios, y para corroborarlo es necesario precisar los antecedentes de los asuntos que la motivaron y las posturas de los órganos jurisdiccionales involucrados.

iv.1. Antecedentes y criterios contendientes

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el juicio de amparo directo 240/2021.

9. Una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución dictada por el titular de la Administración Desconcentrada Jurídica de Colima "1" del Servicio de Administración Tributaria mediante la que confirmó la determinación relativa a que la sociedad actora no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes que emitió a diversos contribuyentes.

10. La Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución impugnada y de la determinación primigenia, para que la autoridad fiscal dictara una nueva en la que tomara en cuenta que el acta de asamblea general ordinaria de accionistas exhibida es idónea para demostrar los activos de la actora.

11. La parte actora promovió juicio de amparo directo contra la resolución del tribunal contencioso administrativo, y el tribunal colegiado le otorgó el amparo para que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que prescindiera de considerar que la actora tenía la carga de acreditar la materialidad de las operaciones objeto del procedimiento que se le inició, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, sino que debía demostrar que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

12. En cuanto a la concesión del amparo, el órgano colegiado consideró fundados los argumentos contenidos en el concepto de violación segundo en los que la quejosa expuso que conforme al procedimiento establecido en el artículo 69-B, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, el contribuyente que emite comprobantes no tiene la carga de acreditar la materialidad de las operaciones en tal procedimiento, sino que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes.

13. Narró que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 51/2015, señaló que del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación se desprende que las autoridades podrán presumir que son inexistentes las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes o contribuyentes que no se encuentren localizados.

14. Asimismo, que la presunción que con la norma se realizará por parte de la autoridad, en cuanto a la inexistencia de las operaciones que se avalan con los comprobantes fiscales emitidos, no es absoluta sino relativa puesto que admite prueba en contrario; es decir, puede ser destruida por el propio contribuyente mediante la aportación de pruebas que demuestren lo contrario (párrafo segundo del propio numeral); esto es, que las autoridades fiscales pueden presumir que las operaciones que soportan los comprobantes emitidos por los contribuyentes, que tienen las características referidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, son inexistentes, para lo cual se establece un procedimiento en el que se les dé a conocer a tales contribuyentes esta presunción y tengan la oportunidad de desvirtuarla.

15. Además, que esa disposición establece cuáles son los efectos de los comprobantes que tienen para los terceros que celebraron operaciones con los contribuyentes cuyos datos se publicaron en la lista y que no lograron desvirtuar la presunción, así como la manera en que los terceros pueden corroborar la realización de los actos o actividades que amparan los comprobantes.

16. También, que el artículo 69-B prevé el procedimiento y consecuencias de la presunción en que las autoridades fiscales pueden considerar, salvo prueba en contrario, la inexistencia de las operaciones amparadas por los comprobantes expedidos, basándose en la prueba de un hecho distinto, en el caso, que no se cuente con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, y las contradicciones entre el valor de los comprobantes y la capacidad de su emisor, según lo haya detectado la autoridad fiscal.

17. Enseguida, el tribunal federal precisó que la Segunda Sala del Alto Tribunal, al analizar el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B referido, a la luz del principio de presunción de inocencia, estableció que lo previsto en ese artículo se trata de una presunción que de no demostrarse lo contrario, puede derivar en que los comprobantes emitidos por el contribuyente no produzcan efectos fiscales, cuestión que si bien implica una consecuencia negativa, conduce a que sea cierta la presunción que se efectuó en el sentido de que no se llevaron a cabo las operaciones que pretenden acreditar con los documentos.

18. Ello, porque el hecho de que se cumpla con los requisitos formales que caracterizan a los comprobantes fiscales y que se encuentran contenidos en el artículo 29-A del mismo código tributario, no significa que en realidad sean comprobantes fiscales, puesto que para tener tal naturaleza deben amparar operaciones que realmente se realizaron; en esos términos, no tiene el carácter de sanción o de privación de derechos la presunción contenida en el artículo 69-B, sino que es un procedimiento mediante el cual se otorga la verdadera naturaleza a unos documentos que, al no contener todos los requisitos necesarios, no producirán efecto fiscal alguno, porque no son comprobantes fiscales en los términos de la ley.

19. Luego, que de acuerdo con el artículo 69-B, en principio sólo se presumiría la inexistencia de las operaciones amparadas con esos comprobantes fiscales cuando el que los emite no demuestre que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que los contribuyentes se encuentren no localizados; pero si el contribuyente desvirtúa esa presunción, sus documentos continuarán produciendo los efectos correspondientes, como comprobantes fiscales.

