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Modo: Corpus Pro

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. LA EXIGIDA POR LOS ARTÍCULOS 12 Y 12 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA REFORMAR LA LEY DE INGRESOS ESTATAL, DEBE ATENDER A LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 50/2024. · Registro digital (IUS): 33114
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-04-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Abril de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.410.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 50/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 50/2024 suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Decimoquinto Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si para justificar la implementación de la segunda sobretasa del 1.25% adicionada al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, previsto en el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, las autoridades legislativas debieron indicar la existencia de un déficit presupuestario en los rubros de seguridad pública e infraestructura.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 51/2024 de quince de febrero de dos mil veinticuatro, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión 349/2023, y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver amparo en revisión 237/2023.

4. SEGUNDO. Radicación del asunto. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional, admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 50/2024.

5. En esa misma actuación, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes, para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

6. De igual forma, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “Determinar si para justificar la sobretasa del 1.25% sobre la base del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal impugnada, establecida en el artículo 3° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de 2022, publicada mediante decreto número 165 el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el periódico oficial del Estado de Baja California, las autoridades responsables debieron o no indicar la existencia de un déficit en los rubros de seguridad jurídica e infraestructura del Estado, en el presupuesto del año dos mil veintidós”; asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

7. TERCERO. Informe de Tribunal Colegiado. Mediante auto de presidencia de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 349/2023 de su índice, continuaba vigente.

8. CUARTO. Informe de Tribunal Colegiado. En proveído de presidencia de veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 237/2023 de su índice, continuaba vigente.

9. QUINTO. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de presidencia de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.

10. SEXTO. Solicitud de aplazamiento. Mediante auto de presidencia de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, se determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición presentada por el autorizado de una de las partes en el asunto del que derivó uno de los criterios contendientes, relativa al aplazamiento de la resolución del presente asunto.

11. SÉPTIMO. Amicus curiae. En proveído de presidencia de diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el escrito presentado por el autorizado de una de las partes del asunto del que derivó uno de los criterios contendientes, por medio del cual realizó diversas manifestaciones en calidad de amicus curiae, en el sentido de que:

“(...)

1. Al resolver y negar el amparo a mi autorizante, el Cuarto Tribunal Colegiado advierte que el Tercer Tribunal Colegiado del mismo Circuito adopta un criterio de justificación para el establecimiento de sobretasas al impuesto sobre nómina, que no comparte:

‘Finalmente, de acuerdo con las consideraciones expuestas a lo largo de la presente ejecutoria, se denuncia la contradicción de criterios con lo sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, con residencia en esta ciudad de Mexicali, al resolver el recurso de revisión 237/2023, de su índice, mediante sesión ordinaria de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, al advertirse como hecho notorio que dicho órgano jurisdiccional considera que: ‘las autoridades responsables debieron indicar la existencia de un déficit en los rubros de seguridad jurídica e infraestructura del Estado, en el presupuesto del año de dos mil veintidós, que evidenciara la necesidad de obtener más recursos por medio de la sobretasa impugnada, para el final del ejercicio correspondiente’; esto es, un criterio contrario al aquí expuesto.’

2. Se trata de dos caras de una misma moneda.

a. Tercer Tribunal Colegiado sostiene que el justificar el establecimiento de sobretasas implica exponer al [sic] legislador un déficit presupuestario para solventar los gastos que se traza, es decir, sostener porqué con el presupuesto aprobado no alcanza.

b. El Cuarto Tribunal Colegiado estima que la sola mención de los fines extrafiscales es suficiente, sin que sea necesario justificar un déficit.

3. Ese H. Pleno Regional no debe perder de vista la situación de hecho del caso: la sobretasa se aprobó en octubre de 2022, para ser aplicable al mes de noviembre, que se recauda en diciembre y diciembre que se recauda en enero del siguiente año.

4. Las razones por las cuales no debe prevalecer el criterio que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado, son las siguientes:

a. Parte del error jurídico y contravención a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de considerar que el establecimiento de sobretasas al impuesto sobre nóminas pueda constituir un fin extrafiscal.

