TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).
AMPARO EN REVISIÓN 148/2004. JUAN CARLOS MICHEL ACEVES.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. En su primer agravio, la recurrente esgrimió que el Juez del conocimiento indebidamente estableció la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.
En el mismo agravio, la recurrente manifestó que erróneamente se le apercibió, en atención a lo que concierne a que falseó los hechos que sirvieron como base para los actos reclamados en el juicio de amparo.
Los agravios anteriormente sintetizados, ya fueron materia de análisis en la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, y no pueden ser vueltos a considerar en la presente instancia, ello con fundamento en el siguiente criterio.
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, diciembre de 2003
"Tesis: P. XVII/2003
"Página: 18
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN INMUTABLE E INATACABLE. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, décimo, décimo primero y décimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisión en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposición del procedimiento, así como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal, y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hipótesis, dejarán a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirán los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere características de inatacabilidad e inmutabilidad, de manera que ni siquiera el Máximo Tribunal de la República está jurídicamente facultado para modificarla.
"Amparo en revisión 199/2002. Moisés Saba Masri. 9 de septiembre de 2003. Mayoría de seis votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero."
TERCERO. En el inciso c) del primer agravio (foja 21 del toca), el recurrente combatió la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 5o., fracción I, párrafo segundo y fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, decretada por el Juez de Distrito.
Conviene señalar que, al respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento, dejó resuelta la cuestión relativa al segundo párrafo de la fracción I del artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por actualizarse de oficio la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 de la misma ley.
Por lo que concierne al agravio referido al artículo 5o., fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el ad quem consideró que resultaba fundado, en consecuencia, modificó la sentencia en el sentido que se entrara al estudio de la constitucionalidad de esa fracción. Para mayor claridad, la parte que interesa de la sentencia del Tribunal Colegiado, a la letra dice:
"Así las cosas, resultaría improcedente el juicio constitucional contra el precepto 5o., fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para dos mil tres, si se impugna en forma aislada, lo cual no sucede en la especie, toda vez que del examen de la demanda de amparo, apreciada en forma integral, se advierte que su impugnación se realizó por el envío realizado por el inciso b) del numeral 15-C de la multialudida ley de tenencia, al establecer ‘... La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere este artículo, y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 5o. de esta ley ...’, mismo que fue reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de treinta de diciembre de dos mil dos, para el pago de la tenencia de vehículos no nuevos.
"...
"Consecuentemente, se modifica la sentencia revisada por cuanto hace a la impugnación del precepto 5o., fracción IV, en la modalidad de la remisión realizada por el numeral 15-C, ambos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en razón de que, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, sí es posible, de resultar procedente conceder el amparo, concretizar sus efectos, es decir, reducirle al promovente del amparo la tarifa del gravamen de mérito."
En esta tesitura, se procede al análisis del concepto de violación vertido por el quejoso relacionado con la fracción IV del artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Al respecto, el quejoso señaló que dicha fracción establece un mecanismo de causación en el cual los vehículos nuevos destinados al transporte público denominados "taxis", deberán enterar el impuesto que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil. Ahora bien, el quejoso se duele de que el hecho de que un vehículo se destine a un uso en particular no justifica una tarifa preferencial para calcular el impuesto, lo que trae como consecuencia que este mecanismo sea inequitativo. Aunado a lo anterior, aun cuando este trato preferencial tenga un motivo extrafiscal, según lo establece el quejoso, resulta inconstitucional, en virtud de que el legislador debió haber establecido tarifas para cada uno de los destinos a los que se pueda usar un vehículo.
No asiste la razón al quejoso, en atención a las siguientes consideraciones:
En primer término, la fracción IV del artículo 5o. de la ley reclamada, no atenta contra el principio de equidad tributaria, pues no otorga un trato diferente de manera arbitraria a los tenedores o usuarios de automóviles que cuenten con permiso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y los denominados "taxis".
Dado que la cuestión a dilucidar tiene que ver con la interpretación y alcance de la garantía de equidad tributaria contenida en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene citar las interpretaciones que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado en las tesis de jurisprudencia que a continuación se transcriben.
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, marzo de 2000
"Tesis: P./J. 24/2000
"Página: 35
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, junio de 1997
"Tesis: P./J. 42/97
"Página: 36
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."
