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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA LA FALTA DE LLAMAMIENTO A JUICIO DE LA AUTORIDAD QUE NO PARTICIPÓ EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE CREACIÓN DE LA LEY IMPUGNADA Y A LA QUE NO SE LE RECLAMAN ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN POR NO HABERLA APLICADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 46/2003. · Registro digital (IUS): 17840
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LUIS GARZA T. FERNÁNDEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, , Pág. 1139.

AMPARO EN REVISIÓN 46/2003. LUIS GARZA T. FERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios de transcripción previa, referidos al sobreseimiento decretado por el resolutor federal en el fallo venido a revisión, por actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los diversos 74, fracción III y 116, fracción III, todos de la Ley de Amparo, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar dicha determinación como se demostrará en el curso de la presente ejecutoria.

Aduce el recurrente, en la parte que interesa, que al considerarse por el Juez de Distrito, que debió llamarse a juicio como autoridad responsable ejecutora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicó e interpretó en forma incorrecta la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, en relación con los diversos 5o., fracción II, 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento, pues sostiene el disconforme que quien aplicó la ley reclamada fue su empleador, es decir, el particular que en cumplimiento de los artículos 115 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta quien realizó la retención del tributo impugnado en su carácter de auxiliar de la administración pública por lo que, dice, en ese caso no era necesario reclamar el acto de aplicación y, en consecuencia, tampoco existe la obligación de señalar a una autoridad como responsable del mismo.

Previo a exponer las razones por las que este órgano revisor estima fundado lo así manifestado por Luis T. Garza Fernández, es conveniente recordar que el reclamo que elevó ante el a quo federal, en la parte que en este punto nos ocupa, se constriñó a la pretendida declaración de inconstitucionalidad del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, particularmente su artículo 109, fracción XI, segundo párrafo reformado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, y al respecto efectuó los siguientes señalamientos:

"III. Autoridades responsables: en los términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, las siguientes:

"a) H. Congreso de la Unión.

"b) C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"c) C. Secretario de Gobernación.

"d) C. Director del Diario Oficial de la Federación.

"IV. Ley o actos que de cada autoridad se reclaman:

"1. Del H. Congreso de la Unión:

"La aprobación y expedición del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, particularmente su artículo 109, fracción XI, segundo párrafo reformado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.

"2. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

"El decreto por el que promulgó y ordenó publicar la ley señalada en el punto anterior.

"3. Del C. Secretario de Gobernación:

"El refrendo promulgatorio de la ley mencionada.

"4. C. Director del Diario Oficial de la Federación:

"La publicación en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día 30 de diciembre del 2002, de las reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

Respecto al acto de aplicación de la norma cuya declaración de inconstitucionalidad pretende, refirió:

"Con fecha 17 de febrero del presente año, conocí por medio del recibo de nómina que la sociedad para la que laboro me otorgó una compensación extraordinaria de 2003, por la cantidad de $77,831.00 y me retuvo por concepto de impuesto sobre la renta la cantidad de $26,462.51, con respecto de la compensación extraordinaria que me fue otorgada."

Para acreditar la relación laboral que dijo lo une con el retenedor del impuesto cuestionado, el quejoso adjuntó a su demanda de amparo el documento en que se contiene el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado que celebró el uno de julio de dos mil uno, con la empresa Técnica Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas de la sesenta a la sesenta y tres del expediente natural).

Luego, para corroborar el acto de aplicación de la norma que tildó de inconstitucional, exhibió recibo de nómina expedido en su favor por la aludida empresa el quince de febrero de dos mil tres, en el que, a más de otras percepciones, se asienta la relativa a "bono extraordinario 2003", que asciende a setenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos, moneda nacional, en cuyo apartado correspondiente a las deducciones se observa la relativa al impuesto por bono extraordinario dos mil tres, por la cantidad de veintiséis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos, cincuenta y un centavos, moneda nacional (foja sesenta y cuatro del sumario constitucional).

Cabe destacar que el reclamo de inconstitucionalidad realizado por Luis T. Garza Fernández se aboca, en principio, a la norma legal que prevé el tributo por importes excedentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mientras que respecto al acto concreto de aplicación, este órgano revisor observa, no se reclama por vicios de legalidad, sino sólo se hizo referencia a él al quejarse del artículo en que se funda por estimar que se opone al texto constitucional.

En tal orden de ideas, es evidente que quien aplicó la norma impugnada al peticionario del amparo fue el patrón, actuando por mandato de la ley como auxiliar de la administración pública, sin intervención de autoridad alguna, en sentido formal, por lo que, como con acierto lo expone el disconforme, la circunstancia de que el empleador haya efectuado al impetrante (trabajador) la retención de que se habla, de inicio, cumple la función de habilitar a éste para el ejercicio de la acción constitucional.

