ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011 Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EN MATERIA VEHICULAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA MISMA ENTIDAD. NO PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS; VOTARON CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por el consejero jurídico de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en ausencia del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, quien figuró como autoridad responsable en los amparos en revisión que dieron origen a la presente denuncia de contradicción de tesis.
Ahora bien, los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en esencia establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios podrán denunciar la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer; en consecuencia, la autoridad responsable que intervino en los juicios de amparo de los que derivaron los criterios que aquí contienden se encuentra legitimada para hacer la denuncia respectiva, como lo es en el presente caso, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
Sirve de fundamento la tesis de esta Segunda Sala, la cual, se aplica por analogía:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVI, octubre de 2007
"Tesis: 2a. CLI/2007
"Página: 446
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR LA QUE SE PRODUZCA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330, con el rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA.’ estableció la procedencia de la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito no sólo al resolver juicios de amparo, sino también al fallar recursos de revisión fiscal, dado que en las resoluciones referidas realizan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, porque los criterios que son materia de la contradicción son emitidos por un tribunal terminal. Ahora bien, este criterio debe llevar también, por congruencia, a aceptar la legitimación de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para denunciar la contradicción de tesis que se produzca entre los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal, en forma análoga a la legitimación que para ello tienen como autoridad responsable en los juicios de amparo directo que promuevan los gobernados, por igualdad de razón, aun cuando formalmente no tengan el carácter de parte en los juicios contencioso administrativos, sino de órganos resolutores que dictan la sentencia recurrida."
TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
CUARTO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 592/2011 sometido a su conocimiento, consideró lo siguiente:
"SÉPTIMO. Omisión estudio de conceptos de violación. A fin de lograr una exposición ordenada de las consideraciones que sustentan la presente ejecutoria y, por así convenir al desarrollo de la misma, se emite a continuación el pronunciamiento de este tribunal respecto de la omisión de estudio de los conceptos de violación tercero y sexto, inciso c), del escrito de demanda, y que se realiza al tenor de lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, tras haber resultado fundado lo aducido en el agravio primero del actual recurso de revisión, pero que por no coincidirse con el fondo de los motivos de inconformidad referidos, lo ahí manifestado debe desestimarse. En el tercero de los conceptos de violación, el quejoso expusieron (sic) la violación a la garantía de proporcionalidad tributaria en razón de que el artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado establecía como objeto del impuesto, la tenencia o uso de vehículos dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nuevo León; es decir, no la propiedad del vehículo, dado que incluso se preveía la presunción de que era propietario, quien era tenedor o usuario de la unidad. En ese sentido, señaló el amparista que la tenencia o uso de vehículos no era necesariamente un indicador de la capacidad de contribución, puesto que dicho término implicaba la ocupación y posesión actual y corporal de la cosa, que dado el caso, podría verificarse respecto de un carro robado, un vehículo prestado temporalmente por un familiar o uno que se tiene para su reparación. Así, se estableció que el propio numeral era confuso en precisar el objeto del impuesto, pues prevé que la tenencia o uso se efectúa en el Estado, si el vehículo se inscribe en el registro vehicular correspondiente, y el artículo 20 de la ley de trato establecía que las autoridades únicamente registrarían aquellos vehículos cuyos propietarios estuvieran domiciliados en la entidad; por lo que debía abstraerse que una de las condiciones para ser sujeto del gravamen era que la tenencia o uso debía darse en el Estado y, para dicho fin se usaba el criterio del registro del vehículo, mismo que sólo podía efectuar quien fuera propietario, entonces se obtenía que sólo los propietarios cumplían con el presupuesto de la obligación tributaria; por lo que en relación con el objeto del citado tributo, se daba una falta de claridad en el mismo. Precisó que dicha condición se advertía más claramente al analizar la fracción I del citado numeral 118, y adujeron que al establecerse como objeto del impuesto, la tenencia o uso referidos, no necesariamente se daba una conexión con la capacidad contributiva, ya que era quien adquiría la propiedad del vehículo y aumentaba su patrimonio, quien tenía capacidad para contribuir al gasto público, mas no quien simplemente hacía uso de la unidad. Consideración sobre la propiedad del vehículo que, a decir de los quejosos, se corroboraba con el texto de los artículos 22 y 23 de la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular, por prever el registro sólo en favor del propietario del bien a inscribir. Así las cosas, el agraviado sostuvo que era evidente que para que se diera uno de los supuestos de la obligación tributaria, se requería que el vehículo fuera usado dentro del Estado y para que ello sucediera, era necesaria la inscripción en dicho instituto, misma que sólo podía llevarse a cabo por quien fuera propietario del vehículo; por lo que existía incongruencia entre el objeto del tributo y la capacidad contributiva, ya que el hecho de tener o usar un vehículo, no necesariamente era indicativo de la capacidad de contribución, y que además, resultaba en violación no sólo de la fracción IV del artículo 31 constitucional, sino también de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Argumentos que apoyó en la jurisprudencia 109/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.’