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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 118, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2012. · Registro digital (IUS): 23913
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1921.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dado que se refiere a la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos de naturaleza administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

No escapa a la consideración de esta Segunda Sala, que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la autoridad responsable en los juicios de amparo de origen de los que derivaron las sentencias que fueron señaladas como participantes en la denuncia de la presente contradicción de tesis.

TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que intervienen en esta contradicción expusieron en las ejecutorias, y el criterio que el denunciante estima divergente.

I. Así, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión ********** sostuvo en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"SÉPTIMO. ... Ahora bien, como se relató en líneas anteriores, en el inciso c) del concepto de violación sexto el quejoso manifestó que el artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León era violatorio del principio de legalidad tributaria, ya que no definía con precisión el sujeto y objeto del impuesto, pues colocaba como contribuyentes del tributo a todas las personas físicas y morales que fueran tenedoras o usuarias de vehículos dentro de la circunscripción territorial del Estado. Es decir, que tuvieran su domicilio fiscal o simple domicilio en el Estado y que poseyeran un vehículo, independientemente de dónde lo registraran, y se podía dar el supuesto de que un vehículo esté registrado en otro Estado y que el domicilio fiscal del tenedor o usuario también esté registrado en ese Estado, y el simple domicilio o casa habitación del tenedor o usuario ubicarse en el Estado de Nuevo León, y sólo debido a dicha imprecisión estaría obligado al pago del impuesto al considerarse tenedor o usuario de vehículos dentro de la circunscripción territorial. Lo anterior es infundado e inoperante. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, el principio de legalidad comprende en sí al principio de legalidad administrativa (o de preeminencia de la ley) y la reserva de ley; en tanto que el primero exige la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente establecidas; el segundo implica un principio formal, cuya función principal consiste en delimitar las materias que deberán ser producidas exclusivamente por la ley. Debe considerarse que en el derecho mexicano el principio de legalidad en general, y en el ámbito administrativo, se deduce del texto de los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). ‘Artículo 16.’ (se transcribe). El principio de reserva de ley en materia tributaria, en su aspecto positivo, estaba inmerso y regulado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en cuanto prevé como obligación de los mexicanos el contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes (principio de legalidad tributaria). Tema sobre el cual el Alto Tribunal al interpretar los alcances del principio de legalidad tributaria que en materia de contribuciones consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, determinó que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establecieran todos los elementos para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impidieran el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participaran en su recaudación y que, por otra, generara certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado; cómo se calculará la base del tributo; qué tasa o tarifa debe aplicarse; cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden, en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Lo que deriva de las jurisprudencias con los rubros siguientes: ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’. Por tanto, se estima infundado el concepto de violación de trato, toda vez que del contenido de la fracción IV del artículo 31 constitucional se desprende que éste establece la obligación tributaria y, por ende, contiene un mandamiento inapelable e indiscutible, a través del cual condiciona, en los términos de su propio texto, dicha obligación tributaria, siendo una de esas condiciones la de que debe residirse en el lugar en que se pretende fijar el tributo (Federación, Estados y Municipios); sin embargo, tal dispositivo constitucional no refiere si la residencia deba