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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 20, FRACCIÓN II, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 122, FRACCIÓN II, 129 Y 133, ASÍ COMO OCTAVO TRANSITORIO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL HABER CESADO SUS EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011 Y 2012). (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, respecto del artículo 122, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en contra del voto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, respecto del artículo 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Razones aprobadas por unanimidad de once votos, respecto de los artículos 129 y octavo transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León) IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AUN CUANDO LA LEY DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, ADICIONADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 146, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2010, NO PREVÉ EL DESTINO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR AQUEL TRIBUTO, NO ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 118, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA DE ESA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 146, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2010, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea) IMPUESTO SOBRE NÓMINAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 155, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE HACIENDA DE ESA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 146, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2010, AL INCLUIR COMO SUJETOS PASIVOS DE ESE TRIBUTO, ENTRE OTROS, AL ESTADO Y A LOS MUNICIPIOS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán, en contra del voto de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández votó a favor del sentido, pero en contra de las consideraciones) IMPUESTO SOBRE NÓMINAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE HACIENDA DE ESA ENTIDAD, DEROGADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 146, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE EXENTABA DEL PAGO DE ESE TRIBUTO AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán, en contra del voto de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández votó a favor del sentido, pero en contra de las consideraciones) IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 122, FRACCIÓN I Y 132 DE LA LEY DE HACIENDA DE ESA ENTIDAD, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 146, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2010, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2011. · Registro digital (IUS): 24710
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Pág. 5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2011. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 27 DE JUNIO DE 2013. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de junio de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil once ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hernán Salinas Wolberg y otros, diputados integrantes de la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Poder Ejecutivo y del propio órgano legislativo del Estado, la expedición, discusión y aprobación de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, concretamente, por lo que respecta a la adición del capítulo quinto "Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos", contenido en los artículos 118 a 138; la adición de los artículos 122, fracción II, 132 y 133; la reforma al artículo 155; y la derogación del inciso a) de la fracción II del artículo 160, así como el artículo octavo transitorio adicionado, publicados todos ellos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el diecisiete de diciembre de dos mil diez.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez expuestos por la parte actora, en síntesis, son los siguientes:

1) Que la Ley de Hacienda del Estado, concretamente, en los artículos 122, fracciones I y II, 132 y 133, que se refieren al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, violan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque otorgan un trato preferencial y específico a los propietarios de los vehículos denominados "taxis", respecto de los cuales se fija una tarifa del 3.0% del excedente del límite inferior que la tabla de depreciación, y como dicho límite inferior para automóviles que no excedan el precio de $526,657.78 (quinientos veintiséis mil, seiscientos cincuenta y siete pesos 78/100), es de cero pesos, indica que aquellos contribuyentes cuyo vehículo sea distinto al denominado taxi y que aun teniendo ingresos económicos inferiores, pagarán una tarifa equivalente al 3% del valor de su vehículo restándole solamente un centavo a la base gravable, en cambio aquéllos sólo pagarán un 0.245% del valor. Situación que resulta claramente desproporcional, pues dicha prerrogativa no se encuentra relacionada con la capacidad contributiva de los pasivos.

Que el hecho imponible es, precisamente, la tenencia o uso del vehículo independientemente del destino que se le dé, ya que el valor fiscal del vehículo es el signo de riqueza al que debe atenderse para determinar el monto del impuesto a cobrar y no el tipo de uso.

2) Que los artículos 122, fracciones I y II, 132 y 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León violan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues en ellos se establecen tablas de depreciación o determinación del valor fiscal de los vehículos usados, las cuales son frías, presuntivas y caprichosas, ya que no utilizan criterios justificados para determinar el nivel de depreciación anual de los vehículos.

Que el Legislativo del Estado omitió plasmar razonamientos pertinentes para justificar las cifras de depreciación contenidas en tales artículos, lo que constituye que el mecanismo para determinar la base del tributo no esté fundado y motivado, por lo que no se encuentra intrínsecamente relacionado con la capacidad económica ni contributiva del gobernado.

3) Que los artículos 122, fracciones I y II, 132 y 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León violan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al permitir un trato distinto a personas en igual o similar situación jurídica y económica, al manejar una especial y privilegiada a los vehículos destinados a ser taxis, dejando una tarifa que es por lo menos doce veces más gravosa para el resto de los contribuyentes, inclusive a aquellos que cuenten con una idéntica o menor capacidad económica a la del poseedor del taxi, lo cual hace que dichos numerales carezcan de generalidad y abstracción.

