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Modo: Corpus Pro

ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 397/2011. · Registro digital (IUS): 23456
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL NOVENO CIRCUITO, Y PRIMERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Pág. 301.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 397/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL NOVENO CIRCUITO, Y PRIMERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que, primero, se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala y, segundo, porque la contraposición de criterios involucra a dos Tribunales Colegiados de un circuito y a un diverso Tribunal Colegiado del mismo circuito, pero que comparte el criterio de otros dos órganos jurisdiccionales de un diferente circuito.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido expresa:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios que, como se expresó, involucran a tres Tribunales Colegiados mixtos de un mismo circuito y a dos de un circuito diferente, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, con la finalidad de otorgar certeza jurídica en la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

El Segundo Tribunal del Noveno Circuito resolvió los amparos en revisión (improcedencias) 409/2009, 321/2010, 132/2011 y 310/2011, los cuales tienen, en términos generales, los siguientes elementos comunes:

a) Se presenta demanda de amparo indirecto por un particular en la que solicita la protección de la Justicia de la Unión respecto de la omisión por parte de una autoridad de dar respuesta a su solicitud de información pública, esta última solicitada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

b) Se desecha la demanda de garantías por el Juez de Distrito del conocimiento, bajo el argumento de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo.

Las resoluciones recaídas a los recursos de revisión citados, establecen lo siguiente (sólo se transcribe la correspondiente al amparo en revisión (improcedencia) 321/2010, al contener los restantes consideraciones similares en cuanto al tema que a esta contradicción interesa):

