PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017). PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN QUE LA CONFIRMA Y DECIDE EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y TERCERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2019. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.
5. Lo anterior, toda vez que los tribunales anunciados en contienda pertenecen a dos diferentes Circuitos, pues un criterio emanó del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mientras que el otro fue emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito; además de que el asunto es de orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, porque los denunciantes fueron los Magistrados integrantes de uno de los órganos, cuyo asunto participa en los criterios materia de la contradicción.
7. TERCERO.—Criterios contendientes. El denunciante manifestó a este Alto Tribunal una posible contradicción de criterios respecto de si "precluyen o caducan" las facultades de la autoridad fiscal por no resolver y notificar la resolución que en definitiva determinó que la actora emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes dentro del plazo previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
8. Lo anterior, al realizar el contraste entre las ejecutorias de los Tribunales de Circuito que a continuación se indican, incluyendo una breve referencia a los antecedentes que les dieron origen, para resolver lo conducente en la presente sentencia:
9. I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –denunciante– (amparo directo **********)
10. El tres de abril de dos mil diecisiete la autoridad fiscal determinó agregar a ********** en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes al que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
11. Contra lo anterior, la empresa contribuyente promovió juicio contencioso administrativo. En su escrito de demanda manifestó que se había actualizado la caducidad del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, en virtud que la autoridad fiscal debió emitir la resolución que pone fin a dicho procedimiento en un plazo que no excediera de cinco días a la fecha en que concluyó el plazo de quince días para que el contribuyente presentara pruebas.
12. Al respecto, indicó que transcurrido el plazo anterior, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debía computarse el plazo de treinta días, para los procedimientos iniciados de oficio por las autoridades administrativas. Por ello, se actualizaba la caducidad de la instancia, ya que presentó las pruebas ante la autoridad fiscal los días diez y catorce de febrero de dos mil diecisiete, mientras que la resolución fue emitida hasta el tres de abril de ese mismo año y le fue notificada por un tercero hasta el veintidós de mayo de dos mil diecisiete.
13. La Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, resolvió reconocer la validez de la resolución impugnada, argumentando entre otras cosas lo siguiente:
13.1. Resultaba infundado el concepto de nulidad en el que se argumenta que se había actualizado la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal para resolver el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, en razón de que, si bien es cierto que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación preveía un plazo de cinco días para la valoración de las pruebas que le fueran aportadas y para emitir y notificar una resolución, también lo es que dicho numeral no establece una sanción para el caso de que la autoridad omita hacerlo dentro de ese plazo, al estar frente a una norma imperfecta.
13.2. Las facultades de la autoridad fiscal no caducan al excederse el plazo de cinco días ni el del diverso previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues las facultades de comprobación de las autoridades fiscales caducan en el plazo de cinco años, atento a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
14. Contra lo resuelto por la Sala administrativa, la actora presentó demanda de amparo, en la cual argumentó, entre otras cosas, lo siguiente:
14.1. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no se refiere a una contribución o sus accesorios, por lo que le resulta aplicable el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo a la caducidad de los procedimientos iniciados de oficio cuando no se notifica la resolución dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la expiración del plazo para hacerlo.
14.2. Contrariamente a lo que establece la Sala responsable, el plazo con el que se cuenta para valorar las pruebas, emitir una resolución y notificarla es de cinco días, conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Pero, en caso de que no se estime correcto, incluso si se considera que el plazo al que se debe estar es de treinta días, éste feneció antes de la notificación de la resolución. Para robustecer su dicho se apoyó en la tesis aislada XXX.3o.2 A (10a.),(1) de título y subtítulo: "PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO."
15. De la demanda de amparo conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve resolvió otorgar el amparo solicitado por la quejosa a efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara otra en la que con libertad de jurisdicción, analizara de manera integral todos y cada uno de los planteamientos que no ameritaron pronunciamiento del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, en particular en aquellos en los que se impugnó la competencia de la autoridad fiscal.
16. Sin embargo, para efectos de la presente contradicción, debe precisarse que consideró infundado el concepto de violación y correcta la decisión de la Sala responsable en relación con la aplicación de la regla de caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación al procedimiento previsto en el artículo 69-B del mismo ordenamiento. Dicha determinación estuvo sustentada, entre otras, en las siguientes consideraciones de la Primera Sala de este Alto Tribunal:
16.1. De la lectura del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se desprende que el legislador haya establecido de manera inconcusa el plazo de cinco días como límite temporal a la autoridad fiscal para emitir y notificar al contribuyente la resolución donde se determine si el mismo desvirtuó o no la presunción creada por la autoridad fiscal al tenor del referido precepto.