De las tesis de jurisprudencia transcritas, se desprende que la equidad tributaria se traduce en que los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en iguales circunstancias frente a la ley, deben recibir un trato idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos, deducciones permitidas, etcétera; en tanto que los sujetos de un mismo gravamen que se ubiquen en una situación diversa, deben recibir un trato distinto.
Para dar cumplimiento a dicha garantía, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, con la condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para afectar a los individuos pertenecientes a un determinado universo de causantes.
Precisado lo anterior, se estima necesario destacar que el legislador federal expresó cuáles fueron las razones o motivos que tomó en consideración para establecer un tratamiento distinto para los propietarios de automóviles que cuenten con permiso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y los denominados "taxis" y aquellos que lo utilicen para un fin diverso, como puede ser para su uso particular.
En efecto, en la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete (antecedente directo del artículo impugnado), en la parte que interesa, establece:
"5. Nuevas tasas para el fomento de actividades.
"Con el propósito de apoyar la reactivación de la actividad del transporte y promover un oportuno cumplimiento en el pago del impuesto sobre tenencia, se propone reducir en 50 por ciento las tasas que se aplican a los vehículos destinados al transporte de carga y pasajeros.
"En este mismo sentido, se propone ubicar a los vehículos destinados al servicio público de transporte en el apartado correspondiente al transporte de pasajeros, a efecto de que se les aplique la tasa de 0.245 por ciento."
Ahora bien, la parte relativa de la exposición de motivos de la reforma de la multicitada ley, de fecha siete de noviembre de dos mil dos, que en el presente juicio de amparo se combate, a la letra dice:
"La Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en su artículo 5o., fracción IV, establece la mecánica para la determinación del impuesto en tratándose de automóviles nuevos destinados al transporte de más de 15 pasajeros o efectos y para automóviles que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros.
"Sin embargo, dicha fracción no aclara que ese procedimiento también resulta aplicable para los automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros denominados taxis. Por ello, y con el propósito de evitar confusiones al momento de determinar el impuesto correspondiente, se propone aclarar que dicho procedimiento también es aplicable para ese tipo de vehículos."
En este orden de ideas, se pone de manifiesto que el tratamiento preferencial que establece el precepto combatido para los propietarios de vehículos con permiso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y los denominados "taxis", obedece al propósito de apoyar la reactivación de la actividad del transporte y promover un oportuno cumplimiento en el pago del impuesto sobre tenencia.
Por tal motivo, al existir razones objetivas para justificar el diverso tratamiento fiscal que prevé la ley para los propietarios de vehículos con permiso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y los denominados "taxis", resulta que el artículo 5o., fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en dos mil tres, no transgrede en modo alguno la garantía de equidad, que prevé la fracción IV del artículo 31 constitucional.
Al margen de la conclusión alcanzada, procede establecer que el fin extrafiscal sí justifica la distinción del trato a los contribuyentes señalados, toda vez que la finalidad extrafiscal se manifiesta como medio de ordenación económica y social; por ende, no sólo puede tener un fin eminentemente recaudatorio, sino que puede instituirse como un medio regulador de conductas sociales o como instrumento eficaz de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, como acontece en el caso, teniendo en cuenta la finalidad extrafiscal que consideró el legislador para otorgar un trato distinto a los propietarios de vehículos con permiso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y los denominados "taxis", que fue en concreto apoyar la reactivación de la actividad del transporte y promover un oportuno cumplimiento en el pago del impuesto sobre tenencia.
Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, junio de 1991
"Tesis: P./J. 18/91
"Página: 52
"CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos."
Similares consideraciones fueron sostenidas por la Segunda Sala, al resolver los amparos en revisión identificados con los números 2166/2003, 114/2004 y 2648/2003, aprobados en las sesiones del cinco de marzo, veintiséis del mismo mes y dos de abril, todos de dos mil cuatro.
Ahora bien, no pasa inadvertido que el Tribunal Colegiado, determinó en su resolución que de la lectura de los conceptos de violación se infería la relación del artículo 5o., fracción IV, con el artículo 15-C, ambos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Sin embargo, de la lectura íntegra de los conceptos de violación, esta Sala no encuentra que el quejoso haya relacionado específicamente los artículos mencionados. A lo sumo, el quejoso manifestó genéricamente que los artículos 5o. y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, violan las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, en virtud de que el mecanismo de causación previsto en dichos numerales no atiende a la capacidad contributiva de los tenedores o usuarios de vehículos, toda vez que se determina por factores preestablecidos de actualización en lugar de atender al valor real de los vehículos.
