AUTOMÓVILES NUEVOS. LOS ARTÍCULOS 1o., FRACCIÓN I, 2o. Y 3o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005).

En términos del artículo 1o. de la referida Ley, están obligados al pago del tributo quienes enajenen automóviles nuevos o los importen en definitiva al país, entendiéndose por vehículo nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor, con independencia de que dicha venta la realice el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o cualquier comerciante en el ramo de vehículos, de lo que deriva que el hecho imponible es la enajenación de automóviles nuevos o su importación, aunque no sean nuevos, pues cualquiera de los dos supuestos se consideran hechos generadores del impuesto. En tal virtud, se concluye que los artículos 1o., fracción I, 2o. y 3o., fracción I, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente a partir del 27 de diciembre de 2005, que prevén la mecánica conforme a la cual el gravamen se calculará aplicando la tarifa establecida en dicho artículo 3o., al precio de enajenación del vehículo, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, no violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si se atiende, por un lado, a la tesis P./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144, con el rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.", que sostiene que el impuesto debe ser congruente con la capacidad contributiva de la persona obligada a pagarlo, según las circunstancias generales que derivan de sus actividades económicas y, por otro, al hecho de que el precio de venta del automóvil es el del valor de la operación consignado en la factura -que debe corresponder con el que realmente pagó el consumidor al adquirirlo- resulta inconcuso que el impuesto a pagar guarda relación con la capacidad económica y contributiva del gobernado que al comprar un vehículo nuevo evidencia una determinada manifestación de riqueza, como indicador de su capacidad para contribuir al gasto público.