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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19577
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL Y PR
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 265.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis de un tema que por razón de la materia corresponde a esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el cual sustenta uno de los criterios denunciados como contradictorios.

TERCERO. No resulta óbice para resolver la presente contradicción de tesis, el hecho de que dos de los criterios denunciados como contradictorios no hayan sido plasmados en forma de tesis, en las que se distingan un rubro, un texto y datos de identificación de los asuntos en donde se sostuvieron, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria, en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos.

Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

Tiene aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si en este asunto existe o no la contradicción de tesis denunciada.

I. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por mayoría de votos en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, el amparo en revisión 326/2005, promovido por Mauricio Flores Gómez, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Son infundados los argumentos que el recurrente expone en el único agravio que hace valer y, por tanto, no resultan aptos para provocar la revocación o modificación de la resolución recurrida. En efecto, aduce el inconforme, en síntesis, que la resolución recurrida le causa agravios y que con la emisión de la misma el Juez de Distrito viola en su perjuicio los artículos 125 y 192 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: a) Que el Juez Federal le fijó al inconforme en forma excesiva la garantía para que surtiera efectos la medida suspensional solicitada. b) Que el resolutor federal desatendió lo dispuesto por los aludidos preceptos legales, porque no motivó el por qué llegó a la conclusión de fijar la cantidad de mil pesos por concepto de caución para la eficacia de la suspensión del acto reclamado, lo que lo dejó en estado de indefensión. c) Que la resolución recurrida carece de fundamento y motivación, porque la sola alusión a que la garantía fijada se hace en forma discrecional no es suficiente para tener por debidamente fundamentado el fallo. d) Que el Juez de Distrito violó la jurisprudencia firme del Máximo Tribunal de la nación, quien ha sostenido en numerosas ejecutorias que en tratándose de la suspensión contra medidas de apremio en juicios civiles que tengan por efecto la privación de la libertad, no es dable la fijación de una garantía económica. e) Que es ilegal la resolución recurrida, porque la primera regla que da el artículo 125 de la Ley de Amparo para saber cómo el juzgador debe fijar el monto de la garantía a exhibirse para la eficacia de la suspensión del acto reclamado, es que si no cuenta con elementos para cuantificar los daños y perjuicios que con el otorgamiento de la medida cautelar se le causarían al tercero perjudicado, se fijará la caución de modo discrecional. f) Que entonces se tiene que si de la interpretación que de ese artículo y de las medidas de apremio en los juicios civiles, han hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, se desprende que hay jurisprudencia firme que señala que no debe fijarse garantía económica cuando el acto reclamado es una orden de arresto derivada de un proceso civil y que tenga como efecto la privación de la libertad en el quejoso, es ilegal la resolución recurrida que sí fija indebidamente una garantía a exhibir para la eficacia de la medida cautelar definitiva otorgada, por ir en contra del texto de la ley y de la interpretación que de la misma han hecho los tribunales competentes, la cual es obligatoria en cuanto a su acatamiento en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. g) Que al no apreciarlo de esa manera el Juez Federal, hace nugatoria la concesión de la medida suspensional, en perjuicio del quejoso y en beneficio de otra de las partes, por lo que se debe revocar la resolución recurrida sólo por cuanto hace al monto de la garantía fijada por el a quo, ya que cualquiera de los supuestos de la ley que hubiera tomado como parámetro para resolver, de cualquier modo hubiera resultado ilegal. Ahora bien, se afirma que son infundadas las anteriores manifestaciones y, por ende, en modo alguno se puede arribar a la conclusión de que el Juez de Distrito haya violado en perjuicio del recurrente los artículos 125 y 192 de la Ley de Amparo, toda vez que, por un lado, como se puede apreciar del texto del precepto legal citado en primer término, en los casos en los que resulte procedente la suspensión de los actos que al efecto se reclamen, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, como es el caso en relación con el tercero perjudicado Hardware Technology, Sociedad Anónima de Capital Variable, dicha medida cautelar se concederá al quejoso, si el mismo otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con su concesión se causen a dicho tercero perjudicado, si el peticionario no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; lo