ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 30 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL VÉLEZ BARAJAS Y ARMANDO MATA MORALES. DISIDENTE: JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: ARMANDO MATA MORALES. SECRETARIA: MATILDE GARAY SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sostenidos entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Sexto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la realiza el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
TERCERO.—Determinación respecto a si las ejecutorias remitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito se relacionan con el tema materia de la contradicción de tesis. Como se precisó en el resultando cuarto de esta ejecutoria, por proveído de veinticinco de mayo del año en curso, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito tuvo al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal –de este Circuito– informando que, en relación con el tema materia de la presente contradicción, se pronunció en los juicios de amparo en revisión **********, ********** (sic), **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** –de las que se recibieron copias certificadas–; estableciendo aquél, que sería el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, quien llegado el momento procesal determinaría si esas ejecutorias se relacionan o no, con el tema a dilucidar, a saber: Si el juicio de amparo indirecto es o no, procedente en contra de una orden de citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional. Asimismo, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, los integrantes del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determinaron agregar al presente expediente de contradicción de tesis la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, en el amparo en revisión **********.
Así entonces, para el efecto en cita –determinar si las ejecutorias se relacionan o no, con el tema a dilucidar–, se procede al análisis del contenido de las sentencias constitucionales que se alude en el párrafo anterior:
a) Amparo en revisión **********. Ante el entonces Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que hizo consistir en el citatorio emitido por el agente del Ministerio Público investigador dentro de una averiguación previa. La citada autoridad federal negó al quejoso el amparo solicitado, al estimar que el acto combatido de manera alguna vulnera garantías individuales del quejoso.
La sentencia constitucional referida fue recurrida por la parte quejosa, correspondiendo el conocimiento del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien registró el asunto bajo el número **********, y lo resolvió en sesión de diez de septiembre de dos mil nueve, estimando infundados los agravios hechos valer por el recurrente; advirtiéndose que, previo a abordar el estudio de fondo, dicho órgano colegiado realizó pronunciamiento en cuanto a la procedencia del juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en el citatorio emitido por el representante social durante la averiguación previa, estimando que, cuando en relación con dicho acto, el impetrante alegue violaciones al artículo 16 constitucional, el juicio de amparo resulta procedente.
Las consideraciones de la sentencia constitucional que se alude, en lo de interés, son las siguientes:
"Previo a evidenciar la conclusión de este Tribunal Colegiado, se estima pertinente realizar las siguientes precisiones:
"De las constancias que obran en el juicio de amparo número **********, de los del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se advierte que el Juez Federal determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del acto reclamado por el quejoso **********, a la agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Mesa Matutina, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, que se hizo consistir en: ‘el citatorio de fecha veintisiete de mayo de dos mil nueve, enviado al suscrito peticionario de garantías, por la autoridad responsable, dentro de la averiguación previa número **********, del índice de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Mesa Matutina, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de que declarara en relación con los hechos que motivaron la apertura de la causa ministerial ...’
"Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima procedente el análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, pues de una nueva reflexión del tema, se concluye que en los casos en que, como en la especie, el quejoso reclame el citatorio emitido durante la averiguación previa por el representante social, en donde se alegan violaciones al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el acto reclamado no está fundado ni motivado, el juicio de amparo que se promueva en su contra, resulta procedente.
"Lo anterior es así, porque, si bien, la averiguación previa constituye, precisamente, la fase de investigación a través de la cual el representante social, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recaba los elementos probatorios que estima pertinentes para determinar a través del ejercicio de la acción penal si en el caso, el hecho que se hizo de su conocimiento es constitutivo de delito, y si la persona a quien se atribuye es probable responsable del mismo, en virtud de lo cual debe necesariamente buscar y presentar las pruebas que acrediten tales extremos.
"Luego, si por mandato constitucional el Ministerio Público está facultado para investigar los delitos con la obligación de acreditarlos a través de las diferentes actuaciones que practique dentro de la averiguación previa iniciada, cuyos efectos, cabe precisar, son susceptibles de ser posteriormente contrarrestados o anulados a través del ejercicio del derecho defensa que tiene el inculpado, es inconcuso que los mismos no irrogan perjuicios al gobernado que trasciendan de manera irreparable, pues, en todo caso, éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine la procedencia o no, de la orden de aprehensión correspondiente; estimar lo contrario implicaría entorpecer las facultades y obligaciones que por imperativo constitucional se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.
