PERSONALIDAD DE QUIEN COMPARECE EN REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DEL RECONOCIMIENTO EFECTUADO POR LA JUNTA CUANDO EL ACTOR ACEPTA SU OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LA ACEPTACIÓN DEL ACTOR RESPECTO DEL OFRECIMIENTO DE TRABAJO REALIZADO POR LA PERSONA QUE COMPARECE A ÉL EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA, CONLLEVA EL RECONOCIMIENTO DE TAL CARÁCTER.
AMPARO EN REVISIÓN 18/2003. MARTÍN ÁLVAREZ COLUNGA Y OTRO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Son inoperantes e infundados los agravios hechos valer, los cuales por la estrecha relación que guardan entre sí serán analizados en forma conjunta, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.
Los recurrentes, como primer agravio, manifiestan que el ofrecimiento de trabajo fue aceptado en forma cautelar por la objeción que se hizo de la personería de la demandada, por lo que al soslayar dicha circunstancia el a quo vulneró sus garantías individuales de legalidad y seguridad jurídicas.
En el segundo agravio los inconformes refieren que el estudio de la personalidad es de oficio, y es obligación de las autoridades analizar la personalidad de las partes, por lo que es la autoridad la que, en su caso, debió reconocer la personería de la demandada y no las partes en el pleito, pues es absurdo que por una manifestación de la contraparte quede reconocida la personalidad en un juicio, por lo que el Juez incurre en claras violaciones que transgreden las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
En principio, son inoperantes los agravios tocantes a que el Juez de Distrito violó garantías individuales con el dictado de la sentencia recurrida, toda vez que dichas cuestiones no pueden analizarse a través del recurso de revisión debido a la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que si así se hiciera se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Resulta de aplicación obligatoria, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 5, Tomo V, enero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Ahora, estuvo en lo correcto el Juez a quo al sobreseer en el juicio de garantías con base en que existía un consentimiento de los actos reclamados, ya que los recurrentes aceptaron el ofrecimiento de trabajo realizado por parte de Adrián Guillén Guerra, en nombre de Fletes Tauros, Sociedad Anónima de Capital Variable, como responsable del centro de trabajo demandado.
Así es, resulta desacertado que el ofrecimiento de trabajo haya sido aceptado en forma cautelar ante el desconocimiento de la personalidad que hizo de la persona moral que compareció como titular del centro de trabajo, y de la personería de quien compareció en su nombre, toda vez que de la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil dos se desprende que la aceptación de la oferta laboral fue en forma cautelar porque se consideró de mala fe y no porque quien la formuló tuviera la capacidad para hacerlo, según se aprecia de la transcripción siguiente:
"... En forma cautelar, en relación con la contestación que exhibe la supuesta contraria, se acepta el trabajo para ambos actores, pero se hace ver que el trabajo está ofrecido de mala fe, únicamente con la intención de liberarse de la fatiga procesal que le corresponde a la oferente del empleo que se acepta ..." (foja 54).
Así es, aun cuando se mencionó que se aceptaba el trabajo realizado en la contestación de la demanda por la "supuesta contraria", ello no significa que no se reconociera su personalidad, pues al aceptar la oferta laboral se entiende que el quejoso reconoció en el demandado el carácter de patrón con todas sus consecuencias, entre ellas admitió la personalidad de la parte que realizó el ofrecimiento de trabajo.
En efecto, si bien el ofrecimiento del trabajo realizado por la parte demandada no es una excepción ni una defensa, ni constituye un allanamiento, debe fijarse que su naturaleza jurídica es la de una propuesta u oferta conciliatoria, porque ante la pretensión del trabajador de ser indemnizado o reinstalado como consecuencia de un despido, el patrón que niega ese hecho le ofrece que vuelva a laborar en los mismos términos y condiciones en que lo hacía, propiciando así la terminación de la controversia por la vía de la conciliación.
