IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. LA SEGUNDA SOBRETASA ADICIONADA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 27 DE OCTUBRE DE 2022).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 164/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 14 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. PONENTE: MAGISTRADO ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de catorce de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 164/2024 suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Sexto, todos del Decimoquinto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si la segunda sobretasa del 1.25 % adicionada al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, previsto en el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2022, persigue fines extrafiscales; si para su implementación el legislador debió justificar la existencia de un déficit presupuestario; y si resulta violatoria del principio de proporcionalidad tributaria.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficios 5/2024 y 10/2024 de veintisiete y treinta de mayo de dos mil veinticuatro, los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, en los amparos en revisión 311/2023, 346/2023 y 351/2023, en contra del sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de ese circuito, en el amparo en revisión 332/2023, y por el Cuarto Tribunal Colegiado del mismo circuito, en el amparo en revisión 349/2023.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el expediente 164/2024.
5. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. Se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con los temas a dilucidar, consistentes en:
- "Determinar si el fin extrafiscal invocado por el legislador en el proceso de creación de la segunda sobretasa del 1.25 % (uno punto veinticinco por ciento) al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal prevista en el artículo 3o. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, vigente para el ejercicio fiscal de 2022, reformado mediante Decreto 165, publicado en el periódico oficial de la entidad el 27 de octubre de 2022, consistente en el fortalecimiento de la seguridad pública e infraestructura en el estado, es o no meramente recaudatorio y si, por consiguiente, la aducida finalidad extrafiscal se encuentra justificada de conformidad con los preceptos 25 y 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", y
- "Determinar si la segunda sobretasa al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal implementada mediante reforma al artículo 3o. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, vigente para los dos últimos meses del ejercicio fiscal de 2022, al tratarse de un segundo porcentaje adicional, contraviene o no el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, así como los principios de justicia tributaria, específicamente, los de legalidad, anualidad del gasto público y proporcionalidad."
7. Se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
8. Informes de tribunales colegiados. Mediante auto de presidencia de siete de junio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Sexto, todos del Decimoquinto Circuito, a través de los cuales informaron que los criterios sustentados en los amparos en revisión 332/2023, 349/2023, 311/2023, 346/2023 y 351/2023 de sus respectivos índices, continuaban vigentes.
9. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de presidencia de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con las temáticas de este asunto.
10. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
11. Integración. Mediante auto de presidencia de doce de mayo de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la integración de este Pleno Regional, conformado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez.
12. Se returnó el presente asunto a la ponencia del Magistrado José Patricio González Loyola Pérez y se confirmó el turno del expediente para la elaboración del proyecto de resolución.
13. Integración. En proveído de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, conformado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu.
14. Se returnó el presente asunto a la ponencia del Magistrado Ernesto Martínez Andreu y se confirmó el turno del expediente para la elaboración del proyecto de resolución.
15. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
16. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
17. Se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados pertenecientes al Decimoquinto Circuito, el cual corresponde a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa.
III. LEGITIMACIÓN
18. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, el cual emitió uno de los criterios en contienda.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
19. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los tribunales colegiados.
• Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión 332/2023.
20. Demanda de amparo. Una persona moral, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y los actos siguientes:
"V. NORMA O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.
A través de la presente demanda de amparo, mi representada señala como actos reclamados los siguientes:
A. Con fundamento en el artículo 107, fracción, inciso d), de la Ley de Amparo, se reclama como NORMA GENERAL Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2022, en específico el artículo 3, de la misma, con motivo de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 27 de octubre de 2022. Reforma que se aprobó mediante Decreto Número 165, por el cual se aprueba la Reforma a los Artículos 3; 9, Sección I, Apartado A, numeral 1, inciso a) numerales 4 al 9 y b) numerales 4 al 12, numeral 2, inciso a) y b); Sección II, Aparatado A, numeral 1 sub numerales 4 al 9 y numeral 2; Sección III, Aparatado A, numeral 1, inciso a) numerales 4 al 10 y b) numerales 4 al 10, numeral 2, inciso a) y b); Sección IV, Apartado A, numeral 1 inciso a) numerales 4 al 10 y numeral 2; Sección V, Aparatado A, numeral 1, incisos d) al I) y numeral 2; Sección VI, Apartado A, numeral 1, incisos d) al I) y numeral 2; Sección VII, Apartado A, numeral 1 incisos d) al j) y numeral 2; y 22, Fracción III, Inciso A); todos de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año 2022.
