IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. LA SOBRETASA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, PERSIGUE UNA FINALIDAD FISCAL SUJETA A UNA MOTIVACIÓN LEGISLATIVA ORDINARIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 134/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veinte de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Ver cuadro
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Décimo Quinto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión 114/2023, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.
4. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo en revisión 127/2023, en sesión de quince de febrero de dos mil veinticuatro.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión 114/2023 y el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo en revisión 127/2023.
7. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características de AR 114/2023
8. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características de AR 127/2023
9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver tabla
10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la constitucionalidad del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, que establece la tasa adicional del uno punto veinte por ciento (1.20%) del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes, porque ambos tribunales analizaron el tema a la luz de la garantía de legalidad tributaria en su vertiente de motivación, prevista en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13. Sin embargo, entre ellos se observa un disenso, pues mientras uno concluyó que la porción normativa no violaba esa garantía porque la sobretasa no persigue un fin extrafiscal, al margen de que se prevea que los recursos se destinaran exclusivamente a la educación superior y, por lo tanto, no era necesario que el legislador la justificará mediante una motivación reforzada; el otro consideró lo contrario, al estimar que tenía un fin extrafiscal y por ello, el órgano legislador tenía la obligación constitucional ineludible de justificar expresamente mediante argumentos o razones específicas suficientes, con lo que implícitamente(7) estableció que se requería de una motivación reforzada y no ordinaria.
14. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver: Este requisito se cumple también pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes cabe la pregunta siguiente: ¿La sobretasa prevista en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, persigue un fin extrafiscal que exige que el legislador exprese una justificación reforzada para efectos de cumplir con el principio de legalidad tributaria en su vertiente de motivación?(8)
15. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión 114/2023 y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo en revisión 127/2023.
16. Importa aclarar que no pasa inadvertido que las disposiciones jurídicas analizadas hayan perdido vigencia, por corresponder al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, pero se estima procedente analizar la contradicción de criterios dada la posibilidad de que existan asuntos pendientes de resolverse relacionados con esta temática. Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2003(9) de contenido siguiente:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción.
17. Importa aclarar que no son materia de esta contradicción de criterios otros temas abordados por los tribunales, como son la declaración de firmeza del sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida respecto de los actos reclamados consistentes en la expedición, orden de publicación y publicación de la norma reclamada; y, el relativo a que cuando la sobretasa de un impuesto persigue un fin extrafiscal es una circunstancia que exige que en el proceso legislativo se exprese una justificación reforzada para efectos de cumplir con el principio de legalidad tributaria en su vertiente de motivación, pues ambos tribunales fueron coincidentes en esos puntos.
18. Por tanto, la existencia de la contradicción queda planteada en los términos ya precisados.
19. Importa señalar que este pleno regional al resolver la contradicción de criterios 50/2024(10) analizó un tema similar pero respecto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, en cuyo artículo 3 se implementó una segunda sobretasa del uno punto veinticinco por ciento (1.25%) al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, pero en ese asunto el punto jurídico dilucidado no fue si se la tasa adicional tenía un fin fiscal o extrafiscal, sino definir si para justificarla las autoridades legislativas debieron indicar la existencia de un déficit presupuestario en los rubros de seguridad pública e infraestructura, de manera que el estudio ahí realizado no agota la materia de este expediente.
V. Estudio
20. Para dar respuesta a la interrogante materia de esta contradicción se analizara la naturaleza y el origen del impuesto en cuestión, los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del principio de legalidad en materia tributaria, así como en torno a las sobretasas y a los fines fiscales y extra fiscales a la luz de ese principio.
El impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal
21. El impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal se establece en el capítulo XV de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, denominado como “De los Impuestos Sobre Productos del Trabajo”, que comprende los artículos 151-13 a 151-20, que —en su texto aplicable en los amparos de los que surgieron los criterios divergentes— establecen algunos de los elementos esenciales del impuesto, como son el objeto, la base, los sujetos obligados y la época de pago, además de indicarse que la tasa o tarifa se estatuirá en la ley de ingresos de esa entidad.
22. Lo anterior, pues se prevé que el objeto de esa contribución es la realización de pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del estado de Baja California, bajo la dirección o dependencia de un tercero y que la base es el monto total de los pagos que se efectúen conforme a los términos que ahí se precisan, así como que los sujetos son las personas físicas y morales que se encuentran domiciliadas en el estado, o tengan en este agencias, sucursales o representación, así como las personas que no se encuentren domiciliados en el estado, ni tengan en este agencias, sucursales o representación y realicen pagos por remuneraciones al trabajo a personas que presten sus servicios de carácter personal en el estado y, que el pago se efectuará en efectivo mediante la declaración que presenten las personas contribuyentes u obligadas solidarias, mensual o trimestralmente, según corresponda.