20. Finalmente, el tribunal colegiado advirtió que la sala responsable estimó que en lo concerniente a demostrar que se cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios que amparan los comprobantes fiscales observados, implica necesariamente demostrar la materialización de las operaciones, por lo que, contrariamente a lo afirmado por la empresa actora, sí está obligada a acreditar la materialidad de las operaciones consignadas en los comprobantes, puesto que de resultar inexistentes o inverosímiles, éstos no pueden tener efecto fiscal alguno.

21. Así, explicó que lo fundado de los argumentos de la quejosa radicaba en que, conforme al procedimiento establecido en el artículo 69-B, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, el contribuyente que ha estado emitiendo comprobantes no tiene la carga de acreditar la materialidad de las operaciones en ese procedimiento, sino que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

22. Señaló que conforme al artículo 69-B, párrafo primero, del código citado, la autoridad fiscal inicia el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones cuando detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes; de manera que, en principio, sólo se presumiría la inexistencia de las operaciones amparadas con esos comprobantes fiscales cuando el que los emite no demuestra que cuenta con tal capacidad operativa, puesto que, si el contribuyente desvirtúa la presunción, sus documentos continuarán produciendo los efectos fiscales correspondientes.

23. En esas circunstancias, estimó que si la presunción que se genera con el inicio del procedimiento de inexistencia de operaciones establecido en el artículo 69-B, párrafo primero, del código tributario, es porque la contribuyente que emitió los comprobantes fiscales no demostró que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, entonces la posibilidad de desvirtuar esa presunción consiste en que aporte las pruebas que estime convenientes, precisamente para demostrar lo contrario, esto es, que sí cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales.

24. Precisó que si en este procedimiento iniciado por inexistencia de operaciones establecido en el artículo 69-B, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, respecto de los contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales, no se advertía que se haya entablado con motivo de no demostrar la materialidad de las operaciones que amparan tales comprobantes, entonces en este supuesto específico lo que tiene que acreditar el contribuyente es que sí cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes, y no la materialidad de las operaciones, como lo estimó la sala responsable.

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 237/2023.

25. Una sociedad anónima de capital variable demandó la nulidad de la resolución dictada en cumplimiento a lo resuelto en un recurso de revocación por el titular de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal –hoy Ciudad de México– "2", adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en la cual determinó que la sociedad actora no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas en diversos comprobantes fiscales que emitió.

26. La Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la determinación impugnada, por lo que la parte actora promovió juicio de amparo directo.

27. El tribunal colegiado negó el amparo. En relación con la materialidad de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales emitidos por la quejosa, luego de describir el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el órgano de amparo indicó que la autoridad fiscal instauró ese procedimiento a la quejosa por considerar que emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

28. En ese sentido, el colegiado consideró que el hecho de que se le exigiera a la quejosa acreditar la materialidad de la realización de las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales, ello no representaba ir más allá de los requisitos previstos en aquel artículo, ni vulneraba el principio de legalidad.

29. Ello, porque de la determinación impugnada se obtenía que la autoridad fiscal advirtió que no existía congruencia entre los conceptos facturados y la actividad manifestada por la quejosa en su registro federal de contribuyentes, así como que en su declaración anual normal por el ejercicio fiscal dos mil dieciséis no manifestó tener activos fijos, ni enteró impuesto sobre la renta por prestación de servicios personales y subordinados o asimilado a salarios, o servicios profesionales; circunstancias con base en las cuales presumió que dicha quejosa no cuenta con el personal y activos para realizar las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió.

30. El tribunal colegiado precisó que respecto a la documentación exhibida por la quejosa, la autoridad demandada determinó que no lograba acreditar tener activos y personal para realizar las operaciones, puesto que se trataba de contratos privados que presuntamente amparaban las relaciones con el personal de la quejosa, pero que la sola realización de ese acto jurídico no implicaba que se hubiese realizado el objeto pactado, además de que los contratos no especificaban el tipo de servicio que realizarían los empleados, ni los generales de éstos, por lo que no cumplían con los requisitos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo.

31. Asimismo, que respecto de los contratos de prestación de servicios exhibidos por la contribuyente, la autoridad administrativa indicó que tampoco desvirtuaban la presunción de inexistencia, porque no especificaban el modo, tiempo y lugar en que se realizaría el servicio pactado, su objeto y, en algunos casos, la contraprestación fijada.

32. Además, que respecto del contrato de comodato exhibido para acreditar que contaba con activos para la realización de las actividades, la demandada señaló que no había certeza de que los bienes ahí pactados se destinaron a realizar las actividades amparadas en los comprobantes.

33. Bajo esas condiciones, el órgano colegiado estimó desacertado el argumento de la quejosa respecto a que sólo tenía que acreditar que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta para prestar los servicios, o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes, mas no la materialidad de las operaciones. 34. Al respecto, el tribunal de amparo señaló que en la contradicción de tesis 405/2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el legislador instituyó el procedimiento previsto en el artículo 69-B del citado código tributario con la finalidad de verificar que los sujetos emisores de comprobantes fiscales efectivamente hayan realizado las operaciones que se consignen, esto es, mediante este procedimiento la autoridad hacendaria no verifica la validez de las facturas, sino la efectiva realización de los actos que soportan.

