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Modo: Corpus Pro

COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO SON IMPRESOS POR ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS QUEDA SUJETO A LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 226/2014. · Registro digital (IUS): 25383
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-12-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 299.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 226/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 8 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, que establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por **********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, en el juicio de amparo 355/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, personalidad que se le reconoció mediante proveído de doce de junio de dos mil trece.

TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver amparo directo 355/2013 en sesión del cinco de septiembre de dos mil trece, en la parte que interesa, sostuvo:

"... En el concepto de violación CUARTO la impetrante del amparo, refiere que la Sala responsable apreció en forma incorrecta la resolución impugnada dentro del juicio de origen, así como lo establecido por el tercer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.4.11 de la Miscelánea Fiscal.

"Lo anterior, porque el juzgador fijó la litis de manera incorrecta pues refirió en esencia: que el requisito fiscal que la autoridad estimó incumplido no consistió en que la actora no verificó que los datos del impresor autorizado que imprimió los comprobantes fiscales fueran correctos, sino en concreto que no fueron emitidos por un impresor autorizado... esto es, que la obligación de verificar que los datos del impresor sean correctos no le corresponde.

"Refiere que el hecho de que los comprobantes fiscales rechazados por la autoridad demandada dentro del juicio de nulidad, supuestamente no contaban con el requisito fiscal de haber estado impresos por establecimiento autorizado, establece una carga al usuario de dichos comprobantes fiscales, de verificar que se encuentren impresos por un establecimiento autorizado. Pero indica que para cumplir con el requisito de que las facturas deban estar impresos por un impresor autorizado, ¿no necesariamente se tendrá que verificar si efectivamente, está autorizado o no dicho impresor?, por lo que estima ilegal lo aseverado por la responsable, ya que estima no ser obligación la parte quejosa de verificar si es o no correcto dicho requisito.

"En otro aspecto, refiere que la responsable interpretó de manera incorrecta la regla general 2.4.11 de la resolución miscelánea fiscal, ya que a su entender, dicha regla exime a los contribuyentes de verificar que sean correctos los datos de la persona que expide el comprobante pero no así de que los comprobantes no hayan sido impresos en un establecimiento autorizado. Luego indica, que el beneficio que establece dicha regla, consiste en la obligación de cerciorarse de que los datos de la persona que expide un comprobante fiscal sean los correctos, y en cualquiera de los dos supuestos ahí establecidos se tendrá por cumplida, por lo que estima que la Sala responsable se circunscribe a sostener que sin importar lo que establezca el tercer párrafo y la regla referida, los comprobantes deben estar impresos por establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual es arbitrario e ilegal.

"Insiste en que la Sala fiscal sostuvo; que el hecho de que hubiese sido efectuado el pago de la contraprestación mediante cheque nominativo, de ninguna manera implica que por esa sola circunstancia el acreditamiento sea procedente sin importar si el comprobante reúne o no todos los requisitos fiscales (como el haber sido impreso en un establecimiento autorizado), pues con ello sólo se considera que el contribuyente cumplió con la obligación de cerciorarse de que los datos relativo al nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos, son los correctos.

"Lo que a su decir es incorrecto porque era necesario que la Sala observara lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, así como la regla referida, ya que son las que establecen las hipótesis para tener por cumplido el requisito de verificar los datos del impresor de los comprobantes fiscales.

"Resultan infundados los conceptos de violación que se hacen valer, porque como bien lo estimó la Sala fiscal la litis del juicio contencioso no debe circunscribirse únicamente a resolver si la actora se cercioró que los datos precisados en el tercer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, fueran correctos o no, más bien el fondo del asunto se constriñó a resolver si los comprobantes fiscales fueron impresos o no, en un establecimiento autorizado.

"Lo expuesto es así, porque la impetrante del amparo no puede beneficiarse de un comprobante que resultó ilegal, dado que la autoridad demandada descubrió que los comprobantes exhibidos por la contribuyente no cumplieron con los requisitos de haber sido impresos en un establecimiento autorizado, por lo que aun cuando a la contribuyente no le correspondiera la carga de probar que de antemano se cercioró de la autorización del citado establecimiento; lo cierto es que, al opositor sí le correspondía desvirtuar la afirmación de la autoridad hacendaria relativa a que los comprobantes aportados por la contribuyente no fueron impresos por establecimientos autorizados, irregularidad que se debió probar, sin que en el juicio de nulidad se hiciera, pues ningún elemento de prueba se aportó al respecto.

