ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. LA REMISIÓN QUE A ÉL REALIZA EL ARTÍCULO 18 BIS DEL CÓDIGO FISCAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 129 DE LA LEY DE HACIENDA, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE RESERVA DE LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: EVERARDO MAYA ARIAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que se hizo valer por el consejero jurídico de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General en ausencia del secretario general y tesorero general del Estado de Nuevo León, esta última autoridad señalada como responsable en los asuntos de donde derivan los criterios participantes en este asunto; de ahí que es patente que tiene legitimación para actuar en el mencionado sentido, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.(2)
Asimismo, el consejero jurídico de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General se encuentra facultado para actuar en ausencia del secretario general y tesorero general del Estado de Nuevo León en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción I y 30, ambos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, los cuales son del contenido siguiente:
"Artículo 26. A la Consejería Jurídica le corresponde ejercer las siguientes facultades:
"I. Representar al secretario, a la secretaría y a las unidades administrativas de la propia secretaría, en toda clase de convenios, juicios y controversias en los que éstos sean parte, pudiendo allanarse y transigir sin más limitación que las señaladas por las leyes que resulten aplicables. ..."
"Artículo 30. En los casos de ausencia, el secretario será suplido, en el ámbito de sus respectivas competencias, por los titulares de las subsecretarías, de la Consejería Jurídica o de las unidades previstas en este reglamento."
TERCERO. Con el propósito de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver en sesión del veinticinco de noviembre de dos mil once, el amparo en revisión 558/2011, señaló, en la parte que interesa, lo siguiente:
"OCTAVO. Estudio del tercero de los agravios. El tercero de los agravios sostiene que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León es violatorio del principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.
"Es pertinente analizar en primer orden el tercero de los agravios, al aducirse en él la violación al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, ya que de no respetarse éste, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley de orden formal y material.
"Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 77/2009 (sic) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20 del Tomo X, agosto de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL.’ (se transcribe)
"En el tercero de los agravios se indica por los inconformes, que contrario a lo resuelto por la Juez de Distrito, resultaba fundado el segundo de los conceptos de violación, debido a que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León prevé que los montos de las cantidades señaladas en los diversos numerales 122, 125, 126 y 127 de la citada legislación se actualizaron aplicando un factor que se detalla en el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, el cual precisa la forma de obtener tal factor, que es aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, empero, insisten las disidentes que no se establece en disposición alguna ni por remisión expresa a otra ley, el procedimiento para la determinación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que por ende, se violenta el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Sobre el particular, los recurrentes argumentan que la garantía de legalidad tributaria exige que los elementos esenciales del impuesto, como es, el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, esté consignado de manera expresa en la ley para evitar quede al arbitrio de las autoridades exactoras la fijación del tributo, que en ese contexto, si la intención del legislador era remitir al diverso 20 Bis del Código Fiscal de la Federación para satisfacer dicho requisito, era necesaria la mención expresa dentro de alguna norma del sistema de tributación relativo al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, lo que aducen en el caso no sucedió.
"En ese orden de ideas expresan, que el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación no resulta aplicable supletoriamente a las disposiciones que regulan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para pretender colmar una laguna en las normas respectivas, al ser necesario que el ordenamiento a suplir establezca expresamente dicha posibilidad, indicando la ley o normas que puedan aplicarse supletoriamente o que un ordenamiento establezca que aplican, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos.
"El agravio es fundado, en tanto resulta correcto lo afirmado por los quejosos en el sentido de que es incorrecta la determinación de la a quo, en cuanto afirmó que el artículo 129 que se tilda de inconstitucional, no era violatorio del principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el procedimiento para la obtención de dichos índices, se contenía en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación.
"Al respecto, los disidentes insisten en que en las disposiciones aplicables al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no existe un procedimiento expresamente establecido para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ni siquiera una remisión expresa a otra ley que lo contenga, y que tampoco remite ni tácitamente al artículo 20 Bis del Código Fiscal del Estado.