Como si subir el impuesto a los patrones, inhiba o fomente conductas relacionadas con la seguridad pública o infraestructura. Imposible.

Luego el Cuarto Tribunal Colegiado confunde, como la autoridad responsable deliberadamente pretendió, el concepto fin extrafiscal, con los objetivos que externó para imponer la sobretasa.

b. La jurisprudencia que se vulnera en perjuicio de la quejosa es la siguiente:

Registro digital: 205798; Tesis: P./J. 18/91; Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Junio de 1991, página 52.

‘CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. [Se transcribe]’.

c. El Cuarto Tribunal Colegiado confunde el alcance del artículo 115 Constitucional, pretendiendo sostener que es el fundamento de las constitucional [sic] de las sobretasas aplicables a impuestos estatales.

Es claro que el artículo 115 es una norma de competencia, y como tal es de aplicación estricta, no es una norma de principio. Es claro que las contribuciones sobre las cuales constitucionalmente pueden recaer las sobretasas son aquellas aplicables a contribuciones en materia inmobiliaria. Las atribuciones de los Estados se encuentran en el artículo 116.

d. Contrario a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado, de una interpretación sistemátiva [sic] y no elusiva de los artículos 12, 12 BIS y 14 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se desprende un estándar de motivación del acto de autoridad, que debe ser contenido en la exposición de motivos:

ARTÍCULO 12.- Las Iniciativas de las Leyes de Ingresos deberán ser presentadas:

I. La del Estado, al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, para ser enviada al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, en su caso, a más tardar el 1º de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior al que corresponde la Iniciativa, o hasta el 10 de diciembre cuando inicie su encargo Constitucional el Ejecutivo del Estado.

...

1. Exposición de motivos en la que se señale:

a) La Política de Ingresos del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, según corresponda, así como los objetivos de la misma; y

b) La justificación de las variaciones que se presenten, por rubro y tipo específico de ingreso, en la base, tasa o tarifa, así como en la periodicidad de cobro.

2. Comparativo del pronóstico de recaudación de ingresos al cierre del ejercicio fiscal anterior al que corresponda la Iniciativa de Ley, con el presupuesto de Ingresos estimado derivado de la aplicación de la Iniciativa de Ley, por rubro y tipo específico de ingresos, con la correspondiente justificación de los decrementos o incrementos que se presentan;

3. Texto de la Iniciativa de la Ley de Ingresos comparado con el texto de la Ley de Ingresos vigente en la fecha de presentación, identificando las modificaciones al texto y determinando las variaciones en tablas, tarifas y demás bases de cobro; y,

ARTÍCULO 12 BIS.- Además de la información a que se refiere el Artículo 12 del presente ordenamiento, las leyes de ingresos contendrán apartados específicos con la información siguiente:

a) Las fuentes de ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos.

ARTÍCULO 14.- Las proposiciones que se hagan al Poder Legislativo para modificar la Ley de Ingresos del Estado, Leyes Hacendarias Especiales o Decretos que rijan en la materia, serán sometidas a la Comisión competente del Congreso del Estado para su estudio y dictamen.

Cuando dichas modificaciones impliquen el aumento o disminución de recursos públicos para una entidad u órgano determinado, deberá valorarse mediante análisis técnico el impacto presupuestario y la posible afectación financiera al fisco.

e. La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, estableció un estándar de motivación para el incremento de impuestos, entre otras modificaciones a las leyes fiscales en Baja California, claramente orientado a exigir al Titular del Ejecutivo, que externe y justifique un déficit, es decir, porqué con lo que hay no alcanza, no simplemente aducir fines. Por eso:

i. No aplica la teoría de la motivación ordinaria o reforzada adoptada por la teoría de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aplicaría para los casos en los que el ordenamiento no contempla un estándar de motivación expreso.

ii. No existe la libertad de configuración observada por las diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que no analizan casos como el que se expone.

iii. Además, la configuración política ha sido ejercida por el legislador local, quien trazó las reglas aplicables a la presentación de leyes de ingresos, luego, órgano jurisdiccional no puede argumentar libertad política para dejar de resolver lo que la ley ordena, ni mucho menos el legislador puede, en ejercicio de su libertad política, dejar de observar la ley que el mismo se da, ni permitir que el Ejecutivo la deje de observar.

iv. No existe ni facultad discrecional ni libertad política cuando la norma jurídica emplea el término deberá. Se trata de una modalidad deóntica que no debe ser eludida por el Legislador, pero tampoco por el operador del derecho.

