COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 535/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: JUAN PABLO RIVERA JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la anterior Ley de Amparo, aplicable en términos del artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; así como en el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Asimismo, esta Segunda Sala considera que aunque la nueva Ley de Amparo fue promulgada el pasado primero de abril de dos mil trece, y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha dictado los acuerdos generales para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como tampoco han transcurrido los noventa días establecidos para ello en el artículo décimo primero transitorio del decreto.
Por tanto, hasta que no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, esta Segunda Sala asume el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
En la especie, es aplicable la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo 2012, Décima Época, Pleno, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro 2000331]
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la anterior Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por **********, por conducto de **********, su autorizada en términos de lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, quien figuró como parte quejosa en el **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, órgano colegiado que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la **********, promovida por el administrador local jurídico de Xalapa, unidad administrativa encargado de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y del administrador de la Aduana de Tuxpan, en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil once.
Los antecedentes en el juicio de origen son:
• Mediante escrito sin fecha **********, por su propio derecho, promovió ante la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en un oficio sin número, de treinta de enero de dos mil ocho, emitido por la subadministradora de la Aduana de Tuxpan, Veracruz, en la que se determinó un crédito fiscal, por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, recargos y multas; sustancialmente, la autoridad fiscal determinó que no se acreditó la legal estancia en el país de una maquinaria; lo anterior, atendiendo al contenido de la factura presentada por el contribuyente.
Dentro de los argumentos hechos valer por el contribuyente destaca el marcado como tercero, en el que sostuvo que la resolución impugnada era ilegal, pues en ella se estableció que con la factura exhibida no se acreditaba la legal estancia en el país de la maquinaria; lo anterior, bajo la consideración de que, al llevar a cabo la verificación de la persona que expidió la referida factura en su domicilio fiscal, no fue localizado, siendo que el contribuyente sólo tenía que cumplir con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en ninguna parte se señala que para tener por requisitado el domicilio fiscal sea necesario localizar al contribuyente que expidió el comprobante fiscal en el domicilio que éste haya señalado.
• La Sala Regional del conocimiento argumentó que la copia de la factura y el pedimento de importación amparaban la máquina retroexcavadora de serie **********, en tanto que la retroexcavadora encontrada físicamente ostentaba la serie ********** y, además, la factura exhibida sí cumple con los requisitos exigidos por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que no establece a cargo de la persona que recibe el comprobante del bien o servicio que adquirió, la carga o el requisito de que se haga necesario comprobar que quien le expidió dicho comprobante se encuentre localizable en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, para que sólo en ese caso el mismo sea válido, sino que el único requisito que en ese sentido establece, es el relativo a que el comprobante fiscal (factura) contenga impreso el domicilio fiscal de quien lo expidió.
• Inconforme con la determinación anterior, el administrador local jurídico de Xalapa interpuso recurso de revisión, en el que, por una parte, impugnó la valoración de la prueba pericial hecha por la Sala responsable y, por otra, insistió en el hecho de que si la persona que expidió la factura no se encuentra localizable, dicha factura no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y, por ende, no acreditaba la legal estancia de la maquinaria.
• El Tribunal Colegiado emitió sentencia en la que confirmó la validez de la resolución por lo siguiente:
1. Declaró infundados los argumentos referentes a la valoración de la prueba pericial.
2. Determinó que la existencia del domicilio del contribuyente que expidió la factura no es precisamente una obligación del contribuyente a favor de quien se otorgó, la cual, en todo caso, sólo se limita a la revisión de los datos que, de acuerdo al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, deban contener los comprobantes relativos.
