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Modo: Corpus Pro

LITIS CONSTITUCIONAL. SU DELIMITACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, TRATÁNDOSE DE ASUNTOS EN QUE OPERA EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 168/2004. · Registro digital (IUS): 19965
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JAIME MARIANO GARZA TREVIÑO Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 1483.

AMPARO EN REVISIÓN 168/2004. JAIME MARIANO GARZA TREVIÑO Y OTROS.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Resulta inoperante el único motivo de agravio esgrimido por los quejosos, ahora recurrentes, ya que el argumento que se contiene en él, se ocupa de un tema que no fue materia de los conceptos de violación, como se verá enseguida.

Cabe precisar, de manera previa, cómo se delimita la controversia en un juicio de amparo de dos instancias, esto es, ante el Juez de Distrito y, en su caso, ante el órgano revisor cuando se interpone el recurso de revisión, circunscribiéndolo a este caso concreto.

La litis constitucional en el presente juicio de amparo indirecto cuya sentencia se revisa, es decir, la materia de estudio en tal asunto y que constituyó el límite y la condición de la jurisdicción del Juez Federal, se integró tanto con los conceptos de violación externados en la demanda de garantías promovida por los quejosos, como por las consideraciones y los fundamentos que sustentan el sentido de la providencia jurisdiccional reclamada; siendo esto así, puesto que en el caso, como tratándose de cualquier otra resolución judicial, cobra exacta aplicación el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia jurisdiccional, de que la litis de amparo se constriñe al estudio de los razonamientos vertidos por la autoridad responsable en el acto combatido de que se trate para sostener el sentido del mismo, a la luz de los planteamientos expresados por los peticionarios de amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del mencionado acto reclamado, al no ser beneficiarios de la suplencia de la queja deficiente, que consagra el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Es aplicable la tesis aislada que este cuerpo colegiado comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, noviembre de 1991, página 239, de rubro y texto siguientes:

"LITIS CONSTITUCIONAL. ARGUMENTOS QUE LA INTEGRAN.-Los razonamientos expresados en la demanda de garantías, son los que únicamente deben tomarse en consideración en la litis constitucional, para que el Juez de Distrito ajuste su proceder al principio de congruencia al dictar sentencia."

En el recurso de revisión, la materia de la segunda instancia en el amparo, se limita al estudio integral del fallo que se combate en vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes, siempre que no se advierta alguna incongruencia que amerite corregirse de oficio.

Por tanto, los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones lógico-jurídicos contenidos en la sentencia que se recurre y no pueden ni deben comprender cuestiones diversas de su materia; de ahí que a través de ellos no sea factible introducir cuestiones no controvertidas ante la potestad común ni las no expuestas en los conceptos de violación (salvo cuando proceda la suplencia de la queja, que no es el caso), porque ello implicaría alterar la litis constitucional, a menos que el Juez de Distrito sea quien la altere, excediéndose, o no la agote a plenitud, pues en este supuesto sí se podrán formular agravios ajenos a ella.

Merece ser invocada, la tesis que este tribunal comparte, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 449, que dice:

"LITIS CONSTITUCIONAL. ALTERACIÓN DE LA.-Si a juicio del quejoso son inconstitucionales los artículos en que la autoridad responsable fundó el acto reclamado, debió plantear la reclamación correspondiente en el juicio de garantías que promovió contra ese acto y, si no lo hace así, no es posible hacer examen alguno sobre el particular, dado que se alteraría la litis constitucional."

Ahora bien, en el proveído de veintinueve de enero de dos mil cuatro que constituye el acto reclamado, la Junta responsable pronunció su fallo bajo los argumentos torales siguientes:

"... Apreciándose del ocurso de cuenta que la parte demandada interpone revisión, solicitando se declare la prescripción del laudo dictado en autos y del cual fue notificada la parte actora en fecha 4 de noviembre de 1999, dígasele que no ha lugar a acordar lo solicitado en virtud de que no se reúnen los requisitos que establece el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior en virtud de que si bien es cierto que la parte actora fue notificada en fecha 4 de noviembre de 1999 del laudo dictado en autos, también lo es que en la presente reposición de autos corre agregado escrito signado por el apoderado legal de la parte actora mediante el cual solicitó la ejecución forzosa del laudo de fecha 11 de octubre de 1999, siendo que dicho escrito presenta sello de recibido por esta autoridad laboral el día 13 de marzo de 2001 y corre agregado a foja 1 del expediente en que se actúa, asimismo, la parte actora presentó diversos escritos ante esta laboral en fechas 18 de octubre de 2001, 25 de octubre de 2001 y 30 de octubre de 2001, en los cuales solicita el cumplimiento del laudo dictado dentro del presente expediente, corriendo agregados dichos escritos a fojas 238, 240 y 251 del expediente listado (sic) al rubro ..." (foja 348 del cuaderno de amparo).