Por otra parte, aun cuando reclame la ley con motivo de su primer acto de aplicación, no atribuye a éste vicios imputables a la autoridad ejecutora, en este caso, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que sería ocioso que se le llamara a juicio al no existir un acto concreto que de ella se reclame; además de que nada puede decir para defender la constitucionalidad de la ley, al no haber intervenido en el proceso legislativo que la creó.

Se cita, por las consideraciones que de ella emanan, la tesis P. LXXIII/93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, glosada en la página cuarenta y tres, tomo setenta y uno, noviembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen:

"AUTORIDAD RESPONSABLE. RESULTA INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN AMPARO CONTRA LEYES PARA QUE SE LLAME A JUICIO A LA QUE EMITIÓ EL ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN CUANDO ÉSTE NO SE RECLAMA POR VICIOS PROPIOS. Resulta innecesario ordenar la reposición del procedimiento en amparo contra leyes para que se llame a juicio a la autoridad responsable de la emisión de un acto concreto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad es consecuencia de la del precepto legal, ya que al no estar legitimada para defender la constitucionalidad de la ley por no haber intervenido en el proceso de formación legislativa, nada puede alegar en defensa ni de la ley ni de su acto, resultando completamente irrelevante su participación pues, en esa hipótesis, el análisis de fondo se tendrá que limitar a la constitucionalidad de la ley pues sólo respecto de ella se formulan conceptos de violación y, por lo mismo, ningún estudio podrá referirse al acto de aplicación cuya calidad de reclamado sólo cumple con la función de habilitar al quejoso para que reclame la ley dentro del término de quince días a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación de aquél."

Así las cosas, al no existir en el caso particular necesidad de llamar a juicio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no procede, por ese motivo, sobreseer en el juicio respecto del acto concreto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional por parte del quejoso.

Como consecuencia de lo anterior, se torna innecesario analizar los demás agravios que se hacen valer, pues cualquiera que fuera el resultado de su examen, en nada trascendería a lo hasta ahora resuelto.

Sirve de apoyo a dicha conclusión, la jurisprudencia VI.1o. J/102, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este órgano revisor acoge, consultable en la página cincuenta y uno, tomo ochenta y cuatro, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:

"AGRAVIOS. SI EL EXAMEN DE UNO LLEVA A LEVANTAR EL SOBRESEIMIENTO. ES INNECESARIO ESTUDIAR LOS RESTANTES. Si el estudio de un agravio pone de manifiesto lo infundado de la causal de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, y no apareciendo probado otro motivo legal para sostener el sentido del fallo, lo procedente atento a lo dispuesto por el artículo 91 fracción III de la Ley de Amparo, será revocar la resolución recurrida y entrar al examen del fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, lo cual vuelve innecesario el examen de los restantes agravios."

En otro contexto, y antes de proceder al estudio de fondo del asunto, es imperativo para este Tribunal Colegiado, erigido en órgano de control constitucional, emprender el análisis de las causales de improcedencia hechas valer por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión al rendir su informe con justificación; ello en atención a que tal aspecto constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Sobre el particular se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número novecientos cuarenta se localiza en la página mil quinientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, del tenor siguiente:

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

Una de las causas de improcedencia del juicio de amparo, cuya actualización invoca la susodicha autoridad responsable, es la contenida en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues asegura que los actos que se le reclaman revisten el carácter de consumados "en virtud de que los preceptos jurídicos de la norma que se impugna han sido el resultado evidente de la terminación de un complejo proceso legislativo que le da el carácter de consumado..."

El planteamiento que antecede carece de certeza y debe, por tanto, desestimarse dicha causa de improcedencia.

En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha discernido el tema relativo, considerando que al proceso legislativo que concluye con la aprobación y expedición de la ley que emana de la Carta Magna no le reviste la característica de un acto consumado de modo irreparable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, que es la hipótesis a que aluden el precepto y fracción invocados, ya que los actos que lo conforman son los que otorgan vigencia al ordenamiento que se reclama y, en esa virtud, hacen que pueda aplicarse a los casos concretos en él comprendidos los cuales, de resultar transgresores de los derechos subjetivos públicos del gobernado, deben ser reparados a través del ejercicio de la correspondiente acción constitucional.

Tales razonamientos se contienen en la jurisprudencia que dicho Alto Tribunal emitió al respecto, la que con el número doscientos tres se consulta en la página ciento noventa y siete, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el epígrafe y sinopsis que dicen:

"LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley."

