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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, NUMERAL 5, INCISO D), Y 7, FRACCIÓN I, PUNTO B), INCISO C), DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL PARRAL, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, QUE LO PREVÉN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, NUMERAL 5, INCISO D), Y 7, FRACCIÓN I, PUNTO B), INCISO C), DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL PARRAL, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTOS. TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, NUMERAL 5, INCISO D), Y 7, FRACCIÓN I, PUNTO B), INCISO C), DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL PARRAL, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA BASE GRAVABLE DE LAS CONTRIBUCIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 379/2012. · Registro digital (IUS): 24535
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, Pág. 795.

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, NUMERAL 5, INCISO D), Y 7, FRACCIÓN I, PUNTO B), INCISO C), DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL PARRAL, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, QUE LO PREVÉN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, NUMERAL 5, INCISO D), Y 7, FRACCIÓN I, PUNTO B), INCISO C), DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL PARRAL, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

IMPUESTOS. TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, NUMERAL 5, INCISO D), Y 7, FRACCIÓN I, PUNTO B), INCISO C), DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL PARRAL, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 379/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(2)

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que se hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde se advierte que el Pleno y las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el presente asunto.

Además, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de dos mil trece, se expidió la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 226, fracción III, se reitera la competencia de los Plenos de Circuito para resolver las tesis contradictorias sostenidas entre Tribunales de Circuito, lo que también se establece en los diversos artículos 41 Bis al 41 Quáter 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fueron agregados en el propio decreto en comento.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que aunque la nueva Ley de Amparo fue promulgada el pasado primero de abril de dos mil trece y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha dictado los acuerdos generales para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como tampoco han transcurrido los noventa días establecidos para ello, en el artículo décimo primero transitorio del decreto.

Por tanto, hasta que no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, esta Segunda Sala asume el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(3)

TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión número 104/2012, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Son fundados los anteriores agravios en cuanto a que el Juez Federal no consideró que la porción normativa combatida, no tenía las características de un impuesto, sino de una contribución y ello causó una sentencia incongruente con la litis.

"Debe aclararse que en la sentencia recurrida, se omitió precisar, en primer término, la naturaleza de la contribución impugnada, pues indistintamente se refiere a ella como tributo, contribución o impuesto; no obstante, al momento de precisar los requisitos de dicha contribución, se utilizaron conceptos jurisprudenciales relativos a los impuestos, lo que trascendió al sentido de la sentencia. Debe entenderse que esto es lo reclamado por el recurrente.

"Por ello, de la solución de este tema depende, a su vez, el resto de la litis del juicio de amparo, porque determinar la naturaleza de la contribución, lato sensu (en lo sucesivo sólo se mencionará como contribución), constituye la premisa de donde deriva la solución, tanto de los argumentos de la sentencia recurrida, donde se omitió precisar en inicio la naturaleza del tributo impugnado, aunque se estudió como un impuesto; así como lo refutado en sus agravios por la parte recurrente, quien sostiene no es un impuesto, sino una contribución especial (contribución en sentido estricto y en lo sucesivo se mencionará como contribución especial) y por ello, sus elementos son diversos.

"En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que existe una diversidad de contribuciones e inicialmente al haber precisado las características de los impuestos, al analizar los derechos fiscales aclaró que sus elementos y características están regidos por un sistema distinto al de los impuestos. En una tercera etapa de la evolución de las contribuciones, ha reconocido, inicialmente como una sub especie de los derechos y recientemente como una tercera categoría, a las contribuciones especiales, por mejoras o por servicios.

"...

"Así, se puede inferir que la distinción entre las contribuciones ha sido una ocupación constante y evolutiva de la Suprema Corte, tanto por el Pleno como por las Salas respectivas. Por ello, de la mención sólo de los impuestos, posteriormente distinguió los derechos fiscales y después los que llamó subespecie de los mismos derechos, pero que ubicó con un contenido conceptual de lo que en la doctrina se conoce como contribuciones especiales, para finalmente reconocer, al mencionarlos en una clasificación de los tributos en el precedente señalado en este apartado, dichas contribuciones.

"Del estudio anterior se obtiene que si las partes en el juicio de amparo señalaron que la contribución reclamada era de naturaleza diversa, pues mientras la parte quejosa dijo que se trataba de un impuesto y por tanto debería reunir los requisitos determinados por la jurisprudencia, entre ellos la base, por su parte la autoridad responsable ahora recurrente afirmó que el argumento de la parte quejosa era infundado porque no se trataba de un impuesto, sino de una contribución especial con características distintas que no corresponden a las de los impuestos, en la sentencia recurrida debió dilucidarse previamente dicha cuestión como premisa a partir de la cual se haría el estudio de legalidad de la contribución tildada de inconstitucional por la parte quejosa.

