PERSONALIDAD Y LEGITIMACIÓN. POR DISPOSICIÓN LEGISLATIVA DEBEN CONSIDERARSE COMO SINÓNIMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 395/2003.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son inoperantes en una parte e insuficientes en otra, los agravios esgrimidos por la recurrente, como se demostrará a continuación.
Por razón de método, debe darse respuesta al argumento de la inconforme, relativo a que el Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, tal aseveración deviene inoperante; ello es así, en virtud de que las garantías individuales son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo gobernado, quien tiene la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la acción constitucional de amparo que se ejerce ante los juzgados y tribunales de la Federación, a quienes se encomienda en su carácter de resolutores de amparo, dirimir esta clase de controversias; así, los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional dictando determinaciones de cumplimiento obligatorio y obrando para hacer cumplir esas determinaciones, según su criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley; ahora bien, aun cuando en contra de algunas de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso, con amplias facultades, incluso, de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Es por lo anterior, que en el recurso de revisión no es dable técnicamente analizar los agravios en los que se aducen violaciones a las garantías individuales por parte del juzgador de amparo pues, admitir lo contrario, implicaría ejercer un medio de control constitucional sobre otro, habida cuenta que se estaría tratando al Juez de Distrito como autoridad responsable, desvirtuando la naturaleza jurídica del juicio de amparo.
Cobra aplicación en la especie, la jurisprudencia P./J. 2/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
En otra parte de sus motivos de inconformidad, la revisionista expresa que el Juez Federal a quo, transgredió en su perjuicio los artículos 156 ter, 156 quáter, 222 y 471 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por su inobservancia, tal afirmación también deviene inoperante, toda vez que cuando dicha autoridad jurisdiccional actúa en su carácter de juzgador de amparo, dicha actuación se rige por las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica supletoriamente a la materia, por mandato expreso del artículo 2o. de la Ley de Amparo, por lo que, en todo caso, si dicho Juez incurriera en transgresiones a disposiciones legales, sólo podría tratarse de las contenidas en los ordenamientos a que se aludió en último término.
Es aplicable en el particular, la jurisprudencia VI.2o.C. J/237, integrada por este órgano jurisdiccional que ahora resuelve, publicada en la página 791, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE ARGUMENTAN VIOLACIÓN A PRECEPTOS LEGALES DE ORDEN COMÚN POR EL JUEZ DE AMPARO. Los motivos de inconformidad en los que el recurrente aduce que el Juez de Distrito violó disposiciones de orden común deben calificarse de inoperantes, en virtud de que dicha autoridad en materia de amparo indirecto, ajusta su actuación a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y al Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de supletoriedad; por ende, de atribuírsele violación a disposiciones jurídicas, la misma sólo pudo consistir en la transgresión a preceptos legales que conformen los invocados cuerpos normativos, no así a leyes ordinarias locales, en cuyas prescripciones se basan los tribunales del fuero común para actuar en la entidad federativa en donde ejercen jurisdicción."
En otra parte de sus motivos de inconformidad, después de narrar los antecedentes del acto reclamado, la recurrente aduce, en resumen, que el Juez de Distrito no se percató de que el quejoso insiste en que se ha venido impugnando su personalidad, lo cual es falso, porque lo que se combatió a través del recurso de revocación, cuya resolución constituye el acto reclamado, es la falta de legitimación procesal de su contrario; que, de lo anterior, se observa una confusión de conceptos, por lo que era necesario que éstos fueran precisados y, al efecto, esgrimió que el artículo 156 quáter del Código de Procedimientos Civiles para el Estado establece que la legitimación en la causa o proceso es una condición de la acción que el actor debe probar y que se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho, o bien, porque cuente con la representación legal de dicho titular; que así, la legitimación en general es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente el acto o intervenir en la situación jurídica; que existen dos clases de legitimación, en la causa y en el proceso, que la primera es una condición para obtener sentencia favorable, mientras que la segunda se califica como presupuesto procesal; agrega que la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa) y la identidad con la persona en contra de quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva); por tanto, está legitimado el actor cuando ejerce un derecho que realmente es suyo y el demandado cuando se le exige el cumplimiento de una obligación que es a cargo de él; que están legitimados en la causa las personas que jurídica y directamente van a ser afectadas en sus derechos por la sentencia; que, por otra parte, la legitimación procesal es la facultad de poder actuar en el proceso como actor, demandado, tercero, o bien, como representante de éstos; que la legitimación en el proceso es la idoneidad de la persona para actuar en juicio, inferida no de sus cualidades personales, sino de su posición respecto del litigio; que no basta que la demanda sea propuesta por cualquier persona, sino que es necesario que esa persona sea quien la ley considera como particularmente idónea para estimular la función jurisdiccional y que, en la especie, el demandado era ********** por tanto, sólo él podía comparecer a juicio como demandado.