"QUINTO. Los agravios expresados por el recurrente son inoperantes en parte y fundados en otra, por las razones que se expondrán en párrafos subsecuentes. Resulta inoperante el punto de inconformidad donde el recurrente sostiene que la a quo viola en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 1o., 8o., 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que en el recurso de revisión técnicamente no es factible alegar esa clase de violación, porque si bien constituye un medio de impugnación tendente a revisar la actuación del Juez de Distrito, no puede atribuirse a éste violación de garantías individuales cuando actúa como Órgano de Control Constitucional, porque implicaría darle un tratamiento similar al de autoridad responsable y con ello se desnaturalizaría el juicio de amparo, al pretender ejercer un control constitucional sobre otro de la misma índole. Determinación que encuentra respaldo en la jurisprudencia 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página cinco, del rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). En otro aspecto, es pertinente hacer notar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2008 que dio origen a la jurisprudencia 130/2008, publicada bajo la voz: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’ determinó que cuando la parte quejosa transcribe en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Ahora, en el caso a estudio, el recurrente afirma que si bien, como lo sostuvo el secretario del Juzgado de Distrito en el auto combatido, existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí; también es cierto que, la Corte ha sustentado diverso criterio en el cual se estableció que no existe la obligación de agotar el recurso previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, previo acudir al amparo. De la lectura del texto inserto por el disidente en su pliego de inconformidades, se advierte que reprodujo el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis localizable bajo el epígrafe: ‘ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. ANTE LA OMISIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DE ESE DERECHO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY RELATIVA Y SU REGLAMENTO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO RECLAMANDO UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL.’. No obstante lo anterior, en cumplimiento a lo establecido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, dicha transcripción se considera como la causa de pedir; por tanto, este Tribunal Constitucional se avoca al estudio del citado agravio. A juicio de los Magistrados integrantes de este órgano de control constitucional, es fundado el sintetizado motivo de queja. De lo narrado por el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad en su demanda inicial, así como de la documental que acompañó a la misma, se advierte que el primero de julio del dos mil diez, presentó un escrito al director general del Instituto de Atención al Migrante del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicitó se le otorgara: ‘copia simple y certificada de la siguiente información pública de oficio: a partir del 1 de octubre de 2009, a la fecha 30 de junio de 2010, de todos y cada uno de los empleados de esta institución sin excepción, *El nombramiento oficial, tabulador, sueldos, salarios viáticos, viajes, gastos de representación, así como cualquier percepción o remuneración que reciba.’. Por su parte, el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito, en el proveído impugnado estimó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso estaba obligado a agotar los medios de defensa establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, previo a la promoción del juicio de garantías. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). El precepto legal inserto establece que será improcedente el juicio de garantías contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando deban ser revisados de oficio, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, o cuando en contra de tales actos proceda algún medio de defensa mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando se suspendan sus efectos por la interposición de dicho medio de defensa, sin que para que se conceda la suspensión se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, con independencia de que el acto pueda ser susceptible o no de ser suspendido de acuerdo con la citada ley. Asimismo, en el supuesto de que el acto carezca de fundamentación, no existirá la obligación de agotar los medios de defensa respectivos. El a quo federal determinó que el quejoso previo acudir al juicio de amparo debió promover el recurso de queja previsto en el capítulo IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y destacó que el último párrafo del artículo 99 precisa que las solicitudes presentadas en ejercicio de la acción de datos personales, o de acceso a la información pública, que no se resuelvan dentro de los plazos que al efecto establecen los artículos 56, 57, 73 y 75 de esta ley, se entenderán resueltas en sentido positivo, quedando el solicitante en aptitud de interponer la queja en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, para el efecto de que la CEGAIP ordene al ente obligado a la entrega o modificación de los datos personales, o a la entrega gratuita de la información pública solicitada. De la disposición legal transcrita se obtiene que el recurso de queja procede contra actos o resoluciones en los que no se satisfagan las solicitudes de información. Ahora, para evidenciar las razones que llevan a concluir que en el caso a estudio el quejoso no debió agotar el recurso previsto en el numeral de referencia, es pertinente destacar el contenido de los artículos 1o., 2o. y 10 de la legislación en consulta, que por su orden, señalan: ‘Artículo 1o. (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 10.’ (se transcribe). De los preceptos legales que anteceden se advierte que uno de los objetivos que persigue la ley en cita es proveer lo necesario para garantizar el acceso a los gobernados a la información que esté en posesión de los entes obligados por la propia ley. Asimismo, la ley de referencia tiene como propósitos, entre otros, que los gobernados puedan tener acceso a la información pública gubernamental de manera sencilla y expedita; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los poderes públicos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos para que éstos valoren el desempeño de las autoridades; mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos; así como contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho. Por último, de los numerales transcritos se advierte, por un lado, que las disposiciones previstas en la ley de la materia son de observancia obligatoria para los servidores públicos, su interpretación deberá favorecer el principio de publicidad de la información pública gubernamental y, por el otro, que el acceso a dicha información se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos e instrumentos internacionales que México haya suscrito y ratificado. Bajo ese contexto, es dable concluir que el legislador tuvo como propósito fundamental regular de forma eficaz la garantía individual consagrada en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando el derecho de acceso a la información pública gubernamental como un mecanismo para hacer efectivo el principio de publicidad de los actos del gobierno, mediante el cual el Estado asegura que dicha difusión dará lugar al ejercicio responsable del poder. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que ni del proceso legislativo que dio origen a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, ni del contenido de sus preceptos, se advierte que hubiera sido intención del legislador limitar o restringir el derecho de petición contraponiéndolo con el de acceso a la información pública. Por el contrario, si se toma en consideración que ambos derechos se encuentran regulados en la Constitución Federal como garantías individuales, que se traducen en la realización de un acto positivo similar por parte del Estado, esto es, proporcionar la información solicitada por el gobernado o darle respuesta a su petición, es evidente que tales prerrogativas no se excluyen entre sí, sino que se complementan. La interpretación de las normas constitucionales, como lo ha sostenido reiteradamente el Máximo Tribunal, debe realizarse procurando armonizar los postulados que contienen, de tal manera que su aplicación no traiga como consecuencia la primacía de una garantía sobre otra, o bien, la exclusión de un derecho fundamental ante la existencia de otro u otros. Si a nivel constitucional las garantías que se comentan son complementarias y no excluyentes, menos aún puede la ley reglamentaria del derecho de acceso a la información establecido en el artículo 6o. constitucional, restringir lo dispuesto en el diverso 8o. de la Constitución Federal, pues atento al principio de supremacía constitucional, ninguna ley, puede derogar o condicionar la eficacia de un derecho fundamental. Esta complementariedad entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho de petición, a nivel constitucional y legal, se corrobora tomando en cuenta que cualquier solicitud de acceso a la información pública gubernamental, independientemente de los términos en que se encuentre formulada, no deja de tener el carácter de una petición que se eleva a la autoridad. En efecto, queda al prudente arbitrio del gobernado, de acuerdo con el tipo de respuesta o información que desee obtener, acudir al órgano especializado en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en ejercicio del recurso previsto en el artículo 74 de la legislación en consulta, o bien, acudir al juicio de amparo argumentando una violación a su derecho de petición, como en la especie ocurrió. Por tanto, este Tribunal Colegiado considera que asiste razón al recurrente al afirmar que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues el promovente no tenía obligación de agotar el medio de defensa ordinario que refiere antes de acudir al presente juicio de garantías. Conclusión que también se fortalece porque en el juicio de garantías se alegó una violación directa al artículo 8 constitucional, siendo que ha sido criterio reiterado de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que la protección directa por la Constitución al derecho de petición excluye la necesidad de agotar recurso ordinario alguno antes de acudir al amparo. Como apoyo a las conclusiones emitidas en la presente resolución, se cita, por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este órgano de control constitucional comparte, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 2627, bajo la voz: ‘ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. ANTE LA OMISIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DE ESE DERECHO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY RELATIVA Y SU REGLAMENTO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO RECLAMANDO UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Así como la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que igualmente se comparte por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de dos mil cuatro, relativo a la Novena Época, página 1589, del rubro y texto: ‘DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.’ (se transcribe). Por consiguiente, se impone revocar el auto que se revisa y ordenar al Juez Cuarto de Distrito provea sobre la admisión, aclaración o no admisión de la demanda de garantías, con la única limitante de prescindir de los razonamientos erróneos que le habían servido de base para desecharla. ..."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio comparte el órgano jurisdiccional denunciante, resolvió el amparo en revisión 215/2008, el que tiene como antecedentes los siguientes:

a) Se presenta demanda de amparo indirecto por un particular en el que se solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto de la omisión de dar respuesta por parte de una autoridad a su solicitud de información pública, esta última solicitada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

b) El Juez de Distrito del conocimiento desestima la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable en la que argumentó que el particular estaba obligado, previo a acudir al amparo, a agotar los medios de defensa establecidos en la ley citada, en razón de que la parte quejosa hizo valer la violación directa al artículo 8o. de la Constitución Federal. En cuanto al fondo del asunto, concedió la protección constitucional solicitada, aduciendo que si bien la legislación en cuestión y su reglamento establecen un procedimiento para lograr que las autoridades den respuesta a los gobernados, ello no era obstáculo para que se soslayara lo dispuesto en el señalado numeral 8o. de la Constitución.

En la resolución que recayó al recurso de revisión señalado, se estableció lo siguiente:

"TERCERO. Antes de analizar los argumentos expuestos a título de agravio, este órgano colegiado estima conveniente hacer mención de las consideraciones en que se basa la sentencia que por esta vía se recurre. De la lectura del considerando cuarto de la sentencia recurrida se desprende que el Juez de Distrito desestimó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, propuesta por la responsable, toda vez que en concepto del a quo el quejoso no estaba obligado a agotar los medios de defensa establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento, previo a la promoción del juicio de garantías. Explicó el Juez que, en el caso, se reclamó una omisión por parte de la responsable de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso, supuesto que no se encuentra previsto en alguna de las hipótesis establecidas en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los diversos 53 de la citada ley y 93 de su reglamento. Asimismo, agregó el juzgador que si bien existen disposiciones en dicha legislación y su reglamento, específicamente los artículos 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 93 de su reglamento, que prevén un procedimiento para lograr que las autoridades den respuesta a los gobernados, esto no es obstáculo para que se soslaye lo dispuesto por el artículo 8o. de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, ante la omisión de las responsables, el gobernado puede exigir mediante la acción constitucional que se dé respuesta expresa a su petición, invocando el referido artículo 8o., ya que la legislación ordinaria no puede derogar, condicionar, ni restringir la eficacia de una garantía constitucional. Por otra parte, en el considerando quinto de la sentencia que por esta vía se recurre, el Juez del conocimiento entró al fondo del asunto y consideró fundado el concepto de violación expuesto por el quejoso, en virtud de que, en el caso, la autoridad responsable no demostró haber emitido respuesta a su petición. En consecuencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que fuera notificado el auto por el que causara ejecutoria el fallo de garantías, emitiera respuesta fundada, motivada y congruente a la petición formulada por el promovente. En contra de las consideraciones sintetizadas, el recurrente manifiesta, a título de agravio, lo siguiente: Es ilegal la sentencia que se recurre, en virtud de que el Juez de Distrito no observó los principios de congruencia, precisión y claridad del acto reclamado, fundamentación, motivación y exhaustividad, que toda resolución debe cumplir. Lo anterior es así, señala la autoridad recurrente, porque el Juez del conocimiento de manera indebida analizó el asunto a la luz de lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, siendo que, en el caso, el escrito presentado por el quejoso ante la Comisión Federal de Competencia, dados los términos en que se formuló, consiste en una solicitud de acceso a la información pública gubernamental y no ejerció, por tanto, un derecho de petición. Siendo así, a juicio de la autoridad, el promovente del juicio de amparo debió agotar los medios de defensa establecidos en la ley referida y su respectivo reglamento; es decir, el quejoso, previo a promover la acción constitucional, estaba obligado a interponer el recurso de revisión previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, o bien, agotar el procedimiento establecido en los diversos 53 de la citada ley y 93 de su reglamento. En suma, la autoridad insiste en esta instancia en que el juicio es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. Por tanto, la litis en el presente recurso de revisión consiste en resolver si el quejoso, ante la omisión de la responsable de dar respuesta al escrito que presentó ante ella el veintinueve de noviembre de dos mil siete, debió agotar o no los medios de defensa previstos en la ley aplicable y su reglamento antes de promover la acción constitucional. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). El precepto legal transcrito establece que será improcedente el juicio de garantías contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando deban ser revisados de oficio, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, o cuando en contra de tales actos proceda algún medio de defensa mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando se suspendan sus efectos por la interposición de dicho medio de defensa, sin que para que se conceda la suspensión se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, con independencia de que el acto pueda ser suspendible o no, de acuerdo con la citada ley. Asimismo, en el supuesto de que el acto carezca de fundamentación, no existirá la obligación de agotar los medios de defensa respectivos. Para resolver si en el caso, como lo alega la recurrente, el quejoso, antes de promover el juicio de garantías, debió interponer el recurso de revisión previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este órgano colegiado estima conveniente señalar el contenido de dichos preceptos legales. ‘Artículo 49.’ (se transcribe). ‘Artículo 50.’ (se transcribe). De las disposiciones legales transcritas se desprenden los supuestos de procedencia del recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, como acertadamente lo consideró el Juez del conocimiento, en el caso que se estudia no se actualiza alguno de dichos supuestos, ya que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión por parte de la responsable de dar respuesta a su solicitud, hipótesis que no está contemplada en los artículos de referencia. Por otra parte, el recurrente también argumenta que el quejoso debió agotar el procedimiento establecido en los artículos 53 de la ley que se analiza y 93 de su reglamento, cuyos textos se señalan a continuación: ‘Artículo 53.’ (se transcribe). ‘Artículo 93.’ (se transcribe). Para resolver si el quejoso debió agotar el procedimiento previsto en los preceptos legales transcritos, que sí se refieren a la falta de respuesta a una solicitud de un particular, este tribunal hará mención de las siguientes consideraciones: Los artículos 1, 4, 5 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establecen: ‘Artículo 1.’ (se transcribe). ‘Artículo 4.’ (se transcribe). ‘Artículo 5.’ (se transcribe). ‘Artículo 6.’ (se transcribe). De los preceptos legales que anteceden se advierte que uno de los objetivos que persigue la ley en cita es proveer lo necesario para garantizar el acceso a los gobernados a la información que esté en posesión de los Poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Asimismo, la ley de referencia tiene como propósitos, entre otros, que los gobernados puedan tener acceso a la información pública gubernamental de manera sencilla y expedita; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los órganos federales; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos para que éstos valoren el desempeño de las autoridades; mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos; así como contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho. Por último, de los numerales transcritos se advierte, por un lado, que las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental son de observancia obligatoria para los servidores públicos federales, su interpretación deberá favorecer el principio de publicidad de la información pública gubernamental y, por el otro, que el acceso a dicha información se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos e instrumentos internacionales que México haya suscrito y ratificado. Por otra parte, del proceso legislativo que dio origen a la Ley de Transparen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23456-a54b81f2/acceso-a-la-informacion-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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