LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL PROMOVENTE DEL JUICIO DE AMPARO. AL SER UNA CUESTIÓN CUYO ANÁLISIS CORRESPONDE AL JUICIO PRINCIPAL, NO ES DABLE EXAMINARLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO. Los criterios que originaron la denuncia de contradicción de tesis que ahora se resuelve, son los siguientes:
Toca 167/2005
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el veintidós de septiembre y veintinueve de noviembre de dos mil cinco, el toca número 167/2005, derivado del incidente en revisión del juicio de amparo 283/2005 y el incidente de revisión 340/2005, derivado del amparo en revisión 31/2005, en lo que interesa a la presente contradicción, respectivamente, sostuvo lo siguiente:
"Señala la inconforme que es manifiesta la violación al artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, porque quien solicitó la suspensión, no exhibió prueba alguna que justifique ser el agraviado, ni probó ser apoderado general para pleitos y cobranzas de la quejosa, por lo que no existe petición de la suspensión definitiva. El argumento anterior es fundado porque de autos se desprende que la parte quejosa Plasticel, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de Eugenio José Cárdenas Martínez solicitó la suspensión de los actos reclamados (fojas 22 a 26 del cuaderno incidental). Sin embargo, de las constancias que forman el cuaderno incidental, no se advierte prueba alguna con la que se justifique el carácter con el que compareció dicha persona física; es decir, no se aportó al sumario constancia fehaciente de que Eugenio José Cárdenas Martínez tiene, como apoderado, facultades para actuar en nombre y representación de la empresa quejosa. En ese contexto, es claro que Eugenio José Cárdenas Martínez no demuestra en este incidente, la personería con la que se jacta; lo cual debió justificar a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo; esto es, que exista solicitud de la parte agraviada que, como en el caso, resulta ser una persona moral, es menester que se encuentre debidamente acreditado que quien solicita la medida cautelar en su nombre y representación, esté facultado para ello. No es óbice a lo anterior, que en la demanda de garantías se diga que se exhibió el poder respectivo a fin de justificar la personalidad del compareciente; pues ello de ninguna manera subsana la omisión de que se habla, porque al tramitarse el incidente por cuerda separada del juicio principal, resulta indispensable que se aporten las pruebas conducentes en la pieza incidental a fin de que surtan los efectos legales correspondientes, como en la especie sería, demostrar la personería de quien solicita la suspensión en nombre de la empresa quejosa. En apoyo a dichas consideraciones, es de citarse la jurisprudencia 92/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, del Tomo VI, diciembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO.’ (se transcribe). Así las cosas, tal como lo señala la recurrente, en el caso no se encuentran reunidos los requisitos señalados por el artículo 124 de la Ley de Amparo y, como el Juez de Distrito no lo advirtió así, lo procedente es revocar la resolución recurrida y negar la suspensión definitiva de los actos reclamados, en consecuencia."