"En ese orden de ideas, se conviene en que la citación realizada por el Ministerio Público, para efecto de declarar con relación a hechos investigados, se traduce en un elemento más de prueba que puede tener en cuenta a efecto de integrar la averiguación previa, en tanto consiste, precisamente, en otorgarle la oportunidad al gobernado para declarar y, de ser el caso, defenderse, sin que ello implique que pueda abstenerse de hacerlo o lo que manifieste, indubitablemente, le favorezca a sus intereses.
"Sustenta las consideraciones, hasta aquí expuestas, la jurisprudencia número 52, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 212, Tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE.—El principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es, hacer la acusación correspondiente, realice la investigación y persecución del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado. En esas circunstancias, la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa no es otra cosa que una diligencia más para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esta fase procesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal.’
"Así como la diversa tesis aislada número 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente:
"‘ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.—El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.’
"Y la tesis aislada P. LXIII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1113, Tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL.—La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control.’
"Sin embargo, cuando mediante el juicio de amparo no se reclama el citatorio emitido como parte del acervo probatorio de la averiguación previa, es decir, como parte de su integración, sino que, con relación a dicha actuación, se tratan de evidenciar deficiencias o carencias de fundamentación y motivación, el juicio de amparo se torna procedente, pues lo reclamado se traduce en un acto de molestia que debe ser analizado en cabal observancia a la garantía consagrada a favor de los gobernados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"‘... Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’
"Precepto constitucional que establece que todo acto de autoridad, debe estar fundado y motivado, es decir, que debe precisar los numerales de la legislación aplicable en que fundamente sus actuaciones y expresar las consideraciones que sustenten esa determinación, cuya adecuación entre éstas y aquéllos le permitan concluir en los términos reflejados en su actuación.
"En ese sentido se pronunció la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, de rubro y texto siguientes:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’
"Atento a ello, es evidente que la garantía de legalidad consagrada en dicho numeral, es imperativa para el acto de cualquier autoridad y así, incluye, desde luego, a los citatorios emitidos por la autoridad ministerial durante la averiguación previa, siempre y cuando se reclamen en el sentido que se analiza (deficiencias o carencias de forma), y no como integración de la averiguación previa en sí misma, pues ello traería consigo el sobreseimiento en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 73, en relación con los diversos 1o., fracción I, 4o. y 5o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues dicha actuación como parte del acervo probatorio que integra la indagatoria ministerial no irroga perjuicios al gobernado porque:
"a) No restringe por sí misma sus derechos, salvo que, como se precisó, se trate de un citatorio respecto del cual se cuestione su fundamentación y motivación, y/o contenga el apercibimiento que de no comparecer se solicitaría el auxilio de la fuerza pública, pues esto último trata entonces de un acto que limita su libertad, siendo que, en los demás casos, la lesión a los derechos del gobernado se materializarían, se insiste, hasta la emisión de la orden de aprehensión que libre el Juez correspondiente; y,
"b) De conformidad con el artículo 47, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, es obligación de todo gobernado presentarse al ser citado por la autoridad ministerial.
"Empero, el citatorio considerado individualmente, atento a lo expuesto con antelación, sí puede ocasionarle perjuicios irreparables al gobernado, si su emisión es arbitraria, o contra derecho, esto es, si se emitió en infracción al citado artículo 16 constitucional, en cuanto a fundamentación y motivación, o si no se sujetó a las reglas previstas por el citado numeral 47 del código adjetivo penal, o en él no se señala el nombre de los agraviados, los hechos que se investigan, o con qué carácter es citado el gobernado a declarar, así como si no se expresan las razones y fundamentos legales que, en su caso, darían pie a la reserva de dicha información.
"Se cita en apoyo de lo considerado, la tesis aislada número 95, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que se comparte, en virtud de la nueva reflexión que se realiza sobre el tema, publicada en la página 722, Tomo XXVI, noviembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘CITATORIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El citatorio girado por el Ministerio Público para hacer comparecer a un gobernado adolecerá de una debida motivación si en él no se señala quién o quiénes son los agraviados, cuáles son los hechos que se investigan o con qué carácter es citado a declarar el destinatario de la orden (inculpado, testigo, agraviado, etcétera), o bien, si no se expresan las razones y fundamentos legales que, en su caso, darían pie a la reserva de dicha información. Ello es así, porque al no contar con tales datos el gobernado, queda en estado de incertidumbre, deviniendo el mandamiento violatorio de la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho precepto exige que todo acto de autoridad esté suficientemente fundado y motivado. En ese tipo de casos, la concesión del amparo, en principio, obligará a la responsable a nulificar o a dejar sin efecto la cita de comparecencia, y en el supuesto de que aún estime necesaria la presencia del gobernado, podrá emitir el citatorio correspondiente, pero purgando los vicios formales.’