En el primer concepto de violación formulado en la demanda de amparo, los peticionarios de garantías, en esencia, adujeron que se transgredía en su perjuicio el artículo 14 constitucional, ya que la autoridad responsable no acató las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que despachó la ejecución de un laudo cuando éste ya se encontraba prescrito, puesto que la acción para solicitar la ejecución del laudo, como contempla el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, prescribe en dos años, siendo que el laudo por el que se despacha la ejecución, se dictó el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, y fue notificado a las partes el cuatro de noviembre del mismo año, de tal forma que habían transcurrido más de dos años para decretar la prescripción, sosteniendo su afirmación en la tesis de rubro: "PRESCRIPCIÓN POR INEJECUCIÓN DEL LAUDO.". Además, argumentan, no debió despacharse en ejecución de un laudo, el embargo, sin que exista previamente el requerimiento de pago.

Como segundo concepto de violación, señalaron que se violó el artículo 16 constitucional, ya que el acto reclamado no se encontraba fundado ni motivado, dado que les favorecía la prescripción de la ejecución del laudo.

Por su parte, el Juez de Distrito, para negar el amparo solicitado por los quejosos, razonó que la Junta responsable estuvo en lo correcto al considerar que en el juicio laboral 203/2/99, no se actualizó la figura jurídica de la prescripción en la ejecución del laudo, contemplada en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la misma se interrumpió con el impulso procesal que le fue dando la parte actora para lograr el cumplimiento en sus términos del laudo de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Asimismo, el Juez a quo argumentó que no podía alegarse que con anterioridad la parte actora en el juicio natural no había promovido lo necesario para que se ejecutara el laudo, puesto que como se advertía de las actuaciones del juicio laboral, fue necesario que primero se tramitara la reposición de autos ante el extravío del expediente, lo cual lógicamente impedía que transcurriera el término de la prescripción, sin que obste a las consideraciones anteriores que el extravío del expediente no esté contemplado como una causa que interrumpa la prescripción, ya que en justicia social, al no ser tal circunstancia atribuible al trabajador, lógico era que no le podía parar perjuicio en sus intereses.

Además de lo anterior, consideró el Juez Federal que se interrumpió la prescripción en comento, porque de las constancias que obran en el expediente, se advertían diversos escritos de solicitud de la ejecución del laudo ante la Junta responsable, presentados por la parte actora, ahora tercera perjudicada, en fechas trece de marzo de dos mil uno, dieciocho, veinticinco y treinta de octubre de ese mismo año, treinta de julio de dos mil dos, veintiocho de julio, catorce de agosto, veintitrés de septiembre y uno de diciembre de dos mil tres; de los que se desprendía tajantemente que no han transcurrido más de dos años para solicitar la ejecución del laudo, y sí que se interrumpió de manera fehaciente dicho plazo.

En ese contexto, concluyó, lo expuesto por la Junta responsable en el auto de veintinueve de enero del año en curso, no contraviene las garantías individuales de la parte quejosa, pues si bien es cierto el laudo emitido el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve fue notificado a las partes el cuatro de noviembre de ese año, no menos cierto es que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no han transcurrido más de dos años, y que de conformidad con el artículo 521 del código obrero, que prevé que el aludido término se interrumpe con la presentación de cualquier promoción relativa a la ejecución del laudo, máxime que como de autos se advierte, éstas han sido contundentes al expresar la solicitud de ejecución del laudo por la parte trabajadora.

Por su parte, los quejosos, ahora recurrentes, en su único motivo de inconformidad esencialmente aducen que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que el laudo que se dictó en el expediente de donde emana el acto reclamado, se les condenó a la reinstalación de José Mendoza Galván, y a diversas prestaciones en cantidad líquida; por tanto, si bien los escritos que presentó el mencionado actor tienden a solicitar la ejecución del laudo, empero, los mismos se refieren únicamente a la cantidad líquida mas no a la reinstalación, por tanto, concluyen, opera la prescripción de la ejecución del laudo.

Establecido todo lo anterior, debe decirse que en la sentencia recurrida nada se dijo respecto de la última parte del primer concepto de violación ni del segundo de ellos, en donde los peticionarios de amparo alegaron que: a) No debió despacharse embargo sin antes existir requerimiento de pago; y b) La resolución reclamada es violatoria del artículo 16 constitucional porque no está fundada ni motivada.

Sin embargo, como los inconformes omiten en sus agravios hacer mención al respecto, y no es procedente aplicar en su favor el principio de la suplencia de la queja deficiente, por ser la parte patronal en el juicio laboral de origen, no es posible darles respuesta reasumiendo jurisdicción.