23. Para mejor ilustración se transcriben los artículos 151-13 a
151-20 en cita, en su texto vigente previo a las reformas publicadas en el periódico oficial del estado de Baja California de fechas cuatro de marzo de dos mil veintidós y veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, que era el siguiente:
Artículo 151-13.- Es objeto de este impuesto, la realización de pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado, bajo la dirección o dependencia de un tercero.
Artículo 151-14.- La base del impuesto es el monto total de los pagos que se efectúen bajo las condiciones establecidas en el Artículo anterior, aún cuando dichos pagos no excedan del Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en base a los términos siguientes:
I.- Para los contribuyentes personas físicas o contribuyentes personas morales que en el ejercicio inmediato anterior les hayan prestado servicios subordinados hasta veinticinco trabajadores como promedio mensual, comprenderá el monto total de los pagos efectuados trimestralmente. La misma periodicidad aplicará para el primer ejercicio de operaciones independientemente del número de trabajadores que tengan a su servicio.
II.- Para los demás contribuyentes, comprenderá el monto total de los pagos efectuados mensualmente.
Si quien efectúa los pagos está domiciliado fuera del Estado, y no tiene dentro de éste, sucursal, agencia o representación, la base del impuesto será el monto total de las percepciones que obtenga el trabajador.
Artículo 151-15.- Son sujetos del impuesto las personas físicas y morales que se encuentran domiciliadas en el Estado, o tengan en éste agencias, sucursales o representación y realicen los pagos por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un tercero. Así como las personas que no se encuentren domiciliados en el Estado, ni tengan en éste agencias, sucursales o representación y realicen pagos por remuneraciones al trabajo a personas que presten sus servicios de carácter personal en el Estado.
Artículo 151-16.- Este Impuesto se liquidará y pagará de conformidad con la tasa que estipule la Ley de Ingresos del Estado, aplicada al total de los pagos efectuados por el empleador, según los períodos establecidos por el Artículo 151-14, o al total de las percepciones que en el mismo período obtengan fuera del Estado, quienes presten servicios de carácter personal dentro del mismo.
De los ingresos totales que se obtengan por concepto de recaudación de este Impuesto se destinará el 5% al fideicomiso empresarial del Estado, el cual tendrá como objetivos:
a) Apoyar la Seguridad Pública en el Estado;
b) Fomentar la Participación Social en la Educación; y
c) Fortalecer las Comisiones y Consejos de Desarrollo Económico.
Artículo 151-17.- Son responsables solidarios de este impuesto, las personas físicas que presten sus servicios en el Estado y reciben remuneraciones de carácter personal de los sujetos que no se encuentren domiciliados en el mismo, ni tengan en éste agencias sucursales o representación; y tendrán como obligaciones a su cargo, además de las expresadas en esta Ley y en las demás disposiciones fiscales, las de recaudar y enterar el impuesto en los términos de estos ordenamientos.
Artículo 151-18.- Para efectos de este impuesto, se consideran erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás cantidades que se entreguen al trabajador como contraprestación por su trabajo.
No quedan comprendidas dentro de las remuneraciones objeto del impuesto, las prestaciones de previsión social, las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ni las indemnizaciones por terminación de la relación laboral.
Para los efectos de este impuesto, se considera previsión social, las erogaciones efectuadas por los patrones de manera general a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia.
Artículo 151-19.- Este Impuesto se enterará en efectivo mediante declaración que presentarán los contribuyentes o responsables solidarios según sea el caso, a más tardar los días veinticinco, del mes siguiente al período correspondiente en que hagan o reciban los pagos base del gravamen, o de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente, tratándose de pagos trimestrales.
Artículo 151-20.- Son obligaciones a cargo de los sujetos que realizan los pagos gravados por este impuesto, y de los responsables solidarios:
I.- Empadronarse en la oficina de Recaudación de Rentas del Estado de su jurisdicción, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se efectúen las operaciones gravadas por este impuesto, tratándose de los responsables solidarios.
II.- Presentar la declaración mensual o trimestral según corresponda, para el pago del Impuesto; y
III.- Las demás que impongan otras disposiciones fiscales.
24. Este capítulo XV de la ley en cita, ha sido reformado en un par de ocasiones, ambas modificaciones han recaído sobre el artículo 115-16, la primera mediante decreto publicado el cuatro de marzo de dos mil veintidós(11) para establecer en su segundo párrafo que el destino de lo recaudado y sus objetivos se regularía en la ley de ingresos estatal y eliminar los incisos; la segunda reforma se publicó el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés,(12) en esta se modificó el primer párrafo para establecer que el impuesto se liquidará y pagará a una tasa del cuatro punto veinticinco por ciento (4.25%).
