COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN. SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal número 26/2005, son las siguientes:
"SEXTO. Previo al examen de los agravios, resulta oportuno tener en cuenta los antecedentes que se desprenden del expediente fiscal.
"Con fecha catorce de octubre de dos mil dos, la contribuyente ‘Compañía La Trinidad, Sociedad Anónima de Capital Variable’, solicitó devolución de saldo a favor por concepto del impuesto al valor agregado, por el ejercicio fiscal de dos mil uno, la cantidad de ciento treinta y dos mil ciento cincuenta y tres pesos.
"En respuesta a esa solicitud, mediante oficio número 322-SAT-R6-L54-01B-22236, de veintinueve de octubre de dos mil dos, la autoridad fiscal expuso, entre otras consideraciones, que existen inconsistencias en el dispositivo magnético 1 ‘relación de proveedores y prestadores de servicios’, por lo que no cumplían con los requisitos fiscales, motivo por el cual ciertos montos no fueron considerados para su devolución.
"En contra de esa determinación, la sociedad contribuyente interpuso recurso de revocación (fojas 26 a 29), el cual la administradora local Jurídica de León en el Estado de Guanajuato, resolvió el dieciocho de febrero de dos mil tres, declarando fundado dicho medio de impugnación para el efecto de que la Administración Local de Recaudación de León, fundara y motivara su proceder, es decir, para que precisara cuáles fueron las inconsistencias detectadas en el dispositivo magnético 1 que la llevaron a no considerar ciertos montos en el saldo a favor solicitado (fojas 13 a 20).
"En cumplimiento a esa resolución el administrador local de Recaudación de León, mediante oficio número 322-SAT-R6-L54-01B-038341, de ocho de agosto de dos mil tres, expuso que de la ‘relación de proveedores, arrendadores y prestadores de servicios’, se desprendía que existían proveedores, arrendadores o prestadores de servicios no registrados ante el Registro Federal de Contribuyentes; proveedores, arrendadores o prestadores de servicios no localizados en ese padrón; y, proveedores, arrendadores o prestadores de servicios suspendidos ante dicho registro, motivo por el que no estaba en posibilidad de verificar la autenticidad de las operaciones comerciales que amparaban los importes respectivos, lo que sustentó en los artículos 6o. del Impuesto al Valor Agregado; 17-A, 22, 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (fojas 9 a 12).
"El argumento que se hizo valer en el juicio de nulidad en contra de ese aspecto, se sustentó en que la resolución no estaba debidamente fundada ni motivada, en virtud de que se omitió precisar cuál de los dispositivos legales citados por la autoridad administrativa establece los casos para no considerar procedente la devolución de saldos a favor cuando los proveedores no están inscritos, no localizados o suspendidos en el Registro Federal de Contribuyentes, y que la responsabilidad de esas irregularidades compete exclusivamente a la autoridad recaudadora, cuyas consecuencias no pueden recaer en el solicitante de la devolución del saldo a favor.
"Al responder el aludido concepto de anulación, la Sala Fiscal expuso que no existe precepto legal que establezca la obligación a cargo de los contribuyentes de verificar que los proveedores con los que tiene relación comercial, no hayan sido dados de baja por las autoridades fiscales por no localizarlos, se encuentren en suspensión de actividades, o bien, no se encuentren inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, como requisito para solicitar la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado, pues basta que cuenten con el comprobante de la operación efectuada y que reúnan los requisitos fiscales correspondientes.
"Ahora bien, en el primero de los agravios, expone la autoridad recurrente que se viola el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque la juzgadora se sustituye a la autoridad recaudadora al determinar que el contribuyente tiene un saldo a favor y ordena su devolución, sin tomar en consideración que la Administración Local de Recaudación de León, tiene facultades expresas para tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes sobre devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco, cuando legalmente así procedan, lo que se desprende de los artículos 22, fracción II, en relación con el 20, fracción XXXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
"Lo anterior es sustancialmente fundado.
"En efecto, como lo establece la recurrente, de conformidad con los artículos 22, fracción II, en relación con el artículo 20, fracción XXXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es la Administración Local de Recaudación la autoridad encargada de tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución de saldos a favor cuando procedan legalmente.
"Lo mencionado en último término significa que la base jurídica de la pretensión del contribuyente para obtener la devolución del impuesto al valor agregado, se sustenta en el hecho de haber pagado a sus proveedores o prestadores de servicios dicho tributo, cuya consecuencia es convertir el gravamen en impuesto acreditable, por lo que está en posibilidad de solicitar su devolución cuando obtenga un saldo a favor; sin embargo, si los comprobantes que exhibe para sustentar ese derecho presentan irregularidades en torno a la no inscripción, suspensión de actividades o no localización de proveedores o prestadores de servicios ante el registro federal de contribuyentes, es patente que el fisco federal, como tercero a dichas operaciones, sólo puede devolver el tributo pagado en exceso si se justifica legalmente la razón de ello, lo que no sucede en la especie, precisamente, porque para efectos de la devolución solicitada, las operaciones comerciales carecen de eficacia legal, sin que ello implique que sea personalmente el quejoso quien a sabiendas utiliza un comprobante irregular o que éste haya podido ser engañado por su proveedor o prestador de servicios en relación con tales actos, empero, dado que el fisco resulta ajeno a las operaciones realizadas, advertida su irregularidad legalmente no puede autorizar la devolución solicitada en la medida en que se sustenta en actos irregulares que incluso pueden dar lugar a la realización de conductas posiblemente delictivas.
"Desde otra perspectiva, la devolución del saldo a favor solicitado por un contribuyente no es automática con la sola exhibición de los comprobantes y que éstos reúnan los requisitos fiscales, sino que su procedencia requiere previamente de la verificación por la autoridad hacendaria de las operaciones comerciales que se desprendan de dichos comprobantes, puesto que de su efectividad dependerá la devolución del impuesto.
"De acuerdo con la mecánica de causación del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 1o. de la ley que lo regula, cuando el contribuyente actúa como consumidor de bienes o servicios, el proveedor o prestador de servicios le traslada el impuesto al valor agregado (impuesto al valor agregado acreditable); empero con motivo de las actividades que lleva a cabo dicho contribuyente, ya sea como proveedor o prestador de servicios también se ve en la necesidad de trasladar el tributo a terceros (impuesto al valor agregado por pagar), de tal manera que pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sea acreditable, o bien, en términos del artículo 6o. del ordenamiento en consulta, podrá solicitar su devolución cuando en la declaración resulte saldo a favor.
"Cuando retiene el tributo al consumidor final, tiene el deber de enterarlo a la hacienda pública mediante las declaraciones correspondientes, de tal manera que si uno de los participantes en la operación comercial solicita a la autoridad exactora la devolución de impuestos, ésta tendrá que verificar la procedencia de esa solicitud.
"Es decir, ante una solicitud de devolución de saldo a favor, la autoridad exactora está facultada para verificar la efectividad de la relación comercial, pues es en ella en donde se gesta el derecho a solicitar la devolución del tributo, y en esa labor, naturalmente, tiene que examinar, entre otros elementos, que los contribuyentes (tanto quien expide comprobantes fiscales como quien los utiliza) estén dados de alta en el registro federal de contribuyentes, puesto que constituye un medio de control sobre los causantes y los actos fiscales que ellos realizan, de manera que ante una operación comercial irregular, evidentemente no procederá la reintegración de impuestos, pues se parte de la base de que el beneficio proviene de operaciones comerciales que efectivamente se han llevado a cabo y no sobre aquellas que se han llevado a cabo de manera anormal.
"Incluso, como parte de las atribuciones que tiene la autoridad administrativa en el tema de devolución de impuestos, se encuentran las relativas al requerimiento de datos, informes o documentos adicionales, en términos del tercer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, lo que se explica porque serán esos elementos los que proporcionen certeza a la relación comercial sobre la que se pretende el beneficio fiscal.
"Desde otra perspectiva, la devolución del saldo a favor depende de la autenticidad de la operación comercial, cuya función corresponde a la autoridad hacendaria y ésta puede negar el beneficio cuando advierta irregularidades, como sucede, por ejemplo, cuando el obligado a expedir comprobantes fiscales no esté activo en el padrón fiscal, pues, se repite, ello obstaculiza la actividad de la exactora de verificar la legitimidad de la deducción o el acreditamiento.
"De ahí que conforme al artículo 27 del citado ordenamiento impositivo citado por la recurrente, las personas físicas y morales que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deben solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos correspondientes, puesto que, como se dijo, ese padrón constituye uno de los medios de control sobre los causantes y las operaciones comerciales que realicen.
"La intención legislativa es que los beneficios fiscales procedan para aquellos contribuyentes que estén activos en dicho registro, pues al no estarlo, ya sea por no estar inscritos, no localizados o suspendidos, la autoridad exactora no está en condiciones de verificar la legal procedencia del saldo a favor; por eso la normatividad que regula las atribuciones de la autoridad administrativa dispone que se tramitarán y resolverán las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución de impuestos cuando procedan legalmente.
"A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta lo que establece el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época en que la demandada hizo el pronunciamiento respectivo, en cuanto a los requisitos que debe observar el contribuyente que utilice comprobantes para deducir o acreditar fiscalmente, el cual es del tenor siguiente:
"‘Artículo 29.’ (se transcribe su texto).
"El anterior precepto contempla los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales para efectos de deducibilidad o acreditamiento, entre los que se encuentra la obligación de quien los utilice cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparecen en los mismos son los correctos; esto es, la obligación que asume el contribuyente que ha de utilizar el comprobante fiscal para realizar deducciones o acreditamiento es cerciorarse de que los datos que contiene son correctos o idóneos para llevar a cabo tales beneficios fiscales.
"La interpretación que debe darse a esa porción normativa no debe limitarse a una simple verificación de los datos que contiene el comprobante fiscal, puesto que no debe perderse de vista que con base en él se ejercerá un derecho ante la autoridad hacendaria, quien para aplicar el aludido beneficio debe verificar la efectividad de la operación comercial de los causantes, ya que de ello dependerá la legalidad de la deducción o el acreditamiento.
"Considerar que el contribuyente que pretende devolución de impuestos solamente tenga que cerciorarse de que el comprobante contiene los requisitos fiscales tendría una doble consecuencia; por una parte, anularía la facultad de la autoridad para verificar su legal procedencia, por otra, se correría el riesgo de legitimar una operación comercial entre personas que no están dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, propiciando un detrimento a la hacienda pública al devolver tributos que nunca ingresaron a las arcas federales.
"Lo anterior de manera alguna significa imponer al contribuyente que utiliza un comprobante fiscal una carga adicional al verificar que los proveedores o prestadores de servicios estén inscritos en el aludido registro, sino que ese deber forma parte del cercioramiento para el caso de pretender la obtención de determinado beneficio fiscal.
"Ciertamente que la obligación de inscribirse en el padrón corresponde al contribuyente que tenga el deber de expedir comprobantes fiscales y su omisión o las irregularidades sobre el particular tiene como consecuencia la imposición de multas por infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes, como se desprende del artículo 80 del Código Fiscal de la Federación; empero la observancia de dicha obligación también recae en el causante que utiliza el comprobante fiscal cuando pretende obtener determinado beneficio fiscal, de manera que esa gracia no procederá ante la existencia de anomalías en dicho padrón.
"Así las cosas, se pone de manifiesto el desacierto de la Sala del conocimiento al sostener que no existe fundamento legal para limitar la procedencia del saldo a favor solicitado por el contribuyente cuando el proveedor o prestador de servicios no se encuentren en el Registro Federal de Contribuyentes, por no estar inscritos, no localizados o en suspensión, de manera que resulta ilegal su proceder al ordenar la devolución del importe solicitado por el actor en el juicio de nulidad, atento a las consideraciones expuestas en esta ejecutoria.
"En las relatadas circunstancias, al resultar parcialmente fundados los agravios, en la materia de la revisión, debe revocarse la sentencia impugnada para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la resolución recurrida y dicte otra en la que, por una parte, reitere las consideraciones en torno al crédito fiscal número Z-219633 por estar cancelado; y, por otra, declare la validez de la resolución impugnada en cuanto a la improcedencia del saldo a favor en los términos solicitados por la empresa contribuyente.
"Toda vez que con lo hasta aquí analizado ha sido suficiente para variar el sentido de la resolución impugnada, resulta innecesario ocuparse del argumento consistente en que la juzgadora debió declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, dado que su examen en nada variaría el sentido asumido en la presente resolución."
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal número 29/2002-I, son las siguientes:
"CUARTO. Es infundado el único agravio que hace valer la autoridad demandada, en el que esencialmente alega que, contrario a como lo estimó la Sala responsable, el rechazo del trámite solicitado por el actor, consistente en la devolución del impuesto al valor agregado, por concepto de saldo a su favor en la cantidad de $22,641.00 moneda nacional, que debidamente fue dado, pues para ello, dice, se apoyó en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 24, fracción III, y 67-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 4o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículos que son del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 29.’ (se transcribe su texto).
"‘Artículo 29-A.’ (se transcribe su texto).
"‘Artículo 24.’ (se transcribe su texto).
"‘Artículo 4o.’ (se transcribe su texto).
"Al respecto, alega la demandada que de los artículos antes transcritos, se puede apreciar que para la procedencia legítima de la devolución del impuesto al valor agregado, el contribuyente debió cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social, así como la clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en las mismas eran los correctos, lo cual dice, no aconteció en la especie; ya que los proveedores y prestadores de servicios que se indican en la relación anexa a su solicitud no se encuentran en suspensión de actividades o no localizados, en el periodo por el cual solicitó la devolución.
"En efecto, no le asiste la razón a la autoridad demandada, pues como acertadamente lo consideró la Sala responsable, de los preceptos antes transcritos se advierte que el contribuyente que pretenda, como aconteció en la especie, hacer deducible un gasto para fines del impuesto al valor agregado, sólo está obligado a verificar que la documentación que ampare dicho gasto reúne los requisitos que señalan los artículos relativos a la identidad y domicilio de quien la expide así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio, y si bien es cierto los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación establecen los requisitos que deben de contener los comprobantes fiscales, también es cierto que el actor sólo estuvo obligado a verificar que tales comprobantes reunieran dichos requisitos, dentro de los cuales, en efecto, se advierte que no se incluye el de verificar que la clave del Registro Federal de Contribuyentes plasmado en los comprobantes de pago, efectivamente se encuentren registrados ante el registro federal de contribuyentes o bien, que estando registrado el contribuyente emisor de los comprobantes de pago, no sea localizable o no se encuentren o no se encuentre en suspensión de actividades. Luego, si la demandada rechazó la documentación presentada por la actora, por no reunir un requisito que no estuvo obligada a cubrir, fue correcto que la Sala responsable considerara que los documentos que la actora acompañó a su solicitud de devolución, sí reunieron los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, con lo cual acreditó el saldo a su favor del impuesto al valor agregado, y en consecuencia, que declarara la nulidad de la resolución reclamada y ordenara se le hiciera a la actora la devolución del saldo reclamado."
CUARTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán.
1. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito consideró que la devolución del saldo a favor depende de la autenticidad de la operación comercial, cuya función compete a la autoridad fiscal y ésta puede negar el beneficio cuando advierte irregularidades en los comprobantes; ya que dicha devolución no es automática con la sola presentación de los comprobantes y que éstos contengan los datos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, pues su procedencia requiere, previamente, de la verificación de los mismos, puesto que de su efectividad dependerá la devolución del impuesto.
Que en términos de lo establecido en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, es obligación del contribuyente que utiliza comprobantes fiscales (para realizar deducción o acreditamiento), cerciorarse que los datos que contienen (nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expide) son correctos e idóneos para llevar a cabo tales beneficios fiscales, lo que no debe entenderse limitado a una "simple verificación de los datos que contiene el comprobante", pues con base en él se ejercerá un derecho ante la autoridad hacendaria.
Que considerar que el contribuyente sólo debe cerciorarse de que el comprobante reúne los requisitos fiscales tendría una doble consecuencia:
a) Anularía la facultad de verificación de la autoridad y;
b) Se legitimaría una operación que daría lugar al detrimento de la hacienda pública al devolver tributos que nunca ingresaron a las arcas federales.