4) Que en el artículo 118, fracción II, de la ley impugnada, al establecer que las personas -físicas y morales- que se encuentren dentro de la circunscripción territorial que sean tenedoras o usuarias de los vehículos, están obligadas al pago del impuesto, resulta ilegal, toda vez que el domicilio no tiene un vínculo causal con el hecho generador que constituye la tenencia o uso del vehículo adquirido dentro del territorio del Estado, pues de acuerdo con la ley, estaría colocando como contribuyentes a todas las personas físicas o morales que tengan su domicilio en el Estado y que posean algún vehículo, independientemente de dónde lo adquieran o lo registren, por lo que se estaría gravando la circulación y no la adquisición.

5) Que la Ley de Hacienda del Estado viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que no se justifica el destino que se dará a los recursos que se obtendrán por la aplicación del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos.

6) Que el artículo 155 de la ley impugnada, relativo al impuesto sobre nóminas, viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de éste no se desprende que el Municipio deba contribuir para los gastos de la Federación ni del Estado, pues de la reforma que sufrió tal numeral, se advierte que pretende darle al Estado y los Municipios el carácter de unidad económica, pues se les pretende incluir como sujeto obligado del impuesto mencionado, y pretende gravarse las cantidades que se erogan por la prestación de los servicios personales subordinados, aun cuando la actividad de éstos es sin fin de lucro.

7) Que el artículo 160, fracción II, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado viola los principios de igualdad y equidad tributaria, toda vez que da un trato diverso entre iguales, ya que se elimina el beneficio que exentaba al Estado y Municipios de la excención del pago del impuesto sobre nóminas, ello en relación con diversos entes económicos.

TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora estima que la norma que impugna es violatoria de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Trámite. Por auto de dieciocho de enero dos mil once, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 1/2011, y designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Mediante acuerdo dictado en la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda interpuesta por los diputados integrantes de la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, se tuvo como demandados al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Nuevo León, y se ordenó darles vista con los dos autos dictados a efecto de que rindieran sus informes, de igual forma se dio vista al procurador general de la República.

QUINTO. Contestación de la demanda. En síntesis, el consejero jurídico del gobernador del Estado de Nuevo León, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil once, dio contestación a la demanda y manifestó, esencialmente, lo siguiente:

1. Que en relación con los actos que se reclaman al Congreso del Estado, no se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios del Ejecutivo.

2. Que es verdad que el gobernador promulgó la ley impugnada.

3. Que es verdad que el diecisiete de diciembre de dos mil once, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Decreto 146, que reformó la Ley de Hacienda del Estado.

4. Que es falso que con las reformas se vulnera la supremacía constitucional, los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como el principio de reserva de ley.

5. Que es cierto que corresponde al Poder Legislativo del Estado, a propuesta del Ejecutivo o de los Ayuntamientos, fijar anualmente las contribuciones y demás ingresos que deberán formar la hacienda pública estatal o municipal que permita cubrir sus necesidades. Por lo que las modificaciones realizadas no son inconstitucionales, como lo propone la parte demandante, pues su actuar obedece a lo dispuesto en los artículos 68, 77 y 85, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Por lo que si lo que la parte actora reclama lo constituye un acto dictado legalmente dentro del proceso legislativo, determina que sea declarado infundado.

6. Que los conceptos de invalidez en los que la parte actora manifiesta que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es inconstitucional, porque viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, son infundadas, porque al querer destacar que la tarifa especial que se les otorga a los vehículos denominados taxis, corresponde al principio de equidad tributaria y no a la proporcionalidad del impuesto.

Que los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León respetan en todo momento los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en relación con el tratamiento distinto para los propietarios de los autos denominados taxis y aquellos que lo utilicen para un fin diverso, y ello obedece a que el legislador pretende impulsar dicha actividad por considerarla útil para el desarrollo económico del Estado, por lo que válidamente responde a fines extrafiscales, pues el Estado puede incrementar el bienestar material de los gobernados cuya capacidad contributiva es baja o impulsar determinado sector productivo (transporte), al evitar que el costo del servicio aumente con motivo del monto del impuesto.

Que la intención del legislador se encamina a otorgar un incentivo en función de la protección no sólo de un cierto grupo, sino de toda la población, hecho que se puede corroborar con la parte conducente de la exposición de motivos de la ley impugnada.

Que al existir razones objetivas para justificar el diverso tratamiento fiscal que prevé la ley para los propietarios de vehículos con permiso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros denominados "taxis", resulta claro que los artículos 122, fracción II, 132 y 133 de la Ley de Hacienda de Nuevo León, vigente en dos mil once, no transgreden las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria.