No asiste la razón al quejoso, toda vez que el sistema de causación al que alude (previsto en los artículos 5o. y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en dos mil tres), parte de una base objetiva referida al valor real de los vehículos. En efecto, el artículo 15-C de dicha ley, establece con toda claridad dentro del procedimiento para calcular la base del impuesto a enterar, que se toma en cuenta "el valor total del automóvil establecido en la factura original o carta factura ...". Tal situación refleja un elemento por demás objetivo para cualquier contribuyente.
Por otro lado, la norma mencionada dispone que a la cantidad reflejada en la factura se le aplique un factor de depreciación determinado por el legislador. Este factor, lejos de alejarse del valor real del vehículo, tiende a acercarse a él, pues el paso del tiempo viene a ser otro factor objetivo por antonomasia para determinar el uso o desgaste del vehículo.
Los factores que se acaban de mencionar (valor comercial y tiempo) son, se insiste, objetivos y perfectamente aplicables a todos los destinatarios de la norma. Además, resultan elementos útiles y racionales a nivel legislativo, que toda norma (general, abstracta e impersonal) requiere para poder ser aplicada sin violar el principio de universalidad.
El hecho de que los factores anteriormente mencionados estén preestablecidos en la norma, no puede sino beneficiar a los contribuyentes, dado que se traduce en un elemento de seguridad jurídica. Así, no puede sostenerse, como pretende el quejoso, que el hecho de que existan factores preestablecidos dentro del cálculo del impuesto referido, no atienda al valor real de los vehículos.
Finalmente, la tarifa establecida en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos al que remite el artículo 15-C, ofrece también un elemento objetivo para los contribuyentes al establecer diferentes rangos referidos a los valores de los vehículos que atienden a la particular capacidad contributiva de los sujetos pasivos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el concepto de violación en estudio resulta infundado.
CUARTO. La recurrente, en su segundo agravio, en la parte relativa a lo que a esta jurisdicción corresponde, esencialmente señaló que el Juez de Distrito no atendió un argumento que planteó en su demanda de amparo y que consiste esencialmente en lo siguiente:
El artículo 5o., facción I, en relación con el artículo 15-C, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, infringen las garantías de equidad y proporcionalidad contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, a juicio del quejoso, el referido artículo 5o. no establece en el primer renglón de la tarifa "una cuota fija o cuota mínima" que permita efectuar el pago conforme a la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo de la norma. Ese primer renglón -continúa- no establece una cuota fija para el cálculo del impuesto, sino una tasa del 2.6%, la cual debe ser aplicada en su totalidad a la cantidad que corresponda al valor total del vehículo, con lo cual el contribuyente se ve ante la imposibilidad de pagar proporcionalmente el impuesto. A su juicio, el resto de los renglones de la tabla contenida en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos al establecer una cuota fija para calcular el gravamen, sí permiten al contribuyente pagar proporcionalmente el impuesto.
Este agravio deviene infundado, pues el Juez de Distrito no omitió analizar el planteamiento del quejoso que acaba de ser sintetizado en el párrafo anterior. En efecto, en las páginas 342 vuelta y 343 del cuaderno de amparo, el a quo señaló lo siguiente (se añaden énfasis):
"... si bien (el quejoso) se encuentra en el supuesto de la norma, el salto de un rango a otro de la tarifa progresiva, que estima es un salto cuantitativo que implica un trato desigual, no opera para él, ya que de acuerdo al valor de su vehículo siempre se encontrará en el primer rango; y, consecuentemente, dicho salto de un rango a otro sea o no cuantitativo, es inexacto que le afecte tal circunstancia, lo que hace que sus conceptos de violación aducidos en este aspecto sean infundados, en cuanto a dicha mecánica establecida para el cobro del tributo que nos ocupa, ya que como se estableció a él no se le aplica la mecánica de un salto de rango a otro."
Como puede verse, no asiste la razón al quejoso cuando afirma que el Juez de Distrito omitió tomar en cuenta su argumento, pues determinó que al ubicarse en el supuesto del primer rango de la tabla -que es lo que alega esencialmente el quejoso-, no era posible que para él operara el salto de rango. En esa tesitura, habiéndose demostrado que no puede sostenerse lo que el quejoso señala en su agravio segundo, éste debe considerarse infundado.