25. Es el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, publicada en el periódico oficial del estado de Baja California de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, el que es materia de análisis en este asunto porque de su impugnación en amparo indirecto derivó la contradicción de criterios.
26. Este precepto establece que la tasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal previsto en el numeral 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, prevé —en su primer párrafo— que ese tributo se causará con una tasa del uno punto ochenta por ciento (1.80%) y —en el segundo párrafo— una tasa adicional o sobretasa del uno punto veinte por ciento (1.20%), que se destinará por el poder ejecutivo del estado exclusivamente a la educación superior en esa entidad, como se advierte de su transcripción:
Artículo 3.- El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo personal se causa con una tasa de 1.80%.
Adicional al porcentaje anterior, se establece una sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere este capítulo del 1.20% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.
Los recursos que se recauden por esta sobretasa se destinarán por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente a la Educación Superior en la Entidad.
Esta sobretasa no se considerará para la determinación de las participaciones a que se refiere el artículo 7º de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni para el fondo compensatorio a que se refiere el artículo 7° BIS de la citada ley. De los ingresos destinará el 5% objetivos: estatales que se obtengan por a un fideicomiso empresarial este que impuesto se tendrá como
a).- Apoyo a la Seguridad Pública en el Estado.
b).- Fomento a la Participación Social en Educación.
c).- Fortalecimiento de las Comisiones y Consejos de Desarrollo Económico.
d).- Creación del Programa Estatal de Guarderías en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado.
Los recursos que se obtengan por la aplicación de esta sobretasa tampoco se considerarán ni serán participables para el fideicomiso empresarial de referencia.
Con independencia de lo que establezcan otras leyes, se incluye dentro de los sujetos referidos en el artículo 151-15 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, a cualquier ente público de la administración central o paraestatal de los gobiernos Federal y Municipal, que realice pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado, bajo su dirección o dependencia de un tercero, incluidos las entidades paraestatales, paramunicipales y organismos autónomos, salvo aquellos entes públicos que directamente o a través de las participaciones referidas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, obtengan ingresos derivados de este impuesto. No serán sujetos de este impuesto, la Fiscalía General del Estado de Baja California y las entidades descentralizadas de la administración pública municipal que posean bienes declarados como patrimonio cultural del estado, por el pago de remuneraciones que realicen al personal que presta sus servicios en dichos bienes.
27. El impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal en Baja California, se introdujo en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California mediante reforma publicada en el periódico oficial el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en la que se adicionaron, entre otros, los artículos 151-13 al 151-20, para establecer algunos de los elementos esenciales de ese tributo, como son el objeto, la base, los sujetos obligados y la época de pago, además de indicarse, desde entonces, que la tasa o tarifa se establecería en la respectiva ley de ingresos.
28. En las leyes de ingresos del estado de Baja California de los años de mil novecientos setenta y nueve a dos mil doce, se estableció en su artículo 3 solo una tasa ordinaria del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal y fue hasta la ley de ingresos para el ejercicio de dos mil catorce, publicada en el periódico oficial de treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que se impuso una sobretasa en su segundo párrafo.
29. En ese momento la tasa ordinaria era de uno punto ochenta por ciento (1.80%) y la tasa adicional se fijó en razón del cero punto sesenta y tres por ciento (0.63%), y desde ese momento se acotó que se destinaría por el poder ejecutivo del estado exclusivamente a la educación superior en esa entidad, como se observa con los tres primeros párrafos del artículo 3, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 3.- El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo personal se causa con una tasa de 1.80%
Adicional al porcentaje anterior, se establece una sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere este capítulo del 0.63% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.
Los recursos que se recauden por esta sobretasa se destinarán por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente a la Educación Superior en la Entidad.
30. En la exposición de motivos de la iniciativa de la ley de ingresos para el ejercicio de dos mil catorce, se expuso la importancia de la educación superior como vía fundamental para atender el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales y para lograr una mejor calidad de vida; así como que se establecía la sobretasa ante lo indispensable que era contar con los recursos necesarios para continuar impulsando acciones que permitieran fortalecer la educación en el nivel superior, para cumplir con los obligaciones, compromisos y objetivos que en materia de educación se tenían en el estado. También se acotó que no pretendía causar algún menoscabo o afectación a los sujetos del impuesto en virtud de que se establecía que dicha contribución no causaría el impuesto adicional para la educación media y superior, como se advierte de la parte relativa que enseguida se transcribe:
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL
La Educación es una de las asignaturas más importantes que hay para el Estado ya que permite el desarrollo humano y la formación para la vida de los habitantes de nuestra Entidad.