Libertad política no es sinónimo de arbitrariedad. Incluso para subir impuestos debe reconocerse un umbral de legalidad. En la sentencia no se abordan todos los temas hechos valer por mi autorizante, que al inicio de la sentencia se exponen, imponiéndose sobre los derechos y libertades del contribuyente, las arbitrariedades del poder, disfrazadas de libertad de configuración legislativa y fines extrafiscales.”.

12. OCTAVO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente electrónico a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

13. NOVENO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto del año en curso y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre pasado, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad que transcurre, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

14. DÉCIMO. Nueva integración del Pleno. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas; y,

II. COMPETENCIA

15. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

16. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes al Decimoquinto Circuito, correspondiente a esta región, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa, tal como se advierte de los criterios denunciados.

III. LEGITIMACIÓN

17. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quienes resolvieron uno de los criterios que constituyen la presente contradicción, esto es, el amparo en revisión 349/2023.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

18. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados para emitirlas.

• Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 237/2023.

19. 1) Demanda de amparo. Una persona moral, por conducto de su administrador único, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y los actos siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

COMO AUTORIDADES ORDENADORAS:

a) PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y/o CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio ubicado en Edificio del Poder Legislativo, Av. Pioneros y Av. de los Héroes no. 995 Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

b) PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y/o GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio ubicado en Calzada Independencia y héroes no. 994, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

c) DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio ubicado en Oficialía Mayor de Gobierno, Edificio del Poder Ejecutivo, Sótano, sito Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, C.P. 21000, de esta Ciudad.

d) COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio ubicado en Edificio del Poder Legislativo, Av. Pioneros y Av. de los Héroes no. 995 Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

COMO AUTORIDADES EJECUTORAS:

e) SECRETARIA DE HACIENDA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, señalado como su domicilio oficial el ubicado en Calzada Independencia y héroes No. 994, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

f) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, señalado como su domicilio fiscal el ubicado en el Edificio Poder Ejecutivo 1er piso, Calzada Independencia No. 944, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California. g) RECAUDACIÓN DE RENTAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, señalado como su domicilio fiscal el ubicado en el Edificio Poder Ejecutivo 1er piso, Calzada Independencia No. 944, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

IV. ACTO RECLAMADO:

1. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y/o GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Se reclama la promulgación, expedición y orden de publicar el DECRETO No. 165, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, específicamente el artículo 3° de la citada ley, el cual establece que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal deberá ser calculado con base en una tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

2. DEL PODER LEGISLATIVO y/o CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Se reclama la discusión, votación, aprobación y expedición del DECRETO No. 165, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, específicamente el artículo 3° de la citada ley, el cual establece que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal deberá ser calculado con base en una tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

3. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Se reclama la publicación del DECRETO No. 165, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, específicamente el artículo 3° de la citada ley, el cual establece que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal deberá ser calculado con base en una tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

4. COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Se reclama la omisión de cumplir con el procedimiento legal en el Dictamen correspondiente al DECRETO No. 165, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, específicamente el artículo 3° de la citada ley, el cual establece que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal deberá ser calculado con base en una tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

5. SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Se reclama la aplicación del DECRETO No. 165, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, específicamente el artículo 3° de la citada ley, el cual establece que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal deberá ser calculado con base en una tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, lo que se traduce en la recaudación del tributo impugnado.

6. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Se reclama la aplicación del DECRETO No. 165, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, específicamente el artículo 3° de la citada ley, el cual establece que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal deberá ser calculado con base en una tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, lo que se traduce en la recaudación del tributo impugnado.

7. RECAUDACIÓN DE RENTAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Se reclama la aplicación del DECRETO No. 165, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, específicamente el artículo 3° de la citada ley, el cual establece que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal deberá ser calculado con base en una tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, lo que se traduce en la recaudación del tributo impugnado.