que pone en evidencia que es un requisito previsto en la ley, condicionante para efectos del otorgamiento de la medida suspensional solicitada, cuando exista un tercero perjudicado en el juicio de amparo, que el peticionario otorgue una garantía que sea bastante para reparar los daños y perjuicios que con la concesión de dicha medida se puedan ocasionar a la parte contraria, en el caso de que no obtenga la protección constitucional que solicita. Así se tiene que por cuanto hace a la existencia de un tercero perjudicado dentro del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia número P./J. 126/2000, que emitió al resolver la contradicción de tesis número 34/98, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Civil del Primer Circuito, Primero del Noveno Circuito y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, ha dejado bien determinado que en los juicios de amparo en donde se reclame por parte del quejoso el arresto decretado en su contra como medida de apremio, como lo es el caso que nos ocupa, tiene el carácter de tercero perjudicado en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del peticionario en el juicio natural que no sea del orden penal, porque se ve afectada directamente con la conducta contumaz del quejoso que se pretende vencer a través de la medida de apremio reclamada, es decir, que tiene un interés claro, específico y directo en que se logre vencer la conducta del contumaz que lo agravia, porque con la actitud de éste, aquél se ve directamente afectado en los derechos que se deducen en el juicio natural con motivo de la desobediencia al mandato judicial; por lo que la aludida contraparte del peticionario de garantías tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías en su carácter de tercero perjudicado. Lo anterior así se aprecia del contenido de la aludida jurisprudencia, misma que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII del mes de diciembre de dos mil, Materia Común, página 6, de rubro y texto siguientes: ‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERA PERJUDICADA, LA CONTRAPARTE DEL AGRAVIADO EN EL JUICIO NATURAL QUE NO SEA DEL ORDEN PENAL.’ (se transcribe). En esa virtud, si el Juez Federal en la resolución recurrida determinó conceder al quejoso Mauricio Flores Gómez la suspensión definitiva solicitada, para que no fuera privado de su libertad personal y que para el caso de que ya hubiere sido privado de ella, se le pusiera en inmediata libertad, es inconcuso que al tener el carácter de tercera perjudicada en el juicio de amparo la empresa Hardware Technology, Sociedad Anónima de Capital Variable, por ser la contraparte en el juicio natural, en cumplimiento a dicho imperativo legal previsto en el artículo 125 de la Ley de Amparo, el juzgador federal estuvo en lo correcto al fijar como monto de la garantía a exhibir por parte del peticionario la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100), por cualquiera de los medios permitidos por la ley, pues es evidente que lo que se pretende con tal medida es garantizar los posibles daños y perjuicios que la aludida tercera perjudicada pudiera resentir con el otorgamiento de la indicada medida suspensional, en caso de que el peticionario no obtenga sentencia favorable en el amparo. Sin que pueda considerarse válidamente que dicho monto sea excesivo, puesto que aparte de que la recurrente no vierte argumentos jurídicos contundentes que pongan en evidencia esa situación, el a quo federal lo hizo en uso de la facultad discrecional que le otorga el propio artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en el que fundó y motivó tal decisión, como se advierte de la lectura misma de la resolución recurrida, al no contar con elementos suficientes que lo pudieran llevar a determinar cuál sería la afectación real que podría resentir en sus derechos la citada tercera perjudicada en el juicio de amparo, pues en la demanda de garantías el quejoso sólo se limitó a referir en el hecho uno que el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil promovido por Hardware Technology, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de Compureboot, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la que el quejoso dice ser administrador único, sin referir el monto de las prestaciones que le son reclamadas, por lo que, se insiste, el Juez de amparo para efectos de determinar el monto de la garantía a exhibir por parte del quejoso, está haciendo uso de la facultad que la ley de la materia le otorga para fijarla de manera discrecional, dado que el aludido precepto legal establece que: ‘... Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’; lo anterior aunado a que dada la naturaleza del juicio y que éste se encuentra en etapa de ejecución, como se reconoce en el hecho segundo de la demanda de garantías, ello trae como consecuencia que este órgano jurisdiccional concluya que el monto fijado no resulta excesivo en forma alguna. Por otra parte, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que el Juez de Distrito viola el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque a su decir, de la interpretación que del diverso artículo 125 de dicho ordenamiento legal y de las medidas de apremio en los juicios civiles que han hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, se desprende que hay jurisprudencia firme que señala que no debe fijarse garantía económica cuando el acto reclamado es una orden de arresto derivada de un proceso civil y que tenga como efecto la privación de la libertad del quejoso y que, por ello, la decisión del Juez emitida en sentido diverso va en contra del texto de la ley y de la interpretación que de la misma han hecho los tribunales competentes, toda vez que, por un lado, como ya se precisó con antelación ‘... el aludido artículo 125 de la Ley de Amparo, no excluye de manera expresa al quejoso de la obligación de exhibir la garantía correspondiente para cuando el acto reclamado se refiera a la imposición de una orden de arresto en su contra como medida de apremio en un procedimiento del orden civil y, por ello, si la ley establece una regla general en cuanto a la exhibición de una garantía cuando por virtud de la concesión de la suspensión se puedan ocasionar daños y perjuicios a la parte contraria, a tal disposición se debe estar, puesto que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene porque hacerlo ...’. Además, debe decirse que aparte de que el recurrente no indica cuál o cuáles son los criterios que dice han sido emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los Tribunales Colegiados de Circuito que han interpretado el contenido del artículo 125 de la Ley de Amparo y que han decidido que no debe fijarse garantía económica alguna cuando el acto reclamado es una orden de arresto derivada de un proceso civil y que tenga como efecto la privación de la libertad del quejoso; este Tribunal Colegiado advierte que aun cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que no la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Pleno o de las Salas correspondientes, como incorrectamente lo asevera el inconforme, se ha pronunciado en ese sentido, esto es, que para los casos en que se otorgue la suspensión en contra de la medida de apremio consistente en el arresto impuesto al quejoso, para que la misma surta sus efectos no se requiere de fijar garantía alguna; sin embargo, también es verdad que el Juez de Distrito que emitió la resolución recurrida no se encuentra obligado al acatamiento estricto de tal criterio, puesto que se trata de una tesis aislada que no constituye jurisprudencia obligatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que si el Juez de Distrito no estaba obligado a su acatamiento, menos puede haber incurrido en violación de tal criterio. La citada tesis se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, tesis aislada, materia común, página 654, de rubro y texto siguientes: ‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN, NO SE REQUIERE FIJAR GARANTÍA.’ (se transcribe). Cabe destacar que de acuerdo al contenido de la tesis antes transcrita, se puede apreciar con meridiana claridad que la misma se fundó en dos supuestos, a saber: a) Que la suspensión otorgada contra el acto reclamado consistente en la orden de arresto decretada como medida de apremio, por la desobediencia a una determinación judicial dictada en un procedimiento jurisdiccional del orden civil o mercantil, no puede ocasionar daños o perjuicios a los derechos o patrimonio del tercero perjudicado, porque la relación derivada de un arresto se finca absolutamente entre autoridad y gobernado, pues aquélla pretende superar una resistencia injustificada de éste y, desde luego, las consecuencias de dicha medida no trascienden a la esfera jurídica de terceras personas; y, b) Que tampoco era posible considerar que deba fijarse garantía con fundamento en la aplicación analógica de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, porque la aplicación de la ley por analogía se apoya sobre el concepto de que los hechos de igual naturaleza deben tener igual reglamentación, lo que no sucede entre la afectación a la libertad por un arresto como medida de apremio y la afectación a dicho valor por un mandamiento de autoridad del orden penal (órdenes de aprehensión, de detención o retención), pues tales actos se refieren a conductas previstas en ordenamientos diferentes, se dirigen a sujetos distintos y persiguen fines diversos. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que por lo que hace al primer punto relacionado en el inciso a), como ya se precisó con antelación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la mencionada jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 126/2000, que emitió al resolver la contradicción de tesis número 34/98, en donde, incluso, el indicado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito participó con la tesis que se analiza, ha dejado determinado que en los juicios de amparo en donde se reclame por parte del quejoso el arresto decretado en su contra como medida de apremio, como lo es el caso que nos ocupa, tiene el carácter de tercero perjudicado en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del peticionario en el juicio natural que no sea del orden penal, porque se ve afectada directamente con la conducta contumaz del quejoso que se pretende vencer a través de la medida de