Incidente en revisión 340/2005
"No será necesario abordar el estudio de los agravios que formula la inconforme, pues lo procedente es desechar el presente recurso, al no encontrarse acreditada la personería de quien promueve a nombre de la institución de crédito tercero perjudicado, ahora recurrente, Banco de Oriente, Sociedad Anónima, dentro del presente medio de impugnación. En efecto, mediante escrito presentado ante el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, el doce de agosto de dos mil cinco, Ángel Geovanni Vázquez Pola, ostentándose como apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco de Oriente, Sociedad Anónima, interpuso recurso de revisión, en contra de la resolución incidental de cuatro de agosto de dos mil cinco, dictada por la autoridad precisada al inicio de este párrafo, mediante la cual, concedió la suspensión definitiva a la quejosa Scotia Liquidez para personas físicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda, en los siguientes términos: (se transcribe). Como puede verse, la persona que compareció a interponer el presente recurso, sólo se limitó a manifestar que la calidad de apoderado con que se ostentaba, la tenía reconocida en el juicio natural y por ello, solicitaba se le reconociera en términos del artículo 13 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; sin embargo, no basta la sola manifestación del inconforme, para estimar acreditado tal extremo, toda vez que esa circunstancia debe ser acreditada a través de las documentales respectivas que corroboren esa afirmación, pues así lo exige el numeral que el propio recurrente invocó para ese efecto y que para mayor objetividad, se inserta a continuación: ‘Artículo 13.’ (se transcribe). Luego, basta imponerse del escrito por medio del cual se interpuso el presente medio de impugnación, para advertir con meridiana claridad que el inconforme no exhibió ninguna constancia encaminada, a demostrar que la personalidad con que se ostenta, efectivamente la tiene acreditada ante la responsable, como lo exige el dispositivo legal acabado de transcribir. Luego, de inicio, quien comparece a promover el recurso en que se actúa, incumple con la obligación que establece el dispositivo legal acabado de citar, por lo que es menester indagar en las actuaciones del cuaderno de suspensión, a fin de establecer si la persona física que ocurre en revisión, tiene acreditada la representación que ostenta. Al efecto, obra en autos la notificación personal que se le realizó del auto de veintiocho de septiembre del año en curso (folio 42), en que le fue concedida a la quejosa la suspensión provisional, en la que se hizo constar lo siguiente: (se transcribe). Por otro lado, compareció a la audiencia incidental a formular alegatos por escrito (fojas 87 a 96), y ofreció las pruebas documentales consistentes en los informes previos rendidos por las responsables, así como la presuncional en su doble aspecto, de lo cual, se hizo mención en la audiencia incidental. Asimismo, presentó un escrito recepcionado el ocho de agosto del mismo año (folio 106), solicitando la expedición de dos copias certificadas de la resolución incidental, así como autorizando a diversas personas para que las recibieran en su nombre. Sin embargo, en ninguna de esas intervenciones, exhibió las constancias en que constara en forma fehaciente la personería que afirma, le había sido reconocida por la responsable. Se afirma lo anterior, en virtud de que, sobre el tema en particular (pruebas en el incidente de suspensión), ha sido criterio del más Alto Tribunal del País, que a menos que se pida la compulsa respectiva, o se solicite la expedición de copias certificadas y una vez obtenidas se exhiban en el cuaderno correspondiente para que surta efectos, las pruebas ofrecidas en un cuaderno no pueden ser tomadas en consideración en el otro. Por las razones que la informan, se invoca la jurisprudencia 92/97, sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 20, cuyos epígrafe y contenido, son los siguientes: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO.’ (se transcribe). Del contenido de la jurisprudencia transcrita, se desprende que, el juzgador federal, únicamente puede obrar en forma contraria a la regla ahí establecida, entratándose de la parte quejosa, mas no del tercero perjudicado, ya que es sólo para efectos de conceder o negar la suspensión provisional, pues es únicamente en ese momento en que el Juez, además de las copias destinadas a integrar el incidente de suspensión, también tiene a la vista el original de la demanda y, en su caso, los documentos que se acompañan a esta última y, por tanto, está en aptitud de valorar, de manera directa, el material probatorio aportado por el promovente del juicio y resolver lo conducente, tanto en el cuaderno principal como en los incidentales, aunque con posterioridad a ese momento se haga la separación formal y material del original de la demanda de amparo y sus copias. En similares términos, se pronunció este tribunal, al resolver por mayoría de votos, el incidente en revisión 167/2005, interpuesto