El Tribunal Colegiado estimó:
"IV. Sobre la base que es incierto que la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Xalapa, Veracruz, al dictar el dos de agosto de dos mil diez la sentencia definitiva en el juicio ********** y su acumulado **********, ahora recurrida, haya omitido analizar el contenido íntegro de los razonamientos vertidos en la contestación al libelo natural, pues de la misma se aprecia lo contrario, deben declararse ineficaces los demás agravios transcritos. ... En efecto, así son aquellos en los que el administrador local jurídico de Xalapa, encargado de la defensa jurídica del secretario de hacienda y crédito público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y del administrador de la Aduana de Tuxpan, aduce, esencialmente, que en esa sentencia dicha Sala indebidamente ‘deja de considerar los argumentos expuestos al momento de contestar la demanda en el sentido de que ni el pedimento de importación, ni la factura expedida por la parte actora resultaban documentos suficientes para acreditar la legal estancia en el país de la máquina retroexcavadora marca Case, modelo 580 L, serie **********, perdiendo de vista que dichos documentos no cumplen con dicho objetivo’ (foja 9), ya que ‘es de explorado derecho y por lógica jurídica, que el dictamen pericial debe versar sobre la mercancía materia de la litis, sin embargo, en el presente asunto la juzgadora en una resolución, por demás deficiente, pretende otorgarle valor probatorio a una prueba basada en un objeto totalmente diferente al que fue materia de litis en el juicio de nulidad, ello es así, en virtud de que el perito tercero en discordia, tal como se advierte de su propio dictamen, jamás tuvo a la vista la retroexcavadora marca Case, modelo 580 L, año 2000’ (foja 11 vuelta), que ‘de las respuestas que el perito tercero en discordia da al cuestionario, se puede advertir que concluye que, de la verificación efectuada a maquinarias similares a la que se encuentra en controversia, en forma similar debe estar en una placa gravado el número de serie que identifica la retroexcavadora, propiedad de la empresa **********; sin embargo, tal conclusión no puede tener ningún valor probatorio, puesto que el resultado del mismo se encuentra basado en una verificación que el perito tercero realiza respecto de retroexcavadoras distintas a la que fue materia de juicio de nulidad, por lo tanto, es evidente la ilegalidad de la sentencia de mérito’ (foja 13), que ‘no se debe perder de vista que para que una factura sea considerada como comprobante fiscal y adquiera el carácter de prueba idónea, como en el presente caso, con el fin de acreditar la legal estancia en el país de la maquinaria en controversia, ésta se encuentra condicionada a reunir los requisitos que para tal efecto se establecen en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, motivo por el cual el hecho de que dicho comprobante fiscal no cuente con un solo requisito, como lo es el domicilio fiscal de la persona que expide la factura, es razón suficiente para considerarla improcedente para tal acreditamiento, tal como lo determinó la Aduana de Tuxpan al momento de emitir la resolución impugnada’ (foja 17), y que ‘lo anterior en virtud de que tal y como se sostuvo en el escrito de contestación de demanda que al efecto se realizó, de la compulsa realizada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, a solicitud de la Aduana de Tuxpan, a fin de acreditar la legalidad de la factura exhibida por la parte actora en el juicio de nulidad, arrojó como resultado que el C. **********, persona quien expidió la citada factura, no fue localizado, por lo que la citada factura no ampara la legal importación, tenencia, transporte y/o manejo de la retroexcavadora de cucharón de accionamiento hidráulico, autopropulsada, marca Case, modelo 580 L, número de serie **********, con capacidad máxima de carga de 9,072 kg, de origen extranjera, lo anterior por contener un domicilio distinto al domicilio fiscal de la persona que expidió dicha factura, careciendo, por ende, de dicho requisito, contraviniendo lo establecido en el artículo 146, fracción III, de la Ley Aduanera vigente en relación con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación’ (foja 19 vuelta), puesto que en contra de lo alegado, por una parte, del dictamen en materia de ingeniería mecánica elaborado por el perito tercero en discordia, **********, nombrado por la repetida Sala Regional, particularmente, de las respuestas a las preguntas marcadas con los incisos a), y c), que se le formularon en el sentido de que ‘diga el perito dónde se encuentra plasmado el número de serie relativo a la identificación de la retroexcavadora marca Case, modelo 580 L, año 2000, que fue embargada’, y que ‘manifieste el perito cuál es el número de serie que identifica la retroexcavadora marca Case, modelo 580 L, año 2000, que fue ilegalmente embargada’, en las que dicho profesionista contestó que ‘el número de serie que identifica dicha máquina se encuentra en el chasis, al costado izquierdo desde la perspectiva del operador o conductor del equipo, en una placa color metálico en material de aluminio con número gravado y adherida a la estructura de la misma, con unas medidas aproximadas de 5 cm por 8 cm, corroborando lo anterior, con la inspección física y estudio de los manuales de este tipo de maquinaria, mismos que existen