Así, el efecto procesal del ofrecimiento del trabajo consiste en revertir al trabajador la carga de la prueba del despido, de ahí que la oferta del trabajo no puede ni debe confundirse con el allanamiento, pues ambas figuras son de naturaleza y efectos jurídicos distintos. Así lo consideró la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que bajo el número 344 aparece publicada en la página 281, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor:
"OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. ES DE NATURALEZA DIFERENTE AL ALLANAMIENTO.-De la confrontación realizada entre la institución del allanamiento y la figura del ofrecimiento del trabajo, se llega a la conclusión de que se trata de actos cuya naturaleza jurídica, características y efectos legales difieren notablemente entre sí pues mientras el primero requiere para su existencia y eficacia que se reconozca, de manera expresa e indubitable, la procedencia de la acción o acciones intentadas en juicio, la veracidad de los hechos narrados y los fundamentos de derecho invocados, el ofrecimiento únicamente consiste en la oferta que hace el patrón al trabajador para que éste se reintegre a sus labores, sin que exista algún reconocimiento en relación con las anteriores circunstancias, sino que, por el contrario, este último debe ir siempre asociado a la negativa del despido, y por ende, de los hechos y fundamentos en que se apoya la reclamación de reinstalación. Además, los efectos que producen también se diferencian en la medida de que cuando el allanamiento resulta eficaz la consecuencia es que la controversia se vea agotada en el aspecto involucrado; en cambio, el ofrecimiento del trabajo, cuando es de buena fe, produce que la carga probatoria del despido alegado se invierta al trabajador actor. En consecuencia, al no constituir el ofrecimiento del trabajo un allanamiento a la acción de reinstalación ejercitada, la Junta responsable debe analizar la buena o la mala fe del ofrecimiento y con base en las pruebas aportadas al juicio, resolver lo concerniente a la procedencia de la acción de reinstalación."
Para que surta el efecto procesal de revertir la carga de la prueba se requiere que el ofrecimiento sea de buena fe, lo que lleva al examen de las condiciones en que se hace y a la consiguiente calificación.
Una vez establecido el concepto y la naturaleza jurídica del ofrecimiento del trabajo, debe señalarse que como propuesta u oferta conciliatoria que es, trae como consecuencia si es aceptado por el trabajador presuntamente despedido y se efectúa la reinstalación por la Junta, que la pretensión original del trabajador que demandó el pago de la indemnización constitucional varíe respecto al ejercicio de la acción principal que ejercitó, no subsistiendo la causa de pedir en esa parte, en virtud de que el efecto de la reinstalación es el de reconocer que el vínculo laboral subsistió en ese aspecto y, por consiguiente, no es el caso de continuar el proceso respecto del pago de la indemnización constitucional y de la prima de antigüedad, ya que la citada indemnización tiene su justificación, según lo expuesto, en la idea de reparar los daños generados al trabajador por la extinción injustificada de la relación de trabajo, y la prima referida se paga cuando existe la disolución del vínculo laboral.
La aceptación del ofrecimiento del trabajo por parte del empleado no es más que la manifestación de su voluntad de dar por terminado el proceso por lo que toca a las prestaciones consistentes en el pago de la indemnización constitucional y de la prima de antigüedad (si se demandaron dichas prestaciones), al reconocer la continuación de la relación de trabajo, por lo que se entiende que transigió con el patrón, haciéndole la concesión de variar su acción de reinstalación a cumplimiento del contrato, lo que una vez efectuado por la Junta da lugar a que ya no sea procedente que dicho órgano jurisdiccional condene al pago de las referidas prestaciones, al no formar ya parte de la litis.
Por tanto, si la aceptación del ofrecimiento del trabajo por parte del empleado conlleva el de reconocer que el vínculo laboral subsistió, en ese aspecto, con la parte demandada, debe concluirse que la aceptación de la oferta patronal por parte del trabajador tiene como consecuencia tanto la aceptación implícita de la personería de la persona que formula dicha propuesta a nombre de la patronal, como el reconocimiento de que la persona física o moral que realiza dicho ofrecimiento es el responsable de la fuente de trabajo, ya que por respeto a los principios de seguridad jurídica y de buena fe el actor no puede desconocer válidamente la personalidad de quien comparece a nombre de la demandada, a la vez que acepta transigir con él respecto de la reincorporación a su empleo.
En ese contexto, tal como lo sostuvo el a quo, al aceptar los quejosos la reincorporación en su empleo implícitamente reconocieron la personalidad de quien hizo el ofrecimiento y, además, que se hacía a nombre del centro de trabajo demandado, dado que dicha circunstancia constituye una manifestación de voluntad que refleja el consentimiento de la personalidad de quien acudió en nombre de la demandada.
Lo anterior, toda vez que no es admisible que los recurrentes, no obstante que desconocieron el carácter de la persona moral que compareció como propietaria del centro de trabajo y de la persona que compareció en su nombre, acepten el ofrecimiento de trabajo, toda vez que ello implica el reconocimiento de que la persona moral tenía la calidad de patrón por ser la responsable del centro de trabajo demandado, y que la persona que compareció en su nombre podía representarla, pues de lo contrario, esto es, de haber persistido la incertidumbre por parte de los trabajadores respecto de que quien compareció al juicio no representaba a su empleadora, ninguna razón había para que conviniera con ésta sobre su regreso al empleo.
