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AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 412/2010. · Registro digital (IUS): 23146
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCU
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Pág. 609.

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 412/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del diez de enero al veintiuno de febrero de dos mil once, descontándose los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero, cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de febrero de dos mil once, por ser sábados y domingos, respectivamente y en consecuencia inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo; así como el siete de febrero del citado año, conforme a lo dispuesto por el punto primero, inciso c), del Acuerdo número 2/2006 de treinta de enero de dos mil seis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, el agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio **********, formuló pedimento en el sentido de que la postura pasiva del defensor e imputado mostrada en las audiencias orales, no impide abordar las consideraciones que este último en vía de agravio hace valer para controvertir la sentencia de amparo que analizó la legalidad del acto reclamado, ya que la ausencia de debate en este tipo de diligencias, no constituye un impedimento para que sea analizado el acto reclamado por el quejoso al estimar que quebranta sus garantías individuales.

CUARTO. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en sesión del siete de octubre de dos mil nueve, resolvió el amparo en revisión número ********** por unanimidad de votos, al tenor de las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Previo el análisis de los agravios planteados por la recurrente, es pertinente señalar los antecedentes del acto reclamado. Con motivo de hechos acontecidos el quince de julio de dos mil ocho, el agente del Ministerio Público realizó, en audiencia de dieciséis de julio siguiente (disco óptico 1) imputación inicial a que se refiere el artículo 272 del Código de Procedimientos Penales vigente en la región del Istmo, del Estado de Oaxaca, a la imputada ********** como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en agravio de ********** y lesiones calificadas con premeditación y ventaja en agravio de ********** y **********. Una vez desahogada la audiencia de declaración preparatoria y de desahogo de pruebas de la defensa, el Juez de garantía de **********, Oaxaca, en la audiencia a que se refiere el artículo 278 del ordenamiento legal mencionado, resolvió la situación jurídica de la imputada y dictó auto de sujeción a proceso por los delitos de homicidio calificado con ventaja, en agravio de ********** y lesiones calificadas con ventaja en agravio de ********** y ********** (disco óptico 7). Inconforme con la determinación, la imputada promovió recurso de apelación que conoció la Primera Sala Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca número **********, el cual fue resuelto el trece de agosto de dos mil ocho (foja 86 del juicio de amparo), resolución contra la cual, la imputada promovió juicio de amparo que conoció el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca bajo el número ********** y fue resuelto en audiencia constitucional de treinta de septiembre de dos mil ocho concediendo la protección constitucional, para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera una nueva en la que realizara la valoración de las pruebas reseñadas, que le sirvieron para tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado con ventaja, y lesiones calificadas con ventaja, así como la probable responsabilidad de la imputada (fojas 146 a 150 del juicio de amparo). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala responsable emitió nueva resolución el siete de enero de dos mil nueve, misma que quedó sin efectos en virtud del nuevo requerimiento realizado por el Juez de Distrito mediante oficio de tres de febrero de dos mil ocho para cumplir con exactitud con el fallo de amparo (foja 197 a 199). Nuevamente, el once de febrero de dos mil nueve, la sala responsable cumplió la ejecutoria y emitió resolución en la que declaró improcedente la cuestión planteada y confirmó el auto de sujeción a proceso (fojas 196 vuelta, 200 a 211 del juicio de amparo). Inconforme con la determinación, la imputada ********** promovió nuevo juicio de amparo, el cual fue resuelto por el Juez Sexto de Distrito