De igual manera se pronunció la otrora Tercera Sala de ese propio órgano federal en la tesis impresa en el folio trescientos cinco, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que versa:

"ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE LA APROBACIÓN DE UNA LEY PARA EFECTOS DEL AMPARO. Tanto la Constitución General de la República como la Ley Reglamentaria de sus Artículos 103 y 107, establecen el amparo contra leyes, regulando los distintos términos para la presentación de la demanda. Por otra parte, la interposición del juicio de amparo en contra de una ley tiene como finalidad precisamente evitar su aplicación en perjuicio del quejoso y, en caso que ya haya sido aplicada, que el acto de aplicación quede sin efecto. En tal virtud, la aprobación o expedición de una ley no puede considerarse como un acto consumado de modo irreparable para efectos del juicio de garantías, máxime que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tiene por objeto restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada."

Por otra parte, también aduce la Cámara de Senadores en el escrito que se analiza, que no es la primera ocasión en que a la parte amparista se le cobra el impuesto cuya inconstitucionalidad cuestiona por lo que, afirma, al haberse consentido por ésta los actos que reclama, se actualiza la causa de improcedencia inmersa en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Debe seguir idéntica suerte que la que antecede en estudio, la causa de improcedencia que bajo dichos argumentos se hace valer.

Se dice lo precedente con motivo de que, contrario a lo afirmado por la Cámara de Senadores, no existen en el sumario elementos objetivos que revelen que tal y como lo sostiene el referido órgano legislativo, se hubiere aplicado al quejoso la ley cuya inconstitucionalidad pretende en ocasión diversa y anterior a la que adujo y comprobó ante el Juez de amparo, pues lo que al respecto obra en el expediente de origen es la propia manifestación del impetrante, efectuada bajo protesta de decir verdad, en la que expresa:

"Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que el día 17 de febrero de 2003, conocimos (sic) la retención del impuesto sobre la renta llevada a efecto por la sociedad para la que laboro, por medio del recibo de pago, mismo que recibí en dicha fecha ... por lo que el primer acto de aplicación de la norma en el caso concreto, fue al momento en que recibí el recibo de pago a que hacemos (sic) referencia, esto es, el 17 de febrero del año 2003, por lo que es esa fecha de la que se debe computar el término para la presentación de esta demanda de garantías, en los términos del artículo 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo."

Aserto que se relaciona con el recibo de nómina a que alude en sus expresiones, el cual presenta fecha de expedición de quince de febrero de dos mil tres (foja sesenta y cuatro del expediente de amparo), documento que, al no haber sido objetado, adquiere pleno valor probatorio para acreditar las manifestaciones del imperante arriba traídas a colación; a lo que se aúna el hecho de que no se aportó por la Cámara en trato medio de convicción que revelara lo correcto de su afirmación, en cuanto a que no es el que se menciona por el quejoso el primer acto de aplicación de la ley en cuestión.

Ante lo expuesto se concluye que para determinar la procedencia del juicio de amparo, en cuanto a la oportunidad con que se instó, debe estarse a la fecha en que el accionante constitucional afirma, ocurrió y conoció, el que dijo fue el primer acto de aplicación del precepto que reclama, esto es, cuando se le entregó por el retenedor del tributo el recibo de nómina analizado (diecisiete de febrero de dos mil tres); momento acorde con el cual la interposición de la demanda de amparo resulta puntual, dado que la misma se presentó el siete de marzo de dos mil tres, esto es, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que el impetrante de tutela constitucional se ostentó sabedor del acto concreto de aplicación de la norma impugnada.

Lo antes afirmado se robustece con el hecho de que ha sido criterio reiterado de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, el que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no con base en inferencias o presunciones, tal y como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y siete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que estatuye:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones."

Así las cosas, debe descalificarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia, invocada por la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, pues acorde a lo ya dicho y en contraposición a lo que ésta sostiene, no existe en el sumario principal prueba alguna que ponga en evidencia que el gestionante de protección federal consintió el precepto cuya inconstitucionalidad reclama.

No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la autoridad responsable en cita, además de las causas de improcedencia que quedaron desestimadas en párrafos precedentes, también arguye actualización de las diversas contenidas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin embargo, respecto de la primera citada, los razonamientos que para su actualización esgrime se encuentran en la parte del informe en que solicita al Juez de amparo niegue al impetrante la suspensión definitiva de los actos reclamados, medida cautelar esta última de la que no se ocupa el expediente principal, sino su correspondiente incidental; mientras que tocante a la significada en segundo término, omite expresar los argumentos o consideraciones por los que afirma opera, sin que de la lectura íntegra que se realiza al referido ocurso se advierta que se haya ocupado de efectuar razonamientos tendentes a evidenciar su actualización, y al no advertirse de oficio por esta autoridad, su sola mención no obliga a ingresar a su análisis.