Igualmente, la inconforme esgrime que la personalidad es la facultad de las personas para intervenir en un procedimiento judicial, ya sea compareciendo por su propio derecho, ya como mandatario de alguno de los interesados o como su legítimo representante; por lo que faltará personalidad en alguna de las partes si la persona que acude a juicio carece de la calidad necesaria, no acredita debidamente el carácter o representación con que promueve o le falta interés para deducir su acción, en virtud de no poder alcanzar el objeto de la misma, aun suponiendo favorable la sentencia; que, en el caso, deben distinguirse dos presupuestos procesales, la personalidad y la legitimación, tanto pasiva como activa, pues resulta contrario a derecho que alguien impugne la personalidad de quien promueve por su propio derecho, posibilidad que se abre únicamente para los casos de representación; que ********** compareció a juicio por su propio derecho, tanto al dar contestación a la demanda, como para ejercer la acción reconvencional, por lo que su personalidad se encuentra plenamente acreditada y, por ende, el quejoso incurre en un error en su demanda de garantías, al afirmar que el documento que acredita su personalidad es el proyecto de contrato de compraventa, cuyo otorgamiento en escritura pública reclama, porque no advirtió que al promover por su propio derecho, su personalidad quedó respaldada, aunque no su legitimación procesal activa, al haber comparecido también las personas de nombres **********, **********, **********, ********** y ********** al no especificar que todas las personas enunciadas eran la misma persona, o que usaba indistintamente esos nombres, y mucho menos se justificó con documento alguno que el quejoso fuere su representante, que el citado proyecto de contrato de compraventa, tampoco justifica y menos acredita su legitimación ad causam.
Asimismo, argumenta la recurrente que el Juez de Distrito pasó por alto la materia del recurso de revocación, porque si bien es cierto que la personalidad en materia civil sólo puede impugnarse mediante el recurso de queja o vía excepción, conforme al artículo 222 del código procesal civil local, también lo es que la legitimación no puede impugnarse a través de los mismos medios, por tanto, el recurso procedente es el de revocación, y al haberlo interpuesto oportunamente, es evidente que ella jamás consintió la falta de legitimación procesal de **********, **********, **********, ********** y ********** que si bien es cierto que consintió la personalidad de ********** y su legitimación procesal, también lo es que no ocurrió lo mismo con la legitimación procesal de **********, **********, **********, ********** y **********, al efecto citó como aplicables los criterios jurisprudenciales de rubros: "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA."; "LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM Y AD PROCESUM."; "LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE ÉSTA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO."; "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO. DIFERENCIAS."; "LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS."; "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO PREVIO DE LA."; y, "LEGITIMACIÓN ACTIVA. FALTA DE IDENTIDAD ENTRE EL TITULAR DEL DOCUMENTO BASE DE LA LITIS Y EL ACTOR."