en el Estado bajo el número **********, que motivó este recurso de revisión. Al resolver, el juzgador de amparo determinó negar la protección constitucional a la quejosa ********** por considerar que se encuentran acreditados el cuerpo del delito de homicidio calificado con ventaja, previsto en el artículo 285, en relación con el 299, 301, fracción II y 302, y sancionado en el diverso 291, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de ********** y lesiones calificadas con ventaja, en perjuicio de ********** y **********, ilícito previsto en el artículo 271 y sancionado, en el caso de la primera víctima, en términos del artículo 272, primer párrafo del código sustantivo de la materia, y en el caso de la segunda, sancionado en el numeral 274 del mismo ordenamiento legal, así como la probable responsabilidad de la imputada. En sus agravios, la recurrente únicamente se inconforma con la determinación de la calificativa de ventaja y la probable responsabilidad, razón por la cual, en este recurso, se estima su conformidad con esa parte relativa a la acreditación del tipo básico de homicidio y lesiones, y este tribunal no advierte queja que suplir. El motivo de inconformidad en el que la recurrente alega que la sentencia impugnada viola sus garantías constitucionales, como son el artículo 19, párrafo primero y 20 apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, resulta inoperante, habida cuenta el único medio para reclamar contravenciones a las garantías individuales lo es el juicio de amparo, y el recurso de revisión no es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo. Al respecto, se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, Materia Común, página 507, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). Argumenta la recurrente que es incorrecta la determinación del Juez de Distrito al negar el amparo y considerar que se acredita la calificativa de ventaja en los delitos de homicidio y lesiones por las siguientes razones: En cuanto al delito de homicidio, señaló la agraviada que fue incorrecta la determinación del Juez de Distrito al recoger los mismos razonamientos de la autoridad responsable, haciendo una referencia generalizada de los medios de prueba, sin valorarlos puntualmente al tenor de los artículos 22 y 336 del Código de Procedimientos Penales vigente en la región del Istmo, los cuales deben ser valorados bajo un método libre o de sana crítica, que va en contra de la prueba tasada. Es ineficaz el argumento anterior, pues la recurrente pretende exigir al Juez de Distrito que haga una valoración de las pruebas como un juzgador de proceso, cuando la función del juzgador federal es analizar si en el caso existió violación a los derechos fundamentales y no asumir la de un Juez de proceso. En ese sentido, no debe exigirse al a quo realice una valoración pormenorizada de las pruebas con las que la responsable resolvió el auto de sujeción a proceso, porque no es Juez de causa. Agrega la recurrente que no se actualiza la calificativa de ventaja en cuanto al ilícito de homicidio, pues ********** manifestó ante el representante social en su denuncia que la activo y su mamá (víctima de homicidio) ‘forcejearon y se escuchó un disparo y se soltaron’, en tanto que el Juez de Distrito desestimó la parte relativa del concepto de violación, y tomó los mismos argumentos de la responsable para valorar esa testimonial, en el sentido de que la imputada lesionó mortalmente a la víctima con un arma de fuego, forma en que fue superior a su víctima por razón del arma empleada, sin que abundara en cuanto al argumento relativo a la existencia del forcejeo, que al haber este forcejeo no puede hablarse de superioridad de la imputada, pues existió una manipulación del arma de fuego y en ese forcejeo se disparó causando la muerte a **********. Agrega la recurrente que el a quo no tomó en cuenta que la misma denunciante y la ofendida ********** manifestaron que en el momento de los hechos imperaba la oscuridad en razón de la hora, pues no indican que hubiera existido luz, por lo que es inadmisible que hayan identificado a la agresora; además, las pasivos eran mayores en número que la imputada, por lo que bien ésta corrió el riesgo de ser muerta o herida por las ofendidas, aunado a que éstas conocían el lugar en el que sucedieron los hechos y la imputada no, de donde se aprecia que no se acredita el elemento subjetivo de la ventaja consistente en la plena conciencia de la agresora de no salir herida