por Recubrimientos Plásticos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de veintidós de septiembre del año en curso, en el cual, hubo agravio expreso en torno al tema de la comprobación de la personalidad en el incidente de suspensión y se resolvió de la siguiente manera: (se transcribe). La ejecutoria anterior y la que se dicta en este momento, revelan que la personalidad, tanto de quien es parte quejosa, como tercero perjudicado, debe quedar acreditada dentro del incidente de suspensión, ya que a pesar de que se encuentre reconocida en el juicio de amparo, la circunstancia de que el incidente de suspensión se tramite por cuerda separada, impide que las documentales que se hayan exhibido para ese efecto, no puedan válidamente tenerse a la vista, si no se pide la compulsa respectiva, o se solicita la expedición de copias certificadas y una vez obtenidas se exhiban en el cuaderno correspondiente para que surta efectos, ya que de acuerdo a la jurisprudencia citada en líneas arriba, las pruebas ofrecidas en un cuaderno no pueden ser tomadas en consideración en el otro. En la inteligencia que entratándose del documento justificativo de la personalidad, nada impide que pueda exhibirse en el curso del procedimiento incidental y si se trata de la quejosa, inclusive puede agregar una copia más del documento respectivo, a fin de que se agregue al cuaderno incidental. Luego, una vez establecido que las pruebas que se aportan en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta para resolver sobre la suspensión definitiva, por las razones que ya quedaron precisadas, es inconcuso que quien ahora interpone el recurso en que se actúa, no tiene reconocida la personería con que se ostenta, dentro del incidente de suspensión y, por ende, debió de haber exhibido, al promover el presente recurso de revisión, el poder que acreditara la representación que afirma tener respecto de Banco de Oriente, Sociedad Anónima, pues al no haber procedido de esa manera, es inconcuso que carece de legitimación procesal activa, para incoar el presente medio de impugnación, pues ésta, ha sido definida por el Supremo Tribunal del País, como ‘... la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia ...’. Para mayor objetividad, se cita la jurisprudencia a que se hace mención, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: ‘LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.’ (se transcribe). En esas condiciones y de acuerdo a la definición anterior, es indiscutible que la personalidad ó legitimación procesal activa, es un requisito para la procedencia de un juicio o de una instancia y, por ende, se trata de un presupuesto procesal, el cual, acorde a su naturaleza, debe examinarse en forma oficiosa y previamente a los agravios que se planteen. Al respecto, se estima aplicable la siguiente tesis aislada, sustentada por el más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: ‘REVISIÓN, LEGITIMACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. EXAMEN PREVIO.’ (se transcribe). En virtud de la omisión del recurrente, de no exhibir en el incidente de suspensión, ni al interponer el presente recurso, el documento justificativo de la personalidad con que ostenta, lo conducente es desechar el presente medio de defensa por improcedente; sin que sea obstáculo para tomar esta determinación, el hecho de que inicialmente se haya admitido, en virtud de que los autos que admiten un recurso, no causan estado, pues en los mismos sólo se hace un examen preliminar del asunto, correspondiendo al Pleno de este tribunal pronunciarse sobre su procedencia."
Similar criterio al sustentado en las ejecutorias antes transcritas, se sostuvo por el propio Tribunal Colegiado al resolver en sesión de veintiocho de octubre de dos mil cinco, el incidente en revisión número 197/2005.
2. Las consideraciones sustentadas por el actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, el incidente en revisión 314/988, en lo que interesa, son las que a continuación se transcriben:
"José Luis Macías Reyes, como representante legal de la empresa denominada Aserradero, Onix y Mármoles, S.A., reclama del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad de Puebla, la falta de emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad, inclusive ‘la sentencia, la venta judicial, hasta la adjudicación y desposesión del inmueble embargado La Joya, ubicado en Panzacola, Tlaxcala, en el expediente número 631/986, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Banobras en contra de la persona moral aludida; y del Juez Mixto de Primera Instancia de Zacatelco, Tlaxcala, y diligenciario del mismo juzgado, reclama la ejecución del exhorto enviado por el Juez ordenador, por el cual se mandó practicar el emplazamiento y embargo mencionados. El Juez de Distrito a quo negó la suspensión definitiva de los actos reclamados porque estimó que el representante de la quejosa no demostró su interés jurídico, ya que en el incidente sólo exhibió copia simple de un documento para acreditar su personalidad, la cual carece de valor por no ser copia certificada. La