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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE SE DIRIGEN A IMPUGNAR EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO MEDIANTE EL CUAL DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR LA COMISIÓN DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19226
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO Y SEXTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 22.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO Y SEXTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Sexto, todos del Décimo Sexto Circuito, son los que a continuación se precisan:

I. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 297/2004, 298/2004 y 299/2005, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

"SEXTO. Finalmente, aun cuando no existe agravio en contra de la resolución del Juez de amparo de dar vista al agente del Ministerio Público Federal, respecto de la conducta consistente en haber afirmado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, que la notificación reclamada se le notificó el dieciséis de junio de dos mil cuatro, cuando de las constancias de autos aparece que se realizó el catorce anterior, lo que no podía ignorar porque intervino en el juicio de donde proviene el acto reclamado y, por ende, tal conducta pudiera constituir el delito previsto en el artículo 211, fracción II, de la Ley de Amparo, de oficio se procede a examinar dicha actuación, en virtud de que pudiera trascender en un acto de molestia de índole penal, cuyo análisis se justifica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción II, de la ley en cita.

"Establecido lo anterior, se observa que la decisión del Juez Federal resulta incorrecta, pues la circunstancia de que en la demanda de garantías se haya aseverado una fecha de notificación de la interlocutoria que constituye el acto reclamado, distinta a la en que realmente se llevó a cabo ese acto jurídico, no conduce necesariamente a determinar que tal imprecisión fue de mala fe o sea constitutiva de un delito, esto es, que haya sido en forma dolosa con la finalidad de sorprender al Juez Federal, particularmente porque a sabiendas de que para resolver el juicio de amparo era necesario que el Juez de Distrito tuviera a la vista dicha resolución, así como la constancia relativa a la notificación de las partes, pudiera soslayar esta última actuación, como finalmente no sucedió, lo que hace creíble lo expuesto por la recurrente, según se tiene visto, en el sentido de que al haber designado domicilio para recibir notificaciones ante la segunda instancia en esta ciudad capital, que es distinto al en que se encuentra ubicado el despacho de los autorizados del quejoso, la persona que recibió la notificación de la interlocutoria que constituye el acto reclamado les proporcionó una fecha equivocada de ésta.

"En tales condiciones y con base en lo antes expuesto, tal conducta, que puede ser atribuida a los autorizados del quejoso, no da lugar a estimar que incurrieron en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 211 de la Ley de Amparo, consistente en manifestar hechos falsos en la demanda de garantías en forma dolosa.

"Estas consideraciones imponen modificar la sentencia recurrida, también para que se deje sin efecto la determinación del Juez de amparo relativa a dar vista al agente del Ministerio Público Federal por la probable comisión del delito previsto en el artículo 211 de la Ley de Amparo, lo cual podría trascender en un acto de molestia para los autorizados del quejoso ante la posible apertura de una averiguación previa sin justificación alguna."

II. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 29/2005, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

"Por último, el Juez de Distrito estimó que el quejoso afirmó en su demanda de amparo un hecho falso cuando afirmó que la resolución reclamada se le notificó el diez de septiembre de dos mil cuatro, porque las constancias que el Juez que se señaló como autoridad responsable, anexó a su informe con justificación, revelaron que se le notificó legalmente el veintitrés de junio del mismo año; conducta que ponderó el a quo podía constituir el delito previsto por el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación de su adscripción.

"Esa decisión también resulta indebida, porque el hecho de que las constancias de autos revelen que el veintitrés de junio de dos mil cuatro, la resolución reclamada se notificó al quejoso, por conducto de su autorizado, no implica que el propio quejoso hubiere mentido cuando manifestó que se le notificó esa resolución el diez de septiembre de dos mil cuatro, porque ese dato se constata en la foja 310 del cuaderno de amparo, pues al efecto aparece el nombre y la firma del mismo quejoso Ignacio Fernández Vallecillo, así como la leyenda ‘10-09-004’, que significa sin lugar a dudas diez de septiembre de dos mil cuatro, pues es un hecho notorio que cuando se hace referencia a una fecha se emplean esos guarismos con guiones o diagonales intermedias; al margen de que esta última notificación no tenga relevancia alguna para los efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de garantías, atento a las razones que se expusieron en párrafos precedentes.

"Además, el que la resolución reclamada haya sido notificada en diversa fecha al quejoso, por conducto de su autorizado, en todo caso implica que la notificación se realizó en dos ocasiones, pero no que el quejoso haya mentido cuando afirmó que a él se le notificó en forma personal y directa el diez de septiembre de dos mil cuatro.

