JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2018.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 472/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EN APOYO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; LUIS MARÍA AGUILAR MORALES MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, parte final (a contrario sensu) y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
Lo anterior sin perjuicio de que el Tribunal Colegiado denunciante pertenezca al Centro Auxiliar de la Segunda Región, toda vez que al actuar en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, se considera que el órgano jurisdiccional auxiliar pertenece al Circuito del diverso auxiliado.
Sirven como sustento lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.) y en la tesis aislada 1a. CLXXXVII/2013 (10a.), de títulos y subtítulos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR."(3)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(5) toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios discrepantes.
TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciados, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias respectivas.
Lo cual se efectuará en atención a que, en primer lugar, la denuncia de contradicción refiere que existen criterios discrepantes entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región al resolver el amparo directo 319/2019 (cuaderno auxiliar 730/2019), en apoyo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo directo 644/2017.
Para, en segundo lugar, definir la supuesta existencia de la contradicción respecto de los Tribunales Colegiados aludidos.
En virtud de lo anterior se procede a analizar las consideraciones esbozadas entre los Tribunales Colegiados, al tenor de lo siguiente:
1. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región al resolver el amparo directo 319/2019 (cuaderno auxiliar 730/2019).
I. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Mérida, Yucatán, una persona moral promovió juicio contencioso administrativo, en el que demandó la nulidad del oficio por medio del cual se comunicó el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, emitido por la Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de agosto del dos mil dieciocho.
II. El Magistrado Instructor de la Sala aludida, radicó la demanda, asignó un número de expediente al asunto, y la desechó por improcedente, al estimar que los actos que se combatían no afectaban el interés jurídico del demandante.
III. Inconforme con dicha determinación, la promovente interpuso recurso de reclamación, el cual fue fallado por el Pleno de la Sala referida en el sentido de confirmar el acuerdo recurrido.
IV. En consecuencia, la recurrente promovió juicio de amparo directo, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, cuya Magistrada presidente radicó el asunto y lo admitió a trámite.
V. Previo trámite de ley conducente, en cumplimiento al oficio STCCNO/281/2019, emitido por el secretario técnico de ponencia, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, la presidente del órgano jurisdiccional ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.
VI. El Magistrado presidente del Tribunal Colegiado Auxiliar aludido tuvo por recibido el expediente, registró el asunto con el número auxiliar correspondiente y lo turnó a la ponencia a su cargo para los efectos del artículo 183 de la Ley de Amparo.
VII. En sesión celebrada el trece de septiembre del dos mil diecinueve, por mayoría de votos, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, emitió sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado, al considerar lo siguiente:
"–Improcedencia del juicio contencioso administrativo contra la publicación en el Diario Oficial de la Federación del listado a que se refiere artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación por no constituir una resolución definitiva–
"En otro orden, la misma suerte ameritan los motivos de disenso expresados por la parte quejosa a lo largo de los conceptos de violación primero al tercero, que sustancialmente se dirigen a señalar que opuestamente a lo resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:
"a) El oficio número ... de doce de julio de dos mil dieciocho, ‘mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación’, emitido por la Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, sí debió considerarse como una resolución definitiva que le causó agravio en materia fiscal, contra la que resultaba procedente el juicio contencioso administrativo en términos del numeral 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;(6) y
"b) El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo directo ... resulta aplicable para sustentar la postura que antecede.
"Ahora, a efecto de evidenciar la calificativa que se anunció al inicio del presente considerando, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación aplicado en la sentencia reclamada, que se lee:
"(lo transcribe)
"Como se observa, el precepto transcrito prevé la existencia de dos procedimientos con dos publicaciones en el Diario Oficial de la Federación:
"El primero de ellos, se dirige al emisor de los comprobantes fiscales (primero al penúltimo párrafo), y el segundo, que es dirigido a los contribuyentes (receptores) que dieron efectos fiscales a los comprobantes fiscales emitidos (último párrafo), quienes contarán con un plazo de treinta días siguientes a la publicación a que se refiere el párrafo tercero del precepto en cita, para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los bienes o servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien, en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan.
"En lo que al presente caso interesa, el primer procedimiento inicia desde que se hace saber a un contribuyente que se encuentra en el supuesto de presunción de operaciones inexistentes, mediante una primera publicación que origina la posibilidad de que el contribuyente afectado comparezca ante la autoridad con los elementos probatorios que tenga a su alcance para desvirtuar esa determinación de la autoridad.