anterior resolución es incorrecta, pues no debe confundirse la personalidad con el interés jurídico. La personalidad es la legitimación procesal activa, es decir, la potestad legal para acudir ante el órgano jurisdiccional para pedir la iniciación de un juicio o comparecer en el mismo, por sí o en representación de otro; también se le conoce como legitimación ad procesum; y la tiene quien es apto para hacerla valer. El interés jurídico, en cambio, lo tiene el titular del derecho que se cuestiona en el juicio y da lugar a la legitimación ad causam; la primera legitimación es requisito para la procedencia del juicio y la segunda para que se pronuncie sentencia favorable. El interés jurídico, por tanto equivale a la titularidad de bienes jurídicos, reales y objetivos. En el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, al estudiar si es de admitirse la demanda, analiza la legitimación procesal del promovente, resolviendo lo que proceda respecto de la personalidad en el auto correspondiente dictado en el expediente principal, de conformidad con los artículos 145 a 147 de la Ley de Amparo y si dicho funcionario admite la demanda y ordena formar el incidente de suspensión, ya no será materia de este último volver a estudiar la personalidad reconocida, pues la materia del incidente la constituye exclusivamente lo relativo a la suspensión del acto reclamado, teniendo en cuenta desde luego, el interés jurídico del quejoso; pues de lo contrario podría dar lugar a que el Juez Federal revocara su propia resolución en el caso de que estimara en el incidente que no se acreditó aquélla. En consecuencia, como se aduce en los agravios, fue indebido que el Juez a quo, después de haber admitido la demanda, haya desconocido la personalidad al pronunciar la interlocutoria que se revisa. Ahora bien, y en relación con la suspensión definitiva solicitada a fojas 20 a la 26 del incidente de suspensión, obra fotocopia certificada de un documento notarial con el que se prueba que la persona moral quejosa es propietaria de un predio denominado La Joya, ubicado en Panzacola, Tlaxcala, inmueble que ha sido embargado, valuado y sacado a remate según manifiesta en su informe previo el Juez ordenador responsable (fojas 37). Por lo que es indudable que está demostrado el interés jurídico de la referida empresa respecto del predio mencionado. En consecuencia, el Juez a quo, en la resolución reclamada, debió haber concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados; y al no haberlo hecho así, es procedente revocar la interlocutoria en revisión para conceder a la quejosa la suspensión definitiva, a fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran hasta que resuelva el juicio en lo principal; en la inteligencia de que la concesión de esa medida cautelar queda condicionada a que dicho quejoso otorgue la garantía que el Juez Primero de Distrito en el Estado estime pertinente señalar conforme lo establecen los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo."
El criterio anteriormente citado, dio origen a la tesis aislada que a continuación se transcribe:
"Octava Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988
"Página: 562
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO ES CORRECTO NEGARLA POR CONSIDERAR ERRÓNEAMENTE EL A QUO, QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO POR FALTA DE PERSONALIDAD. No debe confundirse la personalidad con el interés jurídico. La personalidad es la legitimación procesal activa, es decir la potestad legal, para acudir ante el órgano jurisdiccional a pedir la iniciación de un juicio o comparecer en el mismo, por sí o en representación de otro; también se le conoce como legitimación ad procesum; y la tiene quien es apto para hacerla valer. El interés jurídico, en cambio, lo tiene el titular del derecho que se cuestiona en el juicio y da lugar a la legitimación ad causam, la primera legitimación es requisito para la procedencia del juicio y la segunda para que se pronuncie sentencia favorable. El interés jurídico, por tanto, equivale a la titularidad de bienes jurídicos reales y objetivos. En el juicio de amparo indirecto el juez de Distrito, al estudiar si es de admitirse la demanda, analiza la legitimación procesal del promovente, resolviendo lo que proceda respecto de la personalidad en el auto correspondiente dictado en el juicio principal, de conformidad con los artículos 145 a 147 de la Ley de Amparo y si dicho funcionario admite la demanda y ordena formar el incidente de suspensión, ya no será materia de este último volver a estudiar la personalidad reconocida, pues la materia del incidente la constituye exclusivamente lo relativo a la suspensión del acto reclamado, teniendo en cuenta, desde luego, el interés jurídico del quejoso; pues de lo contrario podría dar lugar a que el juez federal revocara su propia resolución en el caso que estimara en el incidente que no se acreditó aquélla.
"Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
"Amparo en revisión 314/88. José Luis Macías Reyes. 31 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez."