16.2. El precepto normativo en análisis contempla dos momentos o situaciones jurídicas relativas al actuar de la autoridad fiscal, siendo la primera de ellas, la referente a la valoración de las pruebas y las defensas que se hayan hecho valer en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, para lo que tendrá un plazo de cinco días y, la segunda, la forma en que tendrá la autoridad que notificar la resolución en la que determine si el contribuyente desvirtuó o no la presunción de referencia.
16.3. El plazo de cinco días al que alude el artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no es vinculatorio para la emisión y notificación de la resolución del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, por lo que no se transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica.
16.4. La caducidad se orienta al ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, mientras que la prescripción se dirige a la extinción del crédito fiscal.
16.5. Tomando en consideración que la disposición impugnada no previó un plazo para la emisión y notificación de la resolución al procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, éste se encuentra suplido mediante la aplicación de la figura de la caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
17. II. Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (amparo directo **********)
18. El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete la autoridad fiscal determinó agregar a ********** en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes al que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
19. Inconforme con la determinación anterior, el contribuyente promovió juicio contencioso administrativo, el cual fue resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada, con base en los siguientes argumentos:
19.1. Si bien era cierto que la autoridad fiscal responsable había sido omisa en emitir la resolución definitiva dentro de los plazos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y la regla 1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, también lo era que no resultaba suficiente para considerar que hubieran caducado las facultades de la autoridad fiscal, toda vez que dichas disposiciones no contemplaban esa figura jurídica, por ser normas imperfectas.
19.2. El criterio de oportunidad no queda satisfecho con el hecho de que la resolución y su notificación se realicen dentro de los plazos previstos en las normas antes mencionadas, ya que eso sólo se tendría por satisfecho en el caso de que se cumpliera con el objetivo previsto en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, consistente en que la autoridad pueda valorar si las probanzas exhibidas fueron o no suficientes para desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones y, en consecuencia, que el contribuyente se encuentra o no definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de dicho precepto, pues no existiría pronunciamiento alguno por parte de la autoridad fiscal en el que defina la situación fiscal del contribuyente en relación con el referido procedimiento.
20. Contra lo resuelto por la Sala administrativa, la actora presentó demanda de amparo, en la cual argumentó, entre otras cosas, lo siguiente:
20.1. La determinación de la Sala responsable violentaba los principios de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, ya que omitió aplicar lo previsto en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que no declaró la nulidad del acto reclamado.
20.2. Es incorrecto el sentido que la responsable pretende darle a las normas tratándolas como imperfectas, pues el hecho de que no prevean sanción, no implica que no estén sujetas a una regulación jurisdiccional y tutela constitucional, por lo que si las disposiciones legales prevén un plazo para su emisión y notificación, la autoridad estaba obligada a realizarlo dentro del mismo, pero si no lo hizo porque el acto impugnado fue emitido fuera de él, ello produce una ilegalidad consistente en que la autoridad fiscal no ejerció su facultad en el término señalado.
20.3. Es ilegal la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 120/2008, ya que no impugnó la notificación de la resolución de la presunción de inexistencia de operaciones o alguna irregularidad en ella, por lo que no podía estimarse convalidada la violación conforme al artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo que se alegó fue la extemporaneidad de la emisión de la resolución y de su notificación.
21. El Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mediante sentencia de doce de abril de dos mil dieciocho otorgó el amparo a la empresa quejosa al considerar lo siguiente:
21.1. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en su tercer párrafo, en relación con el último párrafo de la regla 1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis prevén una limitación temporal a la facultad de resolver el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes.
21.2. Al quedar comprobada la violación a la formalidad de la emisión de la resolución y su notificación dentro del espacio temporal previsto en dichas normas, es claro que la consecuencia jurídica es determinar que se encontraban extintas las facultades de la autoridad fiscal para resolver el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes.
21.3. Si bien expresamente no está prevista esa consecuencia jurídica para dichos casos, lo verdaderamente relevante es que ello no impide que atendiendo al derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica, se puedan considerar extinguidas las facultades de la autoridad fiscal y, por ello, declarar la caducidad o preclusión, a fin de evitar que quede al arbitrio de la autoridad fiscal la conclusión del procedimiento iniciado en contra del contribuyente.
21.4. El exceso en el plazo legal para que la autoridad fiscal resolviera en definitiva que el contribuyente emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, es suficiente para considerar que se surte el supuesto previsto por el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la autoridad demandada omitió cumplir con los requisitos formales de tiempo exigidos por la ley.