"Con dicha publicación se notifica al contribuyente para que dentro del plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se le hayan efectuado, manifieste lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo.
"Transcurrido el plazo para que la persona contribuyente exhiba la documentación e información con que cuente, y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad cuenta en un plazo máximo de cincuenta días, para valorar las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y para notificar la resolución en la que en definitiva determine si la presunción de inexistencia de operaciones fue desvirtuada por el contribuyente (párrafo tercero).
"...
"Treinta días después de dicha notificación, la autoridad publicará un listado (segunda publicación), con efectos generales, en el Diario Oficial de la Federación y en el portal del Servicio de Administración Tributaria en el que incluirá a los contribuyentes que no hayan desvirtuado la presunción.
"...
"Bajo las premisas expuestas, deben desestimarse los conceptos de violación que en el presente apartado se analizan, ya que opuestamente a lo afirmado por la parte quejosa, el oficio mediante el cual se comunicó de manera general el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, no puede considerarse como una resolución definitiva que cause agravio en materia fiscal en términos del artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"En razón de que de la intelección gramatical de dicho precepto se colige que al haber establecido el legislador federal que la autoridad cuenta con un plazo que no excederá de cincuenta días para justipreciar los medios de convicción pruebas y defensas que se hayan hecho valer, y para notificar la resolución en la que determine si la presunción de inexistencia de operaciones fue desvirtuada o no, revela que la publicación de un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del precepto en comento no puede constituir la resolución definitiva que culmine el referido procedimiento.
"Ello es así, porque por medio del oficio impugnado en el sumario de nulidad, únicamente se dio a conocer con efectos generales, que los contribuyentes listados en su anexo 1, que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y, por tanto, se encontraron en forma definitiva en la presunción de haber realizado operaciones inexistentes, como consecuencia directa del resolutivo tercero de las resoluciones definitivas que fueron emitidas en términos del párrafo tercero del precepto en estudio.
"En el caso, la resolución definitiva que corresponde al asunto es la contenida en el oficio ... de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán ‘1’, que por cierto, la propia impetrante reconoce haber impugnado, y que la responsable destacó que fue controvertida en el diverso juicio de nulidad ... ante la propia Sala Regional Peninsular, además de que así se corrobora del texto de la publicación en comento, que en lo conducente se lee:
"...
"En congruencia con lo expuesto, no asiste razón a la parte promovente de la acción constitucional cuando señala que el oficio número ... de doce de julio de dos mil dieciocho, ‘mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación’, que pretendió controvertir en el sumario de nulidad de origen, fuera considerado por la Sala responsable como una resolución definitiva que le causó agravio en materia fiscal, y que, por ende, en su contra era procedente el juicio contencioso administrativo bajo el supuesto previsto en el numeral 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues como ya se evidenció, no constituye la resolución definitiva de la autoridad fiscal, sino una mera consecuencia de la determinación que sí tiene ese carácter, y que fue impugnada en un diverso juicio contencioso administrativo.
"En virtud de lo expuesto, devienen inaplicables para los fines pretendidos por la quejosa los criterios que invocó en su demanda de amparo; ya que el primero de ellos señala que las hipótesis de procedencia que preveía el numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente en el arábigo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), establece que tendrá el carácter de resolución definitiva, sea expresa o ficta, la que constituya el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial; requisitos que, como ya se evidenció, el oficio impugnado en el contradictorio de origen no posee.
"A su vez, tampoco le favorece el diverso criterio del que deriva que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la publicación preliminar de los datos del contribuyente en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación al constituir un acto de imposible reparación, por ser un aspecto ajeno a la litis de la resolución reclamada en la presente instancia constitucional, atinente a que el oficio mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación no es la resolución definitiva a que dicho precepto se refiere para efectos de su impugnación a través del juicio contencioso administrativo. ... (sic)."
2. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo directo 644/2017.
I. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una persona moral promovió juicio contencioso administrativo, en el que demandó la nulidad del oficio por medio del cual la Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, determinó que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, a efecto de considerar con efectos generales que los comprobantes fiscales que expiden no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
II. El asunto fue tunado a la Primera Sala del tribunal aludido, cuya Magistrada instructora admitió la demanda en la vía ordinaria.
