INFORMACIÓN PÚBLICA. CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA AL ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA, DEBE INTERPONERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PREVIAMENTE AL AMPARO, AUN CUANDO SE INVOQUE COMO SUSTENTO EL DERECHO DE PETICIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 118/2011. **********. 24 DE FEBRERO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ TORRES.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Es innecesario el análisis jurídico del acuerdo recurrido a la luz de los agravios propuestos, en virtud de que este Tribunal Colegiado, en uso de la obligación que imponen los artículos 73, último párrafo y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, advierte que la demanda de garantías es improcedente por distinta causal de improcedencia de mayor entidad a la advertida por el Juez de Distrito, que obliga a confirmar el desechamiento recurrido.
Al respecto, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo, en primera o segunda instancia, tiene el deber de analizar las causas de improcedencia, incluso oficiosamente, por ser de orden público, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, lo que concurre con la regla contenida en el artículo 91, fracción III, de la ley de la materia, consistente en que el órgano que examina el juicio de amparo en segunda instancia, puede estudiar las causas de improcedencia que advierta, aunque no hayan sido consideradas por el Juez; lo anterior permite concluir que un Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para confirmar el desechamiento de una demanda de amparo, apoyado en una causa de improcedencia diferente a la observada por el Juez de Distrito, en la inteligencia de que debe ceñirse a lo prevenido en el artículo 145 de la ley de la materia, por ser un requisito propio del momento procesal en que se actúa, y por tanto, el motivo de improcedencia que aprecie bajo una visión distinta a la del a quo, debe ser manifiesto e indudable. Es más, ningún sentido práctico positivo tendría que el Tribunal Colegiado, pese a haber advertido una causa de improcedencia manifiesta e indudable, concluyera que procede admitir la demanda ante la desestimación de la causal de improcedencia invocada por el Juez, pues con ello, solamente se lograría la tramitación de juicios infructuosos, en contravención a la garantía de celeridad en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(1)
Por principio, debe destacarse que el sentido del acuerdo recurrido estuvo determinado por la circunstancia de que el acto reclamado, desde la perspectiva del Juez de Distrito, involucró la transgresión del derecho de acceso a la información a que se refiere el artículo 6o. de la Constitución Federal y que, en síntesis, el acto reclamado no existe, porque:
"... al momento de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio de garantías (veinte de enero de dos mil once), se encontraban transcurriendo los diez días hábiles que señala el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, para que la unidad de información pública contestara la petición realizada; en esa medida, las autoridades responsables se encontraban aún en el plazo de ley para dictar el acuerdo correspondiente.-Así las cosas, resulta incuestionable que, en la especie, las responsables no han sido omisas en dar respuesta a la petición formulada por el impetrante del amparo, puesto que no ha incumplido con el término establecido para tal efecto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.-De lo anterior se colige que, a la fecha, no se ha causado en la esfera jurídica del quejoso una lesión o un perjuicio que afecte sus garantías constitucionales, puesto que el acto de que se duele aún no existe, ya que, como ha quedado señalado, las autoridades señaladas como responsables no han sido omisas en dictar el acuerdo respectivo sino que, por el contrario, se encuentra en tiempo para dictar el mismo.-En esa medida, toda vez que el acto reclamado aún no produce, en la esfera jurídica del aquí quejoso, una lesión o perjuicio; por tanto, no está legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal.-Así las cosas, esta instancia constitucional estima que el acto reclamado por el aquí agraviado, consistente en la abstención de la Junta de Gobierno y del director del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, de emitir el acuerdo respectivo a la petición formulada el seis de enero de dos mil once por el impetrante del amparo, no existe, en virtud de que las autoridades de referencia se encuentran en tiempo de dictar el mismo; por tal motivo, no le causa al quejoso ningún agravio personal y directo, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, puesto que, como ya se dijo, no existe una afectación real y objetiva a los derechos personales del agraviado.-Lo anterior pone de relieve la concurrencia, en la especie, de una causa notoria de improcedencia de la demanda de que se trata y, en esas condiciones, lo procedente es desechar de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145, en relación con el numeral 4o., interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo."
Es criterio de este Tribunal Colegiado, que cuando un gobernado presenta una solicitud a una autoridad para los efectos del juicio de amparo con la que pretende obtener, ya sea información pública o bien documentos en poder de esa autoridad, el derecho involucrado es el de acceso a la información, que está reconocido en el artículo 6o. de la Constitución de la República Mexicana, pues debe atenderse a la real pretensión del gobernado, la cual debe desprenderse del análisis integral del libelo de garantías y sus anexos; pero lo más trascendente es que se concluyó que si el motivo de la promoción del juicio de amparo era la falta de respuesta correspondiente, el remedio jurídico no era el juicio de garantías, sino el recurso de queja previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, en atención al principio de definitividad del acto reclamado que impera en el juicio de amparo.