o muerta. Son ineficaces los argumentos planteados por la recurrente. Lo anterior, toda vez que como lo consideró el Juez de Distrito, la calificativa alegada sí se encuentra acreditada conforme a los artículos 301, fracción II y 302 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que se refiere a la ventaja por la superioridad del infractor por las armas que emplea. En el caso, quedó acreditado que la activo realizó los actos delictivos portando un arma de fuego, con la que privó de la vida a ********** y como lo consideró el Juez de Distrito, sí se acredita el elemento subjetivo de ventaja, consistente en que el agresor tenga la conciencia de esa ventaja porque no puede ser herido o muerto; ello, pues ella acudió al lugar de los hechos aproximadamente a las tres horas, momento en que las personas se encuentran descansando y como así lo manifestaron las testigos ********** y **********, es decir, es factible pensar que por las circunstancias de tiempo y lugar, las víctimas, que no tenían idea del ataque que sufrirían, no estuvieran prevenidas con algún arma o medio que les permitiera defenderse; sin que sea fundado lo aseverado por la recurrente en el sentido de que es una cuestión subjetiva el atender a la hora en que sucede el hecho para establecer la ventaja; pues lejos de ser subjetivo, es una circunstancia objetiva, verdaderamente apreciable por los sentidos, que en la hora en que los hechos ocurrieron (03:10) la mayoría de la gente duerme, lo cual es del conocimiento del agente activo. Ahora, si bien es cierto que el Juez de Distrito no hizo pronunciamiento alguno sobre el forcejeo que argumenta la recurrente, ello no es razón para conceder la protección constitucional solicitada, ya que no implica la ausencia de la ventaja; en virtud de que el que ********** haya declarado que existió un forcejeo entre la agresora y su madre, antes de escuchar un disparo, sólo denota que la víctima trató de defenderse, pero no la ausencia del arma de fuego que portaba la agresora que es precisamente lo que actualiza la calificativa, tan es así que el disparo de la agresora en la víctima, fue lo que le provocó la muerte. Sin que sea fundado lo señalado en el sentido de que hubo

anipulación del arma de fuego por las dos personas, pues ello no se aprecia de lo declarado por la ofendida. En cuanto a lo que afirma la recurrente en el sentido de que las ofendidas eran superiores por el número, y por ello no existe ventaja, es ineficaz, pues si bien es cierto, que eran tres las ofendidas, no se advierte que hubieran actuado de manera conjunta para evitar la agresión, sino durante la agresión se encontraban separadas, además, una de las ofendidas se trata de una menor, de ocho años de edad, y la otra, una mujer con ocho días de haber dado a luz a un bebé, a quien llevaba en sus brazos protegiéndolo, es decir, no se trataba de personas íntegras en sus facultades físicas. Por otro lado, no existe impedimento legal para el Juez de Distrito de retomar los argumentos de la responsable cuando los considera legales, por lo que el a quo no incurrió en falta alguna al resolver de esa manera. En cuanto al delito de lesiones, señala la agraviada que tampoco se acreditó la calificativa de ventaja. Lo anterior, pues en relación a las lesiones provocadas en **********, al declarar esta persona ante el representante social manifestó que una vez que la agresora forcejeó con su madre y le disparó a ésta, la declarante corrió al baño, en donde la alcanzó la imputada y cayeron al suelo, que la declarante tenía en sus brazos a su menor hija de ocho días de nacida y la agresora le apuntó en la cabeza, diciéndole que la iba a matar a ella y a su hija y accionó el arma pero no hubo disparo, por lo que la golpeó con la cacha de la pistola en la cabeza; señala la recurrente que no se acredita el elemento objetivo de la calificativa, pues la ofendida sabía que el arma ya no estaba abastecida de balas, más aún que afirma las dos cayeron al suelo, lo que implica que se encontraron en un plano de igualdad de condiciones y la ofendida pudo repeler la agresión de la activo. Señala la recurrente que no es correcto concluir que la calificativa sí se acredita porque si bien cayeron al suelo, la ofendida tenía en brazos a su bebé y la protegía de la agresión, agrega que la activo no tenía conciencia de su superioridad, pues al estar en un plano de igualdad cuando cayeron al piso, bien pudo salir muerta o herida. Es ineficaz lo argumentado por la recurrente. En