"Es cierto que la ley impugnada se refiere a una contribución extraordinaria, pero también es cierto, que es al Juez de amparo, en su calidad de órgano de control constitucional de las leyes y actos de las autoridades legislativas, a quien corresponde fijar, como cuestión preliminar de su examen, el significado que debe asignarse a las normas que se reclamen para luego estar en aptitud de confrontar su contenido y alcance con los textos de la Ley Fundamental; y que de dicha tarea interpretativa de las normas legales no quedan excluidas las de naturaleza fiscal, en cuanto se contienen plasmadas igualmente en textos escritos cuya redacción puede ser obscura, deficiente, incompleta o contraria inclusive al fin querido por su autor, pero también es cierto que para examinar la constitucionalidad de una norma legal, el Juez de amparo puede apartarse de la calificación formal que el legislador otorgue a una institución, cuando ello sea indispensable para conocer su verdadera naturaleza y determinar el régimen que desde el punto de vista constitucional le es aplicable, considerando que de otra manera el empleo de algunas fórmulas o expresiones legales obstaculizaría la eficacia protectora de las cláusulas constitucionales, según lo ha sostenido el Más Alto Tribunal en la tesis siguiente:

"‘TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY.’ (transcribe texto y precedentes)

"En consecuencia, la omisión del estudio para determinar el tipo de contribución, de acuerdo a lo argumentado por las partes en el juicio de amparo, entre lo afirmado por la parte quejosa de que se trata de un impuesto, y lo refutado por la autoridad responsable, ahora recurrente, de que no es un impuesto sino una contribución especial, originó una sentencia incongruente y por ello debe ser revocada.

"Toda vez que no se alega por las partes en esta instancia la actualización de alguna causal de improcedencia ni tampoco se advierte de oficio por este tribunal, en cumplimiento al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación.

"OCTAVO. Son por una parte infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, e inoperantes por otra.

"Debido a las vertientes que en cada concepto de violación expone la parte quejosa, a continuación se reproducirán los mismos, para enseguida dar contestación a ellos.

"...

"NOVENO. Son infundados, excepto uno que es inoperante, los anteriores conceptos de violación.

"...

"Son infundados los conceptos de violación identificados como 1, así como el 1.1 y 1.8, porque en primer lugar, la contribución que reclama de inconstitucional la parte quejosa, no tiene por qué estar prevista en el Código Fiscal de la Federación, pues se trata de un tributo municipal fijado a solicitud de diversos Municipios del Estado, por la Legislatura Estatal, lo cual, desde el aspecto competencial, es correcto, pues la Constitución otorga atribuciones para establecer impuestos, tanto a la Federación, como a los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

"...

"Por lo que se refiere al diverso argumento expuesto en otra parte de este concepto de violación, es infundado que por no preverse la contribución extraordinaria en el Código Fiscal del Estado sea inconstitucional, pues no existe fundamento que disponga la nulidad de las contribuciones locales, estatales o municipales, porque no se prevean en la codificación señalada, pues al ser facultad del Congreso Local prever las contribuciones o tributos necesarios para su sostenimiento, puede hacerlo en las diversas leyes locales, sólo con la obligación de satisfacer las exigencias del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Sobre la supuesta complejidad de las contribuciones especiales, cabe señalar que es infundado por la simplicidad del supuesto en que se basa el tributo cuestionado, como se analizará en párrafos posteriores, el cual además, contrario a la afirmación de la parte quejosa, sí satisface el requisito de legalidad, por prever todos los elementos de esta clase de contribuciones, como se demostrará en la contestación al posterior concepto de violación donde sostiene la parte quejosa que no cumple con los requisitos de legalidad, al no prever la base ni la época de pago el tributo tildado de inconstitucional.