B. En estos términos, se reclama de cada una de las autoridades responsables lo siguiente:
1. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, se reclama los siguiente:
• La discusión, aprobación, expedición y cualquier otra intervención que haya tenido en el proceso de reforma del artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año 2022, aprobada mediante el Decreto Número 165 (...)
Se impugna en lo particular la reforma al artículo 3 de dicha Ley de ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año 2022, respecto de su texto vigente a partir del 1 de noviembre de 2022, en la parte que establece una sobretasa adicional del 1.25 % al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mismo que señala de manera textual lo siguiente: (...)
2. De la C. Gobernadora del Estado Libre y Soberano de Baja California, se reclama:
La iniciativa, expedición, promulgación, orden de publicación y cualquier otra intervención en el proceso de reforma del artículo 3, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2022, aprobada mediante el Decreto Número 165, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 27 de octubre de 2022.
3. Del C. Secretario de Planeación y Finanzas del Estado Libre y Soberano de Baja California, también conocido como Secretario de hacienda del Estado de Baja California, se reclama:
• La ejecución de la reforma a que se refiere el punto 1 que antecede, consistente en la recaudación de la sobretasa adicional del 1.25 % del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, prevista en la reforma al artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2022, vigente a partir del 1 de noviembre de 2022 y, aprobada mediante Decreto no. 165, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 27 de octubre de 2022.
4. Del C. Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, en el municipio de Tijuana, Baja California, se reclama:
• La ejecución de la Ley que se refiere el punto 1 que antecede, consistente en la recaudación de la sobretasa adicional del 2.25 % del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, prevista en la reforma al artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año 2022, vigente a partir del 1 de noviembre de 2022 y, aprobada mediante Decreto no. 165, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 27 de octubre de 2022."
21. Admisión. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, el cual la admitió bajo el expediente 1048/2022.
22. Sentencia. Seguido el trámite de ley, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva, en la que concedió el amparo solicitado.
23. Recursos de revisión. En contra de lo anterior, las autoridades responsables interpusieron recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, bajo el expediente 332/2023.
24. Resolución. En sesión de quince de febrero de dos mil veinticuatro, el tribunal colegiado revocó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado, con base en las siguientes consideraciones:
"Estudio.
Se consideran fundados los agravios expuestos por la autoridad recurrente.
En primer término, conviene trascribir lo que establecen los artículos 40, 41, primer párrafo, 71, fracción III, 115, primer párrafo, y 124, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[Se transcriben]
De lo transcrito se obtiene que la autonomía financiera de las entidades federativas no se prevé expresamente en la Constitución Federal, sin embargo, al establecerse que los Estados son libres y soberanos en su régimen interior, implica su autonomía financiera, parte inherente e imprescindible de su soberanía política, así como de su marco de libertades; lo que se encuentra acotado con las limitantes establecidas para los Estados en materia tributaria, pues lo que no está reservado para la Federación, se entiende corresponde a los Estados; correspondiéndole a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México el derecho de iniciar leyes o decretos.
Por su parte, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad del Congreso del Estado examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar, para cada Ejercicio Fiscal, las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, en los términos de la ley de la materia. (...)
Continuando con el tema de las facultades de las Entidades Federativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2013, refirió que la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.
Argumenta la Sala, que resulta conveniente precisar que el legislador tributario cuenta con un margen de libre configuración para el diseño del sistema impositivo, pues la contribución constituye una de las fuentes principales para que el Estado obtenga ingresos, mediante la detracción de determinadas cantidades del sector privado para la sufragación de los gastos públicos, tanto de la Federación, como la Ciudad de México, Entidades Federativas y Municipios, dentro del marco legal, que sea proporcional y equitativo, para lo cual puede valerse de cualquiera de los modelos o instrumentos tributarios, siempre y cuando la asignación impositiva se lleve a cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos por la Ley Fundamental.
Ahora, a fin de darle mayor claridad a la resolución, resulta necesario transcribir el texto del artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, en el cual tiene su origen la sobretasa o tasa adicional.
[Se transcribe]
Precepto constitucional del cual se puede ver la implementación de tasas adicionales sobre las contribuciones que establezcan las legislaturas de los Estados.
