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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO EXIGIR DICHA LEY MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 25/2003. · Registro digital (IUS): 20026
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: VERÓNICA CORTÉS HERNÁNDEZ Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 1549.

AMPARO EN REVISIÓN 25/2003. VERÓNICA CORTÉS HERNÁNDEZ Y OTROS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios hechos valer deben desestimarse, por las razones que se pasan a exponer.

En primer término, conviene precisar que en el juicio de garantías la parte quejosa reclamó del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, ambos del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, "la resolución contenida en el oficio número JUR/69/02 de fecha nueve de septiembre de dos mil dos; dictada por el C. GUILLERMO PAISANO ARIAS en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla." (foja 4), como antecedentes de dicho acto, bajo protesta de decir verdad, narró los siguientes: "1. Como lo acredito con el acta de matrimonio que anexo a la presente demanda de garantías, contraje matrimonio civil con el C. HÉCTOR PALACIOS AGUILAR el día 14 de mayo de 1994. 2. Del matrimonio mencionado nacieron tres menores que llevan por nombres ANDREA PALACIOS CORTÉS, HÉCTOR DE LOS SANTOS PALACIOS CORTÉS y VERÓNICA PALACIOS CORTÉS; que actualmente tienen las edades de siete años, tres años, y cuatro meses, respectivamente. 3. Mi esposo, Héctor Palacios Aguilar, ahora finado; trabajaba desde al año dos mil para el Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula con el puesto de Sargento 2° de la Policía Montada; sin embargo, por razones que desconozco, no se encontraba inscrito a ninguna Institución de Seguridad Social. 4. El pasado 2 de julio de 2002, mi esposo, estando en servicio, falleció en cumplimiento del deber al prestar sus servicios como policía; como lo acredito con el acta de defunción que para el efecto exhibo. Tomando conocimiento de los hechos el C. Agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla; dentro de la averiguación previa 1722/2002/3°/CHOLULA. 5. En virtud de la muerte de mi esposo, el Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; entregó a la suscrita por concepto de indemnización la cantidad de CIEN MIL PESOS M.N. con fecha 15 de julio de 2002; y se me ofreció una pensión para mantener a mis menores hijos. 6. Así las cosas, con fecha 5 de septiembre de 2002, solicité al Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y al Presidente Municipal, con fundamento en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, una pensión equivalente al cien por ciento del sueldo que percibía mi finado esposo; como lo acredito con el documento que agrego a la presente demanda. 7. Es el caso que con fecha 9 de septiembre de 2002, me es notificado el oficio JUR/69/02 de la misma fecha; mismo que agrego a la presente demanda de garantías y que contiene el acto que se señala como acto reclamado; negando a la suscrita y a mis menores hijos la pensión a que tenemos derecho, conculcando de esta manera las garantías individuales que se han señalado" (fojas 4 y 5).

Y, a la demanda de garantías la quejosa anexó el referido oficio JUR/69/02, en el que se contiene el acto reclamado, mismo que es del tenor literal siguiente: "Dependencia: PRESIDENCIA. Sección: JURÍDICO. Mesa: ÚNICA. OFICIO: JUR/69/02. ASUNTO: EL QUE SE INDICA. C. VERÓNICA TORRES HERNÁNDEZ. PRESENTE. Por medio del presente escrito reciba un cordial saludo, de igual manera, en contestación a su escrito de fecha cinco de septiembre de dos mil dos en el que solicita la pensión íntegra equivalente al cien por ciento del sueldo que percibía su esposo el señor HÉCTOR PALACIOS AGUILAR, esta autoridad en respuesta del mismo y basándose en el acuerdo de cabildo de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dos y de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos apartado A, y en virtud de que ya fueron cubiertos los gastos por concepto de indemnización, así como de gastos funerarios, tal como lo establecen los artículos 500 fracción II y 502 de la Ley Federal del Trabajo, esta autoridad de buena fe ofrece empleo dentro del DIF Municipal a la señora VERÓNICA CORTÉS HERNÁNDEZ Y/O VERÓNICA CORTÉS VIUDA DE PALACIOS, así como las prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores al servicio de este H. Ayuntamiento, de igual forma atención médica y guardería que son otorgados a los trabajadores de la misma. Sin más por el momento quedamos de Usted. Una firma ilegible. P.A. ING. GUILLERMO M. PAISANO ARIAS. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA. A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS" (foja 9).

En la sentencia recurrida, el Juez del conocimiento sobreseyó en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 11 del mismo ordenamiento, al estimar que el acto reclamado no podía considerarse como un acto de autoridad sino uno de carácter laboral, por derivar éste de la solicitud de la parte quejosa del pago de una pensión equivalente al cien por ciento del salario que percibía el esposo de la promovente, el cual falleció en el desempeño de su cargo como Sargento Segundo de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla y, que por ello, las señaladas como responsables actuaron sin facultades coercitivas, imperio ni fuerza pública (fojas 128 a 131).

Ahora bien, en los tres agravios que hace valer la parte recurrente esencialmente aduce que el acto reclamado en el juicio de garantías es de naturaleza administrativa y no laboral, puesto que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la relación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública con el Estado es de carácter administrativo y que, por tanto, la determinación reclamada sí constituye un acto de autoridad.

Argumentos que son fundados pero inoperantes.

Ello es así dado que del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.", se desprende que la relación entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el Estado en sus respectivos ámbitos de competencia es y se rige por normas de observancia general de naturaleza administrativa, por lo que las determinaciones que tome el Estado en torno a esa relación no constituyen actos de particulares sino de autoridad, tal como lo ha interpretado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en la página 43, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito."

