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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA REGLA 7.1.1., FRACCIÓN XIV, DEL ANEXO 24, APARTADO C, Y DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2024 Y ANEXOS 1, 2, 5 Y 24. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA PERSONA QUEJOSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 112/2025. · Registro digital (IUS): 33885
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-03-13
Promovente: Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 112/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:

I. Antecedentes

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido vía interconexión en este Pleno Regional el ocho de julio de dos mil veinticinco, la persona titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia Tijuana, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 15/2025 y el sustentado por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al decidir el conflicto competencial 3/2025.

2. Radicación en el Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de diez de julio de dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 112/2025, con el tema: determinar si cuando se reclama una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución efectuados a través de medios electrónicos, el juez de distrito competente será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubique el domicilio fiscal del contribuyente, o bien, el juez del domicilio de la autoridad, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían;(1) de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente para su estudio a la ponencia de la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.

3. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:

• Por oficio 4759/2025 de catorce de julio de dos mil veinticinco, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Mediante oficio 11493/2025 de cuatro de agosto de dos mil veinticinco, el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• En oficio DGCCST/X/461/08/2025 de cinco de agosto de dos mil veinticinco, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la Segunda Sala de ese Alto Tribunal resolvió la contradicción de tesis 133/2022-SS, de la que derivó la tesis 2a./J. 146/2002,(2) cuyo tema guarda relación con el del presente asunto.

4. Solicitud de informe. Toda vez que en el acuerdo de radicación se requirió al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y no al diverso Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio circuito –señalado como contendiente– el informe sobre la vigencia de su criterio, por auto de presidencia de cuatro de agosto de dos mil veinticinco se regularizó el asunto solicitando a este último que informara si el sostenido en el conflicto competencial 15/2025 de su índice subsistía, lo cual no aconteció.

5. Nueva integración del Pleno Regional y returno del asunto. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que, derivado de la adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, fueron designadas para integrar este pleno regional las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco; además, se returnó el expediente a la ponencia de la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.

6. Confirmación de turno. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

7. Dictamen. En atención al dictamen recibido en la oficialía de partes de este Pleno Regional el veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, por acuerdo del día siguiente se señaló como tema de la contradicción determinar dónde tiene ejecución la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024 y anexos 1, 2, 5 y 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veinticuatro, en específico, la regla número 7.1.1., fracción XIV; el anexo 24, apartado C; y el artículo cuarto transitorio y, en consecuencia, a qué Juzgado de Distrito corresponde, por razón de territorio, conocer de la demanda de amparo indirecto en la que se reclama ese acto; además, se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían respecto de dicho tema y de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción que guarde relación con tal tópico.

8. Nuevos informes. Los solicitados en el auto descrito en el punto anterior se recibieron en los siguientes términos:

• Por oficio 15631/2025 de veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Mediante oficio 1737/2025 de tres de noviembre de dos mil veinticinco, el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• En oficio DGCCST/X/606/11/2025 de seis de noviembre de dos mil veinticinco, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hay contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.

9. Devolución a ponencia. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

10. Amicus curiae. Por oficio recibido a través del portal de servicios en línea el veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, acordado el mismo día, la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria formuló manifestaciones en esa calidad.

II. Competencia

11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio(4) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del antes Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(7) por derivar de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional al provenir de juicios de amparo en materia administrativa.

III. Legitimación

12. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.

IV. Criterios denunciados

13. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 15/2025, en sesión de veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

14. Criterio del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 3/2025, en sesión de veinte de febrero de dos mil veinticinco.

V. Amicus curiae

15. En el oficio recibido el veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, se expresaron las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

(...) Conviene destacar que ese H. Pleno Regional delimitó el planteamiento para dilucidar la controversia en la contradicción de criterios que nos ocupa, en la siguiente interrogante:

¿Dónde debe considerarse que tiene ejecución la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024 y anexos 1, 2, 5 y 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veinticuatro, en específico, la regla número 7.1.1., fracción XIV; el anexo 24, apartado C; y el artículo cuarto transitorio y, por tanto, a qué Juzgado de Distrito corresponde, por cuestión de territorio, conocer de la demanda de amparo indirecto en la que se reclama ese acto?

Al respecto, del proyecto publicado por ese H. Pleno Regional, se advierte que dicho cuestionamiento se resuelve en el sentido de que es –el domicilio fiscal de las empresas quejosas que cuentan con registro en el esquema de certificación de empresas, es el lugar donde se entiende que tienen ejecución las normas reclamadas– (...)