"Por tanto, al ser inexacta la premisa en la que el Juez de Distrito sustentó su orden de dar vista al Ministerio Público de su adscripción (que el quejoso afirmó un hecho falso); igualmente resulta inexacta tal determinación.

"En tales condiciones, lo procedente es modificar la sentencia recurrida, a fin de dejar sin efecto la multa impuesta a Ignacio de Jesús Fernández Vallecillo, a Joel Quiroz Ciénega y a José Irwing Hidalgo Moreno y que el Juez de Distrito prescinda de la vista que ordenó dar al Ministerio Público de la Federación de la adscripción."

III. El Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 50/2005 y 59/2005, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

AR. 50/2005

"De igual manera, es fundado lo expuesto por la parte recurrente en el sentido de que lo resuelto por el Juez de Distrito, consistente en dar vista al Ministerio Público de la Federación, porque en su concepto, la parte quejosa omitió manifestar en su demanda de amparo el nexo familiar que lo une con el supuesto arrendador, así como que él había entendido la diligencia de fecha veinticinco de abril de dos mil tres, además de que el contrato de arrendamiento presentado por el quejoso es un acto simulado y, por ende, constituye un documento falso, lo que puede actualizar el delito previsto en el artículo 211, fracciones I y II, de la Ley de Amparo.

"Se afirma lo anterior por lo siguiente:

"El artículo 211 fracciones I y II, de la Ley de Amparo dispone:

"‘Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario:

"‘I. Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17;

"‘II. Al quejoso o tercero perjudicado en un juicio de amparo, que presente testigos o documentos falsos.’

"Del contenido del citado dispositivo se advierte que, para la actualización de la hipótesis, se requiere que alguna de las partes en el juicio de amparo al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, siempre que no se reclamen actos de los que alude el artículo 17 de la propia ley, o bien que presente testigos o documentos falsos.

"En el caso, no se da el primer supuesto en tanto que el hecho de que el quejoso hubiere omitido manifestar en su demanda de amparo el nexo familiar que lo une con el supuesto arrendador, así como que él fue quien entendió la diligencia de veinticinco de abril de dos mil tres, aspectos estimados por el Juez de Distrito por la posible integración de esa hipótesis legal, carecen de sustento jurídico y probatorio, por los motivos antes expuestos y a los que nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias.

"Y en relación con el segundo supuesto, cabe señalar que no se encuentra demostrado que el contrato de arrendamiento exhibido al juicio de garantías por el accionante constitucional, fuere falso, dado que ninguna prueba se aportó al respecto. Siendo insuficiente para así considerarlo la objeción hecha por el tercero perjudicado ‘Scotiabank Inverlat’, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en tanto que no ofreció pruebas para demostrar la falsedad atribuida a ese documento. De tal suerte que no se justifica la orden para dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado de Distrito, al no existir bases legales para ello; por lo cual en este aspecto también debe modificarse el fallo sujeto a revisión.

"En tales condiciones, ante lo inoperante, fundado pero inoperante y fundado de los agravios, debe modificarse la sentencia recurrida, dejándose sin efecto la multa impuesta al quejoso Juan Bernardo Álvarez Bustamante y a su autorizado legal Juan Eduardo Álvarez Bustamante, así como la orden de dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, y confirmarse el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados."

AR. 59/2005

"La parte recurrente aduce que la determinación del Juez Federal de dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, es incorrecta, pues Socorro Valencia Vargas, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Miguel Fernández Ávila, aduce que el delito previsto en el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo, no se configura si quien promueve la demanda no tiene la calidad específica de quejoso, sino de representante de una sucesión, que no obran antecedentes de que la citada sucesión a través de su albacea hubiera promovido un diverso juicio de amparo contra las mismas autoridades y los mismos actos reclamados, y que el Juez de amparo debió estudiar si en el caso se colmaban los supuestos jurídicos que actualizan la conducta que sanciona el aludido dispositivo legal, aunado a que en su demanda de amparo sí hizo mención del juicio de amparo 760/2003-M, como sus antecedentes, e incluso pidió su acumulación.

"Agrega, que de las constancias documentales públicas que remitieron con sus informes previos las autoridades responsables del juicio mercantil número 58/2002-M, se desprendían los actos de ejecución que se reclamaban. Que sí hizo mención del juicio de amparo 760/2003-V, también del juicio ordinario mercantil 58/2002-M, y que señaló que fue a partir de la notificación del último informe remitido por el Magistrado de la Sala responsable, de que tuvo conocimiento el cuatro de marzo de dos mil cuatro, en los estrados del Juzgado de Distrito.