Por consiguiente, si el acto reclamado en el juicio de garantías deriva de la relación que, como miembro de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, tenía el esposo de la promovente con las autoridades responsables, es inconcuso que dicho acto es de naturaleza administrativa y no laboral, como erróneamente se sostuvo en la sentencia recurrida.

Sin embargo, el argumento en estudio es ineficaz para revocar la sentencia que se revisa toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia, que las autoridades responsables hicieron valer en sus informes justificados, prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley."

Lo anterior en virtud de que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, exige que previamente a la interposición del juicio de garantías se agote el medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, lo cual no aconteció en la especie, por lo que al no haberse atendido ese principio la acción en sí misma resulta improcedente, lo cual conduce al sobreseimiento total en el juicio de garantías.

En efecto, la resolución reclamada contenida en el oficio JUR/69/02, de fecha nueve de septiembre de dos mil dos (foja 9), es una resolución de carácter administrativo emanada de una autoridad del orden municipal, susceptible de ser impugnada por la parte a quien afecta, mediante el recurso de inconformidad previsto en el artículo 252 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 252. El recurso de inconformidad procede contra actos y acuerdos del Presidente Municipal, del Ayuntamiento, de sus dependencias, de los Presidentes de las Juntas Auxiliares y de las Juntas Auxiliares, salvo que contra dichos actos exista otro medio de impugnación previsto en las leyes o reglamentos aplicables, o que el ordenamiento de la materia establezca que contra dichos actos no procede recurso alguno.", dado que en contra de dicha determinación ningún otro recurso se prevé en la legislación aplicable.

Por ello, es inconcuso que dicho recurso de inconformidad debió ser agotado y no como sucedió en el caso, en el que la parte quejosa incorrectamente acudió a solicitar el amparo del Juzgado de Distrito en turno, estando obligada a observar el principio de definitividad que rige en la especie, puesto que, por un lado, como se advierte de la transcripción del oficio que contiene el acto reclamado, el mismo no carece absolutamente de fundamentación y, por otro, en la demanda de garantías no se hicieron valer únicamente violaciones directas a la Constitución sino que en los conceptos de violación se adujeron transgresiones a la Ley de Seguridad Pública del Estado, a la Ley para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y a diversos ordenamientos de carácter internacional (fojas 5 a 8), todo lo cual no constituye violación directa a la Constitución Federal, debido a que hay que acudir a ordenamientos secundarios para analizar la legalidad del acto reclamado.

Tiene aplicación al caso en lo conducente, la jurisprudencia 371, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 317 y 318, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca."

Asimismo, debe señalarse que los artículos 260, 261 y 262 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los cuales disponen: "Artículo 260. El interesado podrá solicitar por escrito la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso. El Síndico deberá acordar otorgando o negando la suspensión del acto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud; de no existir acuerdo expreso, se entenderá otorgada la suspensión.", "Artículo 261. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicio a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causen si no obtiene una resolución favorable en el recurso de inconformidad. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros perjudicados que no sean estimables en dinero, el Síndico fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Tratándose de multas, el solicitante también deberá garantizar el crédito fiscal, en cualquiera de las formas previstas por el artículo 81 del Código Fiscal para el Estado de Puebla." y "Artículo 262. No se otorgará la suspensión en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento.", prevén la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva.

Lo anterior se desprende del contenido de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo que regulan la citada medida cautelar, preceptos que disponen lo siguiente:

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."

Como puede advertirse de los preceptos transcritos, la medida cautelar, procede cuando se solicite por la parte interesada, que en los casos en que se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros se concederá si se otorga garantía bastante para reparar los daños o indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no se obtiene una sentencia o resolución favorable, y se negará en el caso que exista un perjuicio al interés social o contravengan disposiciones de orden público, hipótesis semejantes en ambos ordenamientos jurídicos, con lo que se cumple con lo dispuesto, respecto de dicha medida cautelar, en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo al no exigir, la ley orgánica precitada, mayores requisitos que aquella para concederla.

Sin que sea óbice a lo anterior que el recurso de inconformidad esté contemplado en un ordenamiento legal diverso a los invocados en el acto reclamado, puesto que la Ley Orgánica Municipal que lo prevé tiene relación con el acto reclamado en la medida en que de conformidad con el artículo 1 de dicha ley, ésta es de observancia general en los Municipios que conforman el Estado de Puebla, entre los cuales se encuentra el de San Andrés Cholula que preside la autoridad que emitió el acto reclamado, según lo prevé el artículo 4, punto 120, del mismo ordenamiento, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en los municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla ... y Artículo 4. El Estado de Puebla se conforma por los siguientes Municipios: ... 120. San Andrés Cholula." y que, como se precisó con antelación, establece la forma específica en que debió impugnarse el acto reclamado."

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 3/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS’ A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.-El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: ‘Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...’. Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por ‘leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo’, a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a ‘leyes que rigen los actos’, no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo."

En consecuencia, al actualizarse esta diversa causal de improcedencia respecto del acto reclamado, lo que procede es confirmar, por diverso motivo, el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías del que deriva este toca.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado Segundo de Distrito "B" en el Estado y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Miguel Ángel Zelonka Vela, Francisco Javier Cárdenas Ramírez y Jorge Higuera Corona, siendo relator el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20026-5f7a375a/recurso-de-inconformidad-previsto-en-el-articulo-252 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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