"De ahí que resultara insuficiente que la actora fundara su defensa en la sola afirmación de no estar obligada a demostrar que los comprobantes debían estar impresos por establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Finalmente, son infundadas las aseveraciones de la quejosa en el sentido de que sí cumplió con lo previsto en el artículo 29 del invocado código tributario, así como la regla 2.4.11 de la resolución Miscelánea Fiscal para dos mil seis, pues contrario a su afirmación, la autoridad demandada demostró en el juicio que las facturas fueron rechazadas por haber presentado alteraciones que a simple vista no fueron detectadas por la actora, empero, una vez que se verificó su autenticidad, se advirtió que éstas presentaron irregularidades, por lo que al ser documentos no verificables, resultaron válidamente rechazados por la demandada, todo lo cual revela que sus conceptos de violación resulten infundados al no acreditarse la vulneración a sus garantías de legalidad.

"En congruencia con lo anterior, es infundada la parte del cuarto concepto de violación, en la que la quejosa alega en su favor la aplicación de la tesis 2a./J. 160/2005 de rubro: ‘COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN.’; empero, este criterio es en el sentido de que el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación se establecen los requisitos formales que deben reunir los comprobantes fiscales, respecto de los cuales, en términos del tercer párrafo del artículo 29 de ese ordenamiento, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad; asimismo, por lo que hace a los datos a que se refiere la fracción I del artículo primeramente citado, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante, el usuario del documento debe cerciorarse de que dichos datos se contengan en él, ya que de ello deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo.

"Asimismo, que dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente, a favor de quien se expide el comprobante, a verificar que esos datos estén impresos en el documento y no la comprobación del cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor, pues su obligación se limita a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora.

"Sin embargo, el criterio contenido en dicha tesis resulta inaplicable en favor de la aquí quejosa, pues en este caso, la autoridad demandada en forma alguna obligó al contribuyente a la comprobación del cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor de las constancias, sino que la autoridad demostró que los comprobantes exhibidos por la contribuyente no cumplieron con los requisitos de haber sido impresos en un establecimiento autorizado, en los términos que ya fueron expuestos en esta ejecutoria."

Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 961/2013, en sesión del diez de octubre de dos mil trece, sostuvo en la parte que interesa,(2) lo que a continuación se transcribe:

"Finalmente, en diversas partes de la demanda, la quejosa cuestiona la decisión de la Sala en cuanto a que fue ajustado a derecho que la autoridad fiscal no aceptara la deducción ni acreditamiento de los gastos amparados en diversas facturas.

"Para combatir esa determinación, la agraviada sostiene que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para la procedencia de esos beneficios fiscales, el contribuyente únicamente tiene la obligación de cerciorarse de que el comprobante contenga los requisitos enunciados, en forma limitativa, en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, sin que sea un motivo para negar la deducción o acreditamiento de las eventuales irregularidades en la expedición de facturas, atribuibles únicamente a la persona que las emite.

"Para resolver el tema jurídico suscitado, es conveniente citar el contenido de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación: (se transcriben)

"El párrafo primero y segundo del artículo 29 están dirigidos a quienes tienen obligación legal de expedir comprobantes y les impone la carga de que éstos contengan los requisitos previstos en el artículo 29-A del código tributario federal, así como de que sean impresos en los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"El párrafo tercero del artículo mencionado, establece que para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes que se expidan por las actividades que se realicen, las personas físicas o morales deberán cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los comprobantes son correctos, así como verificar que contienen los datos previstos en el artículo 29-A.

"Este último precepto, en la fracción VIII, prevé que los comprobantes a que se refiere el artículo 29, además de contener los requisitos mencionados, deben indicar la fecha de su impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

"Como se advierte, el tercer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación está dirigido a quien recibe el comprobante y a él se le consigna una obligación concreta, consistente, en cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante sean correctos, así como verificar que los comprobantes contienen los datos que señala el diverso 29-A que, en su fracción VIII, establece que deben indicar la fecha de la impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

"En otras palabras, la obligación de quien recibe la factura es verificar que en el comprobante fiscal se asiente la fecha en que fue impreso y los datos de identificación del impresor, pero no le impone el deber de cerciorarse de que proviene de un establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"En efecto, la obligación consignada a cargo de quienes reciben comprobantes fiscales es expresa, por lo que se debe concluir que aquellas personas físicas o morales que reciben comprobantes fiscales no están obligadas a asegurarse de que el impresor esté habilitado para tal efecto.