"Como lo afirman los inconformes, el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León al prever la actualización de las cantidades señaladas en los artículos 122, 125, 126 y 127 de la citada legislación, aplicando un factor que se obtendrá según refiere la propia norma, remite al artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, que señala se obtendrá tal factor en términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, empero, no se establece en disposición alguna ni por remisión expresa o tácita a otra ley, que deba acudirse al diverso artículo 20 Bis, del Código Fiscal del Estado para conocer el procedimiento para la determinación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
"En efecto, la circunstancia de que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León establezca la aplicación de un factor que incide en la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que se trata de uno de los elementos que integran el tributo, sin precisar la forma en cómo se obtiene dicho factor, transgrede el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, exige que las contribuciones para sufragar los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios, deben estar previstas por una ley en sentido formal y material, es decir, la ley que establece el tributo debe consignar de manera expresa los elementos del mismo, entre ellos, el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, de manera tal que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular.
"El principio de legalidad exige que la carga tributaria de los gobernados se encuentre establecida en la ley, lo que significa no solamente que el acto creador del impuesto emane del poder encargado de la función legislativa, sino fundamentalmente, que los caracteres esenciales del impuesto, la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles a título particular, a efecto de que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado y a la autoridad no quede otra cosa más que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante.
"Por tanto, la arbitrariedad en la imposición del tributo, así como la imprevisibilidad de las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse violatorios del principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de la Federación, Distrito Federal, o del Estado y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
"Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 252 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, Tomo I, Const., Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 2000, Séptima Época, de rubro y texto:
"‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe)
"Destacados los elementos que debe contener una disposición legal para considerar que atiende al principio de legalidad tributaria, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, corresponde precisar las razones por las cuales previamente se indicó que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, contiene un vicio que precisamente lo hace violatorio del principio de legalidad.
"Para mejor comprensión de lo expuesto, es pertinente atender el contenido de los artículos 129, 122, 125, 126 y 127 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, los que respectivamente a la letra dicen: (se transcriben)
"Del contenido del artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, previamente transcrito, se desprende que para los efectos de lo dispuesto en los diversos ordinales 122, 125, 126 y 127 de la propia ley, los montos de las cantidades que en ellos se señalan, se actualizarán en el mes de diciembre de cada año aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de octubre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, factor que se obtendrá de conformidad con el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, según lo establece el numeral 129 en cita.
"El artículo 122 establece la forma en cómo se calculará el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a pagar, tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores; el precepto legal 125 la manera de calcular dicho impuesto, tratándose de aeronaves nuevas y de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, nuevos; el diverso ordinal 126 determina cómo se calculará el impuesto tratándose de motocicletas nuevas; mientras que el artículo 127 establece la forma en cómo se pagará el impuesto tratándose de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación del capítulo quinto de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, atinente al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
"En consecuencia, lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León incide en la forma de calcular uno de los elementos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, como es la base que se atenderá para su cálculo, pues tal ordinal establece que los montos de las cantidades que en los numerales 122, 125, 126 y 127, de la propia legislación, se actualizarán en el mes de diciembre de cada año aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año, hasta el mes de octubre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, factor que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado.
"El artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, es del tenor siguiente: (se transcribe)
"Del contenido del artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado se advierte, que el monto de las contribuciones actualizadas, se obtendrá de aplicar el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar, factor que el propio numeral 18 Bis, refiere se obtiene de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo; y que para efectos de lo establecido en el referido ordinal, se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, calculado por el Banco de México, que se publica en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, no obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León se actualizarán las cantidades a cubrirse por el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos aplicando un factor que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, factor en el que para su obtención incide el Índice Nacional de Precios al Consumidor, calculado según dispone la propia norma por el Banco de México, lo cierto es, que ni el artículo 129 en comento, ni el 18 Bis del ordenamiento tributario de esta entidad federativa, establecen la forma en que se obtendrá el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ni hacen una remisión expresa o tácita a un ordinal diverso que detalle la forma de obtenerlo.