Bajo esas consideraciones, ese H. Pleno Regional concluye que en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia territorial para conocer de los juicios de amparo promovido en contra de dichas normas, se surte en favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del contribuyente.

Al respecto, esta representación fiscal respetuosamente expone a ese H. Pleno Regional, que contrario a la conclusión alcanzada, la obligación reclamada en los juicios de amparo materia de análisis se centra en el estudio de la constitucionalidad del requisito previsto en la regla 7.1.1., fracción XIV, su Anexo 24, apartado C, y el artículo cuarto transitorio, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024, consistente en "otorgar a la autoridad, mediante escrito libre presentado ante la oficialía de partes de la AGACE, el usuario y contraseña del sistema automatizado de control de inventarios, como requisito para obtener o renovar el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS", su ejecución se materializa en el domicilio de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, unidad administrativa competente para recibir la información y verificar el cumplimiento de dicha obligación, como uno de los requisitos legales para otorgar o renovar, en su caso, a las empresas que lo solicitan, la autorización del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en materia IVA/IEPS.

En efecto, es un hecho que las reglas generales de comercio exterior que nos ocupan, están dirigidas a las empresas que optan por obtener un Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en materia de IVA/IEPS (RECE), con la finalidad de obtener las facilidades administrativas y beneficios fiscales para llevar a cabo sus operaciones.

Es decir, el RECE es un régimen opcional de beneficio, dirigido a un sector específico, en particular a las empresas que realizan la introducción bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación, que cuentan con programas de maquila o de exportación, o bien, para la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal, en recinto fiscalización estratégico o de depósito fiscal para el ensamble o fabricación de vehículos, que por la naturaleza de sus operaciones se busca favorecer la inversión extranjera, fomentar la competitividad en el comercio exterior y el crecimiento económico en nuestro país.

En consecuencia, las obligaciones fiscales formales en cuestión no están dirigidas a la generalidad de los contribuyentes, sino a un sector específico que conforme a sus operaciones de elaboración, transformación o reparación de bienes, realiza diversas importaciones temporales de insumos que requieren contar con mecanismos de control eficientes y especializados en materia de comercio exterior, pues de lo contrario, podría dar lugar a la internación de mercancías ilícitas, sin el pago de impuestos, y presumir la comisión del delito de contrabando.

Es por ello que las empresas de dicho sector que opten por tener acceso a dicho registro de RECE y gozar de los beneficios fiscales en comento, deberán solicitar una certificación por parte del SAT, el cual será autorizado, siempre y cuando cumplan de forma permanente con todos los requisitos que permitan un adecuado control de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes mencionados de conformidad con las reglas generales de comercio exterior que expida este órgano desconcentrado, como lo estipulan expresamente los artículos 28-A de la Ley del IVA, y 15-A de la Ley del IEPS.

Entre otros requisitos, es la obligación de contar con un control de inventarios sistematizado que permita demostrar la trazabilidad de las mercancías de comercio exterior que ingresan o salen del país, pues ello es relevante no solo para un tema recaudatorio, sino en general para el control de la entrada y salida de mercancías de importación temporal que requieren para sus procesos productivos.

Bajo ese contexto, para resolver la problemática planteada en la presente contradicción de criterios es relevante identificar cuál es el contenido del supuesto jurídico o requisito previsto en las reglas generales de comercio exterior que las quejosas pretenden reclamar en los juicios de amparo, a fin de identificar cómo y ante quien se materializa la ejecución de dicha porción normativa, para estar en aptitud de definir la competencia de los juzgados de distrito, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo [sic].

Como fue referido por ese pleno regional a fojas 62 a 66 del proyecto público, los actos reclamados que dieron origen a los juicios de amparo de los que deriva la contradicción de criterios que nos ocupa, emanan de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veinticuatro, de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024, particularmente por lo que hace a la regla 7.1.1., fracción XIV, su Anexo 24, apartado C y el artículo cuarto transitorio, donde se estableció, medularmente, que las empresas para mantener, obtener o renovar su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS, se les concedía un plazo de un mes contado a partir de 1) la entrada en vigor de la resolución de modificaciones, o bien, 2) de la notificación de la resolución que les otorgue el registro, según sea el caso, para presentar mediante escrito libre en las oficinas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, y formalizar la entrega de su usuario y contraseña del sistema automatizado de control de inventarios.