III. Agotado el trámite de ley correspondiente, la Magistrada instructora emitió sentencia en el sentido de declarar improcedente el juicio contencioso administrativo promovido por la actora y, consecuentemente, sobreseer en el asunto.
IV. Inconforme con dicha determinación, la actora promovió juicio de amparo directo, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el cual radicó el asunto y lo admitió a trámite.
V. Previo trámite de ley conducente, en sesión celebrada el veintidós de febrero del dos mil dieciocho, por unanimidad de votos, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, emitió sentencia en el sentido de conceder el amparo solicitado, al estimar lo siguiente:
"Pues bien, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en el que se apoyó la Sala responsable para determinar que la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen no causa un agravio en materia fiscal a la ahora parte quejosa, dice:
"(lo transcribe)
"Expuesto lo anterior, y con la finalidad de determinar si el oficio impugnado en el juicio de nulidad es o no una resolución definitiva, y si causa o no un agravio en materia fiscal a la parte quejosa, susceptible de ser impugnada mediante juicio contencioso administrativo, es pertinente conocer su contenido (fojas diez, once y veintidós, del juicio de nulidad de origen), a saber:
"...
"Como se observa, el oficio impugnado en el juicio de nulidad de origen consiste, ciertamente, en una resolución emitida en el procedimiento administrativo regulado por el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en el cual debía dilucidarse si la contribuyente ... Sociedad Anónima de Capital Variable –entre otras, referidas en el anexo 1, del citado oficio–, emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
"En dicha resolución impugnada, la autoridad emisora fue concluyente en el sentido de que las contribuyentes incluidas en el listado identificado como anexo 1, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos que se señalarían en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de los contribuyentes listados, que se publicaría en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx), así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen efecto fiscal alguno, como lo establece el cuarto párrafo del citado artículo 69-B, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo ese tipo de operaciones, y que no obstante estar debidamente notificados, no comparecieron a deducir sus derechos ante la propia autoridad fiscal.
"Con base en lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que, opuesto a lo resuelto por la Sala responsable, el acto impugnado en el juicio de nulidad sí debe ser considerado como una resolución definitiva, atacable mediante el juicio contencioso administrativo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece:
"...
"Lo anterior es así, pues si bien es cierto como consideró la Sala responsable, que en el acto impugnado no se determinó a cargo de la actora algún crédito fiscal, ni se fijaron las bases para su liquidación; lo cierto es que con ella quedó definitivamente resuelto, sin posibilidad de ulterior modificación, que la contribuyente ... Sociedad Anónima de Capital Variable –entre otras, referidas en el anexo 1, del citado oficio–, ahora quejosa, emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, por lo que se ubica en forma definitiva en la hipótesis normativa prevista en el artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se consideró que con efectos generales que los comprobantes fiscales expedidos por dicha contribuyente no producen efecto fiscal alguno; lo que denota, como aduce la parte quejosa en el concepto de violación que se analiza, el agravio en materia fiscal que justifica la promoción del juicio de nulidad.
"Esto es, por virtud del oficio impugnado, mientras no sea anulado, ya no será posible en forma alguna otorgar valor fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por la ahora quejosa, al aparecer en la lista de operaciones fraudulentas a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
"En estas condiciones, es claro que la autoridad fiscalizadora queda en posibilidad de liquidar un crédito fiscal a cargo de la contribuyente, ahora quejosa, sobre la base de que se resolvió con efectos generales que los comprobantes fiscales expedidos por la contribuyente no producen efecto fiscal alguno; es decir, dichos comprobantes fiscales no tendrán valor alguno, al haber quedado resuelto esa situación en forma definitiva, de no analizarse la legalidad del oficio impugnado en el juicio de nulidad de origen.
"De ahí que se estime que el oficio impugnado sí ocasiona a la parte quejosa un agravio en materia fiscal y que se trata, se insiste, de una decisión definitiva, emanada de un procedimiento administrativo regulado por el Código Fiscal de la Federación, donde se dispuso un mecanismo mediante el cual los destinatarios de los comprobantes fiscales presuntamente fraudulentos, tratarían de demostrar que sí llevaron a cabo las actividades u operaciones en ellas amparadas, y en el cual, luego de ponderar los argumentos y pruebas del interesado, la autoridad fiscal emitiría la resolución correspondiente, la cual en este caso fue adversa a los intereses de la quejosa.