"Sigue diciendo, que el Juez de Distrito no analizó los documentos que se anexaron a la demanda pues de haber atendido a esa obligación, pudo haberse percatado de la certificación expedida que consta al reverso de las pruebas exhibidas, de donde se obtiene que las citadas copias constan en el juicio de garantías 760/2003-V, por tanto, no tiene sustento la determinación en que se sostuvo que no se hizo mención de la fecha en que conoció los actos.

"Que para que se configure el delito citado, es condición de que se dé la calidad de sujeto activo que exige el tipo, que lo es que la persona que formule una demanda de amparo sea con el carácter de quejoso, y en el caso, Socorro Valencia Vargas, se ostentó como representante legal de una sucesión, y al efecto invoca las tesis de rubros: ‘CUERPO DEL DELITO CUANDO FALTA ALGUNO DE SUS ELEMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ y ‘FALSEDAD U OMISIÓN DE DATOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 211 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO SE CONFIGURA SI QUIEN INTERPONE LA DEMANDA NO TIENE LA CALIDAD ESPECÍFICA DE QUEJOSO SI NO DE REPRESENTANTE.’

"Los anteriores agravios resultan en esencia fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, con base en lo siguiente:

"El ordinal 211, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé:

"‘Artículo 211. Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario.

"‘I. Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos y omita los que le consten en relación con el amparo, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17.’

"Del precepto en comento se desprende que el supuesto ahí contenido se actualizará cuando de la demanda de amparo el Juez advierta que el quejoso se ha conducido con falsedad al proporcionar datos falsos u omitir los que tengan que ver con el juicio de amparo.

"Así, asiste razón jurídica a la recurrente porque como bien lo aduce, en la especie no incurrió en proporcionar datos falsos, pues como se desprende de la demanda de garantías, expuso lo siguiente:

"‘1. La suscrita, tuve conocimiento de los actos reclamados «De la sentencia interlocutoria incidental de auto 21 de noviembre de 2003.» y de «El auto de 12 de enero de ejecución de fecha 12 de enero de 2004.». Mediante los informes rendidos de las autoridades responsables el C. Juez Décimo Civil en oficio número 404 y del C. Magistrado de la Tercera Sala Civil del Estado de Guanajuato, en oficio número 456 en toca 379/2003, dentro del juicio ordinario mercantil 58/2002-M, en la que reconocen los actos reclamados que se les atribuyen y reconocen que «sí son ciertos los actos reclamados.». De este último informe remitido por el C. Magistrado de la Tercera Sala Civil del Estado de Guanajuato de oficio 456, tuve conocimiento en fecha 4 de marzo de 2004, en los estrados de este H. Juzgado Séptimo de Distrito por lista, dentro del juicio de garantías número 760/2003-MESA V. Prueba que anexo 1.3.’

"De lo anterior, es claro que la ahora inconforme no proporcionó datos erróneos, pues adujo que los actos reclamados consistentes en la sentencia interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil tres y del auto de doce de enero de dos mil cuatro, los conoció mediante los informes de las autoridades responsables, además, señaló que del último de ellos advirtió su existencia, del informe del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mismo que conoció al imponerse de los autos del juicio de garantías del que emanó la sentencia recurrida, el día cuatro de marzo de dos mil cuatro, según la razón asentada por el actuario adscrito al Juzgado Federal, es decir, de la lectura integral de lo señalado por la impetrante de amparo, debe tenerse en cuenta que la quejosa aclaró que del último informe rendido por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, contenido en el oficio número 456, tuvo conocimiento hasta el cuatro de marzo del año en mención, esto es, mencionó que tuvo conocimiento de los mismos, por las constancias que corrían agregadas al juicio de garantías, específicamente por los informes justificados rendidos por las responsables, juicio que originalmente habían promovido los diversos quejosos Mariam Ruth Hernández Hernández tutora de la menor Sonia Fernández Valencia, David y Miguel de apellidos Fernández Valencia, por lo que en esa medida debe estimarse que fue incorrecta la determinación del resolutor del amparo.