35. Con base en ello, el colegiado consideró que la quejosa, al estar sujeta al procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, está obligada a acreditar la materialidad de las operaciones que amparan los comprobantes, esto derivado de que la autoridad fiscalizadora advirtió de la documentación exhibida y de las declaraciones presentadas en el ejercicio dos mil dieciséis, que no cuenta con el personal y los activos correspondientes a las operaciones objeto de los comprobantes, por lo que no se transgredió en su perjuicio el derecho de legalidad, ya que no se le exigen más requisitos de los previstos en el mencionado artículo.

iv.2. Establecimiento y materia

36. De las consideraciones descritas anteriormente se observa que los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica consistente en definir si en el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, iniciado por la autoridad fiscal con motivo de que detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, ese contribuyente únicamente debe demostrar que cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones contenidas en los comprobantes en cuestión, o también debe acreditar que efectivamente se realizaron aquellas operaciones.

37. Asimismo, se aprecia que los órganos colegiados resolvieron de modo diferente la cuestión jurídica descrita, ya que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estimó que dicho contribuyente no está obligado a probar la materialidad de las operaciones amparadas en los comprobantes objeto del procedimiento sino sólo que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, mientras que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que también está constreñido a acreditar la materialidad de las operaciones que amparan los comprobantes.

38. De ahí que, si los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y lo solucionaron de forma distinta, es evidente que existe contradicción de criterios cuyo tema radica en resolver si, en el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, iniciado por la autoridad fiscal ante la detección de que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que soportan tales comprobantes, el tributante en cuestión sólo debe demostrar que sí cuenta con las condiciones operativas necesarias para realizar las operaciones contenidas en los comprobantes de que se trate o, además, debe acreditar la materialidad de esas operaciones.

V. ESTUDIO

39. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio consistente en que si la autoridad hacendaria inicia el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, debido a que detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, el deber de dicho contribuyente dentro de tal procedimiento consiste en desvirtuar ese hecho, es decir, debe demostrar que sí cuenta con la capacidad operativa para realizar las operaciones amparadas en los comprobantes que emitió y que son objeto del procedimiento.

40. En principio, es importante destacar que dentro de las obligaciones tributarias que derivan del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran las formales cuya observancia permite que la autoridad hacendaria pueda comprobar el eficiente cumplimiento de los particulares para contribuir al gasto público, para lo cual se implementan herramientas que le permitan a la autoridad fiscal un mayor control y el conocimiento de las actividades gravadas que realicen los contribuyentes, como por ejemplo el cruzado de datos de compras y ventas de los causantes y el mantenimiento actualizado del registro de contribuyentes.

41. En ese sentido, las obligaciones de carácter formal tienen como finalidad dar cuenta fidedigna de la realización efectiva de las actividades por parte de los contribuyentes y del cumplimiento de sus deberes, para facilitar la tarea de control de los tributantes por parte del Estado.

42. Por su parte, entre las obligaciones formales se encuentran las de hacer, las cuales imponen a los contribuyentes el deber de conservar la documentación referente a su actividad, así como la de expedir los comprobantes determinados respecto a su giro.

43. Los comprobantes son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o actividades que realizan para efectos fiscales, de manera que si un contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que actualiza el hecho imponible por el cual se debe pagar una contribución, entonces deberá emitir el correspondiente comprobante fiscal para efectos de determinar su situación en particular respecto del tributo que en concreto tenga que pagar.

44. De igual forma, quien haya solicitado la actividad o haya intervenido en el hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo.

45. Estos comprobantes fiscales deben cumplir con los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación para ser considerados por la autoridad para efectos de las deducciones y/o acreditación del impuesto. Si la autoridad fiscal considera que los comprobantes fiscales exhibidos por un contribuyente no amparan la operación realizada, puede requerir la información necesaria en atención a la transacción en particular, y en su caso, no acceder a la pretensión del causante considerando las situaciones fácticas de cada asunto.

46. El deber de satisfacer los requisitos legales por parte de los contribuyentes deriva de la necesidad de asegurar la adecuada recaudación en proporción a las distintas capacidades contributivas y las deducciones fiscales que se rigen por los principios de veracidad y demostración razonables, lo que permite hacer deducibles los gastos del contribuyente estrictamente indispensables para su giro, en aras de evitar simulaciones de aquél que tienen como objetivo disminuir ilícitamente su carga impositiva.

47. Ahora, el nueve de diciembre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adicionó el artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación, cuyo texto fue el siguiente:

"Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

"En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

"Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

"Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32427-7db91790/procedimiento-de-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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