En lo que atañe a los agravios formulados, es de reiterar su evidente inoperancia, atento a lo siguiente.

Como se ve, la autoridad responsable para indicar que se interrumpió la prescripción de la ejecución del laudo, toma como base los diversos escritos presentados por el actor, en fechas trece de marzo de dos mil uno, dieciocho, veinticinco y treinta de octubre del mismo año; de igual forma, el Juez de Distrito hace referencia a las promociones de trece de marzo de dos mil uno, dieciocho, veinticinco y treinta de octubre de ese mismo año, treinta de julio de dos mil dos, veintiocho de julio, catorce de agosto, veintitrés de septiembre y uno de diciembre de dos mil tres.

Por consiguiente, es claro que el contenido de las constancias a que hizo alusión la responsable y que retomó como motivación de su sentencia el Juez de Distrito, nunca fue materia de queja por parte de los peticionarios de garantías, ya que de ninguna manera refirieron en sus conceptos de violación argumento alguno tendiente a poner en tela de duda la efectividad de los escritos presentados por el actor, y en los cuales la responsable hace descansar la interrupción del término de la prescripción del laudo, de tal manera que el análisis intrínseco de dichas promociones, en cuanto a si en ellas se solicitó la ejecución parcial o total del laudo, o de la cantidad de dinero o de la reinstalación, como conceptos de condena, no constituyó un tema que se haya integrado como parte de la litis constitucional y, por ende, el Juez de Distrito no estuvo en aptitud legal de analizarlo.

En consecuencia, deviene inoperante el motivo de inconformidad donde los quejosos sostienen que resulta ilegal lo razonado por el Juez Federal en el fallo constitucional que se revisa, acerca de que los escritos que presentó el mencionado actor tienden a solicitar la ejecución del laudo, porque los mismos se refieren únicamente a la cantidad líquida a que fueron condenados, mas no a la reinstalación; lo anterior es así, puesto que la materia de la revisión debe limitarse a atender los motivos de agravio encaminados a demostrar lo inatinado de los argumentos expresados por el juzgador de amparo en su fallo, pero ajustándose estrictamente a la litis constitucional, sin introducir aspectos novedosos sobre puntos ajenos a la materia del juicio, como lo es el tema referido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XII, Tercera Parte, página 12, de rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN.-Si puede apreciarse de los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su demanda de amparo, que en ninguna parte de ellos se invocó la argumentación que después esgrime en la revisión resulta que la cuestión planteada en el agravio que se expresa es novedosa y, por lo mismo, ajena a la litis planteada ante el a quo. En consecuencia, la Suprema Corte se encuentra impedida para abordar y decidir respecto de dicha cuestión, que por no haber sido materia de la litis el citado Juez recurrido no analizó, pues debe tomarse en cuenta que la litis en la revisión de una sentencia de amparo está constituida por los agravios que se hagan valer en contra de las argumentaciones en que se apoya aquella sentencia."

De igual forma apoya la anterior consideración, la tesis que este tribunal comparte, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 78, que se lee:

"AGRAVIOS IMPROCEDENTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN.-No es posible revocar la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, si lo alegado en los agravios y las violaciones a las disposiciones legales que al respecto invoque el recurrente, son notoriamente incongruentes con la litis planteada en el juicio de amparo, porque dichos argumentos no participaron del debate en vía de conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías y se estarían introduciendo cuestiones ajenas a la litis constitucional, con violación de lo preceptuado por el artículo 76 de la Ley de Amparo en vigor."

Luego, al resultar que el único concepto de agravio esgrimido por los peticionarios de garantías, ahora recurrentes, resultó inoperante, debe modificarse la sentencia constitucional emitida en el juicio de amparo indirecto 166/2004, por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, de fecha treinta de abril de dos mil cuatro; respecto a la corrección hecha en la parte final del considerando quinto de la presente resolución.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción I, 85, fracción I, de la Ley de Amparo, así como 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jaime Mariano Garza Treviño, por sí y en su carácter de representante legal de Maderería Garza, Sociedad Anónima y Mariano Garza Willis, contra el acto que reclamaron de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tampico, Tamaulipas, consistente en el auto de veintinueve de enero de dos mil cuatro, pronunciado en ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 203/2/1999.

Notifíquese como corresponda; anótese y con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad archívese el asunto como concluido.

Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de votos, integrado por los Magistrados Rafael Quiroz Soria y Jorge Sebastián Martínez García, así como el licenciado Gerónimo Luis Ramos García, secretario de tribunal autorizado para desempeñar interinamente las funciones de Magistrado de Circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que se acordó en sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil tres; siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19965-30ee9590/litis-constitucional-su-delimitacion-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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