22. Con base en las consideraciones anteriores, emitió la tesis XXX.3o.2 A (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes trece de julio de dos mil dieciocho a las 10:20 horas, de título, subtítulo y texto siguientes:
"PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO. El artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y la regla 1.4., último párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 establecen el plazo para que en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, por falta de respaldo de los comprobantes fiscales que emite el contribuyente, la autoridad pueda analizar las pruebas y defensas, emitir la resolución correspondiente y notificarla, el cual se traduce en una formalidad o limitación temporal para realizar dichas actuaciones. Por tanto, si la autoridad no emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento señalado, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que el contribuyente aportó la información o documentación para desvirtuar los hechos que lo originaron, se extingue su facultad para hacerlo, por lo que ésta no podrá declarar inexistentes las operaciones, con independencia de que esa consecuencia jurídica no esté prevista expresamente en la ley, pues ello no implica que la autoridad pueda actuar en cualquier tiempo, sino que debe atenderse al derecho fundamental de seguridad jurídica para declarar la preclusión, a fin de evitar que quede al arbitrio de aquélla la conclusión del procedimiento iniciado unilateralmente contra el particular y no afectar dicha prerrogativa con el incumplimiento de la autoridad."
23. CUARTO.—Existencia y puntos de contradicción. En el presente considerando esta Segunda Sala emprenderá el análisis de existencia de una contradicción, a la luz de los requisitos de la jurisprudencia y de los argumentos que se sustentaron en las ejecutorias respectivas. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora en la interpretación del orden jurídico.
24. Para configurarse una contradicción, es necesario, de manera general, que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.(2) Lo anterior, con independencia de que los criterios divergentes no estén plasmados en tesis redactadas y publicadas, en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo.(3)
25. Pues bien, en el caso se observa que efectivamente los tribunales contendientes analizando puntos jurídicos similares arribaron a conclusiones distintas. Para ello, debe considerarse que ambos asuntos provienen de procedimientos en que la autoridad fiscal determinó agregar a las quejosas en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes al que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.(4)
26. En ambos casos se alegó al tribunal administrativo correspondiente, y de manera posterior, en los amparos respectivos, además de planteamientos de seguridad y certeza jurídica; que en el plano de la legalidad la resolución emitida fuera del plazo debía conllevar a la declaratoria de nulidad de la resolución por haber "caducado o precluido" la facultad de la autoridad; o "quedado sin efectos" la resolución correspondiente. Así, en ambos amparos, la sentencia reclamada la constituyó la dictada por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declara la validez de la resolución.
27. Frente al escenario antes descrito los tribunales arribaron a conclusiones distintas.
27.1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que el plazo al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (de cinco días) no resulta vinculante para la emisión de la resolución definitiva y su notificación, y ante la ausencia de un plazo cierto, lo jurídicamente relevante es el plazo de caducidad de cinco años del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
27.2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, partiendo del sistema normativo compuesto por la norma legal y la regla 1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, llegó a la conclusión de que el plazo es de 30 días después de entregada la información o, en su caso, a partir de que solventó cualquier requerimiento realizado por la autoridad tributaria; por lo que de excederse el plazo debe entenderse que la facultad de la autoridad "se extingue o precluye".
28. Por tanto, a la luz del procedimiento conferido a favor del contribuyente para desvirtuar los hechos que sustentan una presunción sobre inexistencia de operaciones a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y aún con los matices que cada una de las resoluciones presenta, a fin de dotar de seguridad jurídica, se observa que los puntos en contradicción consisten en determinar:
28.1. Si es que existe, y en su caso, cuál es el plazo con el que contaba la autoridad para definir la situación jurídica de los contribuyentes de conformidad con el sistema normativo vigente en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete; y,
28.2. Si existe, y en su caso, cuál es la consecuencia jurídica de que la autoridad fiscal la emita fuera del plazo; y si tal supuesto acarrea su nulidad cuando es impugnada por la vía contenciosa administrativa.
29. QUINTO.—Estudio. De conformidad con los puntos en contradicción que han sido fijados con anterioridad, debe tenerse presente desde este momento el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, cuyo diseño normativo establecía lo siguiente:
"Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
"En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
"Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.
"Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
"Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código.
"En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código."