"Así como en lo conducente, por las razones que informa, la diversa tesis aislada número 74, del órgano jurisdiccional en cita, publicada en la página 1834, Tomo XXV, febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘ORDEN DE PRESENTACIÓN. DEBE DECLARARSE FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL ILEGAL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA, YA QUE SI BIEN SU EMISIÓN NO RESTRINGE LA LIBERTAD, DERECHOS O POSESIONES DEL INCULPADO, EL MANDATO DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SER VIOLATORIO DE DIVERSAS PRERROGATIVAS INDIVIDUALES.—Si en el proveído recurrido el Juez de Distrito determinó desechar la demanda de amparo interpuesta por el indiciado, respecto de la orden de presentación emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado y su ejecución, al considerar que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 4o., todos de la Ley de Amparo, porque las diligencias practicadas durante la investigación de hechos delictuosos no importan violación de garantías, en virtud de que no restringen la libertad ni los derechos o posesiones del gobernado, aunado a que es obligación de toda persona presentarse en los tribunales y ante las autoridades ministeriales cuando sea citada; luego, el recurso de queja interpuesto en su contra debe declararse fundado, ya que el aludido desechamiento resulta ilegal, al no actualizarse la causal de improcedencia invocada, en virtud de que, si bien es cierto que la orden de presentación no tiene por objeto restringir la libertad del gobernado, sino lograr su comparecencia dentro de la averiguación previa para que declare, si lo estima conveniente, pues constituye una diligencia para integrar el material probatorio que se debe allegar durante esta fase procesal a efecto de obtener elementos suficientes para ejercer la acción penal, también lo es que el mandato emitido por el Ministerio Público sí puede ser violatorio de prerrogativas individuales diversas, tales como la de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional, ya que puede adolecer de vicios propios por emitirse de manera arbitraria, ilegal o contraria a la Constitución, al no ajustarse a los lineamientos que ésta establece para emitir un mandato, verbigracia: pronunciarse por autoridad competente; estar fundada y motivada; precisar la diligencia que ha de practicarse, el día y hora en que tendrá verificativo, así como la medida de apremio que se impondrá al gobernado en caso de que no asista. En ese tenor, es inconcuso que la orden de presentación debe ser materia de análisis constitucional, porque sí puede infringir la esfera del impetrante.’ ..."
b) Amparo en revisión **********. Ante la entonces Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Puebla, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que hizo consistir en la citación emitida por el agente del Ministerio Público investigador dentro de una averiguación previa. La citada autoridad federal otorgó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, al estimar que el acto combatido no cumplía con los requisitos de fundamentación y motivación.
La sentencia constitucional referida fue recurrida por la parte quejosa, correspondiendo el conocimiento del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien registró el asunto bajo el número **********, y lo resolvió en sesión de doce de enero de dos mil doce, estimando inatendibles los agravios hechos valer por el quejoso recurrente ante la imposibilidad de ese órgano colegiado de abordar el estudio de fondo del asunto a efecto de no infringir el principio de non reformatio in peius. Ello en virtud de que el sentido del fallo recurrido fue una concesión de amparo por carecer el acto reclamado de una debida fundamentación y motivación, y de abordarse el fondo del asunto se corría el riesgo de emitir un pronunciamiento perjudicial al impetrante de garantías.
Las consideraciones de la sentencia constitucional que se alude, en lo de interés, son:
"QUINTO.—Se declaran inatendibles los agravios hechos valer por el quejoso recurrente **********, encaminados a combatir las consideraciones de la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, respecto de la parte del fallo recurrido que concedió para efectos la protección constitucional solicitada, en cuanto al acto reclamado de la agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Turno Matutino, Delegación Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistente en ‘... la cita dictada dentro de la averiguación previa **********, que se anexa a esta demanda de garantías y que se encuentra sin los requisitos de fundamentación y motivación, pues carece de requisitos de forma y fondo, además de resultar intimidatoria y, por tanto, violatorio de garantías’; sin advertir motivo alguno para actualizar la institución jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
"En efecto, los motivos de inconformidad planteados por el citado quejoso son inatendibles, en tanto en la sentencia recurrida, específicamente en la última parte de su considerando cuarto, se concedió para efectos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del acto reclamado y autoridad responsable mencionada en el párrafo precedente, en los términos siguientes:
"‘En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público Delegación Norte, Mesa Matutina, con residencia en la ciudad de Puebla, deje sin efecto el citatorio emitido el doce de julio de dos mil once, dentro de la averiguación previa ********** de su índice, en el que ordenó la presentación del aquí quejoso **********, y en el supuesto de que aun estime necesaria la presencia del mismo, emita el citatorio correspondiente, purgando los vicios formales que aquí se establecen...’