7. Que la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León grava la tenencia o uso de vehículos usados hasta por nueve años, tomando en cuenta un factor de depreciación derivado del transcurso del tiempo, independientemente de la relación que éste guarde con algún determinado poseedor.

Que no debe perderse de vista que cuando se adquiere un automóvil usado, el tenedor debe pagar un impuesto acorde a su capacidad contributiva, sin que sea relevante su titularidad, posesión o tenencia durante el tiempo transcurrido desde su fabricación hasta el momento en que va a pagarse el impuesto, ya que, como lo ha señalado este Alto Tribunal, lo que se grava es la tenencia presente y no la pasada (cuando el vehículo estaba nuevo).

Que el hecho de que se establezca una tabla que contiene un factor de depreciación, no torna inconstitucional el impuesto, ya que el legislador al establecerlos, lo hace sobre una base objetiva que se aplique por igual a todos los que encuadran en el mismo supuesto, y la única base objetiva para ello es el simple transcurso del tiempo.

Que debido a que resulta difícil que en una ley cuyas características son la generalidad, la impersonalidad y la abstracción, puedan preverse los valores de todos los vehículos obligados al pago del tributo, es permisible el empleo de parámetros generalizados con el objeto de que se establezcan mecanismos de que según la hipótesis de que se trate, permitan determinar la base para el cálculo del impuesto, en virtud de la imposibilidad de que el legislador prevea una forma única para el cálculo aplicable a todos los casos, dado que el valor de los vehículos puede variar en razón de distintos aspectos fácticos que impactan su valor real.

En esos términos, tratándose de vehículos usados, se calcula el impuesto a pagar, tomando en consideración factores de depreciación aplicables al impuesto pagado en el ejercicio fiscal anterior determinado conforme al valor de la unidad, y una vez actualizada la cantidad obtenida se emplea para determinar el impuesto a cargo, en consecuencia, la mecánica empleada atiende a la verdadera capacidad de los contribuyentes.

Que los factores esenciales que se toman en cuenta para establecer el impuesto, son la tenencia o uso de vehículos, mismos que atienden a la capacidad contributiva del particular que dispone de una inversión importante como medio de transporte, respecto de todos aquellos que no tienen una capacidad económica y, por otra, la disposición de riqueza atribuible a quien destina recursos económicos para este tipo de erogaciones, revela una capacidad de consumo con el uso del automóvil que resulta beneficiado del gasto público destinado a vialidades, alumbrado, seguridad, señalización, que eroga la administración pública para atender el parque vehicular que circula en el territorio estatal.

Por lo que al establecerse en el artículo 133, que al valor total del automóvil se le aplique un factor de depreciación determinado, lejos de alejarse del valor real del vehículo, tiende acercarse a él, pues el paso del tiempo es un factor objetivo por antonomasia para determinar el uso o desgaste del vehículo, de ahí que no sea violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues el factor mencionado es objetivo y universal, pues alude a todos los destinatarios de la norma.

Que no le asiste razón a la parte actora en relación con que se violan las garantías de fundamentación y motivación, pues no se justifican los criterios para depreciar un vehículo por un monto o factor distinto cada año, ya que el órgano legislativo no está obligado a fundar y motivar sus actos como si se tratara de órganos administrativos, ya que basta con que constitucionalmente se encuentre facultado para emitir ordenamientos legales, al ser de explorado derecho que en la formación de los órganos legislativos no es necesario que se reúnan los requisitos de fundamentación y motivación.

8. Que los argumentos expresados por la parte actora en su sexto concepto de invalidez, respecto de la ilegalidad del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, por considerar que el impuesto en comento, no goza de justificación sobre el destino de los recursos que se obtendrán de la recaudación, son infundados.

Que en el presente caso, es importante aclarar que se encuentra establecido en la Ley de Ingresos 2011, como parte de los ingresos que recaudará el Estado de Nuevo León para dicho ejercicio, dando un total de $56'789,742,600, en la que se incluye el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y dicha cantidad corresponde al gasto total autorizado en la ley de egresos 2011, por lo que se advierte claramente, que los ingresos por este impuesto se encuentran destinados al gasto público estatal y, en todo caso, el supuesto que pretende la parte actora únicamente se daría si al crearse una nueva contribución, dicho ingreso no se reflejara en la respectiva ley de egresos del Estado, lo cual no ocurre en el presente caso.

En efecto, si se atiende el concepto de gasto público, podemos observar que éste se compone de las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, pagos de pasivo de deuda pública, adquisición de los bienes, el pago de salarios para la prestación de diferentes servicios y para realizar diversos pagos de transferencia realizados por el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, las secretarías de Estado, departamentos administrativos de la Procuraduría de Justicia del Estado, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguno de los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria.

Entonces, la garantía de los gobernados de que los tributos que paguen se destinarán a cubrir el gasto público, conlleva a que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o de gastos generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca dicha Constitución, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia, que es inmanente al gasto público, la elección del destino del recurso debe edificarse, esencialmente, en cumplir con las obligaciones y aspiraciones que ese ámbito describe la Carta Fundamental.

De tal modo que, una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, pues es evidente que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales, se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman tales necesidades de una persona no podría tener como consecuencia un beneficio colectivo o social.

De ahí que estas reglas permiten concluir que, si bien es cierto que no se señala de manera específica el destino al cual será aplicado la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no debe considerarse que el ingreso público tributario de mérito carezca de destino público.

Bajo esta óptica, el impuesto ahora controvertido tiene un destino general que cumple con el principio establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no se advierte un destino que cubra las necesidades de una persona en lo individual, sino que el Estado destinará los referidos recursos al gasto público, es decir, considerando el interés colectivo, comunitario, social y público que marca dicha Constitución, ya que no existe disposición legal en contrario.

De acuerdo a lo anterior, contrario a lo argumentado por la parte actora, el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no violenta garantía constitucional alguna, al tener como finalidad cumplir con el gasto público, es decir, el dinero recaudado por concepto de esta contribución se destina a satisfacer una necesidad colectiva o un servicio público, independientemente de si éstos son de carácter federal, estatal o municipal.

9. Que devienen infundados los conceptos de invalidez séptimo y octavo, dado que la equidad tributaria radica en la igualdad misma ante la ley de todos los sujetos pasivos de un impuesto, los que en esas circunstancias deben recibir un trato idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación.

Paralelamente, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que son obligaciones de todos los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa para los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios en que residan.

Del contenido del artículo citado, se desprende que el término "todos los mexicanos", se refiere tanto a las persona físicas, a las personas morales y a las personas morales oficiales, dentro de los que evidentemente se encuentran incluidos la Federación, los Estados y los Municipios.

Así las cosas, debe entenderse que en la especie, el artículo 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León cumple con el requisito de equidad tributaria, toda vez que señala como sujetos del impuesto sobre nóminas a las personas físicas, personas morales y personas morales oficiales que realicen pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación de un patrón, dentro del territorio del Estado, dicho en otros términos, es sujeto pasivo del mencionado tributo, toda persona que realice las erogaciones antes mencionadas con motivo de una relación laboral.

De lo anterior, tenemos que todas las personas que se ubiquen en las hipótesis de causación citadas, son causantes del referido impuesto, con independencia de la función que cada uno de los sujetos obligados realice y de la constitución legal que cada una de ellas adopte.

En nuestro caso, la ley que se combate considera a los Municipios, el Estado y la Federación, junto con las unidades económicas, como sujetos de este impuesto, con independencia de si las actividades que realiza cada uno de ellos tienen fines de lucro o no, pues el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy claro al establecer que concurrirán al desarrollo económico nacional el sector público, el sector privado y el sector social, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

De lo anterior, tenemos que la obligación de contribuir, establecida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, es de inicio para todas las personas y para todos los sectores, y así lo debe establecer el legislador cuando define la forma y términos en que ha de concurrirse al gasto público, es decir, debe considerar a todas las personas que demuestren capacidad susceptible de gravamen, pues el principio de generalidad tributaria se configura como la condición necesaria para lograr la igualdad en la imposición y buscar la riqueza donde ésta se encuentra.

Por consiguiente, la ley impugnada resulta constitucional, ya que de acuerdo al principio de generalidad tributaria, todas las personas con su capacidad contributiva son sujetas del pago de impuestos, y si en el caso los Municipios son personas morales oficiales y está acreditada su capacidad contributiva, es evidente que la reforma está apegada a nuestra Carta Magna, ya que, se insiste, conforme al principio citado ninguna persona tiene derecho a no contribuir a los gastos públicos cuando efectivamente pone de manifiesto un signo de capacidad contributiva.

De acuerdo a lo anterior, tanto el Estado como los Municipios se encuentran sujetos a la obligación genérica de contribuir a los gastos públicos, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en tanto se trata de personas morales o jurídicas que tiendan a realizar gastos o erogaciones destinados a adquirir bienes o servicios, mismos que son reveladores de su capacidad contributiva, por lo que deben ser considerados como sujetos pasivos del impuesto.