Además, por respeto a los principios de seguridad jurídica y de buena fe de los contratantes los quejosos no podían desconocer válidamente la personalidad que implícitamente admitieron de la persona moral demandada al transigir respecto del ofrecimiento del trabajo, porque dicha circunstancia hace presumir un conocimiento cierto de que quien comparece a nombre de la empresa realmente se encuentra facultado para ejercer esa representación; por tanto, resulta inadmisible que a pesar de haber aprovechado sus efectos, al aceptar el ofrecimiento del trabajo pretenda obtener una ventaja mayor alegando que carece de personalidad.
Luego, es inconcuso que los impetrantes reconocieron la personería del representante de su contraparte al aceptar la oferta de trabajo, ya sea porque estuvieron seguros de ella, o bien, porque la aceptaron con el fin de verse beneficiados con la reincorporación en el empleo, ya que si es lo primero, o sea, que conocían perfectamente que la persona que realizó la oferta de trabajo ejercía la representación que ostentaba, nada tienen que objetar, y si es lo segundo, esto es, que los trabajadores aceptaron tal representación con el fin de obtener un beneficio, entonces se colocaron en esa situación a su propio riesgo.
En esa tesitura, resulta inexacto que el a quo estuviera obligado a estudiar la personalidad de la demandada en el juicio laboral, al ser su examen de oficio, toda vez que dicho análisis es improcedente si fue consentido tácitamente, lo que sucede en el caso, porque se actualiza la causal prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, que origina el sobreseimiento del juicio, con base en la fracción III del artículo 74 de la propia ley, e impide al órgano constitucional analizar el fondo del asunto, toda vez que los quejosos aceptaron el ofrecimiento del trabajo, con lo cual se convalidó la representación, conforme a lo previsto en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y con ello la personalidad de la demandada para comparecer a juicio, pues como lo sostuvo el a quo, admitir que se pueda convenir entre quienes carecen de toda relación resulta irreal y carente de toda lógica jurídica.
Sobre el tema tienen aplicación las tesis aisladas 15 y 20, sustentadas por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicadas, respectivamente, a páginas 679 y 682 de la Tercera Parte del Informe de 1988, que son del tenor literal siguiente:
"IMPROCEDENCIA. CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO.-No obstante objetar la personalidad del representante de la demandada y solicitar el quejoso se tuviera por contestada su reclamación en sentido afirmativo, como en la misma audiencia aceptó el ofrecimiento que hizo dicho representante, para que se incorporara al trabajo, que estaba a su disposición, ello acredita que aceptó la comparecencia de su contraparte al juicio, conforme a lo previsto en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. De otro modo, en ese mismo momento procesal, estuvo en aptitud de rechazar el ofrecimiento, si consideraba que no lo hacía la empleadora, lo que constituye el consentimiento tácito a que se refiere el artículo 73 fracción XI de la Ley de Amparo, y resultando improcedente el juicio de garantías, procede sobreseerlo."
"PERSONALIDAD. RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO.-Si por una parte, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, la demandada compareció por conducto de representante legal manifestando ser falso que el actor había sido despedido por la empleadora poniendo a su disposición el trabajo, solicitando fijara fecha para la materialización de la reinstalación; y, por la otra, el apoderado del trabajador no obstante que impugnó la personalidad de aquél, expresó de manera cautelar que aceptaba ser reinstalado, se advierte que resulta notoria la contradicción del recurrente, al estar de acuerdo con el ofrecimiento hecho por quien, según él, carece de personalidad, por lo que se considera que, con ello implícitamente la reconoció; además, que la autoridad responsable ante la aceptación de la reinstalación tuvo por variando la acción y por consiguiente elevó este concepto al laudo ejecutoriado, sin que esa resolución sea combatida en los conceptos de violación."
En las condiciones dadas, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta la existencia de queja deficiente que suplir, en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa y sobreseer en el juicio de garantías.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Martín Álvarez Colunga y Gerardo Gallegos Vega, en contra de la autoridad y por el acto reclamado precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; envíese testimonio autorizado de esta resolución al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el asunto.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados Abraham Calderón Díaz, Alfredo Gómez Molina y Victorino Rojas Rivera, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17937-4c03bd55/personalidad-de-quien-comparece-en-representacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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