Conviene precisar que la sobretasa o tasa adicional, no constituye un impuesto adicional, ya que dicha sobretasa o tasa adicional participa de los mismos elementos constitutivos de la contribución, y solamente se aplica un doble porcentaje a la base imponible; en tanto que, en los impuestos adicionales, el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario.
En efecto, las sobretasas, recaen sobre algunos de los tributos previamente establecidos, cuya característica es que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico.
Dichas sobretasas son utilizadas con frecuencia por las haciendas públicas locales para no incrementar directamente la presión fiscal de los contribuyentes, ni los costos de gestión, ya que se aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, del cual comparte los mismos elementos constitutivos, y sólo se aplica un doble porcentaje a la base imponible, teniendo como finalidad principal recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo, para destinarlo a una actividad específica.
Por ello, es más conveniente implementar una sobretasa respecto de una contribución primaria que ya existe, en lugar de diseñar un nuevo mecanismo tributario toda vez que se facilita la recaudación, al no tener que gestionar con nuevos sujetos pasivos, sino que a los contribuyentes obligados a cubrir cierto gravamen, se les obliga a pagar una cantidad adicional por el mismo concepto.
Por tanto, la sobretasa no modifica los elementos esenciales del gravamen primigenio, sino que sólo establece un porcentaje adicional, al estimarse que la capacidad contributiva gravada es suficiente para soportar ambas cargas tributarias.
Lo antes considerado se aprecia de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 114/2013, en la que en su parte relativa se consideró lo siguiente:
[Se transcribe]
Ahora, en el caso concreto, la reforma al artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, aprobada en sesión extraordinaria de la XXIV Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, contenida en el Decreto Número 165 publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de octubre de ese mismo año, prevé, en lo que interesa, lo siguiente:
[Se transcribe]
Precepto legal del cual se aprecia que la Ley de Ingresos en cita, prevé una tasa original y dos sobretasas del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere ese capítulo, estas dos últimas, una del 1.20 % (uno punto veinte por ciento) y la segunda que es la materia de la adición o reforma al artículo 3 de la Ley de Ingresos en comento, es del 1.25 % (uno punto veinticinco por ciento); ambas sobretasas sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, cuyos recursos se destinarán por el Poder Ejecutivo del Estado, la primera de las sobretasas exclusivamente a la Educación Superior y su fortalecimiento en la Entidad, en tanto que la segunda sobretasa (del 1.25 % objeto de reclamo) se destinará al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. A su vez el artículo 151-14 y su relacionado 151- 13 de la Ley de Hacienda en cita, establecen:
[Se transcriben]
Disposiciones legales que regulan la base sobre la que se causa el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, y de las cuales también participan las sobretasas o tasa adicional a que alude el artículo 3 reclamado, por lo que se estima que se trata de sobretasas y no un impuesto adicional (en el caso a estudio solo se reclama la tasa adicional o sobretasa del 1.25 % –uno punto veinticinco por ciento– cuyos ingresos se destinarán a la seguridad pública y a la infraestructura del Estado).
En efecto, las Entidades Federativas, como ya se dijo, tienen libertad para imponer cargas fiscales a los contribuyentes, sin importar el modelo o instrumento tributario que se utilice, siempre y cuando justifique expresamente la necesidad de la carga impuesta.
Por consiguiente, las entidades sí cuentan con facultades para imponer sobretasas y no resulta necesario que se establezca específicamente en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California la figura de la sobretasa para que puedan imponerlas; toda vez que la libertad de las Entidades Federativas para imponer cargas fiscales a los contribuyentes, tiene su límite en cuanto a que debe ser proporcional y equitativo, sin importar el modelo o instrumento tributario que utilice, y siempre y cuando justifique expresamente la necesidad de la carga impuesta.
Ahora bien, como lo aduce la recurrente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 397/2011 determinó que la potestad tributaria del Estado consiste –básicamente– en establecer todas las contribuciones que sean necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos, lo que deberá estar acorde a los principios tributarios contemplados en el artículo 31, fracción IV constitucional, siendo uno de ellos el de destino al gasto público; de aquí que la doctrina constitucional en este sentido haya denominado a dicha garantía tributaria como ‘principio de destino al gasto público’, enfatizando, de este modo, que todas las contribuciones que se establezcan mediante ley sólo podrán destinarse al gasto público estatal, lo cual representa un límite, consistente en que las contribuciones recaudadas no podrán tener un objetivo o destino personal o individual.