efecto, como lo consideró el Juez de Distrito, en el caso de las lesiones causadas a ********** se actualiza la calificativa de ventaja, pues la agresora portaba un arma de fuego, y si bien es cierto que la denunciante refiere que después de realizar el disparo a su madre, la agresora se dirigió a ella y cayeron al piso, ello no las ubica en estado de igualdad, pues en ese momento, el agente activo portaba el arma con intención de causarle daño, incluso matarla, como declaró aquélla, y fue después de ese momento, cuando la imputada activó el arma de fuego se percató que ya no tenía balas, por lo que no pudo dispararle y únicamente la golpeó en la cabeza con la cacha. Sin que el hecho de la ausencia de las balas en el arma genere la ausencia de la ventaja, pues aún así, la imputada era superior a la víctima porque como lo apreció el a quo, ésta cargaba en sus brazos a su menor hija de ocho días de nacida, y trataba de protegerla, por lo que evidentemente no se encontraban en igualdad de condiciones, y la imputaba estaba consciente de esa superioridad, ya que al tratar de proteger a la bebé, la ofendida se veía limitada en su defensa. Refuta el valor que se dio a la declaración de ********** de indicio, pero sin considerar que ella manifestó que forcejearon. En cuanto a las lesiones causadas a **********, la recurrente manifiesta que tampoco se acredita la calificativa de ventaja, pues de la mecánica de los hechos no se advierte la intención de privar de la vida a ésta. Lo anterior es infundado, pues fue correcto lo considerado por el Juez de Distrito al señalar que se acredita la ventaja, al portar la imputada un arma de fuego y las ofendidas no, y en el caso de la menor **********, al sufrir las lesiones, ésta se encontraba dormida en su cama, como así lo declaran la ofendida y **********, es decir, la víctima se encontraba en total estado de inferioridad al hallarse dormida, ante una agresora con un arma de fuego y evidentemente, la imputada estaba plenamente consciente de esa superioridad al atacar a la víctima en una hora en que sabía estaba dormida. Refiere que el testimonio de **********así como el de la menor ********** no son útiles para demostrar la calificativa de ventaja, pues ellos no presenciaron los hechos, ya que el primero llegó al lugar, después de sucedidos los hechos delictivos y en el caso de la segunda, al encontrase en la recámara en la que dormía, no presenció cuando fue privada de la vida ********** y agredida **********. En cuanto al testimonio de **********, si bies es cierto que no estuvo en el lugar en el momento de los hechos, también lo es que el Juez de Distrito consideró correcta la determinación de la responsable al considerarlo como un elemento de prueba para la probable responsabilidad de la imputada, no en cuanto a la calificativa. Por lo que hace al testimonio de **********, fue una prueba útil para acreditar el cuerpo de los delitos, pues la narración realizada por esta ofendida fue congruente con lo dicho por ********** y es útil para el conocimiento de la mecánica de los hechos, pues si bien manifestó que cuando despertó ella estaba sangrando, aporta datos de la agresión sufrida. Destaca la recurrente que el Juez de Distrito, refiere la existencia de un testigo de nombre **********, cuando no es cierta su existencia. A lo anterior, debe decirse a la recurrente que del contexto de la resolución recurrida se advierte que la cita de ********** por parte del juzgador, se debió a un error mecanográfico, pues en realidad se refiere al testigo **********, en tanto que ********** se trata del perito que realizó el retrato hablado de la imputada. En cuanto a la probable responsabilidad, la recurrente argumenta que fue incorrecta la determinación del Juez de Distrito al considerar legal tener por acreditada su probable responsabilidad, pues de la versión de la denunciante ********** no se acredita esa situación, pues no puede establecerse dicha situación a partir de la ropa que vestía, que fue ropa deportiva color negro y una sudadera con gorro, asimismo, es inadmisible que en la oscuridad del momento, la denunciante la haya identificado, pues no aparece que hubiera luz eléctrica encendida en el momento. Es infundado el argumento de la agraviada. Lo anterior, pues como lo consideró el Juez de Distrito, existen elementos suficientes que hacen probable la responsabilidad de la imputada, ya que la ofendida ********** afirmó haber identificado a la agresora cuando se le cayó la capucha