QUINTO. Por otro lado, se advierte que el Juez de Distrito, al pronunciar el fallo que se examina, soslayó pronunciarse en torno al planteamiento de inconstitucionalidad que la parte quejosa hizo con referencia al artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado adujo que las disposiciones de dicho numeral "son violatorias de diversas garantías individuales".

Consecuentemente, aun cuando en los agravios que hace valer el recurrente no se inconforme respecto a tal incongruencia en la sentencia que impugna, la evidente violación ocurrida en su dictado debe subsanarse por este órgano revisor, en aras de resolver con la mayor claridad posible y así lograr la mejor comprensión del fallo que se emita en esta instancia, según la regla prevista por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo.

Al caso resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 58/99 aparece publicada en la página treinta y cinco, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."

Una vez puntualizado lo anterior, debe decirse que este Tribunal Colegiado observa, respecto al acto reclamado en estudio, la actualización de una causa de improcedencia del juicio de garantías biinstancial, cuyo estudio es oficioso y de examen preferente, atento lo dispuesto en la última parte del artículo 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales.

Sobre el particular se trae nuevamente a colación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número novecientos cuarenta, se localiza en la página mil quinientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, del tenor siguiente:

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

También se invoca la diversa jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que este resolutor federal comparte, visible en la página ciento once, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, DECLARACIÓN DE LA. AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN. En atención a que la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, conforme al artículo 73 in fine de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación número 940, publicada en la página 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1989, debe hacerse valer de oficio por el juzgador del amparo, aun cuando las partes no la hayan alegado y esta facultad compete no sólo a los Jueces de Distrito en la primera instancia del juicio constitucional, sino también a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de un recurso de revisión, a pesar de que en los agravios no se haga alusión a la causal y de que en la sentencia que se revisa, se haya concedido o negado la protección federal, pues en tal caso, deberá revocarse el fallo recurrido y sobreseerse en el juicio de garantías."

La causa de improcedencia que en el asunto particular cobra vigencia, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido por Luis Garza T. Fernández, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio de la ley del Impuesto sobre la Renta, es la prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en concordancia con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disposiciones legales que, en su orden, disponen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley."

"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"...

"V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I, del artículo 1o. de esta ley."

Se afirma lo anterior en razón a que, del detenido examen que se realiza a los conceptos de violación que en capítulo específico expuso Luis Garza T. Fernández en su escrito por el que instó la tutela federal, así como a los demás razonamientos contenidos en dicho libelo, se advierte que en ellos no se expresan consideraciones encaminadas a evidenciar la anunciada inconstitucionalidad del precepto en comentario, pues lo que ahí se aduce se refiere, exclusivamente, a la pretendida respecto a la fracción XI del artículo 109 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta.

Entonces, al ser los conceptos de violación las expresiones en las que el quejoso expone razonadamente el porqué estima ilegales los actos que combate, es inconcuso que, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, es a la luz de ellos que el órgano de amparo resolverá la cuestión planteada, y al no existir, como en el caso particular ocurre, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia en mención.

Ilustra lo dicho la tesis emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta y seis, Séptima Época, del Informe mil novecientos setenta y cuatro, Parte III, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LA AUSENCIA DE LOS, PRODUCE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si la parte quejosa en el capítulo que denomina conceptos de violación menciona las garantías que consagran los artículos constitucionales que señala, pero no expresa si dichos preceptos fueron violados en su perjuicio ni menos argumenta ni razona tales violaciones, debe concluirse que no existe concepto de violación y por tanto debe sobreseerse en el juicio porque no se satisface el requisito señalado en el artículo 116, fracción V, ya que no se está en posibilidad jurídica de analizar y resolver a través de la jurisprudencia sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal, sobre la inconstitucionalidad de la ley reclamada."

SEXTO. Ahora bien, ante el resultado obtenido del estudio de los agravios expuestos por el inconforme y de las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y al no advertirse por este Tribunal Colegiado que se actualice alguna diversa, respecto del acto de aplicación de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, procede revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito a quo en cuanto a éste se refiere, así como el que en vía de consecuencia dispuso referente a los actos que aquél reclamó al Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la norma impugnada y, por tanto, ingresar al estudio de fondo del problema de constitucionalidad planteado.

Ello es posible en función de que, como se adelantó en el considerando primero de esta ejecutoria, el órgano colegiado que hoy resuelve estima que se surte en su favor la competencia delegada para conocer y fallar el presente asunto, toda vez que, sobre el tema debatido, existe jurisprudencia firme del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que con apoyo en el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con fundamento en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede entrar al estudio del fondo del asunto.

Se afirma lo anterior, en razón de que si bien en términos del artículo 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, la revisión de la sente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17840-91f0147e/amparo-contra-leyes-no-es-causa-de-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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