30. El párrafo primero del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece a favor de la autoridad administrativa una presunción que le permite advertir la inexistencia de operaciones cuando: (a) advierta que los emisores de los comprobantes fiscales no cuenten con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes; o bien, (b) que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
31. La presunción aludida admite prueba en contrario, y del segundo párrafo de la porción normativa analizada se desprende que el legislador federal otorga a los gobernados un plazo de quince días para que éstos puedan aportar pruebas y argumentos aptos para destruir la presunción de inexistencia de operaciones. Y el párrafo tercero, de relevancia para la presente contradicción, regula el procedimiento de revisión que debe instrumentar la autoridad para determinar si el contribuyente realiza o no las operaciones que ampara, conforme a lo siguiente:
31.1. Debe valorar las pruebas y defensas que se hayan hecho valer por el contribuyente revisado.
31.2. Debe notificar la resolución respectiva a los contribuyentes por medio de buzón tributario.
31.3. Respecto de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputaron publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
31.4. Prohíbe a la autoridad publicar el listado de contribuyentes que se encuentren definitivamente en el supuesto de operaciones inexistentes antes de los treinta días posteriores a la fecha de notificación de la resolución definitiva.
32. Ahora bien, una vez expuesto el contexto anterior, esta Sala se avocará, en primer término, a resolver si es que existe y cuál es el plazo para notificar la resolución definitiva que resuelve sobre la inexistencia de operaciones una vez valoradas las pruebas y las defensas hechas valer por el contribuyente revisado; y, posteriormente, determinar cuál es la consecuencia de emitir una resolución definitiva del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación fuera de dicho plazo.
33. I. Determinar si existe y, en su caso, cuál es el plazo con el que contaba la autoridad para definir la situación jurídica de los contribuyentes de conformidad con el sistema normativo vigente en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete
34. Como punto de partida, el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación indica que la autoridad "en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, no se desprende que el legislador haya establecido de manera inconcusa el plazo de cinco días como límite temporal a la autoridad fiscal para emitir y notificar al contribuyente la resolución donde se determine en definitiva si desvirtuó o no la presunción creada por la autoridad fiscal al tenor del referido precepto.
35. Del tercer párrafo del precepto en cuestión, sólo se advierte la previsión legislativa acerca de que, transcurrido el término(5) para que el contribuyente desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió, la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de cinco días para valorar las pruebas y defensas hechas valer.
36. Así, este último plazo "que no excederá de cinco días", no obliga de manera expresa a la autoridad a que dentro de él –además de valorar las pruebas– emita y notifique la resolución que dicte en torno a las operaciones que a priori detectó y presumió inexistentes, pues el párrafo tercero del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no establece que la resolución a que hace alusión deba emitirse y notificarse dentro de ese referido término máximo.
37. Lo anterior es así, ya que el precepto normativo en análisis, prevé dos momentos o situaciones jurídicas respecto al actuar de la autoridad: la primera, es la valoración de pruebas y defensas que se hayan hecho valer para desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes (plazo de 5 días); y la segunda, la forma en que habrá de notificarse la resolución que decida si el contribuyente desvirtuó o no la presunción de mérito, sin que ahí se delimite plazo.
38. A mayor abundamiento, desde una interpretación jurídica gramatical, se observa el uso que el legislador le dio al signo de puntuación "punto y coma" (;) para separar el plazo de cinco días que se establece para valorar las pruebas y defensas; de la disposición normativa que instaura la obligación a cargo de la autoridad de notificar la resolución correspondiente. Por tanto, no es posible afirmar que el plazo se refiera tanto a un aspecto como a otro, ya que se están separando oraciones sintácticamente independientes entre las que existe relación semántica.(6)
39. En suma, el precepto cuestionado lo que regula es cómo ha de practicarse la notificación que resuelva en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes; pero no establece en el plano de legalidad el momento o límite temporal para que la autoridad "emita" y "notifique" la resolución.
40. En consecuencia, dado que la norma no prevé expresamente el plazo para notificar la resolución, no es posible para esta Segunda Sala resolver lo relativo al límite temporal considerando exclusivamente lo que dispone la ley; sino que, sin prejuzgar sobre aspectos de constitucionalidad que escapan a la presente contradicción de criterios, debe estarse al sistema normativo que en su conjunto se encontraba vigente.
41. Así, el marco jurídico se integra tanto por las disposiciones reglamentarias que fueron objeto de pronunciamiento de esta Segunda Sala en el amparo directo en revisión 5049/2018; como las reglas misceláneas fiscales aplicables. El sistema normativo vigente en el momento en que se resolvieron
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28827-81430f1c/presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-plazo-para-decidir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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