De dicho principio tributario, la Sala precisó los siguientes matices:
1) El gasto público es un principio de justicia fiscal que garantiza, por un lado, la aplicación de lo recaudado a la satisfacción de necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales; y por otro, que la recaudación de recursos públicos no sea destinada a satisfacer necesidades privadas o individuales.
2) El concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y el concepto material de gasto público consiste en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad. Este segundo concepto estriba en el destino de un impuesto para la realización de una función pública específica o general, a través de la erogación que realice el Estado, directamente o por conducto de algún otro organismo público, encargado al respecto.
Formalmente, el concepto de gasto público se da cuando en el presupuesto de egresos correspondiente está prescrita la partida.
3) La exigencia del artículo 31, fracción IV, constitucional, no es que la recaudación ingrese a una caja común, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad.
4) Los tributos pueden destinarse, desde su origen, a cubrir un gasto especial, siempre que sea en beneficio de la colectividad.
5) La circunstancia o hecho de que un impuesto tenga un fin específico no cambia su naturaleza de estar destinado al gasto público, para lo cual bastará consultar el Presupuesto de Egresos respectivo para percatarse que todos y cada uno de los renglones del presupuesto tienen fines específicos, si bien estos tienen un sentido social y un alcance de interés colectivo. Argumentó la Sala que la Ley Fundamental delimita el principio al ‘destino del gasto público’, no a su ‘uso’, por lo que, el artículo 31, fracción IV, constitucional, no tiene el alcance de analizar el uso, ejercicio o programación del gasto público, mismo que se expresa en el Presupuesto de Egresos, el cual, como lo aducen las recurrentes, no puede cuestionarse a través del juicio de amparo, al no ser labor del Tribunal juzgar la forma en la que se estructura, programa u opera un presupuesto.
Por tanto, como se precisó párrafos supra, el legislador está constitucionalmente facultado para establecer a un impuesto primario una tasa adicional, las cuales tienen como finalidad principal recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo para destinarlo a una actividad específica; supuesto en el cual tendrá la obligación constitucional ineludible de justificar expresamente –mediante argumentos o razones específicas suficientes– ya sea en la exposición de motivos, dictámenes o en la misma ley, esos fines que persigue esa determinada contribución, que debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En el caso concreto, la reforma al artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, adiciona al porcentaje establecido del 1.80 % del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, una sobretasa del 1.25 % (además de la sobretasa del 1.20 % para la educación, la cual no es materia de reclamo) sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California para el impuesto señalado.
Ahora bien, el juzgador federal otorgó la protección constitucional respecto de la sobretasa reclamada (del 1.25 % sobre la base del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal), dado que al emprender el análisis de la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós (en particular a su artículo 3) cuya inconstitucionalidad se reclamó, consideró lo siguiente: (...)
Consideraciones las anteriores que este Tribunal Colegiado no comparte, atento a que del análisis a la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se advierte que el legislador sí justificó el establecimiento de la sobretasa adicional del 1.25 (uno punto veinticinco por ciento) reclamada, en relación con el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
Previo a evidenciar la anterior aseveración es necesario acotar qué tipo de justificación (motivación) es la que se requería para la emisión de la sobretasa reclamada.
Respecto al tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos, motivación que puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria.
La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. (...)
Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna ‘categoría sospechosa’, esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo.
Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de los órganos de control constitucional, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. (...)
Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.
Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, de rubro y textos siguientes:
‘MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.’ [Se transcribe].
Ahora, como se adelantó, adverso a lo considerado por el Juez de Distrito, este Tribunal Colegiado aprecia que con lo expuesto en la exposición de motivos a la reforma de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, se justifica el establecimiento de la sobretasa adicional reclamada, a saber, la del 1.25 % (uno punto veinticinco por ciento), en relación con el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
Para demostrar el anterior aserto en principio es necesario tener presente, como ya se dijo, que conforme a lo previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Federal, artículos 27, fracciones I7, XI y XXXVIII, de la Constitución Política del Estado de Baja California, compete
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33728-b20c9339/impuesto-sobre-remuneraciones-al-trabajo-personal-la-segunda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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