apremio reclamada; es decir, que tiene un interés claro, específico y directo en que se logre vencer la conducta del contumaz que lo agravia, porque con la actitud de éste, aquél se ve directamente afectado en los derechos que se deducen en el juicio natural con motivo de la desobediencia al mandato judicial; por lo que la aludida contraparte del peticionario de garantías tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías en su carácter de tercero perjudicado; y, por tanto, el quejoso sí se encuentra obligado a exhibir la garantía correspondiente en términos de lo dispuesto por el aludido artículo 125 de la Ley de Amparo; y por otra parte, respecto del segundo punto citado con antelación con el inciso b), aun cuando el criterio que se analiza participó en la diversa contradicción de tesis número 38/97, entre las sustentadas por el citado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que culminó con la emisión de la jurisprudencia número P./J. 75/2000, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, del mes de agosto del año dos mil, página 18, bajo el rubro y texto siguientes: ‘ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe); aparte de que el punto relativo a que no debe fijarse garantía económica alguna cuando el acto reclamado es una orden de arresto derivada de un proceso civil y que tenga como efecto la privación de la libertad del quejoso, sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis de su índice que se analiza, no participó en la referida contradicción de tesis, al establecerse en ésta que a la suspensión que se decreta en contra del arresto como medida de apremio no le son aplicables analógicamente las medidas de aseguramiento del quejoso, de entre ellas la fijación de una garantía, previstas en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo; entonces resulta evidente que para el caso que nos ocupa cobra aplicación la regla general prevista en el mencionado artículo 125 de la Ley de Amparo, que precisa que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero con tal medida se puedan ocasionar daños o perjuicios al tercero perjudicado, dicha medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con dicha medida se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; por lo que si así lo apreció el Juez de Distrito, es inconcuso que la resolución recurrida, en cuanto a la fijación que se hizo de la garantía a exhibir por parte del quejoso, se encuentra apegada a lo expresamente previsto en la ley y la misma debe subsistir en sus términos. Al respecto cobra aplicación la tesis emitida por la anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 1099, de rubro y texto siguientes: ‘MEDIOS DE APREMIO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE (ARRESTO).’ (se transcribe). De igual forma tienen aplicación al caso las tesis que a continuación se citan, cuyos criterios son compartidos por este órgano colegiado: tesis número IV.1o.C.12 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, del mes de enero de dos mil dos, materia común, página 1379, que reza: ‘SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE ARRESTO. DEBEN GARANTIZARSE LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe). Tesis número IV.3o.C.9.K, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, página 1129, materia común, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN MEDIOS DE APREMIO. PARA QUE SURTA EFECTOS DEBE FIJARSE GARANTÍA PARA RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE PUDIERAN OCASIONAR AL TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe) (fojas 12-35 del expediente de contradicción)."

II. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 1804/96, el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, promovido por Eduardo Rodríguez Luna, sustentó, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Previamente al estudio de los motivos de inconformidad, se estima pertinente destacar que en la interlocutoria recurrida se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, sujeta a que el quejoso otorgara garantía de seiscientos pesos, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de dicha interlocutoria. En el presente recurso, el peticionario de garantías se inconformó solamente en relación con la fijación de la garantía, como requisito de efectividad de la medida cautelar que le fue otorgada. El promovente de la revisión aduce la premisa fundamental de que el artículo 125 de la Ley de Amparo, en que el Juez de Distrito fundó la determinación de fijar el citado requisito de efectividad, no es aplicable al caso concreto, toda vez que, en concepto de dicho recurrente, los actos reclamados afectan solamente su libertad personal y, por tanto, la suspensión de sus efectos no puede causar daños y perjuicios a terceros. Los razonamientos formulados al respecto son sustancialmente fundados y suficientes para modificar la interlocutoria en la parte impugnada. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). De la transcripción precedente se advierte que para la concesión de la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, condicionada al cumplimiento de algún requisito de efectividad, como por ejemplo, el otorgamiento de alguna garantía, a través de cualquiera de los medios previstos en la ley, se requiere de: a) la existencia de un tercero perjudicado en el juicio de amparo; y, b) la posibilidad de que con esa medida se le causen daños y perjuicios a dicho tercero. Es claro que la finalidad del otorgamiento de dicha garantía, consiste en asegurar la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, que la concesión de la medida pudiera ocasionar al referido tercero. En la especie no se surten en su integridad los elementos precisados con antelación, pues los actos reclamados se hicieron consistir en la imposición de arresto, como medida de apremio, y en su ejecución. Atenta la naturaleza de los actos reclamados no existe parte tercera perjudicada, pues el acto reclamado sólo afecta la libertad. Es verdad que en el presente caso, el Juez Federal tuvo como tercera perjudicada a Arrendadora GBM Atlántico, S.A. de C.V. y Organización Auxiliar de Crédito, Integrante del Grupo Financiero GBM-Atlántico, según se advierte en el auto de inicio de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis (foja uno del incidente). No es el momento de examinar la validez de este punto de vista, sino que sólo cabe atenerse a esa situación real; pero aún así, el otro elemento señalado no se surte, pues no se ve de qué manera la suspensión de la ejecución de la orden de arresto pueda causar de modo directo e inmediato daños y perjuicios a quien se tuvo como tercera perjudicada para conceder la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, condicionada al cumplimiento de algún requisito de efectividad, como el otorgamiento de una garantía, ya que para ello, es menester que exista la posibilidad de que la concesión de la suspensión pueda ocasionar daños y perjuicios al tercero perjudicado, pues se debe tener en cuenta que la finalidad del otorgamiento de la garantía, es la de indemnizar a dicha parte de los posibles daños y perjuicios que pudiera resentir con la concesión de la medida. Entonces, si en el caso concreto se tuvo a Arrendadora GBM-Atlántico, S.A. de C.V. y Organización Auxiliar de Crédito, Integrante del Grupo Financiero GBM-Atlántico, pero la concesión de la suspensión de la ejecución de los actos reclamados no causa a dicha parte daños y perjuicios, es incuestionable que el artículo 125 de la Ley de Amparo, no cabe servir de base legal, para requerir al quejoso otorgue la garantía señalada, a efecto de que pueda gozar de la medida cautelar que le fue otorgada. No constituye obstáculo para lo anterior, el párrafo segundo del propio precepto jurídico, porque en éste se supone la posibilidad de daños y perjuicios para el tercero perjudicado, pero si como antes se dijo, esos daños y perjuicios no pueden causarse, a nada conduciría exigir al quejoso el otorgamiento de garantía. Contra lo anterior, se podría argumentar que, como el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso, se debe conceder la suspensión de la ejecución de los actos reclamados con aplicación, por analogía, de las reglas previstas en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, para los casos de afectación a la libertad por determinaciones judiciales relacionados con procesos penales. Estos razonamientos serían infundados, porque se sustentan en una premisa falsa, consistente en que existe analogía entre la privación de la libertad, ocasionada por el arresto decretado como medida de apremio, para vencer la resistencia al cumplimiento de una determinación judicial y la privación de la libertad, sobre la base de la integración de una averiguación previa penal, por la posible responsabilidad del detenido en la comisión de un delito, o bien, con base en una orden de aprehensión, ya que no existe tal analogía y, por ende, la suspensión de la ejecución de dichos actos no se puede conceder sobre las mismas reglas, por las siguientes consideraciones. Respecto al principio de la analogía, Francisco Ferrara, en su libro titulado Tratado de Derecho Civil Italiano, volumen, páginas doscientos veinticuatro a doscientos treinta y dos, señala: (se transcribe). El arresto impuesto por un órgano jurisdiccional en un proceso civil como medida de apremio, constituye un acto judicial por medio del cual el Juez constriñe u obliga a alguna de las partes, por lo general, para que ejecute algo o se abstenga de hacerlo; los medios de apremio o medidas de apremio, por definición se refieren a mandamientos dictados durante el juicio. La aplicación de los medios de apremio, doctrinalmente, se considera que está sujeta a las siguientes condiciones: 1. La existencia de una determinación fundada en derecho, que deba ser cumplida por alguna de las partes, por lo general, o por alguna de las personas involucradas en el juicio; 2. Que la determinación haya sido real y efectivamente notificada al obligado, con el apercibimiento de que de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta; 3. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión; y, 4. A una razón gra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19577-6b7e583e/suspension-en-el-juicio-de-amparo-su-concesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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