Los argumentos anteriormente sintetizados devienen insuficientes para resolver el presente asunto favorablemente a los intereses de la parte recurrente y, para demostrarlo, debe decirse que si bien es cierto que con independencia de que le asistiera la razón en lo que alega acerca de que a través del recurso de revocación no impugnó la falta de personalidad de su contraparte, sino su falta de legitimación procesal y que ambas son figuras jurídicas diferentes, también lo es que el capítulo octavo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla denominado "Presupuestos procesales", fue adicionado con la sección cuarta, intitulada "Capacidad, personalidad y legitimación", por decreto de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de septiembre siguiente, dicha sección contempla tres artículos, el primero de los cuales es el 156 bis, que establece a la letra lo que sigue: "Tienen capacidad para comparecer en juicio, por sí o como representantes, todas las personas que, conforme a la ley, estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles."; el numeral 156 ter, preceptúa textualmente: "La personalidad es la facultad de las personas para intervenir en un procedimiento judicial, ya sea compareciendo por su propio derecho, ya como mandatario de alguno de los interesados o como su legítimo representante; por lo que faltará personalidad en alguna de las partes, si la persona que acude a juicio carece de la calidad necesaria, no acredita debidamente el carácter o representación con que promueve, o le falta interés para deducir su acción, en virtud de no poderse alcanzar el objeto de la misma, aun suponiendo favorable la sentencia."; finalmente, el artículo 156 quáter, del ordenamiento adjetivo civil poblano dispone literalmente: "La legitimación en la causa o proceso es una condición de la acción misma que el actor debe probar y se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien, porque cuente con la representación legal de dicho titular."
Ahora bien, de la sola lectura de los preceptos legales que se adicionaron en mil novecientos noventa y ocho al código procesal civil local y que se transcribieron en el párrafo que antecede, se desprende que el artículo 156 quáter, se refirió a la legitimación ad causam o en la causa, en tanto que de la redacción del diverso numeral 156 ter, se advierte que si bien es cierto que se definió al presupuesto procesal de la personalidad, también lo es que lo hizo a través del concepto de legitimación procesal o ad procesum, pues señaló que la personalidad era la facultad de comparecer en juicio por derecho propio o como mandatario o legítimo representante de alguno de los interesados; de manera que el ordenamiento jurídico que se consulta, aborda ambas figuras equiparándolas como si fueran sinónimas, y si bien es cierto que no obstante que la doctrina estime que la personalidad y la legitimación procesal son conceptos diversos, también lo es que la primera fuente del derecho es la ley, y ésta es clara al enunciar ambas expresiones como equivalentes, según se ha demostrado; de ahí que en el caso sujeto a estudio, no sea posible que se lleve a cabo la distinción señalada.
De las consideraciones que anteceden, debe concluirse que la legislación procesal civil para esta entidad federativa, trata dentro de la personalidad, tanto el problema de la legitimación procesal como el de la representación y, por ende, debe estimarse que ya sea que se promueva por derecho propio o como mandatario o representante de algún interesado, la personalidad puede cuestionarse en tres casos, a saber: a) Cuando la persona que acude a juicio carece de la calidad necesaria; b) Cuando no acredita debidamente el carácter o representación con que promueve; o bien, c) Cuando le falte interés para deducir su acción, según dispone el artículo 156 ter del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y, en consecuencia, el pronunciamiento que la autoridad judicial efectúe, en el que reconozca la personalidad entendida en esta acepción amplia, puede impugnarse a través de los medios legales previstos en el artículo 222 del citado ordenamiento legal, esto es, a través del recurso de queja en contra del auto que la reconoce, o bien, como excepción al contestar la demanda.