3. El actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver el incidente en revisión 57/988, el diez de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, en relación al tema materia de la controversia, sostuvo:
"IV. Los agravios son infundados, por las siguientes razones: Edith Eunice García de Estrada, promovió el juicio de garantías como representante legítima de su menor hijo Pavel Heber Estrada García, en nombre del cual solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que es inexacto que éste no haya hecho tal petición, toda vez que la hizo a través de quien se ostenta como su representante y, por lo mismo, no es verdad que en el caso no esté satisfecho el primer requisito que exige el artículo 131 de la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión definitiva. En cuanto al argumento de las autoridades recurrentes, de que tal como lo alegaron en su informe previo, no existía la mencionada petición porque no se encontraba acreditado en el cuaderno incidental que la promovente del amparo sea realmente madre del quejoso; cabe decir que el Juez de Distrito procedió legalmente al abstenerse de examinar si estaba o no justificada la personalidad de Edith Eunice García de Estrada, toda vez que el análisis de esta cuestión no corresponde hacerlo en el incidente, sino en el expediente principal, de acuerdo con las razones expuestas en la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal hace suya, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 86, febrero de 1976, sexta parte, que dice: ‘PERSONERÍA. NO SE EXAMINA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). Por lo que concierne a la tesis jurisprudencial que invocan las autoridades recurrentes, relativa a que los extraños a un juicio deben probar, aun cuando sea de manera presuntiva, el interés que tienen en que se suspenda el acto reclamado, y que si no lo hacen así, la suspensión debe negarse; es pertinente señalar que dicha tesis no es aplicable al caso, puesto que se refiere a terceros extraños a un procedimiento, y no a la personalidad de quien promueve el juicio de garantías en representación de otra persona."
El citado criterio dio origen a la tesis aislada que a continuación se transcribe:
"Octava Época
"Instancia: Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989
"Página: 387
"INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. NO DEBEN EXAMINARSE CUESTIONES QUE CORRESPONDEN AL JUICIO PRINCIPAL. Para resolver sobre la suspensión definitiva, no es requisito que se examine la personalidad de quien promovió el amparo, puesto que esta cuestión atañe al juicio principal.
"Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
"Incidente en revisión 57/88. Pavel Heber Estrada García. 10 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Morales Ibarra. Secretario: Jorge Valencia Méndez."
4. Las consideraciones en que se apoya el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver el incidente de suspensión en revisión 238/93, son las que a continuación se transcriben:
"Es esencialmente fundado el agravio que se propone y examina, por las siguientes razones jurídicas. Con arreglo a los artículos 122 a 144, inclusive, de la Ley de Amparo, los incidentes de suspensión, derivados de los juicios indirectos de garantías tienen como materia en forma exclusiva, todo lo relativo a la suspensión, provisional y definitiva, a iniciativa de parte, del o de los actos reclamados. La cuestión relativa a la personalidad (en su aspecto de capacidad de ejercicio, concretamente en su especie de representación o legitimatio ad processum), ha de ser analizada y resuelve in limine litis, esto es, en los comienzos del juicio o, lo que es lo mismo, al admitirse la demanda, o también, al fallarse en definitiva el juicio constitucional, o indistintamente en ambos estadios procesales en su respectivo momento. Pero, una vez admitida la demanda, por explícita disposición del artículo 35 de la ley de la materia, el juicio de garantías ha de proseguir el curso legal de su tramitación, sin que sea lícito que el Juez de Distrito resuelva de nuevo el punto prematuramente a la sentencia, pues entonces sólo en ésta podrá hacerlo. Ahora, si, con arreglo al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito decide admitir la demanda y ordena formar el incidente de suspensión, no podrá ser materia de éste el reestudio de la personalidad admitida en el principal, en tanto que, como ya se indicó, su materia exclusiva está constituida por todo lo relacionado con la suspensión provisional y definitiva, del o de los actos reclamados. No es correcto, en consecuencia, mezclar, en el incidente de suspensión, cuestiones ya decididas o propias del principal, como lo hizo el a quo respecto de la personalidad de quien se ostentó como representante legal de la agraviada. Cabe señalar que similares criterios han sido sustentados por los Tribunales Colegiados: Tercero del Sexto Circuito, ahora Primero del Décimo Tercer Circuito y Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, publicados en la página 562, tesis 94, del Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página 387, tesis 121, Tomo III, Segunda Parte-1, mismos Época y Semanario, y página 348, tesis III.3o.C.32 K, del Tomo VII, mismos Época y Semanario, de la siguiente manera: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO ES CORRECTO NEGARLA POR CONSIDERAR ERRÓNEAMENTE EL A QUO, QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO POR FALTA DE PERSONALIDAD.’ (se transcribe). ‘INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. NO DEBEN EXAMINARSE CUESTIONES QUE CORRESPONDEN AL JUICIO PRINCIPAL.’ (se transcribe) y ‘PERSONALIDAD EN AMPARO, FALTA DE, POR NO SER UN INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. DEBE ESTUDIARSE Y RESOLVERSE HASTA QUE SE FALLE EL ASUNTO EN DEFINITIVA.’ (se transcribe), respectivamente. En esa consideración, lo procedente es estimar fundado el agravio vertido, revocar la resolución impugnada y entrar al estudio de la procedencia o improcedencia del beneficio cautelar que se solicita."