. Este tribunal estima que el vicio aludido, es infundado, de conformidad con lo que a continuación se expone: El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, contiene las garantías de justicia fiscal, al establecer cuatro principios que rigen el sistema fiscal mexicano, y que son: I. El destino al gasto público de las contribuciones; II. La garantía de proporcionalidad; III. La garantía de equidad; y, IV. Que las contribuciones estén establecidas en una ley, y que ésta consigne de manera expresa los elementos esenciales del tributo, como lo son el sujeto, objeto, base, tasa, lugar y época de pago. Así, el principio de proporcionalidad tributaria contenido en dicho numeral, consiste en garantizar que los sujetos pasivos de un tributo contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, gastos o incluso de su patrimonio. Luego, para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de la capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos; por lo que los impuestos deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cuantitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos; esto es, los contribuyentes de mayor patrimonio deben cubrir un impuesto en monto superior a los contribuyentes de menor patrimonio, lo que se consigue con el establecimiento de tarifas progresivas que permitan que el impacto sea distinto no sólo en cantidad, sino en el mayor o menor sacrificio patrimonial, acorde a la proporción de los ingresos obtenidos, de las erogaciones o del patrimonio que se posea. Así las cosas, para lograr lo anterior debe existir una estrecha relación entre el hecho imponible del tributo y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Apoya lo considerado en torno al citado principio, la jurisprudencia 10/2003 del Pleno del Máximo Tribunal, de rubro: ‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.’. Con base en lo anterior, se tiene que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de forma tal, que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los sujetos pasivos al realizar el hecho imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo; o sea, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o tarifa expresen la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo. Con ello, la capacidad económica marca el cauce lógico del tributo, y no sólo legitima y explica su existencia, sino también condiciona toda su estructura y contenido. Dicho lo anterior, conviene atender al contenido del artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, a fin de establecer los alcances de dicho precepto, en relación con el principio de proporcionalidad tributaria: ‘Artículo 118.’ (se transcribe). Del transcrito precepto se advierte que contempla como sujetos pasivos del impuesto reclamado a las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que refiere la propia norma. Asimismo, de la interpretación lógica y gramatical de dicho numeral se advierte, que la norma considera que la tenencia o uso de vehículos se efectúa dentro de la circunscripción territorial del Estado, cuando se dé alguno de los supuestos contenidos en las fracciones I y II, es decir, cuando se inscriba el vehículo en el registro vehicular del Estado o cuando el domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario del vehículo se localice dentro del territorio del Estado. Por lo que ha de puntualizarse que la ley reclamada contempla como hecho generador del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, la inscripción del bien mueble en el registro vehicular del Estado, o bien, que el tenedor o usuario del vehículo tenga su domicilio o domicilio fiscal dentro del territorio del Estado. Es decir, en el segundo párrafo del artículo en estudio se establece que la tenencia o uso de vehículos se da en territorio del Estado, cuando se dé alguno de los referidos supuestos jurídicos; por lo que es suficiente para que se actualice el hecho generador del tributo, el que sólo ocurra uno de esos dos supuestos normativos, pues se trata de una acepción gramatical disyuntiva y no copulativa o conjuntiva. Por lo que evidentemente están obligados a cumplir con la obligación tributaria establecida en la norma reclamada, los sujetos que actualicen alguna o las dos hipótesis jurídicas contenidas en las fracciones I y II del artículo 118. Así, se puede afirmar que el artículo 118 determina que el objeto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es, precisamente, la tenencia o uso de alguno de los vehículos descritos en la misma norma dentro de la circunscripción territorial del Estado; e igualmente, que el propietario del vehículo es quien se considera como tenedor o usuario del vehículo de su propiedad y, por tanto, es el sujeto del impuesto de mérito. En efecto, una correcta interpretación del numeral de trato, permite concluir que se trata de un impuesto que grava el patrimonio de los particulares que sean tenedores o usuarios de vehículos de los descritos en el mismo ordenamiento, dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nuevo León. De ahí que no exista incongruencia en el tributo, como fue afirmado por los quejosos, pues si lo que en el caso se grava es precisamente patrimonio de los particulares que sean tenedores o usuarios de vehículos, se entiende que sí existe una relación entre el objeto y la capacidad de los sujetos pasivos. Luego, es infundada la violación