ser del sujeto de la carga fiscal, la de su fuente de ingresos, o de la ubicación del bien sujeto al tributo, ya que solamente refiere que los mexicanos están obligados a contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan. Dicha norma habilitante y de carácter tan amplio, deja a la ley secundaria su reglamentación y procedencia de la exacción del tributo, y si así lo hace la ley, no podía estimarse, por ese hecho, como inconstitucional, porque la Norma Suprema no puede delinear todos y cada uno de los supuestos legales. El artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León prevé que están obligadas al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos las personas físicas y las morales (sujetos) tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el presente capítulo, dentro de la circunscripción territorial del Estado (objeto). Para los efectos del impuesto en cuestión, se considera que la tenencia o uso de vehículos se efectúa dentro de la circunscripción territorial del Estado, cuando se inscriba el vehículo en el registro vehicular del Estado, o cuando el domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario del vehículo se localice dentro del territorio del Estado. Por lo que no se conviene con la parte quejosa cuando sostuvo que el hecho generador del impuesto surge simple y sencillamente por el hecho de que el tenedor o usador del vehículo tenga su domicilio particular o fiscal dentro del territorio del Estado, sin que el vehículo en cuestión se encuentre realmente en la circunscripción territorial del Estado, debido a que esa afirmación es producto de una interpretación aislada. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en la jurisprudencia 176/2010, que la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria fuera oscura y admitiera dos o más entendimientos posibles. Por lo que en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, deben elegirse, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, siempre y cuando fuera adecuada. Conforme a lo anterior, es oportuno señalar que del contenido de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León deriva, entre otras cosas, que los impuestos que debe percibir la Hacienda Pública Estatal se causarán y recaudarán conforme a las disposiciones de la ley y de las demás leyes fiscales aplicables. Además, la Ley de Ingresos establece anualmente los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y aprovechamientos que deban recaudarse, como en el caso se establece el monto de recaudación del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos. Por lo que los ingresos del Estado serían ordinarios y extraordinarios, siendo los primeros los establecidos común y normalmente para cubrir los servicios públicos regulares del Estado de Nuevo León, y los segundos, aquellos cuya percepción se autoriza excepcionalmente para promover el pago de gastos accidentales o extraordinarios de la entidad, siendo posible colegir, en consecuencia, que el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos será destina (sic) para los gastos públicos que genera el Estado de Nuevo León. Así, las obligaciones fiscales que se deriven de esa u otras leyes se originarían cuando se realizaran los hechos o circunstancias a los que se condicionaba su nacimiento, como en el caso, el tener o usar un vehículo en el Estado. Ante lo cual ha de considerarse que el cuarto párrafo del artículo 118 reclamado señala que los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto debería calcularse y enterarse previamente al momento en el cual se solicitará el registro del vehículo en el padrón vehicular o realice cualquier trámite tendiente a obtener la autorización o permiso de cualquier índole para circulación en traslado; el impuesto se pagará en las oficinas o instituciones autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y el pago se realizará de manera simultánea con los derechos por los servicios de control vehicular. En adición, el último párrafo del artículo 120 de la ley reclamada señala que las autoridades competentes solamente registrarán vehículos cuyos propietarios se encuentren domiciliados en el territorio correspondiente al Estado de Nuevo León. Por lo que se estima no asiste razón jurídica a la parte quejosa, pues es inexacto que la ley reclamada establezca de manera aislada, como hecho generador del impuesto, que el contribuyente establezca su domicilio o domicilio fiscal dentro del territorio del Estado; ello, debido a que los actos gravados son precisamente la tenencia o el uso de vehículos y necesariamente se