En efecto, en la ejecutoria relativa al recurso de revisión administrativa, toca número 376/2010, emitida en la sesión de Pleno de este Órgano Colegiado el veintisiete de enero de dos mil once, se consideró lo antes destacado, según la transcripción siguiente:
"TERCERO.-Los agravios son sustancialmente fundados según se precisará.-En efecto, en la sentencia recurrida se otorgó la protección constitucional porque se consideró que la autoridad responsable no había dado respuesta a la petición formulada por el quejoso, en el escrito recibido por dicha autoridad, el primero de julio de dos mil diez.-En dicho escrito, el ahora impetrante del amparo, solicitó la expedición de copia certificada y simple de la información pública de primero de octubre de dos mil nueve a treinta de junio de dos mil diez, relativa a los ‘movimientos de ingresos y egresos que deberán contener, en el caso de egresos, el monto, el beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y ‘funcionario que lo autoriza’: En el caso de ingresos, el ‘número de entero, monto, concepto, contribuyente’ y ‘fecha’, con fundamento en los artículos 6o., 8o., 16 y 17 de la Constitución Federal, y 1o. a 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí.-En la sentencia recurrida, en primer término, la Juez de Distrito estimó inoperantes la causa de improcedencia aducida por la autoridad responsable, ahora recurrente, consistente en que el quejoso, previamente a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí para cumplir con el principio de definitividad del acto reclamado. Al efecto, expuso que la litis constitucional debía circunscribirse a la tutela especial del derecho de petición, el cual no está regulado por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligara al quejoso a agotar algún medio de defensa, antes de promover el juicio de garantías, sin que trascendiera que, a través de esa petición, hubiera solicitado copias simples y certificadas de cierta información a la autoridad responsable.-Contra esas consideraciones, la recurrente insiste en que aplica la causa de improcedencia de que se trata, expresando que la Juez de Distrito debió decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, porque de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, el quejoso debió agotar el recurso previsto en dicha ley; pues a pesar de que la Ley de Amparo establece casos de excepción al principio de definitividad, rector del juicio de garantías, ello sólo era así, para el caso de que no se encontrara reglamentado algún medio de defensa legal por virtud del cual pudiera modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado, o bien, que el recurso o medio de defensa previsto previera mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para la suspensión de dicho acto; circunstancias que, concluyó la recurrente, no suceden en el caso concreto, y que si bien hubo una solicitud en la que se invocó el precepto relativo al derecho de petición, y que, efectivamente, no hubo respuesta al respecto, debía atenderse al contenido de esa solicitud o pretensión del solicitante para establecer la garantía involucrada que, en el caso afirma, lo es de acceso a la información, y amén de que en la Ley de Transparencia aludida se establece la queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, cuando la autoridad ante quien se planteó la solicitud no contesta, ello integró la afirmativa ficta en los términos del artículo 75 de la Ley de Transparencia invocada, que le obligaba a expedir al quejoso la información de manera gratuita en un plazo máximo de diez días hábiles, salvo que se tratara de información confidencial o reservada, de modo que se corroboraba la procedencia de la queja prevista en el ordenamiento secundario antes de promover el amparo.-Tales argumentos son sustancialmente fundados.-En el caso concreto, la Juez de Distrito se concretó a destacar que el escrito presentado por el ahora quejoso ante la autoridad responsable, y cuya omisión generó la promoción del juicio de garantías sujeto a revisión, involucró el ejercicio del derecho de petición y concluyó prácticamente que, por tal motivo, al no ser una garantía reglada, no existía obligación de agotar medio de defensa alguno.-Sin embargo, lo trascendente en la especie es que, con independencia de que el quejoso invocó los artículos 6o., 8, 16 y 17 de la Constitución Federal, y 1o. a 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, como fundamento de la solicitud de que se trata, su real pretensión, en todo momento, como lo argumenta la recurrente, fue la de obtener cierta información de la responsable que, en el caso pretendía, en copia simple y certificada.-En efecto, para la recurrente, la solicitud elevada por el quejoso correspondía al ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que su intención era obtener ciertos documentos que estimó obraban en poder de la autoridad responsable.-Ello es fundado, porque como se destacó oportunamente, ********** pretendía copia simple y certificada de los ‘movimientos de ingresos y egresos, que deberán contener, en el caso de egresos, el monto, el beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza: En el caso de ingresos, el número de entero, monto, concepto, contribuyente y fecha’, y en la demanda de amparo los motivos de disenso aluden como violación de garantías la falta de obtención de esos documentos, de suerte que el análisis integral del libelo de garantías y sus anexos permite advertir que la real pretensión del quejoso involucra la vulneración del derecho de acceso a la información a pesar de que se citen diversos fundamentos legales.-Esa pretensión, de ser procedente, en ningún caso podría haberse visto favorecida si se considera, como lo hizo la a quo, que el derecho ejercido fue el de petición, porque el eventual cumplimiento de la ejecutoria de amparo respectiva (es decir, en el caso la sentencia recurrida) se encontraría satisfecha con la simple respuesta congruente en breve término y debidamente notificada al quejoso, pero en esas condiciones, éste nunca tendría la posibilidad de obtener los documentos que solicitó a la autoridad responsable, lo que haría nugatorio su pretensión evidente.