de la sudadera que traía puesta, además de su voz, pues la conoce porque es esposa de **********, con quien tiene una relación sentimental y procrearon una hija, es decir, existe la imputación directa contra la imputada, y el hecho de que ella señala que es imposible que la identificara por la oscuridad, es una situación que hasta ahora no está determinada, pues tan si pudo haberla visto, como que la misma agresora la identificó antes de golpearla en la cabeza con la cacha de la pistola, que le dijo que la mataría a ella y a su hija; de igual forma, como lo estimó el a quo, dicha imputación se relaciona con lo manifestado por la menor **********, quien manifestó que no la vio pero logró ver su pelo, que es a la altura de los hombros y puede ser la esposa de **********. Pruebas correctamente valoradas como indicios conforme a los artículos 22 y 336 del código adjetivo de la materia vigente en la región del Istmo. Sin que sea fundado el argumento de la quejosa en el sentido de que es imposible que la menor ********** hubiera podido identificar el color de su pelo, pues esta menor identificó el largo del pelo, no el color. Probanzas que se relacionan con el retrato hablado con los datos proporcionados por la víctima **********, con valor de indicio, conforme a los artículos 22 y 336 del código procesal. Asimismo, el Juez de Distrito consideró correcta la determinación de la responsable al valorar la declaración de **********, como indicio, conforme a los numerales 22 y 336 mencionados, pues si bien no presenció los hechos delictivos, narró lo que él percibió con sus sentidos al señalar que la ofendida le llamó por teléfono para pedirle auxilio, a lo que él acudió y encontró a ********** aún convulsionándose, y las llevó a la clínica del Seguro Social, en donde la ofendida le dijo las características de la agresora, de donde él también pudo concluir que fue su esposa, la ahora recurrente. Argumenta la recurrente que la ofendida ********** no la identificó al cometer los hechos, y el retrato hablado que consta en la carpeta de investigación es una prueba que está viciada de origen, pues éste fue emitido después de su detención, al cumplir la orden de aprehensión librada en su contra, y durante esta diligencia, le tomaron fotografías y bien pudo ser que de esas fotografías pudieron conocer sus rasgos físicos. Manifiesta la recurrente que no se tomó en cuenta la pericial médica practicada por ella al haber sido detenida, en la que se advierte que sufrió lesiones sin embargo, el perito médico certificó que las mismas fueron provocadas días anteriores a los hechos, lo que no coincide con la narración realizada por la denunciante, pues ella afirma que forcejeó con su madre y con ella y es lógico pensar que por ese forcejeo tuviera lesiones, pero éstas debieron ser recientes. Los argumentos anteriores son inatendibles, toda vez que no fueron planteados ni controvertidos ante el Juez de garantía antes de resolver la situación jurídica de la imputada, además, de que conforme al artículo 78, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la responsable. En efecto, conforme al artículo 269 del Código de Procedimientos Penales vigente en la región del Istmo, el Ministerio Público llevará un registro de la investigación contenido en un legajo; el artículo 274 del mismo ordenamiento legal establece que una vez que el representante social realice la imputación inicial, y antes de que el imputado rinda su declaración preparatoria se pondrán a su disposición las actuaciones reunidas hasta ese momento, y una vez rendida su declaración podrá solicitar la suspensión de la audiencia para desahogar pruebas en su defensa. Al resolver la situación jurídica, el Juez de garantía lo hace con base en los elementos y argumentos planteados por las partes durante la audiencia, incluso, sin tener a la vista el legajo o carpeta de investigación, pues debe resolver si la pretensión del Ministerio Público es suficiente para sujetar a procedimiento a una persona. En ese sentido, en atención al principio de contradicción que rige el procedimiento, consistente en que para llegar a la verdad de los hechos debe atenderse al debate que se realice entre argumentos y pruebas de las partes, en esta etapa la defensa del imputado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas que constan en el legajo de investigación y aportar pruebas, para que el Juez pueda considerar esa controversia y valorarla, de manera que si en el caso, la defensa no planteó ante el Juez de garantía como argumento de defensa lo que pretende hacer valer en el juicio de amparo, este órgano colegiado no puede pronunciarse al respecto, pues de hacerlo, lo haría sobre cuestiones que no fueron materia de análisis en el procedimiento. Debe decirse que si bien es cierto que la recurrente manifiesta que su defensa señaló ante el Juez de garantía el hecho de que le tomaron fotografías durante su detención, ello no fue con intención de introducir la contradicción de la prueba en el procedimiento, pues dicha manifestación la hizo el defensor una vez concluida la audiencia de contra interrogatorio a **********, ofrecido por esa defensa, la cual se realizó el veintiuno de julio de dos mil ocho, de diez treinta a once treinta y cinco horas, y una vez concluida dicha audiencia, a manera de protesta, el defensor tomó la palabra e hizo dicha manifestación, solicitando al juzgador girara oficio al procurador general de Justicia del Estado para que tome las medidas pertinentes, pero en ningún momento lo hizo para introducirlo como contradicción en el procedimiento (disco óptico 4). Asimismo, manifiesta la quejosa que es incorrecta la consideración del Juez de Distrito en cuanto al resultado de la prueba de rodizonato de sodio practicada a ella, que salió negativa, y resulta inverosímil que la ofendida ********** haya dicho que la agresora portaba guantes negros de tela, cuando que la diversa testigo Karina ********** no mencionada nada de los guantes, lo cual no fue considerado por el Juez de Distrito. El anterior argumento deviene inoperante por las mismas razones que los anteriores, pues no fue objeto de controversia en el procedimiento, ya que si ella cuestiona lo declarado por la imputada en el sentido de que ella traía puestos guantes negros de tela, en tanto que la menor ********** no menciona en absoluto ese hecho, su defensa tuvo la oportunidad de controvertir el dicho de la testigo ********** en la etapa procesal, lo cual no hizo, y atendiendo al principio de contradicción que rige el procedimiento acusatorio adversarial, este órgano colegiado no puede pronunciarse al respecto. Debe precisarse a la recurrente que en la etapa procesal en que se encuentra, no implica en absoluto pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal de la imputada, pues para emitir un auto de sujeción a proceso, el juzgador debe determinar que se encuentran acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la imputada; dicha determinación la hará con base en la imputación inicial realizada por el representante social sustentada en el legajo de investigación, del cual se corrió traslado a la defensa y los argumentos y pruebas que desahogue ésta; es decir a partir del principio de contradicción, será durante la audiencia relativa en la que se viertan los argumentos y describan las pruebas que incriminen al agente activo, quien puede desvirtuar esos argumentos y pruebas y del resultado que se obtenga, se librará o no el auto de sujeción a proceso; asimismo, el imputado tiene la oportunidad en etapas posteriores, después de agotar el periodo de investigación, de controvertir las pruebas del Ministerio Público y desahogar las propias que demuestren que no cometió el hecho delictivo ..."

El criterio anterior dio origen a la tesis cuyos datos de localización, rubro, texto y precedente, a continuación se transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXI, marzo de 2010

"Tesis: XIII.P.A.18 P

"Página: 3071

"SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL. SI EN LA ETAPA DE IMPUTACIÓN INICIAL LA DEFENSA NO PLANTEÓ ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA EL ARGUMENTO QUE PRETENDE HACER VALER EN EL AMPARO, EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL NO DEBE PRONUNCIARSE AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Conforme a los artículos 269 y 274 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, vigente en la región del Istmo, el Ministerio Público llevará un registro de la investigación en un legajo que será de utilidad para fundar la acusación; una vez que el representante social realice la imputación inicial, y hasta antes de que el imputado rinda su declaración preparatoria, se pondrán a disposición de este último las actuaciones reuni

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23146-981d0ab5/auto-de-vinculacion-a-proceso-el-organo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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