"También deviene infundado el reclamo identificado como 1.2, porque se afirma que la finalidad o destino que se le pretende dar a la contribución reclamada, es ordinario, como hace referencia el artículo 28 del Código Fiscal del Estado, que a la letra dice ‘los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público’, y si lo que se pretende es que sea extraordinario por qué entonces el legislador no hace referencia a la razón extraordinaria para lo que se va a destinar la contribución. Este argumento es infundado porque, como ya se mencionó al dar contestación a los agravios que condujeron a la revocación de la sentencia de amparo recurrida, al margen de que la legislación local le denomine contribución extraordinaria, el órgano de amparo no debe limitarse, al analizar la constitucionalidad de una norma, a la denominación que le den las partes o aun el mismo legislador, sino debe desentrañar su auténtica naturaleza. En la especie, también ya se mencionó, el reconocimiento que la doctrina y la jurisprudencia hacen de las clasificaciones de las contribuciones o tributos y las diversas especies de éstos, al establecer que existen diversas especies de los tributos, como son los impuestos (destinadas a sufragar gastos públicos), los derechos (constituyen la contraprestación a un servicio prestado por el Estado), las contribuciones especiales (que es la prestación en dinero legalmente obligatoria para aquellas personas que se ven particularmente beneficiadas con una obra pública o con la realización de un servicio o actividad) y las aportaciones de seguridad social.

"Por ello, en la especie no se debe confundir la recaudación del impuesto con el de la contribución especial, pues como ya se estableció, aquél está destinado a sufragar gastos públicos, mientras que ésta es la prestación en dinero legalmente obligatoria para aquellas personas que se ven particularmente beneficiadas con una obra pública o con la realización de una determinada actividad o servicio. Así, la actividad del Estado para, mediante obras por cooperación o aportaciones de otro tipo, realizar la pavimentación y asfaltado de la ciudad, es distinta a las consecuencias de la llamada externalidad negativa del parque vehicular, que consisten en los gastos adicionales (mantenimiento por desgaste de los vehículos del asfalto, semaforización, señalamientos viales, etcétera) para los Municipios, lo que denominó, en el presente asunto, el legislador inversiones de infraestructura y equipamiento urbano del Municipio.

"Por ello, si los propietarios de vehículos se benefician directa y particularmente del mantenimiento mencionado, son quienes deben sufragar, mediante tarifas razonables, parcialmente dicho rubro.

"Sobre el concepto de violación 1.3 deviene también infundado porque si no se establece la duración del hecho extraordinario o su excepcionalidad, es irrelevante, pues como ya se mencionó, dicha contribución especial está destinada a inversiones de infraestructura y equipamiento urbano del Municipio, lo cual es suficiente para conocer el tipo de gasto, sin que sea necesario detallar en la ley el gasto o inversión eventual, como lo requiere la parte quejosa. Además la contribución es anual, como lo prevé la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, de acuerdo a las necesidades del servicio y obras.

"Sobre este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido:

"...

"Es infundado el concepto de violación 1.4 donde sostiene el quejoso que la contribución que se reclama es una contribución genérica que carece de nombre que sirva para definirla, sino además y en consecuencia directa de ello, que sirva para encuadrarla dentro de los distintos tipos de ingresos contenidos en la legislación local; así, la norma reclamada contiene una definición genérica que tramposamente llama ‘contribución’, sin definir, determinar o detallar si se trata de una contribución especial, extraordinaria o de qué tipo. Lo infundado se debe a que en principio no puede afirmarse que un tributo sea inconstitucional porque carezca de nombre, aun cuando en los impuestos comúnmente se designan por su objeto, pues de acuerdo con lo ya señalado, lo determinante es la naturaleza de la contribución que en la especie se designa como contribución extraordinaria, con lo que ello implica y su carga argumentativa, doctrinal y jurisprudencial (ya señalada en párrafos precedentes), sin que sea necesario o exista obligación de explicar por el legislador, la naturaleza o doctrina en que se basó para emitir la ley, pues tratándose de tributos, sólo está obligado a acatar las disposiciones constitucionales. Por ello, si ya la jurisprudencia de la Suprema Corte reconoce la naturaleza de las contribuciones especiales, como una especie de los tributos, la confusión de reducirlos a la naturaleza de los impuestos es una situación de hecho no imputable al legislador.

"En el concepto de violación 1.5 afirma la parte quejosa que el artículo 29 del Código Fiscal del Estado dice: ‘Son ingresos extraordinarios, aquellos cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer al pago de gasto o inversiones eventuales o extraordinarios del Estado.’; y de acuerdo con tesis jurisprudencial de nuestro más Alto Tribunal, los elementos esenciales de las contribuciones son el objeto, base, tasa y época de pago, los cuales deben señalarse en la ley con el fin de proporcionar certeza a los contribuyentes; en el caso de la ley que se impugna de inconstitucional no cumple con estos elementos, ya que no hace referencia a la base ni a la época de pago.