-Así las cosas, si se atiende a que la real pretensión del quejoso, con la solicitud elevada a la autoridad responsable, era la obtención de cierta información de parte de la autoridad responsable a través de documentos en copia simple y certificada, como se precisó en el presente estudio, ello evidencia que la garantía involucrada material y jurídicamente por el ahora recurrente, es la de acceso a la información pública, y no la que se refiere al derecho de petición, pues de otro modo esa pretensión nunca se vería satisfecha, esto, con total independencia que la solicitud se hubiera fundado en el artículo 8o. constitucional, pues en esas circunstancias, dado el principio de especialización, que significa preferir la norma específica a la genérica, obligaría a atender a las reglas que norman la verdadera pretensión del solicitante, y no a los fundamentos en que la sustente.-En consecuencia, si en la especie no consta que la autoridad responsable hubiera dado respuesta al solicitante, es incuestionable que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, atinente a la afirmativa ficta, que dispone: ‘Artículo 75. Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de información, la unidad de información pública no respondiere al interesado, se aplicará el principio de afirmativa ficta, y la autoridad estará obligada a entregar la información de manera gratuita, en un plazo máximo de diez días hábiles; salvo cuando se trate de información reservada o confidencial.’. Por lo mismo, si no consta la entrega de los documentos solicitados por el quejoso, a pesar de la presunción legal de que la autoridad autorizó su expedición, evidentemente que la solicitud de que se trata no está satisfecha y ello, como también se destacó, es materia del recurso de queja previsto en el artículo 74 del ordenamiento legal invocado, que dice: ‘Artículo 74. Contra los actos o resoluciones que de cualquier forma no satisfagan las solicitudes de información, sólo procede la queja que se interpondrá ante la CEGAIP.’.-Por todo lo anterior, es que se conviene con la recurrente en que el quejoso debió interponer ese medio ordinario de defensa antes de promover el juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige, según lo establecido en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo; por ello, de conformidad con el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías."
En tales condiciones, si con el escrito de seis de enero de dos mil once el impetrante del amparo pretendía obtener de la autoridad responsable diversas copias certificadas de los documentos que ahí describió, pero por la circunstancia de que ya había transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según lo precisó en su escrito de seis de enero de dos mil once, es claro que no se está en la hipótesis de la improcedencia relativa a la inexistencia del acto reclamado, de la manera en que lo advirtió la Juez de Distrito ya que en el acuerdo recurrido, se consideró que aún no transcurría ese lapso de diez días para que la responsable diera respuesta a la solicitud de la quejosa de seis de enero de dos mil once, cuando lo expuesto en el escrito de demanda fue que la responsable no había expedido los documentos solicitados mediante el diverso escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil diez, en cumplimiento a la afirmativa ficta prevista en el artículo 75 del ordenamiento jurídico invocado.
Por lo tanto, como la indebida apreciación del acto reclamado debe ser corregida por el órgano revisor, es claro que el acto reclamado, en realidad, corresponde a la falta de expedición de documentos en función de la afirmativa ficta generada por la falta de respuesta al escrito presentado a la responsable el diecinueve de marzo de dos mil diez, por lo que, en conclusión, conforme a lo antes reseñado, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque contra la falta de expedición de documentos en aquel supuesto, es procedente la queja a que se refiere el artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mismo que no hizo valer el peticionario del amparo antes de la promoción del juicio de garantías.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II y 87 de la Ley de Amparo, y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el acuerdo recurrido.
SEGUNDO.-Se desecha la demanda de garantías, expediente número 71/2011-I-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, que promovió ********* contra la autoridad y el acto precisados en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta sentencia, vuelvan los autos al Juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, F. Guillermo Baltazar Alvear, Carlos L. Chowell Zepeda y José Ángel Hernández Huízar, quien fue el ponente y que lo suscribe con el presidente.
En términos de lo previsto en los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 85 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información púbica y protección de datos personales, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
______________
1. Tesis 2a./J. 153/2008. No. registro IUS 168467. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 229.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23157-ccb483a4/informacion-publica-contra-la-omision-de-la-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL JUICIO CORRESPONDIE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- DERECHO DE PETICIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA SU VIOLACIÓN, POR LA FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO DE CONCESIÓN DE AGUAS NACIONALES EN (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN D (2a./J. 4/2012 (10a.))
- INFORMACIÓN PÚBLICA. CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA AL ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA, DEBE INTERPONERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO (IX.1o. J/24 (9a.))
- DERECHO DE PETICIÓN. LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN A AQUÉL, NO PUEDE ESTIMARSE A (I.15o.A.22 K)
- AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORI (XXI.1o.P.A.12 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis