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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 122, FRACCIÓN II, Y 132, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO PREVÉN UNA TASA PREFERENTE PARA LOS AUTOMÓVILES DESTINADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2014. · Registro digital (IUS): 25963
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 2990.

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 122, FRACCIÓN II, Y 132, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO PREVÉN UNA TASA PREFERENTE PARA LOS AUTOMÓVILES DESTINADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ Y SERGIO JAVIER COSS RAMOS. DISIDENTE Y PONENTE: JORGE MEZA PÉREZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIO: EDMUNDO RAÚL GONZÁLEZ VILLAUMÉ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito, en un tema que, por su naturaleza administrativa, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo en la facultad que le confieren los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO.-Criterios materia de la contradicción de tesis. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 143/2014, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO.-Estudio del asunto. Es esencialmente fundado el agravio, atendiendo a la causa de pedir de la recurrente y de conformidad con la argumentativa jurídica siguiente:

"En el agravio esgrimido por el recurrente, medularmente manifestó que el trato diferencial otorgado a los propietarios o tenedores de vehículos denominados ‘taxis’ no obedeció a una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida.

"Como se anticipó, con apoyo en la causa de pedir, el motivo de disenso es fundado, pues este Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en los amparos en revisión 631/2011, 716/2011, 62/2012, 323/2012, 1/2013 y 194/2013, en el sentido de que contrario a lo resuelto por el Juez Federal, no se advierten consideraciones objetivas que justifiquen el trato diferenciado previsto por los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, a los tenedores o usuarios de vehículos destinados al servicio de transporte denominados ‘taxis’, respecto del resto de los gobernados y, por consecuencia, se estima que resultan violatorios del principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional; pues no se puede acudir a la exposición de motivos de una legislación federal para sostener ese trato diferenciado, aunado a que, con independencia de ello, no se advierte que esa distinción atienda a bases objetivas y razonables.

"Ahora bien, a fin de justificar lo anterior, conviene señalar que el artículo 64 de la Constitución del Estado de Nuevo León, establece lo siguiente:

"‘Artículo 64. No puede el Congreso:

"‘I. Establecer más contribuciones que las indispensables para satisfacer las necesidades generales del Estado y de los Municipios. ...’

"Dicho numeral, interpretado en sentido contrario, prevé la facultad del legislador local para establecer los tributos que estime necesarios para solventar las necesidades de la entidad y Municipios; facultad la anterior que presupone una libertad en la creación y configuración impositiva, lo cual se conoce como potestad tributaria del Estado.

"También cobra relevancia destacar que el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas,(1) define que el objetivo primario de la actividad técnica en la elaboración de las leyes consiste en transformar los fines imprecisos de una sociedad en normas jurídicas, que permitan realizar esos fines en la vida práctica. La primera tarea que se impone en esta materia es, por tanto, la de formular las normas jurídicas, o sea, traducir al lenguaje legal las ideas surgidas de procesos previos. Aquí la importancia de las fuentes del derecho (leyes, costumbres, jurisprudencia, doctrina, etcétera) ‘que deben manifestarse mediante un vocabulario preciso, utilizando en lo posible las palabras con un significado definido y constante, procurando la claridad de la expresión y prefiriendo la sencillez y simplicidad al exagerado tecnicismo’.

"Además, señala que la técnica convierte el contenido y los propósitos del derecho, en palabras, frases y normas a las cuales da una arquitectura sistemática. Es la diferencia que existe entre la idea y su realización, entre el fondo y la forma. El estudio científico y la política sólo dan la materia prima de la norma, la técnica la moldea, la adapta y la trasforma para lograr la realización práctica de esos propósitos.

"Concluye entonces, que el legislador tiene la obligación de mejorar y de readaptar las leyes, puesto que éstas deben someterse a las exigencias de adecuación, necesariedad (sic), proporcionalidad, claridad y exigibilidad, y en cuanto una ley determina defectuosamente los supuestos de hecho y establece precisiones defectuosas, reconocibles ‘ex ante’ o ‘a posteriori’, está fallando en su esencia, en su finalidad, pierde su razón de existir frente a la regulación que pretende; deviene inapropiada y no es susceptible ni digna de constreñir derechos.

"Por otra parte, en relación con las leyes fiscales, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas,(2) señala que la ley en el ámbito tributario tiene la necesidad de regular los elementos esenciales de la contribución, tales como los sujetos pasivos, hecho imponible o generador y los elementos mínimos de cuantificación. La ley es una garantía a favor del ciudadano de que sólo le podrán ser cobradas aquellas contribuciones establecidas en leyes emanadas del Poder Legislativo en el que se encuentran sus representantes electos popularmente.

"La ley tributaria es la expresión de los principios de legalidad y de reserva de ley, porque por un lado, contiene los límites de la actuación de la administración pública, y por otro, la reserva de ley en materia tributaria garantiza que los elementos esenciales del tributo o la contribución, se establecerán a través de un proceso legislativo. La ley debe ser un mecanismo de defensa de la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad.

"En el constitucionalismo moderno es característica de todos los Estados que los tributos se establezcan por medio de la ley votada en la soberanía, lo cual cumple con los mandatos constitucionales. El establecimiento de contribuciones a través de la ley tiene la necesidad de mencionar detalladamente los elementos estructurales que componen los tributos: hecho imponible, sujetos, devengo o causación, base imponible, tipo de gravamen, tasa, etcétera. Del tal forma que el principio de legalidad profundiza y comprende la aprobación por los ciudadanos, de todos los elementos que, en definitiva, van a utilizarse para determinar la cuota que han de pagar.

"En México, las leyes tributarias pueden ser federales o locales. Son federales las leyes emanadas del Congreso de la Unión, que tiene como ámbito territorial de aplicación todo el territorio nacional, y que crean o imponen contribuciones en aquellas materias en las que puede legislar el Congreso Federal de acuerdo con el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son leyes fiscales locales las que emanan de las Legislaturas de cada Estado o entidad federativa, que tienen como ámbito territorial a la entidad federativa y establecen o crean contribuciones sobre aquellas materias que no están reservadas a la Federación.

"Las Legislaturas de los Estados no sólo deben emitir las leyes fiscales correspondientes a los ingresos destinados a cubrir el presupuesto de la entidad federativa, sino que también deben emitir leyes que señalen las contribuciones que podrán cobrar los Municipios para formar la hacienda municipal, debido a que éstos no tienen potestad tributaria, de acuerdo con lo que dispone la fracción IV del artículo 115 constitucional.

"Ahora bien, en este caso, igualmente es importante señalar que mediante decreto de veintiuno de diciembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación se determinó, entre otras cosas, lo siguiente:

"‘Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

"‘...

"‘Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

"‘Artículo tercero. Se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980.’

"Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

"‘Artículo cuarto. El artículo tercero de este decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012.

"‘En caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, antes de la fecha señalada en el párrafo anterior las entidades federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate.

"‘Las obligaciones derivadas de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se abroga conforme al artículo anterior de este decreto, que hubieran nacido durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dichos ordenamientos, deberán ser cumplidas en las formas y plazos establecidos en los mismos y en las demás disposiciones aplicables ...’

"(énfasis agregado)

"Como puede advertirse del decreto señalado, se abrogó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del año dos mil doce, además, no obstante que dicho tributo es federal, las entidades federativas que así lo estimaran conveniente podrían establecer este tipo de contribución antes de su abrogación, situación la anterior que permite concluir que con la plena libertad, podrían determinar las características, los requisitos y las condiciones que consideraran pertinentes para su recaudación.

"Actividad legislativa la anterior, que de acuerdo con la técnica que debía observarse, implicaría un proceso de creación de la norma fiscal, donde se externara no sólo la imposición de una nueva contribución para los gobernados, sino también los elementos esenciales que integrarían dicho tributo, tales como el objeto, la base y los sujetos, entre otros; todo ello con la intención de garantizar los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que impidieran la carga de una prestación personal o patrimonial sin arreglo con la ley previamente establecida.

"Por otra parte, en relación con el principio de equidad tributaria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 24/2000, de rubro: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’, señala que dicho principio presupone la igualdad, ante la misma ley tributaria, de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en consecuencia deben recibir igual trato y que puede traducirse en que las normas tributarias otorguen un tratamiento igual a quienes se encuentren en situaciones idénticas y desigual a los que, por el contrario, se ubiquen en situaciones diversas.

"Esto es, el principio constitucional de equidad tributaria, obliga a que no exista distinción entre hipótesis jurídicas que pueden considerarse iguales, sin que haya, para esto, una justificación objetiva y razonable; en otras palabras, el principio de equidad consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares.

"El criterio mencionado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, de marzo de 2000, página 35, de rubro y texto siguientes:

"‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.-De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.’

"Como puede observarse, para cumplir con el principio de equidad tributaria, el legislador al crear una norma relativa a impuestos, no sólo tiene la facultad sino también la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, con lo cual se impide al legislador crear distinciones caprichosas o arbitrarias, es decir, la distinción debe estar sustentada en bases objetivas que justifiquen el trato diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.

"Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 46/2005, señaló que por regla general correspondía al legislador justificar expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes, los fines extrafiscales que pudiera perseguir al establecer alguna contribución, a fin de reflejar su voluntad en el proceso de creación de un tributo, pues de esa forma, ante un problema de constitucionalidad el juzgador podría atender a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de la creación de una ley y no a las posibles ideas o razones que hubiesen tenido u objetivos que se pretendieran alcanzar; regla la anterior, que permite una excepción cuando el caso permita advertir de forma evidente la finalidad perseguida por la norma.

"Consideraciones que se ubican en la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, de mayo de 2005, página 157, de rubro y texto siguientes:

"‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.-Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos, cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva.’

"Igualmente, cobra relevancia el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde determinó que si de la simple lectura de una norma tributaria se advierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, y los fines que pretende son fácilmente identificables en tanto se desprenden con claridad del propio precepto, sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación, es incuestionable que el juzgador puede sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales, aunque sobre el particular no se haya hecho pronunciamiento alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo respectivo.

"Sin embargo, esos fines extrafiscales evidentes o de fácil identificación, como el Más Alto Tribunal del País lo estableció, constituyeron caso de excepción; por ejemplo, cuando se advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente.

"Consideraciones que se localizan en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2007, página 20, de rubro y texto siguientes:

"‘FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquella actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran los ordenamientos deban ser materia de una motivación específica, pues ello significaría una actividad materialmente imposible de llevar a cabo. Ahora bien, si de la simple lectura de una norma tributaria se advierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, y los fines que pretende son fácilmente identificables en tanto se desprenden con claridad del propio precepto sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación, es incuestionable que el juzgador puede sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no se haya hecho pronunciamiento alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo respectivo.’

"Asimismo, cobran relevancia las consideraciones que conforman la tesis de jurisprudencia 36/2010 del propio Pleno del Alto Tribunal (visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, de abril de 2010, página 5), cuyos rubro y texto, dicen lo siguiente:

"‘NORMA TRIBUTARIA. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE NO SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD EMISORA EXPONGA LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL TRATO DIFERENCIADO QUE AQUÉLLA CONFIERE.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las razones en que se apoya el legislador para emitir una norma que confiere un trato diferenciado entre quienes se ubican en el mismo supuesto de causación pueden precisarse en la exposición de motivos, en los dictámenes legislativos, en la propia ley o en el informe justificado que rinda en el juicio de amparo en el que se controvierta la norma. No obstante lo anterior, la práctica judicial demuestra que existen casos excepcionales en los que el órgano de control constitucional puede advertir claramente que la disposición legal que establece un trato desigual entre quienes se encuentran en supuestos similares, está dirigida a proteger o ayudar a las clases débiles o menos favorecidas, o a alcanzar cualquier otro fin extrafiscal fácilmente identificable, es decir, existen casos en los que las razones que sustentan el trato diferenciado son evidentes por constituir hechos notorios. En estos supuestos puede considerarse válidamente que la autoridad legislativa no debe necesariamente exponer los argumentos tendentes a justificar el trato diferenciado que confiere una norma, pues éstos se conocen indubitablemente por quienes deben hacer el examen correspondiente en sede constitucional. Esto es, se trata de casos en los que el juzgador, ante lo evidente y manifiesto que resulta el sustento de la norma cuestionada, puede sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no exista pronunciamiento alguno.’

"Pues bien, de la lectura de los mencionados criterios se deduce que el análisis de las disposiciones tributarias no sólo debe hacerse al tenor de su exposición de motivos o del proceso legislativo que las originó, sino que el juzgador debe dilucidar su constitucionalidad a la luz del propio contenido de la norma y de lo ahí plasmado por el legislador, de tal forma que resulte factible entender los tratos preferenciales o distinciones establecidos para diversos sujetos del impuesto, en la medida de que ello obedezca a razones objetivas y notorias que evidencien la justificación del trato diferenciado previsto en la ley.

"En el caso, al establecerse una tasa preferencial a los denominados ‘taxis’, palabra que entraña un concepto de fácil identificación y que se encuentra directamente vinculada con un servicio de transporte de personas, es evidente que puede deducirse del propio texto que el posible fin extrafiscal del trato diferenciado sea apoyar el sector público de transporte.

"De ahí que, antes de pasar al estudio de la disposición en comento, conviene precisar que con independencia de las razones vertidas en la exposición de motivos, se determinará si existen razones objetivas que puedan justificar que el trato diferenciado constituye un apoyo al sector público de transporte. En otras palabras, para determinar la inconstitucionalidad del precepto, más adelante se deberá demostrar que el trato diferenciado a los vehículos denominados ‘taxis’ no se encuentra justificado, desde una perspectiva objetiva y notoria conforme al texto de la disposición normativa.

"Dicho lo anterior, conviene precisar el contenido de los artículos, cuya inconstitucionalidad reclama la parte quejosa y donde, según dice, se da un trato preferencial injustificado por el legislador:

"...

"Como puede desprenderse del contenido de los numerales reseñados, en ellos se establecen diversas reglas para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en lo que trasciende, respecto de automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros, o efectos, cuyo peso bruto vehicular sea menor a quince toneladas y para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros y los denominados ‘taxis’, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil.

"Además, lo anterior permite evidenciar que dichos artículos establecen una tasa variable para todos los automóviles, misma que se va incrementado conforme al valor del vehículo; sin embargo, en lo que ahora cobra relevancia, para los vehículos denominados ‘taxis’, el impuesto se determinará al aplicar una tasa fija del 0.245% al valor total del vehículo.

"Por tanto, se advierte un trato diferenciado al disponerse una tasa fija menor a los propietarios o usuarios de vehículos tipo ‘taxis’ (0.245%), para el cálculo y determinación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para el año dos mil once, respecto del resto de los contribuyentes, entre los que se encuentra el quejoso, propietario de vehículo nuevo, con tasa más elevada (3.0%).

"Como se anticipó, no se desprenden elementos objetivos que permitan justificar el trato diferenciado dado a los propietarios de los vehículos denominados ‘taxis’, respecto de los demás sujetos del tributo, pues aun cuando el legislador está facultado -y en algunos casos obligado- a establecer tratos diferentes que pudieran obedecer a cuestiones de política fiscal o a un fin extrafiscal, de los numerales en cita no es posible apreciar dichas cuestiones, así como tampoco de la discusión y dictamen que generó la creación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en el Estado de Nuevo León.

"Es así, pues de la exposición de motivos relativa a la reforma que introdujo el mencionado tributo en la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, visible en el Diario de los Debates, identificado con el número 163-LXXII S.O. de quince de diciembre de dos mil diez, se expuso lo siguiente:

"‘... Por otro lado, destaca la modificación de diversos artículos actualmente derogados, adicionando un capítulo quinto «Del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos» y los artículos 118 al 138, resultando en la transformación del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, en una contribución estatal, en los mismos términos que contempla la legislación federal, con el objeto de fortalecer las finanzas estatales sin incrementar la carga fiscal a los contribuyentes, al tratarse de un impuesto al que está sujeto el ciudadano. Esta transición del impuesto federal a local permite la posibilidad de que en el ámbito estatal se puedan explorar esquemas de apoyo a la población que permitan ir reduciendo en forma significativa el impacto de este gravamen, sin causar perjuicio a los programas de la administración pública estatal y municipal, pues la recaudación de este impuesto garantiza el cumplimiento de los fines propios del Estado sin interrupción alguna ...’

"De dichas manifestaciones del legislador local se observa que el impuesto que ahora se tilda de inconstitucional, se impuso como resultado de una ‘transformación’ del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos vigente hasta el ejercicio fiscal dos mil diez, para pasar a ser una contribución estatal; determinación que aparentemente obedeció al propósito de fortalecer las finanzas estatales, sin incrementar la carga fiscal a los contribuyentes; esto, en los mismos términos que contemplaba la legislación federal.

"Como puede apreciarse, no puede justificarse el trato diferenciado establecido en los numerales en cuestión, conforme a lo sostenido respecto de la legislación federal, pues como se evidencia, por una parte, los numerales no reflejan por sí la justificación para distinguir en la entidad el tratamiento dado a los propietarios o usuarios de vehículos tipo ‘taxis’ y, por otra, de los razonamientos expresados por el legislador estatal, no aparecen consideraciones o motivos que permitan obtener una base objetiva del porqué se imponía y recaudaba el impuesto en iguales términos que aquellos previstos en la legislación federal; esto es, con los mismos tratos y distinciones ahí previstos; tratos diferenciales que obedecieron a causa objetivas y con fines específicos, mismos que pueden o no imperar o subsistir en la realidad del Estado.

"De esta manera, en el caso particular, la imposición del tributo por parte del legislador estatal derivó, en principio, de lo establecido en el decreto emitido

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25963-bb33e328/tenencia-o-uso-de-vehiculos-los-articulos-122 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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