De igual manera, resulta constitucional el artículo que exime el pago del impuesto sobre nóminas a diversos contribuyentes que cumplan con determinadas características, como en el caso de aquellas que no persiguen fines de lucro, que promueven o realicen asistencia social en cualquiera de sus formas, las cámaras de comercio, industria, agricultura, ganadería, pesca, o propietarios de bienes raíces, sindicatos obreros, asociaciones patronales y colegios profesionales, instituciones educativas, clubes de servicio a la comunidad, asociaciones religiosas, entre otras.

Lo anterior es así, ya que se llega a la conclusión de que la exención de impuestos debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando se tiende a favorecer intereses de determinadas personas, y no cuando se otorga con base en consideraciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos a favor de una categoría de sujetos, pues debe tomarse en cuenta que el objeto del impuesto lo constituye la realización de pagos, esto es, las erogaciones.

Cabe destacar, que las exenciones contenidas en la fracción II del artículo 160 de la Ley de Hacienda del Estado, se realizan de manera general y abstracta y no de forma particular o desigual, tratando de beneficiar a alguien en particular, sino que se establece de manera general, para distintas personas morales cuya naturaleza jurídica y conformación es distinta entre sí, pero que el Estado tiene interés en incentivar, aclarándose que todas aquellas personas que justifiquen encontrarse dentro de las hipótesis señaladas, puedan gozar de los beneficios otorgados por el artículo en cuestión, según las categorías establecidas por la misma ley, que hacen las diferencias apuntadas.

En la fracción II del artículo 160 de la Ley de Hacienda del Estado, se establecen diversas exenciones; sin embargo, las exenciones previstas no sólo se refieren a una categoría de contribuyentes sino a diversas categorías, por lo que resulta totalmente infundada la pretensión de la accionante de equipararlos con el Estado y los Municipios, dado que los sujetos exentos a que se refieren los incisos b) a f) de la fracción II del artículo 160, tienen naturaleza, organización, administración y finalidades muy distintas al Estado y Municipio, ya que no comparten la creación, organización y administración que les da la fundamentación de derecho público a éstos, además de los fines de orden público e interés social que la Constitución Estatal otorga a los citados entes públicos, por lo que el legislador no sólo tuvo en cuenta su finalidad exenta de lucro para otorgar la exención, sino su naturaleza, su objeto y su constitución, por lo que no se puede argumentar que los entes públicos y dichas instituciones sin fines de lucro, estén en el mismo plano de igualdad en cuanto a la categoría de contribuyentes.

Por lo anteriormente señalado, esta autoridad reitera la constitucionalidad del artículo 160, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado, ya que como se demostró, el mismo no viola en ningún momento los principios de igualdad y de equidad.

SEXTO. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, al emitir su opinión, en suma, manifestó:

1. Que debe declararse procedente la presente acción de inconstitucionalidad, respecto de la impugnación a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en cuanto hace a la adición del capítulo quinto "Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos", que contienen los artículos 118 al 138, así como la modificación del segundo párrafo del artículo 155, la derogación del inciso a) de la fracción II del artículo 160, y la adición del artículo octavo transitorio, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 17 de diciembre de 2010.

2. Que debe declararse la validez de los artículos 122, fracciones I y II, 132, 133 y 155, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicados el 17 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial de la entidad, en virtud de que no contravienen lo estatuido en los numerales 13, 14, 16, 22, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Que debe declararse la invalidez constitucional de la porción normativa que establece que la tenencia o uso de vehículos se efectúa dentro de la circunscripción territorial del Estado, cuando el domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario del vehículo se localice dentro del territorio estatal que se encuentra contenida en la fracción II del artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado el 17 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial local, toda vez que con su inclusión el Congreso Estatal excedió sus facultades y atribuciones y vulneró los numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de siete de marzo de dos mil once, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

En virtud de que el Ministro Alberto Pérez Dayán asumió la ponencia que correspondía al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, el presidente de esta Suprema Corte, por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil doce, ordenó el returno del presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

En efecto, el Decreto 146, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, especialmente la adición del capítulo quinto "Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos", integrado con los artículos 118-138, la reforma del segundo párrafo del artículo 155 y la derogación del inciso a) de la fracción II del artículo 160, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de diciembre de dos mil diez, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil diez al dieciséis de enero de dos mil once.

Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada el diecisiete de enero de dos mil once (foja 28 vuelta del expediente prin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24710-06c772f0/accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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