8. Se determine la no aplicación en lo presente y en lo futuro de la tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, establecidas en el artículo 3° de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

9. Se reclama que en el momento procesal oportuno se condene y requiera a las autoridades responsables para que realicen la devolución de las cantidades pagadas por la parte quejosa por concepto de la tasa de 1.80% y dos sobretasas, una de 1.20% y otra del 1.25%, al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal establecidas en el artículo 3° de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, devolución que deberá de efectuarse considerando el pago de ACTUALIZACIONES Y RECARGOS.

(...).”.

20. 2) Admisión. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, el cual la admitió y registró bajo el número de expediente 1964/2022.

21. 3) Sentencia. Seguido el trámite de ley, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva, en la que sobreseyó en el juicio respecto de los actos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria, al Recaudador de Rentas y al Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Baja California, asimismo, sobreseyó respecto de los actos consistentes en la tasa y la primer sobretasa (1.20%) del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, y finalmente, concedió el amparo en contra de la segunda sobretasa (1.25%) del impuesto mencionado.

22. 4) Recursos de revisión. Inconformes, la parte quejosa y las autoridades responsables interpusieron recursos de revisión, de los cuales correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, bajo el número de expediente 237/2023, mismo que, mediante sesión de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, los resolvió por unanimidad de votos, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio y conceder el amparo a la parte quejosa.

23. Respecto de la segunda sobretasa del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, el órgano colegiado determinó lo siguiente:

“CUARTO. Recurso de revisión interpuesto por la Gobernadora del Estado de Baja California. Es por una parte infundado y por otra inoperante el único agravio planteado por la autoridad recurrente, con base en las consideraciones siguientes.

(...)

Es por una parte infundado y por otra inoperante el agravio sintetizado.

Se estima de esta manera, dado que, contrario a lo sostenido por la autoridad recurrente, fue correcto que el resolutor de amparo determinara que, en la especie, no se justificó el fin extrafiscal de la sobretasa reclamada.

Con el fin de justificar lo anterior, es necesario destacar que en la sentencia recurrida, el resolutor de amparo consideró lo siguiente:

a) Que el planteamiento de la parte quejosa es fundado, ya que de acuerdo con las jurisprudencias 1a./J. 46/2005 y 1a.J. 28/2007, las autoridades responsables debieron justificar expresamente, mediante argumentos o razones específicas suficientes, ya sea en la exposición de motivos, dictámenes o en la ley misma, esos fines extrafiscales;

b) Que el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, prevé que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal se causa con una tasa del 1.80%, y se establecen dos tasas adicionales, una del 1.20% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda local, que se destinará por el Poder Ejecutivo a la educación superior y su fortalecimiento en la Entidad; y una diversa del 1.25%, sobre la base del artículo 151-14 de la propia ley, cuyos recursos se destinarán por el mismo poder, al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado;

c) Que de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la ley reclamada, ni de ésta, se advierte que respecto de la sobretasa de 1.25%, no se satisfizo la justificación requerida conforme a los precedentes que sustentan la premisa normativa del fallo;

d) Que el legislador y la titular del Ejecutivo Estatal, indicaron que los recursos que se reciban por la sobretasa impugnada, se destinaran al fortalecimiento de la seguridad pública e infraestructura del Estado, pero no justificaron sus fines extrafiscales;

e) Que ni en la exposición de motivos, ni en el Dictamen o texto de la porción normativa reclamada, se señaló el por qué la obtención de más recursos para los rubros mencionados, necesariamente se realizaría con la imposición de la sobretasa impugnada;

f) Que tampoco se manifestó un aproximado de la cantidad que se necesitaba para atender la demanda en el rubro de seguridad pública e infraestructura para el Estado, de manera que se evidenciara que el presupuesto asignado con la obtención de otros tributos, resultaba insuficiente para cubrirlo, y que por ello, era necesaria la creación de la sobretasa impugnada;

g) Que no se justificó el porcentaje establecido para esa recaudación, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33114-90ef41a2/motivacion-legislativa-la-exigida-por-los-articulos-12 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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