"Consecuentemente, si quien pretende deducir o acreditar fiscalmente exhibe comprobantes que reúnen los requisitos señalados en los artículos 29, párrafo tercero, y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que se refieren al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expide, así como la fecha en que fue impreso y los datos de identificación del impresor, su proceder es correcto, habida cuenta de que tales comprobantes son aptos para justificar las deducciones y el acreditamiento.

"Lo anterior, es lógico pues, como ya se dijo, la obligación de que los comprobantes sean impresos por establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde a quien los expide y, por ende, su incumplimiento no puede afectar a quienes los reciben, porque el párrafo tercero del artículo 29, relacionado con la fracción VIII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación no establece obligaciones correlativas.

"Sirve de sustento, por el criterio que informa, la jurisprudencia 2a./J. 160/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 762, que establece:

"‘COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN.’ (se transcribe)

"En la resolución que originó la jurisprudencia transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó: (se transcribe).

Así, el contribuyente que pretenda beneficiarse con el comprobante fiscal queda sujeto a verificar que los datos relativos a la fecha en que fue impreso y la identificación del impresor consten en aquél, es decir, sólo está obligado a la revisión de la información contenida en dicho comprobante, pero la legislación fiscal no le impone el deber de comprobar, materialmente, que quien lo extendió lo haya impreso en un establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que el incumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa que expidió el comprobante fiscal a favor de la accionante no puede trascender en perjuicio de ésta.

"Es decir, el derecho de los contribuyentes de acceder a un beneficio fiscal no puede estar sujeto al cumplimiento de obligaciones formales que no le son imputables, máxime que los requisitos exigidos por ley para el ejercicio del derecho de deducción o acreditamiento no deben interpretarse tan extensivamente que lo hagan imposible o excesivamente oneroso, como sería imponer a aquéllos la carga de asumir facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones de otros contribuyentes -como pudiera ser la impresión de comprobantes ante un editor autorizado- pues tal labor no les corresponde.

"En el caso, la autoridad hacendaria advirtió deducciones e impuesto acreditable indebidamente declarados por las cantidades de $********** (**********) y $********** (**********), respectivamente, por diversas compras amparadas en comprobantes fiscales cuya expedición no fue reconocida por la persona que aparece en ellas como editor.

"En ese sentido, es ilegal la conclusión adoptada por el tribunal del conocimiento, si se toma en cuenta que, respecto del punto cuestionado, la fracción VIII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación dispone que los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de la misma ley deben indicar la fecha de la impresión y datos de identificación del impresor autorizado, pero no obliga a quien recibe tales comprobantes a verificar que hayan sido elaborados por establecimientos autorizados.

"En otras palabras, no es exigible a la contribuyente la carga de indagar o verificar si el impresor que aparece en las facturas efectivamente las editó, dado que no existe precepto legal que la conmine a hacerlo; además de que, en la práctica, sería una labor que le desviaría significativamente de sus ocupaciones, toda vez que podrían ser innumerables las facturas con los diversos proveedores que tendría que verificar para tener la certeza de su impresión; además de que los editores no estarían obligados a proporcionarle la información.

"No debe perderse de vista que la obtención de facturas ante un editor autorizado es fruto del cumplimiento de una obligación a cargo de quien expide el comprobante y, por ello, una eventual irregularidad en ese aspecto no puede trascender en perjuicio de quien pretende beneficiarse del documento, incluso, porque tratándose de relaciones comerciales, se parte de la buena fe de las partes involucradas.

"Es decir, aquella persona a favor de quien se expide la factura parte de la base de que se trata de un documento impreso en un lugar que cuenta con permiso para tal fin, y por ello no resulta válido que la autoridad hacendaria desconozca esa buena fe; admitir lo contrario supondría dejar en estado de indefensión a los contribuyentes, pues no corresponde a ellos la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de comprobantes fiscales a cargo de las personas con quienes celebran actos de comercio, sino que como se dijo, su labor de cercioramiento se limita a los datos que líneas arriba se detallaron.