pagará el impuesto cuando dichos actos se realicen dentro de Nuevo León, siendo éste el ámbito territorial de validez de la norma impugnada. En efecto, dicho acto gravado debe ir antecedido de la inscripción del vehículo en el registro vehicular del Estado, pues es el momento en el que surge la obligación tributaria; es decir, cuando se solicita dicho registro, porque es la única manera en que las autoridades estatales podrían ejercer sus facultades de cobro para ser ingresadas al erario del Estado. De ahí que no deba pensarse que el establecimiento del domicilio particular o fiscal sea un parámetro o una actividad que genere el gravamen, pues debe considerarse que el legislador del Estado lo que quiso fue tener un control de los propietarios, tenedores o usadores de vehículos; lo que desde luego se logra mediante el padrón correspondiente, de tal suerte que pagarán el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, aquellos que teniendo su domicilio dentro del territorio del Estado, tengan registrado un vehículo en el padrón de la autoridad, con entera independencia de que efectivamente lo tengan o usen en el mismo. En efecto, al ser la Ley de Hacienda en donde se contiene el reclamado impuesto de carácter estatal, debe reconocérsele validez y exigibilidad únicamente en el Estado, y de esa forma, es incuestionable que el legislador, al referirse al domicilio, aludió precisamente al lugar en donde se tenga registrado el vehículo, y no simplemente a la circulación en el mismo dentro de la porción territorial. Asimismo, ha de destacarse que el actual concepto de violación resulta, en adición, inoperante, pues mediante el mismo se pretendió acreditar la inconstitucionalidad del precepto reclamado, a través de argumentos que aluden a una circunstancia hipotética en que pudieran, en algún momento, ubicarse los sujetos pasivos del tributo; por lo que los argumentos debían declararse así, en atención a que no sería posible cumplir su finalidad que no es otra que la consistente en demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que, por la naturaleza de la ley, debe referirse a todos aquellos sujetos a los que se dirige la norma y no sólo a alguno de ellos. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias de rubros siguientes: ‘NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN.’. ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.’. Asimismo, se tiene que el amparista se dolió de la inconstitucionalidad del artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, por el hecho de que en su consideración, podía darse el caso de que teniendo su domicilio fiscal y el registro del vehículo de que se trate en otro Estado de la República, por el solo hecho de tener el domicilio convencional en la circunscripción territorial del Nuevo León, se encontraran sujetos al entero del impuesto; sin embargo, se estima que la parte quejosa fue omisa en acreditar que su domicilio fiscal y que los vehículos que tiene o usa, están registrados en una entidad federativa diversa a Nuevo León. Lo anterior, debido a que se allegaron al juicio diversas pruebas documentales consistentes en: Factura número ********** a nombre del quejoso en la que se describe la venta del vehículo en cuestión (foja 75). Tarjeta de circulación a nombre del quejoso (foja 78). Comprobante del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a nombre del quejoso (foja 79). Constancia de registro vehicular a nombre del quejoso (foja 81). Probanzas que se valoran de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Medios de convicción con los que se acredita que el quejoso es propietario de un vehículo por el que se realizó el entero del impuesto reclamado, relativo al año dos mil once; que se realizó la inscripción de dicho bien ante el Instituto de Registro Vehicular del Estado de Nuevo León, y que tiene domicilio registrado en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, no se demostró, ni aun presuntamente, que se tuvieran vehículos y domicilio fiscal, registrados en una entidad federativa diversa al Estado de Nuevo León, por lo que es lógico establecer que el argumento de inconstitucionalidad que sobre el particular se vertió, está formulado sobre una cuestión o supuesto hipotético, que lo torna inoperante, en los términos apuntados. Por tanto, habiéndose desestimado las violaciones que de fondo se propusieron en los conceptos de violación de previo análisis, se tiene que la omisión de estudio que derivó del primero de los agravios que se hizo valer en el actual recurso de revisión, resultó fundada pero inoperante."