"Cabe agregar que, opuesto a lo que resolvió la Sala responsable en la sentencia reclamada en el sentido de que en la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen, sólo se hace constar que ya transcurrió el plazo para que se proceda a la publicación del listado a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; se advierte que el oficio de cuenta en sí mismo le ocasiona concretos y específicos agravios en materia fiscal, tanto en lo relativo a la definitiva ineficacia de ciertos comprobantes fiscales, como eventualmente en el hecho de haber considerado que actuó fraudulentamente frente al fisco federal; lo cual evidentemente le causa un perjuicio en materia fiscal, al quedar demostrado que en el acto impugnado no sólo se hace constar que ya transcurrió el plazo para que se proceda a la publicación del listado a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como resolvió la Sala responsable, sino que se consideró a la contribuyente, ahora quejosa, que se encuentra definitivamente en la presunción de operaciones inexistentes, por lo que no producirán efectos jurídicos los comprobantes fiscales emitidos, lo cual en sí mismo, le causa un agravio en materia fiscal.
"En tales condiciones este órgano colegiado considera que es fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, por lo que resulta procedente concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal.
"Habiendo resultado fundado el argumento analizado, sería ocioso examinar el restante planteamiento que hace valer la parte quejosa, en el que aduce medularmente que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los principios de exhaustividad y congruencia, porque desde su escrito de demanda de nulidad planteó que la resolución impugnada, tiene su origen en el diverso oficio número ... el cual se encuentra sub júdice en el diverso juicio de nulidad 4052/16-11-01-9, del índice de la propia Sala responsable; pues por virtud de los argumentos que se declararon fundados, la sentencia reclamada quedará insubsistente.
"...
"Finalmente, respecto de los alegatos formulados por la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de México ‘2’, en representación del titular de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, debe decirse que conforme al artículo 181 de la Ley de Amparo, al admitir la demanda, el presidente del Tribunal Colegiado ordenará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten los alegatos o promuevan amparo adhesivo.
"Lo anterior pone en evidencia que la intención del legislador fue incluir la figura jurídica de los alegatos dentro del juicio de amparo directo, como un derecho procesal de las partes, con la finalidad de darles oportunidad de fortalecer su punto de vista, por lo que el órgano colegiado, al emitir la sentencia respectiva, debe pronunciarse respecto de los alegatos, bajo ciertas reglas.
"Se cita en apoyo de las anteriores consideraciones, la jurisprudencia (I Región)8o. J/2 (10a.) ...
"Así las cosas, debe decirse que son infundados los argumentos que hace valer la autoridad tercera interesada en los alegatos que formula, en el sentido de que, por un lado, la resolución impugnada en el juicio de nulidad, no es impugnable a través de ese juicio, ya que la misma no va dirigida a la empresa quejosa, y sólo se hace constar que han transcurrido más de cuarenta y cinco días desde la notificación a la contribuyente de la resolución definitiva y que se acompaña el anexo 1, que contiene el nombre de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, a fin de que proceda a la publicación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y en el Diario Oficial de la Federación; y por la otra, que son inoperantes los argumentos de la parte quejosa que hace valer en su concepto de violación, porque constituyen una transcripción literal de los conceptos de impugnación de su demanda de nulidad, pero sin esgrimir concepto de impugnación alguno en contra del fallo reclamado.
"Se dice que son infundados los anteriores argumentos porque como se expuso, en la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen, no sólo se hace constar que ya transcurrió el plazo para que se proceda a la publicación del listado a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, sino que se considerara la contribuyente, ahora quejosa, que efectuó actos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación; lo cual le ocasiona concretos y específicos agravios en materia fiscal, tanto en lo relativo a la definitiva ineficacia de ciertos comprobantes fiscales, como en el hecho de haber considerado que actuó fraudulentamente frente al fisco federal; amén de que, opuesto a lo que aduce la autoridad tercera interesada, el único concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, no constituye una reiteración de los conceptos de impugnación de la demanda de nulidad, sino que constituye un verdadero razonamiento encaminado a controvertir frontalmente, por sus propios motivos y fundamentos, la sentencia reclamada; por lo que como se adelantó, devienen infundados los alegatos formulados por la autoridad tercera interesada. ... (sic)."
CUARTO.—Existencia o no de la contradicción de tesis. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 72/2010, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio prevé lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)
De la jurisprudencia transcrita se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En tal virtud, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tam
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29571-d89d7053/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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