"Además, debe hacerse énfasis en el hecho de que la autoridad no puso en duda que los gastos amparados en las facturas que analizó se hubieran realizado, tan es así que tomó en cuenta las pólizas de los cheques que se libraron por dichas erogaciones, sino que cuestionó la regularidad de los comprobantes fiscales bajo la óptica de que no se tiene certeza de que las negociaciones que los expidieron los hayan obtenido de un editor autorizado.

"En cuanto al tópico examinado, este Tribunal Colegiado sostuvo similar criterio al resolver, por unanimidad de votos, la revisión fiscal RF-27/2012-480 en sesión de doce de abril de dos mil doce.

"No está por demás agregar que el criterio jurisprudencial en que la responsable sustentó su determinación en cuanto a la inviabilidad de dar valor a las facturas analizadas fue abandonado por la Segunda Sala del Alto Tribunal al fallar la contradicción de tesis 535/2012, de la cual derivó el diverso 2a./J. 87/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 717, que establece: ‘COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA. 2a./J. 161/2005).’ (se transcribe)

"Ante lo fundado del argumento examinado, lo que se impone es otorgar el amparo solicitado, cuyo efecto inmediato y directo es la ineficacia jurídica de la sentencia reclamada, quedando obligada la Sala a emitir otra en la que, por una parte, reitere las consideraciones que no son materia de la protección constitucional y, por otra, declare la nulidad de las resoluciones administrativas impugnada y recurrida para que, además de los efectos que ya quedaron firmes dada la decisión adoptada por este órgano al resolver en sesión de esta misma fecha la revisión fiscal RF-594/2013, la autoridad hacendaria, dejando de considerar el aspecto relativo a que las facturas no fueron impresas por editor autorizado, determine la procedencia de las deducciones y acreditamiento declarados por la contribuyente al amparo de esos comprobantes fiscales, y resuelva lo que en derecho proceda."(3)

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.

Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 (Número de Registro digital: 164120), cuyos rubro y datos de publicación son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)

De la lectura de las ejecutorias que participan en la presente denuncia, se advierte que en el caso sí se verifica la divergencia de criterios, en tanto que ambos órganos colegiados se pronunciaron sobre un mismo problema jurídico, a saber, sobre la interpretación de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, arribando a posturas divergentes en relación con los alcances de los comprobantes fiscales que fueron impresos por un establecimiento no autorizado para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sobre este tópico, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, determinó:

a) Que la litis se constriñó en determinar si los comprobantes fiscales fueron impresos o no, en un establecimiento autorizado.

b) Que la quejosa no puede beneficiarse de un comprobante que resultó ilegal, dado que la autoridad demandada descubrió que los comprobantes exhibidos por la contribuyente no cumplieron con los requisitos de haber sido impresos en un establecimiento autorizado.

c) Que aun cuando a la contribuyente no le correspondiera la carga a probar que de antemano se cercioró de la autorización del citado establecimiento; lo cierto es que, al opositor sí le correspondía desvirtuar la afirmación de la autoridad hacendaria relativa a que los comprobantes aportados por la contribuyente no fueron impresos por establecimientos autorizados.

d) Que por tanto, son infundadas las aseveraciones de la quejosa en el sentido de que sí cumplió con lo previsto en el artículo 29 del invocado código tributario, así como la regla 2.4.11 de la resolución Miscelánea Fiscal para dos mil seis, pues contrario a su afirmación, la autoridad demandada demostró en el juicio que las facturas fueron rechazadas por haber presentado alteraciones que a simple vista no fueron detectadas por la actora, así como que una vez que se verificó su autenticidad, se advirtió que éstas presentaron irregularidades, por lo que al ser documentos no verificables, resultaron válidamente rechazados por la autoridad.

e) Que la tesis 2a/J. 160/2005, de rubro: "COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN."; no es aplicable porque en él sólo se señala que el contribuyente tiene obligación de verificar los requisitos formales que deben reunir los comprobantes fiscales; cuestión diversa al caso en el que la autoridad demostró que los comprobantes exhibidos por la contribuyente no cumplieron con los requisitos de haber sido impresos en un establecimiento autorizado sin que ello se le imputara al agraviado.