Baja California se ha caracterizado por ofrecer una educación de calidad a través de nuevas formas de intervención educativa, actividades culturales y deportivas, con sentido ético y de manera democrática, conjuntando a su vez, esfuerzos, transparencia y corresponsabilidad social.
El 8 de julio de 2011 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y a Ley de Educación del Estado de Baja California, las cuales tienen como objetivo central el incluir la educación nivel medio superior como obligatoria y gratuita, a fin de que todos los habitantes del Estado puedan tener acceso a la misma sin restricciones ni pago de cuotas de cualquier tipo.
Desde la entrada en vigor de estas reformas, se realizaron los trabajos necesarios para ofrecer servicios educativos en dicho nivel de manera gratuita y de calidad, haciéndose necesario destinar mayores recursos para la prestación de los servicios educativos referidos que permitieran a su vez, continuar con los proyectos existentes y emprender nuevos.
Entre los pasos dados en esta dirección, tenemos que en el periodo comprendido del 2008 al 2012 se invirtió 154 millones 783 mil pesos para la adquisición de 258 mil 256 unidades de mobiliario escolar moderno, para atender la demanda, así como su reposición.
En cuanto a infraestructura escolar se refiere durante el periodo 2008-2013 se invirtieron 1 mil 308 millones de pesos para la construcción de dos mil 327 aulas, para cubrir la demanda existente y abatir en un 60% el rezago en este rubro, quedando aún, un gran número de aulas por edificar:
En el 2013 se invirtieron 124 millones 548 mil 629 pesos, a través del Programa General de Obra en la construcción de 164 aulas y 34 espacios que incluyen laboratorios, talleres y anexos, en beneficio de 57 planteles y 12 mil 136 alumnos, siendo solo algunos de los logros en materia de educación que se han obtenido.
Como se observa, en los últimos ejercicios se han invertido importantes recursos para esta tarea, destinándose más del 50% de su Presupuesto de Egresos del Estado al rubro de la educación. Sin embargo se requieren emprender acciones que permitan el desarrollo de nuevos proyectos en el ámbito educativo, así como la unión de esfuerzos entre sociedad y Estado para proveer de mayores recursos encaminados a la atención de la demanda de enseñanza en todos sus ámbitos, modalidades y niveles, permitiendo a su vez mantener la gratuidad en la educación.
El reto en materia de educación, es garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de las habilidades del pensamiento, así como de capacidades y potencialidades de sensibilidad artística, cultura física, creatividad e innovación en el uso de las tecnologías, la investigación y la ciencia.
El Gobierno del Estado requiere continuar trabajando para favorecer las oportunidades de los habitantes en el Estado, que permitan incrementar su nivel educativo y propiciar el desarrollo social, físico, emocional y cognitivo; buscando a través de diversos mecanismos el incremento de recursos que permitan el cabal cumplimiento de objetivos en esta materia.
Asimismo el Gobierno Estatal tiene claro que debe mejorar la calidad de la educación superior, con el fin de que los estudiantes desarrollen las competencias que les permitan resolver analítica y lógicamente los retos que genera una economía sustentada en la globalización y la sociedad del conocimiento, a través de la internacionalización, fomentando el intercambio académico en las instituciones de educación superior.
En este contexto, la educación superior es una vía fundamental para atender el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, siendo un factor indispensable para una mejor calidad de vida en el país, y en especial en la entidad de Baja California. Por ello, es indispensable contar con los recursos necesarios para continuar impulsando acciones que permitan fortalecer la educación en el nivel superior.
Ahora bien, los ingresos que se obtienen por concepto del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal a lo largo de diversos ejercicios fiscales, representan un importante aporte de contribuciones estatales que se recauda en el Estado.
Por lo expuesto, y dadas las amplias necesidades del gobierno para llegar a atender los requerimientos de los gobernados, se establece una sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, que permitirá que los recursos que se recauden por dicho concepto se destinen exclusivamente a la educación superior en la Entidad, permitiendo así cumplir con los obligaciones, compromisos y objetivos que en materia de educación que se tienen en el Estado.
Dicha sobretasa no se considerará para la determinación de las participaciones a que se refiere el artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni para el fondo compensatorio a que se refiere el artículo 7o. BIS de la citada ley. Asimismo, no será participable para el fideicomiso empresarial del Estado.
Como se ha sostenido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las "sobretasas" son las que recaen sobre algunos de los tributos previamente establecidos y tienen como característica que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico, es decir, estas aprovechan la existencia de un nivel impositivo primario, r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33135-b188295a/impuesto-sobre-remuneraciones-al-trabajo-personal-la-sobretasa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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