"Este argumento es infundado, así como el 1.10 donde reclama el mismo tema, en primer término porque sobre la base, se discute en la doctrina si en estas contribuciones especiales es relevante establecer la misma, pues si bien algunos autores dicen que la base de las contribuciones especiales se integra por ‘... el costo del financiamiento de obras y servicios públicos si se trata de aportaciones de mejoras o de seguridad social’, algunos otros afirman que no existe base que mida la realización del hecho imponible (la titularidad de vehículo automotor), por lo que es un tributo de cuota fija.

"Sobre la base de las contribuciones especiales, la Suprema Corte ha determinado las siguientes consideraciones:

"...

"De acuerdo con lo anterior si bien reconoce el Máximo Tribunal que la base de la contribución especial se integra por la correlación entre el hecho imponible y el costo del financiamiento de obras y servicios públicos; también sostiene que la mecánica de causación del impuesto tampoco conduce a medir la capacidad de los gobernados para contribuir de acuerdo con su participación en la fuente gravada.

"Lo anterior es comprensible por su conclusión de que la cuota que se fije en la contribución especial debe ser no exactamente proporcional al costo del servicio, sino razonable. Al respecto ha sostenido:

"‘Es verdad que la proporcionalidad y equidad de los derechos no es lo mismo que la proporcionalidad y equidad de los impuestos; pero no es exacto que la proporcionalidad y equidad de aquéllos, consista precisamente en la igualdad o equivalencia entre el costo del servicio prestado a cada particular y la cantidad que se paga por él. Ni en derecho civil se exige esta correspondencia absoluta en el intercambio de cosas y servicios por dinero. Con mayor razón, la materia de derechos no puede sujetarse al estricto criterio de la equivalencia rigurosa; y por ello, se habla de que lo que el particular debe pagar por ellos corresponda aproximadamente al costo del servicio prestado, de la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho, y de una razonable o prudente o discreta proporcionalidad entre ambos términos.’

"Por ende, además de que es infundado y carezca la contribución impugnada de base, la misma sólo se constituye en un referente para fijar la razonabilidad de la cuota, y no exactitud, entre el costo de la obra o servicio y el beneficio obtenido, según el hecho imponible.

"...

"Igualmente es infundado el reclamo identificado como 1.6 donde afirma la parte quejosa que es inconstitucional la contribución reclamada, porque no se prevé en la norma la especificación de la obra o servicio público que beneficiará a los contribuyentes, el monto de los mismos, así como la proporcionalidad entre las citadas contribuciones y el monto del beneficio obtenido y el costo de la obra. Lo anterior es así, porque si bien el costo supone un criterio puramente matemático, pero no jurídico, pues para fijar individualmente el monto de una contribución, debe tomarse en cuenta que éste debe ser proporcional y equitativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 constitucional, fracción IV; la proporcionalidad tiene como base el costo general y el costo específico del servicio en la forma indicada; la equidad permite al poder público tomar en consideración los beneficios que se reciban y las posibilidades económicas y sociales de cada causante y de cada grupo de causantes, para distribuir entre ellos el importe del costo del servicio. Sin embargo, ello no lleva al extremo de exigir que en la norma se precise la especificación de la obra o servicio público que beneficiará a los contribuyentes, ni el monto de los mismos, así como la proporcionalidad entre las citadas contribuciones y el monto del beneficio obtenido y el costo de la obra, sino sólo la determinación del servicio u obra (en la especie inversiones de infraestructura y equipamiento urbano del Municipio), pues aun cuando el monto de los mismos no es aportado en su totalidad por los contribuyentes, sino una parte razonable, ni tampoco el beneficio es necesariamente obtenido por el particular, quien se encuentra obligado por su sola ubicación en el supuesto de ley (ser propietario de un vehículo automotor con residencia en el Municipio de Chihuahua) y la expectativa de beneficiarse con las inversiones de infraestructura y equipamiento urbano del Municipio, sean usadas o no por la parte quejosa.

"...

"Este concepto de violación, identificado como 1.7 deviene infundado, porque según se advierte del precepto mencionado, tiene los elementos del tributo impuesto por el legislador. Para demostrar la anterior afirmación, se transcribirá el artículo 6o., en lo conducente, y posteriormente se precisarán sus elementos que satisfacen la exigencia legal de legalidad.

"...

"De la anterior tributación se advierten los siguientes elementos:

"Sujeto activo. La Hacienda Pública Municipal.

"Sujeto pasivo. Los propietarios de vehículos automotores que residan dentro del territorio del Municipio de Chihuahua.

"Objeto. El objeto de la contribución especial, es la realización de una obra o la prestación de un servicio público a favor de las personas físicas y morales que se encuentran ubicadas en la zona o área de influencia de dichos actos jurídicos que generan el tributo (en la especie inversiones de infraestructura y equipamiento urbano del Municipio).