Por lo demás, aun cuando el Juez de Distrito analizó el planteamiento señalado, el argumento del quejoso no puede sostenerse por sí mismo, pues el hecho de que se ubique en el primer supuesto de la tabla señalada en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no implica en modo alguno que se le dé un trato desigual que le perjudique con respecto a los restantes renglones de la tabla, toda vez que la estructura de la misma permite dar a cualquier contribuyente un trato proporcional y equitativo.
En efecto, la tabla contenida en el artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es la siguiente:
"Artículo 5o. ...
"I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la siguiente:
Ver tabla
..."
Así, cualquier contribuyente (que se ubique en cualquiera de los renglones señalados) debe realizar un cálculo aritmético en los siguientes términos:
a) A la base gravable debe restarse el límite inferior del rango en que se ubique el valor del automóvil del contribuyente.
b) El resultado obtenido se multiplica por la tasa porcentual correspondiente al mismo rango.
c) Al resultado obtenido se le suma la cuota fija del rango correspondiente, dando como resultado final el monto a pagar por el contribuyente por concepto de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Para utilizar un ejemplo que cae en el supuesto del primer renglón de la tabla, podemos restar de la cantidad de $449,999.99 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 99/100), el límite inferior del rango en que se ubica en la tabla dicha cantidad, esto es $.01 (un centavo), dando como resultado la cantidad de $449,999.98 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100).
El resultado así obtenido, se multiplica por la tasa porcentual correspondiente a ese rango, es decir, 2.6% (dos punto seis por ciento), dando como resultado la cantidad de $11,699.99948 (once mil seiscientos noventa y nueve pesos 99948/100).
Para obtener el monto final a pagar, al resultado obtenido debió sumarse la cuota fija del rango correspondiente, es decir, cero pesos, dando como resultado del impuesto a enterar al fisco la cantidad de $11,699.99948 (once mil seiscientos noventa y nueve pesos 99948/100).
Continuando con el ejemplo y tomando como punto de partida la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100), es decir, variando en un centavo dentro del mismo rango, el mecanismo de causación sería el siguiente:
Restar a la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100) el límite inferior del rango en que se ubica en la tabla dicha cantidad, esto es, $0.01 (un centavo), dando como resultado la cantidad de $449,999.99 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 99/100).
El resultado así obtenido, se multiplica por la tasa porcentual correspondiente a ese rango, es decir, 2.6% (dos punto seis por ciento), dando como resultado la cantidad de $11,699.99974 (once mil seiscientos noventa y nueve pesos 99974/100).
Para obtener el monto final a pagar, al resultado obtenido se suma la cuota fija del rango correspondiente, es decir, $0.00 (cero pesos 00/100), dando como resultado el impuesto a enterar al fisco: la cantidad de $11,699.99974 (once mil seiscientos noventa y nueve pesos 99974/100).
Como puede apreciarse la correcta aplicación de la tabla multirreferida, no produce aumentos desproporcionales dentro del mismo rango, como pretende el quejoso.
El hecho de que la cuota fija sea de cero pesos, no significa que la misma no exista, como pretende el quejoso, pues no puede confundirse el concepto aritmético de cero con el concepto ontológico de existencia. El que la tasa fija que corresponde al primer renglón sea cero, en nada afecta a la proporcionalidad y progresividad que arroja la tabla, pues esa cantidad se toma como punto de partida y es una cantidad que se adiciona a la cantidad obtenida, por lo cual al ser cero, en nada puede afectar al quejoso. Mientras menor sea esa cantidad, menos puede afectarle o, dicho de otro modo, la cantidad cero es la que positivamente menos le afecta.
Finalmente, conviene destacar que la totalidad de los argumentos vertidos por el quejoso en su tercer agravio han sido ya atendidos y resueltos en la presente resolución, pues no son otra cosa que la repetición de los razonamientos que expuso en sus dos primeros agravios.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Michel Aceves, respecto de los artículos 5o., fracciones I y IV, y 15-C, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en el año de dos mil tres, en términos de los considerandos tercero y cuarto del presente fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución remítanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz (ponente) y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18399-0f6625b9/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-15-c · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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