"Así, los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, respecto de las consideraciones expresadas en dicho apartado son inatendibles, pues, al margen de referirse al fondo del asunto planteado, relativos a la no acreditación del cuerpo del delito de ‘difamación y/o injurias’, el cual ya se encuentra derogado dentro del Código de Defensa Social del Estado, y que el inconforme desconoce los hechos por los que se le investiga; lo cierto es que, en tratándose de juicios de amparo en materia penal en los que se conceda la protección constitucional por carecer el acto reclamado de una debida fundamentación y motivación y sólo recurre la parte quejosa, como acontece en la especie, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, pues hacerlo, implicaría un grave riesgo de emitirse un pronunciamiento perjudicial al impetrante de garantías, agravando su situación jurídica, lo cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito.
"Lo anterior, en términos de la jurisprudencia número 34, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, publicada en la página 52, Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Actualización 2001, Novena Época, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice:
"‘ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.—La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en todo caso autoriza la reformatio in beneficio, al prever la figura jurídica de la suplencia tanto de los conceptos de violación como de los agravios, en los casos en que específicamente lo establece el artículo 76 Bis del citado ordenamiento legal. Así, es claro que los recursos de revisión derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedió el amparo al quejoso porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación, y sólo recurre el propio quejoso, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento que a la sentencia respectiva le dé la autoridad responsable, pues hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el principio que se comenta. Además, de que precisamente por ese sentido concesorio, la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso recurrente.’
"Ahora bien, se reitera que los agravios expresados por el inconforme recurrente son inatendibles; pues, con independencia de controvertir el fondo del asunto planteado, relativos a la no acreditación del cuerpo del delito de ‘difamación y/o injurias’, el cual ya se encuentra derogado dentro del Código de Defensa Social del Estado, y que el inconforme desconoce los hechos por los que se le investiga; lo cierto es que las razones tomadas en cuenta por la Juez Federal, impiden a este órgano colegiado abordar el estudio de fondo de ese apartado del fallo recurrido, precisamente, al ignorar la exacta dimensión de los fundamentos y motivos que tomará en cuenta la autoridad responsable para, en su caso, emitir una nueva resolución, pues se está en presencia de una violación de carácter formal, que obstaculiza analizar la legalidad o ilegalidad de dichos actos, lo cual impide al Juez de amparo sustituirse a la autoridad responsable para motivar debidamente el acto reclamado, pues conforme al artículo 16 constitucional, sólo las autoridades competentes pueden dictar actos privativos o de molestia, mediante el respectivo mandamiento escrito debidamente fundado y motivado de su actuación; de ahí que es la autoridad responsable quien, en todo caso, debe fundar y motivar debidamente el acto reclamado.
"Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número 7, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que se comparte, publicada en la página 1202, Tomo XXII, septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE FONDO.—Cuando el amparo se concede por vicios de forma, y únicamente el quejoso recurre, aduciendo cuestiones de fondo, el tribunal revisor está impedido para analizarlas, toda vez que es incierta la futura existencia del acto originalmente impugnado, por virtud del cumplimiento que a la ejecutoria respectiva dé la autoridad responsable, máxime que de analizar el fondo se corre el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente perjudique al quejoso, en detrimento del principio de non reformatio in peius, tal como lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 15/2000, consultable en la página 264, Tomo XII, noviembre 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro de: «ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.».’
"En estas condiciones, no se transgrede, en perjuicio del inconforme quejoso, el principio de ‘mayor beneficio en el juicio de amparo’, dado que, en el particular, la imposibilidad de este órgano colegiado de abordar el estudio de fondo del asunto, se debe a que el sentido del fallo recurrido fue una concesión de amparo por carecer el acto reclamado de una debida fundamentación y motivación –violación de carácter formal–, y sólo recurre la parte quejosa, caso en el que, se reitera, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28284-f5caaf69/orden-de-citacion-emitida-por-el-ministerio-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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