"Por tanto, aun cuando el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación vigente, refiere la forma en cómo se obtendrá el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según se aprecia de su contenido:
"‘Artículo 20-Bis.’ (se transcribe)
"Empero, ninguna remisión al artículo 20 Bis del Código Fiscal Federal hace el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, norma esta última que prevé que para los efectos de lo dispuesto en los artículos 122, 125, 126 y 127 de la aludida legislación estatal, los montos de las cantidades que en los mismos se señalen se actualizarán aplicando un factor que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, ordinal este último que alude a obtener precisamente tal factor efectuando una operación que vincula al Índice Nacional de Precios al Consumidor, índice que se dice en el propio precepto, será calculado por el Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
"En tales condiciones, si para colmar el principio de legalidad se requiere que la determinación de las cargas fiscales que deben soportar los gobernados, contengan con precisión los elementos que integran el tributo, de modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, tal requerimiento no se comete por el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, porque para obtener un factor que incide en uno de los elementos del impuesto, como es la base, remite a un artículo que no detalla puntualmente la operación que debe efectuarse para la obtención de dicho factor.
"En efecto, el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado indica la forma de obtener el factor que se utiliza para el cálculo del impuesto, empero, determina que se obtendrá de realizar una operación que involucra al Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin especificar la forma de obtener dicho índice, al limitarse a precisar en su último párrafo, que el índice que será aplicado para la obtención de ese factor, será el calculado por el Banco de México, que se publica en el Diario Oficial de la Federación.
"Sin embargo, en el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado no se indica con precisión la autoridad que efectuará la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ni a que publicación del Diario Oficial de la Federación deberá atenderse, en cuanto a fecha de publicación. Lo anterior, se traduce en una evidente indefinición de un elementos (sic) que incide en la forma de obtener la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, lo que deja en incertidumbre jurídica a los gobernados, pues aun cuando en su primer párrafo el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado prevé que el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, lo que lleva a inferir que se trata de la publicación de tales periodos a los que se refiere la última parte del aludido ordinal, lo indispensable era que así se especificara en la norma, porque de otra forma ocasiona incertidumbre en los gobernados.
"Por consiguiente, si el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan la totalidad de los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de las contribuciones, fijándolos con precisión, a efecto de impedir el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación, a efecto de que generar certidumbre en el gobernado sobre el hecho que se encuentra gravado, de la forma en cómo se calculará la base del tributo.
"Es inconcuso que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León no satisface el principio de legalidad, pues deja a los gobernados obligados al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en clara inseguridad jurídica, al no conocer de manera clara la base que será utilizada para el cálculo del impuesto que legalmente se les exige por el Estado de Nuevo León, deben cubrir.
"Sin que pueda estimarse, como lo hizo la Juez de Distrito, que aun cuando ni el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, ni el diverso 18 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, remitan al artículo 20 Bis del Código Tributario Federal, es factible atender a su contenido, para entender el procedimiento para obtener el Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque la exigencia del artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, lleva a concluir que la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente contrarios al régimen constitucional mexicano.
"Por tanto, resultó incorrecto el estudio elaborado por la juzgadora, en el sentido de que correspondía atender por remisión tácita de la norma que se tilda de inconstitucional, al artículo 20 Bis del Código Fiscal Federal.
"Con independencia de lo anterior, a partir del quince de julio de dos mil once, entró en vigor el artículo 59, fracción III, inciso a), de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, que prevé será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien tendrá la facultad exclusiva de elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual a la letra dice:
"‘Artículo 59.’ (se transcribe)
"Contenido del artículo 59, fracción III, inciso a), de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el dieciséis de abril de dos mil ocho, por ende, al emitirse la disposición controvertida, ya había sido publicada la norma en cita, que sería vigente a partir del quince de julio de dos mil once.
"Es necesario atender el contenido de los artículos transitorios primero y décimo primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, que dicen:
"Transitorios
"‘Primero.’ (se transcribe)
"‘Décimo primero.’ (se transcribe)
"Ahora bien, aunado a que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León que se tilda de inconstitucional no remite al artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación que prevé la forma de obtener el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se requiere atender, que a partir del quince de julio de dos mil once, el Índice Nacional de Precios al Consumidor ya no se determina por el Banco de México, como lo establece el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, al que sí remite el aludido ordinal 129 en cita.
"Ciertamente, de conformidad con los artículos primero y décimo primero transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil ocho que contiene la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el Banco de México y el instituto formarán un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la transferencia al segundo, del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios a que se refiere el artículo 59 de dicha legislación.