En tanto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, concluyó:

a) Que del contenido de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación deriva la obligación de quien recibe la factura de verificar que en el comprobante fiscal se asiente la fecha en que fue impreso y los datos de identificación del impresor, pero no le impone el deber de cerciorarse de que proviene de un establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b) Que por ello, si quien pretende deducir o acreditar fiscalmente exhibe comprobantes que reúnen los requisitos señalados en los aludidos preceptos, su proceder es correcto, habida cuenta de que tales comprobantes son aptos para justificar las deducciones y el acreditamiento.

c) Que ello es así porque la obligación de que los comprobantes sean impresos por establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde a quien los expide y, por ende, su incumplimiento no puede afectar a quienes los reciben, porque el párrafo tercero del artículo 29, relacionado con la fracción VIII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación no establece obligaciones correlativas.

d) Apoyó esa determinación, en el criterio que informa la jurisprudencia 2a./J. 160/2005 de la que deriva que el contribuyente que pretenda beneficiarse con el comprobante fiscal queda sujeto a verificar que los datos relativos a la fecha en que fue impreso y la identificación del impresor consten en aquél, es decir, sólo está obligado a la revisión de la información contenida en dicho comprobante, pero la legislación fiscal no le impone el deber de comprobar, materialmente, que quien lo extendió lo haya impreso en un establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

e) Que el incumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa que expidió el comprobante fiscal a favor de la accionante no puede trascender en perjuicio de ésta.

f) El derecho de los contribuyentes de acceder a un beneficio fiscal no puede estar sujeto al cumplimiento de obligaciones formales que no le son imputables, máxime que los requisitos exigidos por ley para el ejercicio del derecho de deducción o acreditamiento no deben interpretarse tan extensivamente que lo hagan imposible o excesivamente oneroso, como sería imponer a aquéllos la carga de asumir facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones de otros contribuyentes.

g) Que aquella persona a favor de quien se expide la factura parte de la base de que se trata de un documento impreso en un lugar que cuenta con permiso para tal fin, y por ello no resulta válido que la autoridad hacendaria desconozca esa buena fe.

h) Que lo anterior, se aúna al hecho de que la Segunda Sala de este tribunal, al fallar la contradicción de tesis 535/2012, de la cual derivó el diverso 2a./J. 87/2013 (10a.), de rubro: "COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [abandonó el criterio de la diversa jurisprudencia 161/2005]."

Como deriva de las ejecutorias que contienden se observa -como se anticipó-, que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan, concluyeron en forma opuesta en torno a la problemática consistente en determinar si el comprobante impreso por un establecimiento no autorizado carece por ese solo hecho, de eficacia para acreditar la operación que ampara, partiendo para ello de si el cercioramiento de tal deber corre o no, a cargo del contribuyente.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó, que tal comprobante es apto para que el contribuyente justifique lo que pretende, en tanto que este actúa de buena fe y no existe obligación legal a cargo de éste de cerciorarse de que el tercero emisor cumple con sus obligaciones fiscales entre ellas, de que el impresor se encuentra debidamente autorizado, en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, estimó que aunque no existe tal obligación a cargo del contribuyente, el comprobante fiscal no puede tener efectos a favor porque no cumple con los requisitos legales para ello.

No es óbice para tener por configurada la contradicción de tesis, el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito se haya referido a los artículos vigentes en dos mil seis y que el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito haya analizado los preceptos vigentes en dos mil ocho, en tanto que si bien existieron modificaciones en esos numerales, en el aspecto que se analiza, en esta contradicción no sufrieron cambios sustanciales y por ello, puede establecer una conclusión para ambas anualidades.

Lo anterior, se aprecia gráficamente en el siguiente comparativo:

Ver cuadro comparativo

Por tanto, el punto jurídico a dilucidar en la presente contradicción consiste en determinar si los comprobantes fiscales impresos por establecimientos no autorizados, pueden o no surtir efectos respecto del contribuyente que los exhibe con el propósito de justificar una deducción o acreditamiento.

QUINTO. Estudio. A efecto de diluci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25383-f5fdb4cf/comprobantes-fiscales-su-valor-probatorio-cuando-son-impresos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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