Que ello en modo alguno implica "imponer una carga adicional" al contribuyente que utiliza el comprobante, pues el verificar que los proveedores o prestadores de servicios están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes es un deber que forma parte del cercioramiento para el caso de pretender el beneficio de la devolución, pues si bien es cierto que la obligación de inscribirse en el padrón recae sobre el contribuyente que expide el comprobante fiscal, la sanción por dicha omisión recae en él, empero la observancia de dicha obligación también recae en el causante que usa el comprobante fiscal cuando pretende el beneficio.
2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó que de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 4o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que el contribuyente que pretenda hacer deducible un gasto, sólo está obligado a verificar que la documentación que lo ampare reúne los requisitos relativos a la identidad y domicilio de quien lo expide y de quien adquirió el bien o recibió el servicio.
Que esto es así porque, si bien es cierto que los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación establecen los requisitos que deben satisfacer los comprobantes, también es cierto que quien los utiliza sólo tiene la obligación de verificar que los reúnan, dentro de los que no se incluye el de verificar que la clave del Registro Federal de Contribuyentes se encuentre inscrito o bien, que estando registrado no sea localizable o no se encuentre en suspensión de actividades.
Que si los comprobantes reúnen los requisitos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se acredita el saldo a favor y procede la devolución de impuestos.
Del análisis de lo expuesto se advierte la existencia de la contradicción de tesis denunciada puesto que los órganos colegiados mencionados se pronunciaron respecto de un mismo tema, como son las obligaciones a cargo de un contribuyente, en términos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que utiliza comprobantes fiscales con el objeto de deducir un gasto o acreditar un impuesto y si la sola satisfacción de los requisitos a que se refieren dichos artículos obliga a la autoridad fiscal a realizar la devolución del saldo a favor; sin embargo, sustentaron criterios discrepantes, en tanto que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito consideró que, para que proceda la devolución de un saldo a favor, el contribuyente que utiliza comprobantes fiscales con el objeto de deducir o acreditar, no sólo está obligado a verificar los datos que contiene el comprobante, sino que además debe cerciorarse que los proveedores o prestadores de servicios estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, por ser éste un deber que forma parte del cercioramiento que da lugar al beneficio de la devolución. Mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó que el contribuyente que pretenda hacer deducible un gasto sólo está obligado a verificar que la documentación que lo ampara reúne los requisitos que señalan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, relativos a la identidad y domicilio de quien expide el comprobante, así como de quien adquiere el bien o servicio de que se trate y que si los comprobantes reúnen dichos requisitos, procede la devolución del saldo a favor.
Por tanto, se pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan a continuación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, octubre de 1992. Tesis 4a./J. 22/92. Página 22).
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en esta resolución, por las razones que a continuación se exponen.
Los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en el ejercicio fiscal de dos mil uno, eran del tenor literal siguiente:
"Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señala el artículo 29-A de este código. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo.
"...
"Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como verificar que el comprobante contiene los datos previstos en el artículo 29-A de este código.
"...
"... Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo. ..."
"Artículo 29-A. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este código, además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente:
"I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.
"II. Contener impreso el número de folio.
"III. Lugar y fecha de expedición.
"IV. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.
"V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.
"VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deben trasladarse, en su caso.
"VII. Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.
"VIII. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. ..."
Del artículo 29-A antes transcrito se desprenden los requisitos formales que deben satisfacer los comprobantes fiscales, en relación con los cuales, en términos del segundo párrafo del diverso artículo 29, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad.
Asimismo, y por cuanto hace a los datos a que se refiere la fracción I del citado artículo 29-A, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien expide el comprobante, se impone al usuario del documento la obligación de cerciorarse de que dichos datos sean los correctos; ello en virtud de que, de tal deber deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo que en su caso corresponda.
Dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente a favor de quien se expide el comprobante, a verificar que el nombre, denominación o razón social del vendedor de los bienes o prestador de servicios coinciden con el dato relativo a la clave del Registro Federal de Contribuyentes que se contenga impreso en el documento; es decir, la exigencia legal a su cargo no comprende la comprobación del debido cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor del documento, pues su obligación se restringe a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora.
No obstante lo anterior, aun cuando el contribuyente que pretenda realizar la deducción o el acreditamiento de un tributo en particular, haya cumplido con dicho deber y se haya cerciorado de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19301-01a89c6b/comprobantes-fiscales-el-contribuyente-a-favor-de-quien · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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