"Además, a partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el instituto publicará los Índices Nacionales de Precios, por lo que cualquier referencia a los citados índices a cargo del Banco de México, se entenderá efectuada, a partir del quince de julio de dos mil once, al que publique el instituto, y a partir de la publicación del aludido decreto, y hasta el día anterior a la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México continuará publicando los índices a que se refiere el párrafo anterior, con la participación creciente del instituto, siendo a partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, que el Banco de México tendrá acceso, sin restricción alguna, a la metodología, bases de datos, información y procedimientos utilizados por el instituto para calcular los índices nacionales.
"En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción III, inciso a), de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, a partir del quince de julio de dos mil once, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y no el Banco de México, quien directamente se encarga de elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
"Por tanto, es inconcuso que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León al prever para los efectos de lo dispuesto en los artículos 122, 125, 126 y 127 de la citada legislación, que los montos que en los mismos se señalan, vinculados con el cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se actualizarán en el mes de diciembre de cada año aplicando el factor que se obtendrá en términos del artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, contiene la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, porque aun cuando en el artículo 18 Bis en cita se indique que para la obtención del aludido factor se atenderá al Índice Nacional de Precios al Consumidor, se trata de un elemento que no genera en el contribuyente promedio la certeza de la forma en que debe cubrir el pago del impuesto controvertido.
"De ahí que el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León al no otorgar al gobernado certidumbre sobre los factores que inciden en la carga tributaria del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, transgrede la garantía de legalidad tributaria inmersa en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. LXXVI/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic), de rubro y texto:
"‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO.’ (se transcribe)
"Ante tales condiciones, al resultar inconstitucional el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León que define la forma en que los montos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos deberán ser calculados para su pago por parte de los contribuyentes, lo que afecta a la legalidad del tributo que como se indicó en esta ejecutoria constituye un sistema tributario integral, por ende al contravenir lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, procede concederle a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la norma tributaria en que se funda el pago de la contribución se desincorpore de la esfera jurídica de los contribuyentes, es decir, la respectiva obligación tributaria, lo que conlleva la devolución del pago que hubieren efectuado con motivo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.
"Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis 2a. XXV/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 725, Tomo XXVII, febrero de 2008 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"‘LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS.’ (se transcribe)
"Por tanto, ante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, lo que trasciende a la forma de calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, al tratarse, como se indicó, en esta ejecutoria, de un sistema tributario integral, lo pertinente es en la materia de la revisión revocar la sentencia controvertida y conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal para que se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que al haberse precisado en esta propia ejecutoria que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se trata de un sistema integral, ello tendrá como consecuencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, se devuelva a los quejosos el pago del impuesto que hubieren cubierto por los vehículos de su propiedad, que detallaron en su demanda de garantías y con respecto a los cuales se tuvo por acreditado el acto reclamado."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver en sesión de ocho de diciembre de dos mil once el amparo en revisión número 620/2011, coincide con lo resuelto en el amparo en revisión 612/2011 resuelto por dicho tribunal el catorce de diciembre de dos mil once, en la parte que interesa, estableció lo siguiente:
"QUINTO. La parte quejosa en el primero de sus agravios expone que el propio juzgador resuelve que en las disposiciones aplicables al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no existe un procedimiento expresamente establecido para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ni siquiera una remisión expresa a otra ley que lo contenga, por lo que es evidente que las disposiciones impugnadas violan el principio de legalidad tributaria, siendo ilegal que tal juzgador señale que el procedimiento se encuentra contenido en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, puesto que la garantía de legalidad exige que los elementos esenciales del impuesto, como en el caso lo es dicho procedimiento, esté consignado de manera expresa en la ley, para evitar que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, por lo que si la intención del legislador era remitir al citado precepto legal, era necesaria la mención expresa dentro de alguna norma del sistema de tributación relativo al impuesto, de la remisión al procedimiento respectivo, lo cual no sucedió.
"Agrega, que el indicado artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación no es aplicable supletoriamente para pretender colmar la laguna, puesto que es necesario que el ordenamiento a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos.
"El anterior agravio resulta infundado.
"Lo anterior, toda vez que no obstante el juzgador de origen manifestó que en las disposiciones aplicables al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no existe un procedimiento expresamente establecido para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, cierto es que, c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23807-721ff4d6/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-la-remision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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