"En tales condiciones, ante lo infundado, inoperante y fundado de los agravios, en lo que fue materia del recurso, debe modificarse la sentencia recurrida, para confirmar el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados por Mariam Ruth Hernández Hernández tutora de la menor Sonia Fernández Valencia, por David y Miguel de apellidos Fernández Valencia, así como por Socorro Valencia Vargas en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Miguel Fernández Ávila y dejar insubsistente la orden de dar vista al Ministerio Público de la Federación, por no actualizarse la hipótesis del numeral 211, fracción I, de la ley de la materia."

TERCERO. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 94/2004, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

"Por último, resultan inatendibles los agravios que hace valer el revisionista en relación a que el Juez de Distrito resolvió dar vista al Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo, para los efectos legales que le competan, pues en ese aspecto, el Juez Federal actúo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, que prevé que cuando un funcionario público tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, tiene la obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, por lo que si en este caso, el Juez Federal, en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales estimó que la conducta del quejoso podría encuadrar en la hipótesis típica prevista en el numeral 211, fracción I, de la Ley de Amparo, es inconcuso que tenía que hacer partícipe al órgano encargado de la persecución de los delitos, para que resuelva lo que estime pertinente, por lo que en este aspecto, debe prevalecer la determinación del a quo.

"Esto es así, porque de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución General de la República, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, instituyéndose de esa manera, en la Ley Suprema, lo que los especialistas han denominado el monopolio en el ejercicio de la acción penal; por otra parte, el numeral 117 del Código Federal de Procedimientos Penales categóricamente establece que toda persona, en ejercicio de sus funciones públicas, que tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público; y, finalmente, el diverso artículo 211 de la Ley de Amparo contempla tres hipótesis delictivas, las cuales guardan relación con la responsabilidad de las partes en el juicio de garantías.

"De estas premisas, se infiere que los Jueces de Distrito, por imperativo de ley, se encuentran obligados a poner en conocimiento del Ministerio Público Federal, aquellos hechos que a su juicio pudieran ser constitutivos de alguno de los delitos a que alude el dispositivo legal citado en último término, si esto ocurre durante la tramitación del juicio de amparo y, por ello, deben dar vista a la institución ministerial de tales hechos, para que ésta proceda conforme al marco de sus atribuciones; sin embargo, el acuerdo que tome dicho juzgador a ese respecto, jurídicamente no puede examinarse en este recurso, pues de hacerse, prácticamente el Tribunal Colegiado estaría calificando, desde una perspectiva penal, la conducta asumida por alguna de las partes en el citado juicio, y concomitantemente determinaría en forma categórica, si existe o no delito que perseguir, invadiendo propiamente facultades que son exclusivas del órgano investigador; por tanto, debe entenderse que los agravios dirigidos a combatir el acuerdo que ordena dar vista al Ministerio Público Federal, de la probable comisión de hechos delictivos, previstos en el artículo 211 de la Ley de Amparo, técnicamente son inatendibles, en virtud de que el pronunciamiento que hiciera el tribunal revisor, en cualquier sentido que sea, se traduciría en el reconocimiento, con autoridad de cosa juzgada, de que en el caso sería procedente o no ejercitar la acción persecutoria, arrogándose de ese modo facultades que le competen única y exclusivamente a la representación social federal."

La resolución anterior dio origen a la tesis aislada, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, diciembre de 2004

"Tesis: XXVII.14 K

"Página: 1280

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ORDENA DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR LA COMISIÓN DE HECHOS PROBABLEMENTE DELICTUOSOS. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos constituye una facultad exclusiva del Ministerio Público, instituyéndose de esa manera, en la Ley Suprema, lo que los especialistas han denominado el monopolio del ejercicio de la acción penal; por otra parte, el numeral 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, claramente establece que toda persona que, en ejercicio de sus funciones públicas, tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público Federal; y, finalmente, el diverso artículo 211 de la Ley de Amparo contempla tres hipótesis delictivas, las cuales guardan relación con la responsabilidad de las partes en el juicio de garantías. De estas premisas se infiere que los Jueces de Distrito, por imperativo de ley, se encuentran obligados a hacer del conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos a que alude el dispositivo legal ulteriormente citado, si esto ocurre durante la tramitación del juicio de amparo y, por ello, deben dar vista de ellos a la institución ministerial de tales hechos, para que proceda conforme al marco de sus atribuciones; sin embargo, el auto o resolución que a ese respecto tome dicho juzgador, jurídicamente no puede examinarse en la revisión, pues de hacerse, prácticamente el Tribunal Colegiado estaría calificando, desde una perspectiva penal, la conducta desplegada por alguna de las partes en el citado juicio, lo cual daría lugar a que determine en forma categórica si existe o no delito que perseguir, invadiendo propiamente facultades que son exclusivas del órgano investigador; por tanto, los agravios que se enderezan a combatir la resolución que ordena dar vista al Ministerio Público Federal por la comisión de hechos probablemente delictivos, previstos en el artículo 211 de la Ley de Amparo, técnicamente son inoperantes, en virtud de que el pronunciamiento que pudiera hacer el tribunal revisor, implícitamente se traduciría en el reconocimiento, con autoridad de cosa juzgada, de que en el caso sea procedente o no el ejercicio de la acción persecutoria, arrogándose de ese modo facultades que competen única y exclusivamente a la representación social federal.