La ejecutoria anteriormente transcrita dio origen a la siguiente tesis aislada:
"Octava Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, diciembre de 1993
"Página: 885
"INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. EXAMEN DE LA PERSONALIDAD EN LOS. La cuestión relativa a la personalidad (en su aspecto de capacidad de ejercicio, concretamente en su especie de representación o legitimatio ad processum), ha de ser analizada y resuelta in limine litis, esto es, en los comienzos del juicio o, lo que es lo mismo, al admitirse la demanda, o, también, al fallarse en definitiva el juicio constitucional, o indistintamente en ambos estadios procesales en su respectivo momento. Mas, una vez admitida la demanda, por explícita disposición del artículo 35 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías ha de proseguir el curso legal de su tramitación, sin que sea lícito que el Juez de Distrito resuelva de nuevo el punto prematuramente a la sentencia, pues entonces sólo en ésta podrá hacerlo. Si, conforme al artículo 145 de la ley de la materia, el juez de Distrito decide admitir la demanda y ordena formar el incidente de suspensión, no podrá ser objeto de éste el reestudio de la personalidad admitida en el principal, en tanto que su materia exclusiva está constituida por todo lo relacionado con la suspensión a petición de parte, provisional y definitiva, del o de los actos reclamados. No es correcto, en consecuencia, mezclar en el incidente de suspensión, cuestiones ya decididas o propias del principal.
"Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
"Incidente de suspensión en revisión 283/93. Eléctrica Automotriz Guelaguetza, S.A. de C.V. 27 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García."
5. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente de suspensión en revisión RA. 2873/93, el trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en lo que interesa, sostuvo:
"Esto es, si la materia de fondo en el juicio de garantías se constriñe a determinar la legalidad o ilegalidad de la orden de inspección y de clausura por carecer las quejosas de la declaración de apertura, no puede exigírseles para que se les otorgue la suspensión definitiva de los actos reclamados o de sus consecuencias el que obtengan esa declaración, pues para ello deberá determinarse si la prestación de este tipo de servicios es o no una actividad o servicio mercantil, que sólo puede ser determinado en la sentencia que se dicta en el fondo del asunto. Por ello, no puede considerarse que, en el caso concreto, las oficinas y bodegas que ocupa la empresa que presta el servicio Constructora Urbana Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, sean el establecimiento de una actividad mercantil, no obstante que la constitución de la empresa prestadora de servicios se haya instaurado para la compraventa, arrendamiento, y ente otros actos, para dar mantenimiento y servicio a unidades habitacionales, porque sobre este aspecto versará la resolución del juicio constitucional y no la resolución relativa al incidente de suspensión, que se constriñe sólo a decretar las medidas necesarias para evitar que se ocasionen daños irreparables a las quejosas."
El anterior criterio motivó la emisión de la tesis ais
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19964-e4ffe048/legitimacion-procesal-del-promovente-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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