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión ********** consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"NOVENO. Estudio de los conceptos de violación y agravios relativos a temas de fondo. En este apartado se procede al análisis de los conceptos de violación analizados incorrectamente en la sentencia -relacionados con temas atinentes a la inconstitucionalidad del impuesto- y por técnica jurídica, también al de los agravios enderezados en el recurso de revisión relativos a cuestiones de fondo. En ese mismo orden de ideas y para una mejor estructura y comprensión de esta ejecutoria, se estima conveniente distinguir por apartados los temas básicos relacionados con el problema jurídico inherente a este caso, en función de la garantía individual que se estime transgredida y así, estudiar los conceptos de violación y agravios sistemática y congruentemente con ese parámetro. ... II. Inconstitucionalidad del artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, por violación a la garantía de legalidad tributaria. En el sexto concepto de violación, inciso c), la parte quejosa expone esencialmente que el artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado, al prever como hecho generador del impuesto la simple tenencia o uso de vehículos por personas domiciliadas en el Estado, vulnera la garantía de legalidad tributaria, pues no define con precisión el sujeto y el objeto del impuesto, provocando incertidumbre jurídica a los contribuyentes, ya que el domicilio no guarda relación alguna con la manifestación de riqueza sobre la que recae el impuesto, que es el vehículo. Además, ejemplifica ese argumento diciendo que un vehículo podría estar registrado en otro Estado, el domicilio fiscal del tenedor o usuario en ese Estado y el simple domicilio o casa habitación en Nuevo León, y debido a la imprecisión del sujeto de la contribución, la persona se encontrará obligada al pago del impuesto. Y concluye que ese supuesto no debe considerarse legal ni justificado para tenerlo como hecho generador del impuesto, pues el domicilio no tiene un vínculo causal con el hecho generador que constituye la tenencia o uso del vehículo, ya que se estaría colocando como contribuyentes a todas las personas físicas o morales que tengan domicilio en el Estado y que posean algún vehículo, independientemente de dónde lo adquirieran o dónde lo registren. Estos argumentos son sustancialmente fundados, en tanto que el establecimiento de un criterio de residencia para la causación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no es acertado. En efecto, como marco referencial para el estudio del presente caso, deben analizarse los criterios básicos de asignación impositiva o sujeción fiscal, los cuales tradicionalmente se toman en cuenta en un contexto internacional, pero que resultan aplicables al analizar las repercusiones del establecimiento de gravámenes independientes en entidades que forman parte de una Federación. Dichos criterios son los siguientes: El principio personalista, que implica la tributación de toda la renta de un residente -es decir, un habitante en el contexto local- de un territorio determinado, con independencia de la localización de la fuente de la renta. En el contexto internacional, dicho principio admite dos modalidades fundamentales, como son la de la residencia y la de la nacionalidad -esta última, por obvias razones, no es aplicable al presente caso-. El principio de territorialidad o de la fuente y origen de la renta, que se basa en la sujeción a gravamen de los residentes y de los no residentes que obtienen rentas de fuentes localizadas en un territorio determinado. Este criterio, por tanto, fundamenta el derecho de gravamen en la localización de fuentes de renta dentro de un territorio. En relación con lo anterior, debe señalarse que no existe una preeminencia de un criterio de asignación tributaria sobre el otro, ni puede pensarse que uno de ellos sea ‘correcto’ o ‘adecuado’ per se; por el contrario, el legislador tributario tiene absoluta libertad para acudir a un mecanismo o al otro, o bien, a alguna formulación mixta. En efecto, debe apreciarse, inclusive, que la práctica fiscal habitual de los países -de nuevo, considerando que dichos criterios de sujeción fiscal son aplicables en la delimitación de obligaciones tributarias entre naciones, pero que también son aplicables cuando se generan obligaciones locales en una Federación-, se basa en una aplicación combinada de ambos criterios: tributación de los residentes por su renta mundial y de los no residentes por la renta doméstica. En tal virtud, este Tribunal Colegiado considera que el criterio de asignación impositiva para impuestos como el que se analiza, en un principio forma parte del ámbito de libre configuración de la obligación tributaria que debe reconocerse al legislador, tal y como se desprende de lo sostenido a través de la tesis de jurisprudencia 159/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan lo que a continuación se transcribe: ‘SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe). No obstante lo anterior, dada la naturaleza, objeto y estructura del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del Estado de Nuevo León, el hecho de que el artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León prevea que debe pagar el impuesto la persona tenedora o usuaria de un vehículo en el territorio local, considerándose que esa tenencia o uso se efectúa cuando el domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario se localice en territorio del Estado y presuma que el propietario es precisamente el tenedor, desnaturaliza el objeto del impuesto y provoca ciertamente un grado de incertidumbre jurídica en los contribuyentes, violentando así el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Aquí es oportuno aclarar que el problema que plantea la parte quejosa surge de su inconformidad con el hecho de que a la par de que se grava al sujeto pasivo por los vehículos registrados en el Estado, también se grava por los vehículos que posea que se usen en ese territorio por el simple hecho de tener ahí su domicilio fiscal; circunstancia que de ningún modo implica basar la inconstitucionalidad de la norma en un caso hipotético, en tanto que simplemente se trata de una ejemplificación derivada del propio texto legal impugnado. Como ya se precisó antes, el hecho generador del impuesto lo constituye la tenencia o uso del automóvil en el Estado, que recae en un objeto determinado y cuya base para el tributo lo es el valor neto de la unidad que se contiene en la factura o carta factura que se integra con el precio de enajenación, accesorios, más los impuestos correspondientes. Asimismo, se expuso que un contribuyente que tiene capacidad económica para adquirir un vehículo respecto del cual tiene conocimiento pleno de los diversos elementos que conforman su costo, como son accesorios, impuestos, etcétera, tiene capacidad económica para contribuir al gasto público en esos términos porque la capacidad adquisitiva de esa persona va en función del precio que está pagando por la unidad. Y que en este impuesto el aspecto materia de la hipótesis de incidencia se limita a describir un hecho, acontecimiento o cosa, independientemente de elementos personales, o sea, es indiferente al sujeto pasivo y a sus cualidades, pues únicamente incide sobre la tenencia o uso de vehículos. Esto, innegablemente lleva a reiterar que no se está gravando propiamente el valor del automóvil, sino -como dice la norma- su tenencia o uso; pero también debe destacarse que la manifestación de riqueza derivada de esa tenencia o uso es aquélla manifestada precisamente al adquirir ese vehículo. En resumen, si bien en un principio se grava únicamente el uso o tenencia de vehículos, la configuración de la norma con base en los enunciados que la conforman permite advertir que ello es en función del valor de su adquisición; última premisa que permite advertir que sólo se grava ese uso o tenencia del vehículo en el Estado de los sujetos que sean propietarios del referido mueble y en función a la expresión de riqueza al adquirirlo; y precisamente en relación a esto, el propio legislador estableció en el artículo 118 antes transcrito la presunción de que el poseedor del vehículo es justamente su propietario. Entonces, el hecho de que la norma presuma que se tiene o usa un vehículo -lógicamente propiedad del contribuyente dada la estructura del sistema tributario- por el solo hecho de que éste tenga su domicilio o domicilio fiscal en el Estado, sí implica una violación al principio de legalidad tributaria en tanto que genera una imprecisión entre el objeto propio de la contribución y el sujeto, como se verá enseguida. Si se parte del hecho de que el objeto del impuesto es gravar la tenencia o uso de vehículos en el Estado de Nuevo León -al margen de que se calcula en función al valor del vehículo por la manifestación de riqueza expresada al adquirirlo-, ciertamente podría darse el caso, como se expone, de que un vehículo se encuentre registrado en otro Estado cuando el domicilio o domicilio fiscal del tenedor sea en Nuevo León, actualizándose así la obligación de pago, sin que ello necesariamente conlleve el hecho de que la tenencia se dé en su territorio. En ese sentido, la configuración de la norma y el establecimiento de la presunción legal, en el sentido de que se da la tenencia o uso de un vehículo por el solo hecho de que la persona tenga domicilio o domicilio fiscal en el Estado evidencia la intención del legislador de gravar la tenencia de todos los vehículos propiedad de las personas domiciliadas en el Estado, independientemente de dónde se efectúe propiamente la tenencia. Esa generalización impositiva a la propiedad de vehículos automotores indudablemente desnaturaliza el objeto del tributo en comento, que es únicamente la tenencia o uso de vehículos en el territorio del Estado y por lo tanto, el contenido del artículo 118 en comento resulta evidentemente atentatorio de la garantía de legalidad tributaria. Lo que es así, porque se establece inicialmente como objeto del impuesto la tenencia o uso de vehículos en el territor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23913-0b4e2d2f/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-118 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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