en autos, pero además con la verificación realizada a una retroexcavadora pero del modelo 580 M, año 2008 de la misma marca Case, en la empresa **********, donde fui atendido por el **********, quien me permitió tomar las placas fotográficas que anexo a este dictamen (se anexa tarjeta con teléfonos y dirección del entrevistado). Posteriormente, para obtener una segunda versión sobre la investigación detallada, me permití acudir con el **********, quien es el gerente de la empresa **********, en la ciudad de Veracruz; esta persona me mostró maquinaria de esa marca y pude constatar que, al igual que la retroexcavadora propiedad de la parte actora una similar marca Case modelo 580 M año 2008, cuenta con esa placa color metálico, explicándome dicha persona que es el número de serie que identifica la retroexcavadora, situado en esa misma placa, corroborando lo anterior con un representante técnico de la planta ubicada en la ciudad de Querétaro, Qro. En el folleto anexo se aprecian los datos de esta empresa representante y distribuidora de la marca Case, en la República Mexicana. Al efecto, me fueron proporcionados por dicha persona catálogos sobre la maquinaria en cuestión y una tarjeta de presentación, mismos que adjunto a este dictamen, en los que en la portada se subraya y se puede apreciar la placa color metálico de la que hablo, y donde concluyó que, en forma similar, debe de estar en una placa gravado el número de serie que identifica la retroexcavadora embargada, propiedad de la empresa **********’ (fojas 1053 y 1054), y que ‘el número de serie que identifica dicha máquina es el **********, el cual se encuentra gravado en una placa metálica de aluminio que se ubica en el chasis y adherida a la estructura de la misma, al costado izquierdo desde la perspectiva del operador o conductor del equipo, con unas medidas aproximadas de 5 cm por 8 cm, corroborando lo anterior, con la inspección física de la misma y estudio de los manuales de este tipo de maquinaria, mismos que existen en autos pero, además, con la verificación realizada a una retroexcavadora similar de la misma marca, en la empresa **********, donde fui atendido por el **********, quien me permitió tomar las placas fotográficas que anexo a este dictamen (se anexa tarjeta con teléfonos y dirección del entrevistado). Posteriormente, para obtener una segunda versión sobre la investigación detallada, me permití acudir con el **********, quien es el gerente de la empresa **********, compañía distribuidora de la marca Case, en la ciudad de Veracruz; esta persona me mostró maquinaria de esa marca y pude constatar que, al igual que la retroexcavadora propiedad de la parte actora una similar marca Case modelo 580 M año 2008, cuenta con esa placa color metálico, explicándome dicha persona que es el número de serie que identifica la retroexcavadora, situado en esa misma placa, corroborando lo anterior con un representante técnico de la planta ubicada en la ciudad de Querétaro, Qro. En el folleto anexo se aprecian los datos de esta empresa representante y distribuidora de la marca Case, en la República Mexicana. Al efecto, me fueron proporcionados por dicha persona catálogos sobre la maquinaria en cuestión y una tarjeta de presentación, mismos que adjunto a este dictamen, en los que en la portada se subraya y se puede apreciar la placa color metálico de la que hablo, y donde concluyó que, en forma similar debe de estar gravado el número de serie ********** que identifica la retroexcavadora embargada, propiedad de la empresa **********’ (fojas 1055 y 1056), así como de lo manifestado en la razón de su dicho, en que dijo que ‘llegué a las anteriores conclusiones, pues utilicé la investigación de campo, que consistió en la verificación física de la misma, manuales del tipo de retroexcavadora embargada, que se encuentran en el expediente y en acudir a la empresa **********, donde fui atendido por el **********, quien me permitió tomar las placas fotográficas que anexo a este dictamen (se anexa tarjeta con teléfonos y dirección del entrevistado). Posteriormente, para obtener una segunda versión sobre la investigación detallada, me permití acudir con el **********, quien es el gerente de la empresa **********, compañía distribuidora de la marca Case, en la ciudad de Veracruz; esta persona me mostró maquinaria de esa marca y pude constatar que, al igual que la retroexcavadora propiedad de la parte actora una similar marca Case modelo 580 M año 2008, cuenta con esa placa color metálico, explicándome dicha persona que es el número de serie que identifica la retroexcavadora, situado en esa misma placa, corroborando lo anterior con un representante técnico de la planta ubicada en la ciudad de Querétaro, Qro. En el folleto anexo se aprecia los datos de esta empresa representante y distribuidora de la marca Case, en la República Mexicana. Al efecto, me fueron proporcionados por dicha persona dos catálogos sobre la maquinaria en cuestión y una tarjeta de presentación, mismos que adjunto a este dictamen.’, se desprende que al inspeccionar físicamente la retroexcavadora embargada, descrita en esas transcripciones, los manuales, folletos e instructivos que se relacionan con la misma y verificar con otras de igual marca y categoría, aunque de modelo más reciente, en la planta ubicada en la ciudad de Querétaro, Querétaro, y en la empresa **********, en Veracruz, Veracruz, distribuidora de aquéllas, dicho experto constató que el número de serie relativo a su identificación que se encuentra en el chasis, al costado izquierdo, desde la perspectiva de su operador, en una placa de aluminio adherida a ella, ‘con unas medidas aproximadas de 5 cm por 8 cm’, es el que debe estar en la factura y en el correspondiente pedimento de importación, no así el que se localiza dentro de la cabina que la individualiza solamente a ésta, pero no a toda la unidad; de ahí que, como en puridad jurídica lo estimó la repetida resolutora, ‘el número de serie correcto que identifica a la retroexcavadora marca Case, modelo 580 L, es el **********’ (foja 1106 vuelta), que se aprecia en la factura **********, de veintidós de agosto de dos mil cinco, expedida por **********, y en el pedimento de importación ********** (fojas 355 y 356), pues sería ilógico que por cada pieza de la indicada maquinaria se exija el número de serie que, generalmente, se les imprime por parte de las fábricas que intervienen en su composición, bastando, únicamente, la que, como lo consideró ese experto, se refieran a toda la maquinaria como tal y que, por otra, la confirmación de la existencia del domicilio de la persona que expidió la repetida factura, no es, precisamente, una obligación del contribuyente a favor de quien se otorgó, la cual, en todo caso, sólo se limita a la revisión de los datos que, de acuerdo al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, deban contener los comprobantes relativos, lo que es acorde, en lo conducente, con las jurisprudencias números 2a./J. 160/2005 y 2a./J. 35/2008, registros 176363 y 170111, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, respectivamente, en las páginas setecientos sesenta y dos y ciento cincuenta, Tomos XXIII y XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondientes a los meses de enero de dos mil seis y marzo de dos mil ocho, de rubros y textos siguientes: ‘COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN. El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos formales que deben reunir los comprobantes fiscales, respecto de los cuales, en términos del tercer párrafo del artículo 29 de ese ordenamiento, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad; asimismo, por lo que hace a los datos a que se refiere la fracción I del artículo primeramente citado, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante, el usuario del documento debe cerciorarse de que dichos datos se contengan en él, ya que de ello deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo. Ahora bien, dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente, a favor de quien se expide el comprobante, a verificar que esos datos estén impresos en el documento y no la comprobación del cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor, pues su obligación se limita a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora.’ y ‘COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN NO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE CONTENGAN EL SEÑALAMIENTO RELATIVO A SI EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN PARCIALIDADES. De los artículos 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los obligados al pago del impuesto al valor agregado y quienes realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o. A de la ley relativa tienen, entre otras obligaciones, la de expedir comprobantes fiscales, los cuales deben contener, además de los requisitos establecidos por el código citado y su reglamento, el señalamiento del impuesto trasladado expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o reciba los servicios, y cuando el comprobante ampare actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto, deberá señalarse en el mismo expresamente si el pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Por otra parte, el indicado artículo 29-A establece los requisitos formales que deben reunir los comprobantes fiscales, respecto de los cuales, en términos del tercer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el adquirente de bienes o el usuario de servicios debe verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad, y por lo que hace a los datos a que se refiere la fracción I del citado artículo 29-A, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante, el usuario del documento debe cerciorarse que dichos datos se contengan en él y sean los correctos, ya que de ello deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo. De lo anterior, se concluye que dicha verificación no vincula al contribuyente a favor de quien se expide el comprobante a constatar el debido cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor, entre los que se encuentra el señalamiento relativo a si el pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición o en parcialidades, pues su obligación se restringe, por así disponerlo el tercer párrafo del artículo 29 del código mencionado, a verificar que el comprobante contenga los datos previstos en el diverso numeral 29-A del mismo ordenamiento.’. Finalmente, tampoco es de acogerse la cita que hace la referida recurrente de los criterios, que dice, sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24478-965a3a71/comprobantes-fiscales-su-valor-probatorio-cuando-el-contribuyente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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