De modo que las empresas quejosas acudieron al juicio de amparo a reclamar específicamente dicha obligación de otorgar a la autoridad el usuario y contraseña del sistema automatizado de control de inventarios, como requisito para mantener, obtener o renovar su certificado del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, y con ello cumplir adecuadamente con el requisito del llevar un sistema de control de inventarios, en términos de la regla 7.1.1. y el Anexo 24, apartado C, de la Segunda Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2024, publicada en el DOF el catorce de octubre de dos mil veinticuatro, en relación con el artículo 59, fracción I, de la Ley Aduanera.

En ese sentido, es contundente que la litis en los juicios de amparo se constriñe exclusivamente al análisis de constitucionalidad sobre el requisito legal establecido por el SAT, dirigido a las empresas interesadas en obtener o renovar el certificado en el RECE, consistente en "la obligación de otorgar a la autoridad, mediante escrito libre presentado ante la oficialía de partes de la AGACE, el usuario y contraseña del sistema automatizado de control de inventarios", como requisito para obtener o renovar el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS.

Por lo tanto, la ejecución del acto reclamado no versa sobre "el ingreso que realizará la autoridad fiscal al sistema automatizado de control de inventarios" como fue referido a fojas 71 y 72 del proyecto público por ese pleno regional, sino sobre el cumplimiento del requisito que establecen las Reglas Generales de Comercio Exterior, para que los contribuyentes interesados, obtengan su registro, o en su caso, se les otorgue la renovación de dicho registro en el Esquema de Certificación de Empresas en materia de IVA/IEPS, como lo es, cumplir con la obligación de: "proporcionar mediante escrito libre presentado ante la oficialía de partes de la AGACE su usuario y contraseña del referido sistema automatizado de control de inventarios".

Es decir, la ejecución de las normas reclamadas radicará en verificar que dichas empresas cumplan con los requisitos para obtener o mantener su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS, como lo es "el acceso en línea al sistema automatizado de control de inventarios de las empresas que cuenten con el referido registro" como refiere a fojas 71 y 72 del proyecto público de ese pleno regional.

Lo anterior, como podrá advertirse del contenido de las normas materia de la contradicción que nos ocupa. (...)

Del análisis a la normativa transcrita se desprende que se circunscribe a señalar que los interesados en mantener, obtener o renovar el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS deberán acreditar dentro del plazo legal establecido en el artículo transitorio antes referido, [sic] deberán otorgar mediante escrito libre presentado ante la oficialía de partes de la AGACE, es decir, específicamente, ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior su usuario y contraseña del sistema automatizado de control de inventarios.

De este modo, la ejecución de dicho requisito del Anexo 24, apartado C, de las reglas de carácter general en cuestión, se materializa en el momento en que los contribuyentes otorgarán su usuario y contraseña del sistema automatizado de control de inventarios, mediante escrito ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (cuya sede es en avenida Hidalgo, número 77, colonia Guerrero, código postal 06300, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México), pues derivado de dicho cumplimiento es que la autoridad determinará si mantiene, otorga o renueva la respectiva autorización del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS, para la obtención de los beneficios fiscales establecidos en los numerales 28-A de la LIVA y el numeral 15-A de la Ley del IEPS.

En este contexto, sin lugar a dudas la ejecución de las normas que nos ocupan se materializa en las oficinas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, porque es en ese sitio (la Ciudad de México) donde se realizará formalmente la entrega del usuario y contraseña en cumplimiento a la normativa reclamada, con la finalidad de que la autoridad competente verifique la información y determine mantener, otorgar o renovar el registro al Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS.

En consecuencia, se surte la regla de competencia a que refiere el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: (se transcribe).

En conclusión, la competencia para conocer de los juicios de amparo donde se reclame la ejecución de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veinticuatro, en específico, la regla 7.1.1., fracción XIV; el Anexo 24, Apartado C; y el Artículo Cuarto Transitorio, corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México, en términos de lo establecido por la Ley de Amparo.

Lo anterior, porque en las oficinas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, las empresas, hoy quejosas, formalizarán la entrega del usuario y contraseña en cumplimiento a la normativa reclamada, con la finalidad de que la autoridad les otorgue el registro al Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS, en términos de las reglas que nos ocupan.

Siendo importante precisar que la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior y las Administraciones de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior "1", "2" y "3" con sede en la Ciudad de México, son las autoridades a quienes se les confirió la competencia para autorizar y en su caso renovar el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEPS, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes relativas a dicha autorización, en términos del artículo 25, párrafo primero, fracción LXXIX, y 26, primer párrafo, apartado F, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 2, no así las unidades administrativas desconcentradas.

Lo anterior, se insiste, deriva precisamente del nivel de operaciones que llevan a cabo este tipo de empresas de programas de elaboración, trasformación y reparación de diversos sectores industriales, quienes por el nivel de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, pueden acceder a facilidades de simplificación para realizar la importación y exportación de mercancías importadas de forma temporal, y en particular de la aplicación del crédito fiscal del 100 % del IVA e IEPS, respectivamente.

Inclusive, es evidente que el hecho de que se faculte únicamente a ciertas unidades administrativas del SAT para recibir la información relativa al usuario y contraseña del sistema de control de inventario de la empresa a quien se autorizará el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas IVA/IEP, es precisamente para facilitar el monitoreo sistematizado sobre el cumplimiento de las obligaciones de este tipo de contribuyentes, con la finalidad aumentar la confiabilidad de la información respecto a las operaciones que se realizan al amparo de dicho registro, inhibiendo la manipulación por parte de terceros.

En conclusión, conforme a la regla competencial establecida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que atiende al lugar donde se llevará a cabo la ejecución de reglas reclamadas que imponen la obligación de realizar mediante escrito libre, la entrega a la autoridad del usuario y contraseña del sistema automatizado de control de inventarios, lo cual se ejecuta ante la autoridad competente, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, es decir, en la sede de sus oficinas principales, ubicada en la Ciudad de México, los juzgados competentes para conocer de estos asuntos son los juzgados de distritos en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México.

En mérito de lo expuesto, se solicita a ese H. Pleno Regional tomar en consideración las anteriores manifestaciones por parte de las autoridades del Servicio de Administración Tribunal, al momento de resolver la presente temática de contradicción de criterios.

VI. Existencia de la contradicción de criterios

16. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(8)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

17. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 15/2025, y el sustentado por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al decidir el conflicto competencial 3/2025.

18. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:

• Una persona moral presentó demanda de amparo indirecto en la que reclamó, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, la emisión de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024 y anexos 1, 2, 5 y 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2024; en específico, la regla número 7.1.1., fracción XIV; el anexo 24, apartado C; y el artículo cuarto transitorio; y del Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) la ejecución de esas disposiciones, es decir, la recepción del escrito libre en su oficialía de partes, en el que se otorgue el usuario y contraseña de acceso al sistema automatizado de control de inventarios, así como el acceso que realice al propio sistema, lo que deberá cumplirse en el plazo de un mes.

• Previamente al desahogo de una prevención, el Juzgado de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, al que correspondió conocer del asunto, se declaró incompetente por razón de territorio y ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en la misma materia en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno.

• El diverso Juzgado de Distrito en el estado de Baja California que recibió el expediente, no aceptó la competencia declinada e instruyó comunicar esa determinación al juzgado requirente, quien insistió en declinar su competencia y remitió los autos al tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en turno, para la resolución del conflicto competencial suscitado.

19. El Tribunal Colegiado de circuito resolvió el asunto con base en las siguientes consideraciones:

Segundo. Existencia del conflicto. En el caso, previamente al análisis y resolución del asunto en cuestión, resulta necesario determinar si existe o no conflicto competencial susceptible de ser examinado por este tribunal colegiado.

A fin de dar respuesta a lo anterior, es pertinente conocer las consideraciones que los órganos contendientes sustentaron para determinar que carecían de competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por (...), representante legal de la quejosa (...)

La Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México declaró carecer de competencia por razón de territorio bajo el razonamiento de que, de acuerdo con los efectos para los cuales fue solicitado el amparo, estos deberán efectuarse fuera de su jurisdicción puesto que el domicilio fiscal de la quejosa se encuentra en Tijuana, Baja California, por lo que la normatividad reclamada será aplicada en dicho estado, pues es ante las autoridades del mismo ante las que deberá dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales y, como consecuencia, ordenó remitir los autos al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno [sic], para conocimiento de la demanda.

Por su parte, el Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, rechazó la competencia declinada a su favor, al estimar que las normas impugnadas consistentes en la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024 y anexos 1, 2, 5 y 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veinticuatro, concretamente la regla 7.1.1., fracción XIV; el anexo 24, apartado C; y el artículo cuarto transitorio tienen ejecución dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Dist

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33885-55bdee7c/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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