"Amparo en revisión 94/2004. Enrique Alejandro Álvarez León. 4 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Armando Cortés Escalante. Secretario: Manuel Ortiz Alcaraz."

CUARTO. Ahora bien, para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, tratándose de la figura jurídica de la contradicción de tesis, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y para que surja su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

Es decir, la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes. Además, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, requiriéndose por otra parte, que los distintos criterios provengan del examen de elementos esenciales idénticos, porque de no ser así, no podría establecerse la existencia de una discrepancia.

Resulta aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 26/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En ese orden de ideas, para que se actualice la contradicción, es menester que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes cumplan con los siguientes planteamientos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se hayan adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes:

Al respecto, es menester señalar que los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Sexto, todos del Décimo Sexto Circuito se pronunciaron en el sentido de analizar los agravios hechos valer por las impetrantes de garantías en contra de la vista que el Juez de Distrito hace al Ministerio Público de la Federación por aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley de Amparo, incluso los primeros dos tribunales, ante la falta de agravio específico, entraron de oficio al estudio de dicha vista y la dejaron insubsistente.

Por su parte, también en relación con la vista al Ministerio Público Federal, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito sostuvo que los agravios que se hagan valer en ese sentido deben declarase inoperantes, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la investigación y persecución de los delitos constituye una facultad exclusiva del Ministerio Público.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas:

Sobre el particular y una vez analizadas las ejecutorias antes citadas, resulta claro que los Tribunales Colegiados contendientes sí plasmaron su criterio en dichas resoluciones, siendo éstas las que dan origen a la oposición en estudio.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos:

Si bien los amparos que dan origen a la posible contradicción de criterios son en materias diversas, esto es, civil, mercantil y penal, lo cierto es que por lo que respecta a la materia concreta de la denuncia de contradicción, en todos se analizaron los mismos elementos, esto es, el Juez de Distrito señaló que las actuaciones de las impetrantes de garantías podían traducirse en posibles hechos constitutivos de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, es evidente que los Tribunales Colegiados, al calificar los agravios que atacan o controvierten la vista que hace el Juez de Distrito al Ministerio Público de la Federación, lo hacen partiendo del examen de los mismos elementos.

En ese orden de ideas, del análisis de las ejecutorias antes transcritas y al haberse actualizado las premisas necesarias para la procedencia de la contradicción de criterios, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada. Ello, en virtud de que las conclusiones a las que respectivamente llegaron los tribunales contendientes resultan evidentemente encontradas, no obstante que en esencia analizaron supuestos jurídicos similares.

En efecto, los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Sexto, todos del Décimo Sexto Circuito, ya sea de oficio o por existir agravio específico, entraron al estudio de las consideraciones que el Juez de Distrito realizó en relación con la vista que hace al Ministerio Público de la Federación, por los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos a que hace referencia el artículo 211 de la Ley de Amparo y como consecuencia del análisis correspondiente resolvieron dejar insubsistente la vista correspondiente.

Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito consideró que los agravios que se hagan valer en contra de la vista que hace el Juez de Distrito al Ministerio Público, deben declararse inoperantes, en virtud de que el pronunciamiento que pudiera hacer el tribunal revisor, implícitamente se traduciría en el reconocimiento, con autoridad de cosa juzgada, de que en el caso sea procedente o no el ejercicio de la acción persecutoria, arrogándose facultades que competen única y exclusivamente a la representación social federal, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la investigación y persecución de los delitos constituye una facultad exclusiva del Ministerio Público.

De lo anterior, se desprende que al haber resuelto problemas jurídicos esencialmente iguales, las determinaciones de los tribunales contendientes evidentemente se encuentran en contradicción, puesto que mientras

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19226-71f812f9/agravios-en-la-revision-son-inoperantes-los-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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