"Base. Es el costo total de la obra o servicio público que brinda el provecho o la atención para distintos sectores de la población que quedan comprendidos en la norma jurídica, y que en su esencia, se trata de una ventaja directa y divisible en favor de los sujetos pasivos. Según la Suprema Corte, es la equivalencia o igualdad que debe existir entre la prestación del Estado y la contraprestación que debe pagar por ella el particular. Asimismo, que la base del impuesto, no guarda una relación congruente con el grado de aprovechamiento de los servicios públicos generalizados e indivisibles.

"Tarifa o cuota. En la especie, son las siguientes:

"Automóvil

Camión y ómnibus

Remolque

Motocicleta

$ 300.00

$ 450.00

$ 150.00

$ 50.00

"Sobre el reclamo del quejoso de que no se precisan las razones del monto de las cuotas, también mencionado en el concepto de violación identificado como 1.11 que se contesta conjuntamente, conviene citar el criterio de la Suprema Corte donde sostiene: ‘La proporcionalidad del derecho radica por regla general en su correspondencia con el costo del servicio, aunque ésta no sea exacta desde el punto de vista económico (no es un precio), pues además, de las dificultades técnicas para calcular el importe de los gastos realizados en la implantación y funcionamiento del servicio, que hacen difícil alcanzar el equilibrio de la ecuación derecho-costo, en su determinación no se persiguen fines de lucro, sino más bien la consecución del interés general a través de la satisfacción concreta de ciertas necesidades generales; de ahí, que sean de particular relevancia la finalidad del servicio, la eficacia de su prestación y otros motivos de política administrativa.’ (********** sesión del Pleno del día diez de junio de mil novecientos sesenta y dos).

"Época de pago. Según el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal del Estado, dentro del término de veinte días a partir del nacimiento de la obligación fiscal.

"...

"Como consecuencia de lo anterior, resulta infundado el diverso concepto de violación 1.9 respecto a que de acuerdo con la definición que nos aporta el Código Fiscal de la Federación, a la contribución impugnada, se le dará un carácter residual, es decir, que se obtiene por eliminación ya que como no es una aportación de seguridad social, contribución de mejora o un derecho, entonces es un impuesto. De donde deriva que ni el Código Fiscal local ni el federal, prevén contribuciones innominadas, como la que se reclama a través de este acto, que sólo tiene el nombre genérico de ‘contribución’ sin indicar de manera nítida su naturaleza, características específicas o perfiles propios que permitan encuadrarla, reconocerla y determinar sus alcances a efecto de precisar con toda exactitud de si efectivamente se adecua a los preceptos legales que la rigen o deberían regirla. En primer lugar, es infundado el anterior reclamo porque como ya se dijo en párrafos precedentes, no se trata de un impuesto ni de un derecho, sino de una contribución especial; en segundo término, ya se mencionó también respecto a la denominación de los impuestos, que no se trata de un elemento esencial, aun cuando comúnmente son denominados por su objeto. Y en tercer término, el estudio del concepto de violación inmediato anterior, demuestra, que la contribución especial en estudio sí contiene los elementos esenciales del tributo.

"...

"Se advierte infundado, sobre el reclamo del quejoso, identificados como 1.12 y 1.13 donde sostiene que ha de agregarse que tanto el Código Fiscal de la Federación como el Código Fiscal del Estado no contemplan dichas contribuciones extraordinarias, sólo hacen referencia a las contribuciones especiales y que en el Código Fiscal de la Federación son las contribuciones de mejoras, las cuales consisten en que son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas y si lo recaudado por estas contribuciones deberán destinarse a inversiones de infraestructura y equipamiento urbano del Municipio, siendo así lo más lógico es que se beneficia toda la población que habita en el Municipio y no solamente los propietarios de vehículos automotores, ya que como equipamiento urbano del Municipio se entiende desde el pavimento de las calles, así como las banquetas, alumbrado público, etcétera, entonces no existe razón o motivo para que solamente los propietarios de vehículos automotores deban cumplir con la obligación de pagar la contribución extraordinaria que se tilda de inconstitucional por este medio, atendiendo a esto mismo entraríamos en que toda la población utiliza y sale beneficiada de dicho equipamiento urbano, aun cuando no sea propietario de un vehículo automotor, ya que a manera de ejemplo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24535-bcaf5bb0/impuesto-sobre-la-propiedad-de-vehiculos-automotores-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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