al principio de proporcionalidad alegada. Ahora bien, como se relató en líneas anteriores, en el inciso c) del concepto de violación sexto, el quejoso manifestó que el artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León era violatorio del principio de legalidad tributaria, ya que no definía con precisión el sujeto y objeto del impuesto, pues colocaba como contribuyentes del tributo a todas las personas físicas y morales que fueran tenedoras o usuarias de vehículos dentro de la circunscripción territorial del Estado. Es decir, que tuvieran su domicilio fiscal o simple domicilio en el Estado y que poseyeran un vehículo, independientemente de dónde lo registraran, y se podía dar el supuesto de que un vehículo esté registrado en otro Estado y que el domicilio fiscal del tenedor o usuario también esté registrado en ese Estado, y el simple domicilio o casa habitación del tenedor o usuario ubicarse en el Estado de Nuevo León, y sólo debido a dicha imprecisión estaría obligado al pago del impuesto al considerarse tenedor o usuario de vehículos dentro de la circunscripción territorial. Lo anterior es infundado e inoperante. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, el principio de legalidad comprende en sí, al principio de legalidad administrativa (o de preeminencia de la ley) y la reserva de ley; en tanto que el primero exige la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente establecidas, el segundo implica un principio formal cuya función principal consiste en delimi
ar las materias que deberán ser producidas exclusivamente por la ley. Debe considerarse que en el derecho mexicano el principio de legalidad en general, y en el ámbito administrativo, se deduce del texto de los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). ‘Artículo 16.’ (se transcribe). El principio de reserva de ley en materia tributaria, en su aspecto positivo, estaba inmerso y regulado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en cuanto prevé como obligación de los mexicanos el contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes (principio de legalidad tributaria). Tema sobre el cual, el Alto Tribunal, al interpretar los alcances del principio de legalidad tributaria que en materia de contribuciones consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, determinó que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establecieran todos los elementos para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impidieran el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participaran en su recaudación y que, por otra, generara certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado; cómo se calculará la base del tributo; qué tasa o tarifa debe aplicarse; cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden, en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Lo que deriva de las jurisprudencias con los rubros siguientes: ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ e ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’. Por tanto, se estima infundado el concepto de violación de trato, toda vez que del contenido de la fracción IV del artículo 31 constitucional, se desprende que éste establece la obligación tributaria y, por ende, contiene un mandamiento inapelable e indiscutible a través del cual condiciona, en los términos de su propio texto dicha obligación tributaria, siendo una de esas condiciones la de que debe residirse en el lugar en que se pretende fijar el tributo (Federación, Estados y Municipios); sin embargo, tal dispositivo constitucional no refiere si la residencia deba ser del sujeto de la carga fiscal, la de su fuente de ingresos, o de la ubicación del bien sujeto al tributo, ya que solamente refiere que los mexicanos están obligados a contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan. Dicha norma habilitante y de carácter tan amplio, deja a la ley secundaria su reglamentación y procedencia de la exacción del tributo, y si así lo hace la ley no podía estimarse, por ese hecho, como inconstitucional, porque la norma suprema no puede delinear todos y cada uno de los supuestos legales. El artículo 118 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, prevé que están obligadas al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, las personas físicas y las morales (sujetos) tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el presente capítulo, dentro de la circunscripción territorial del Estado (objeto). Para los efectos del impuesto en cuestión, se considera que la tenencia o uso de vehículos se efectúa dentro de la circunscripción territorial del Estado, cuando se inscriba el vehículo en el registro vehicular del Estado, o cuando el domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario del vehículo se localice dentro del territorio del Estado. Por lo que no se conviene con la parte quejosa cuando sostuvo que el hecho generador del impuesto, surge simple y sencillamente por el hecho de que el tenedor o usador (sic) del vehículo tenga su domicilio particular o fiscal dentro del territorio del Estado, sin que el vehículo en cuestión se encuentre realmente en la circunscripción territorial del Estado, debido a que esa afirmación es producto de una interpretación aislada. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en la jurisprudencia 176/2010, que la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria fuera oscura y admitiera dos o más entendimientos posibles. Por lo que en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegirse, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, siempre y cuando fuera adecuada. Conforme a lo anterior, es oportuno señalar que del contenido de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León deriva, entre otra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24065-54079cc8/estimulo-fiscal-previsto-en-el-articulo-19-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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