Por lo anterior, si la legitimación procesal y la personalidad, son contempladas como si se tratara de términos sinónimos en la ley que regula el procedimiento civil en el Estado, resulta claro que el caso particular redundó en un problema de personalidad, por más que la recurrente exponga que lo que combatió fue la legitimación procesal de su contrario y, por tanto, se insiste, el artículo 222 del ordenamiento legal tantas veces mencionado, sí resultaba aplicable; y es por ello que los agravios esgrimidos resulten insuficientes, puesto que lo alegado en ellos, de ninguna manera demuestra la ilegalidad de la sentencia que concedió la protección constitucional al agraviado, dado que no pone en evidencia que la impugnación de la legitimación procesal de éste, en el juicio de origen, debía realizarse a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 471 del código procesal civil local, pues dicho medio de impugnación procede, salvo cuando la ley niegue el recurso, contra resoluciones que no sean recurribles en apelación o en queja y, según ya se demostró, el recurso de queja sí resultaba procedente, de conformidad con los artículos 156 ter y 222 de la codificación aludida.
Tiene aplicación, en la especie, la jurisprudencia VI.2o. J/322, integrada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, publicada en la página 86, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."
Por lo que ve a los criterios que invocó la recurrente, de rubros: "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA."; "LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM Y AD PROCESUM."; "LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE ÉSTA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO."; "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO. DIFERENCIAS."; "LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS."; "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO PREVIO DE LA." y "LEGITIMACIÓN ACTIVA. FALTA DE IDENTIDAD ENTRE EL TITULAR DEL DOCUMENTO BASE DE LA LITIS Y EL ACTOR.", no cobran aplicación en la especie en beneficio de la inconforme, habida cuenta que no se refieren al tema fundamental planteado en los agravios, esto es, no aluden a la distinción entre personalidad y legitimación procesal, ni interpretan los preceptos que integran la sección cuarta del capítulo octavo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, tampoco establecen que conforme a esta legislación, cuando se impugne la falta de legitimación procesal, proceda el recurso de revocación, o bien, no sean aplicables las disposiciones que regulan las formas de impugnar la personalidad de las partes, sino que en síntesis establecen que la legitimación en el proceso es un presupuesto procesal, por lo que su estudio procede de oficio, y la distingue respecto de la legitimación en la causa.
En otra parte de sus motivos de inconformidad, la revisionista expone que para que el demandado pudiera usar los nombres de **********, **********, ********** y ********** era necesario que lo manifestara al contestar la demanda principal, lo cual no hizo, y de admitirse que el enjuiciado varíe el orden de sus apellidos, rompe la identidad de persona y la filiación; agrega que la resolución del recurso de revocación no transgrede en perjuicio del quejoso garantía individual alguna, pues se le tuvo contestando la demanda e incoando acción reconvencional a ********** por lo que de cualquier manera tendrá intervención en el juicio.
Las alegaciones anteriores deben calificarse de inoperantes, en virtud de que a través de ellas se esgrimen argumentos que se relacionan con la materia del recurso de queja o de la excepción de falta de personalidad, medios legales que tenían que hacerse valer para impugnar la personalidad del quejoso, pero de ninguna manera controvierte y menos aún desvirtúa las consideraciones y fundamentos de derecho esgrimidos por el Juez Federal a quo, para concederle al agraviado el amparo que solicitó que, en esencia, consistieron en que le asistía la razón, toda vez que si el Juez natural, al momento de acordar su escrito de contestación a la demanda y la acción reconvencional que ejerció, expresamente lo tuvo promoviendo como ********** o bien, indistintamente, con los nombres de **********, **********, **********, ********** y ********** era inconcuso que la actora en lo principal solamente tenía dos opciones para inconformarse contra tal reconocimiento de su personalidad, que eran el recurso de queja, o bien, como excepción al contestar la demanda reconvencional que se entabló en su contra, de acuerdo a lo que establece el artículo 222 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, y que impugnada tal personalidad por uno de los medios establecidos, no podría intentarse el otro; que el actuar de la responsable era ilegal, al admitir y resolver el recurso de revocación intentado por la actora en lo principal, sin que fuera procedente, pasando por alto lo que dispone expresamente el precepto mencionado, en relación con la cuestión que fue motivo de inconformidad, así como el diverso 471 de la norma adjetiva civil para esta entidad, el cual si bien es cierto que contemplaba la procedencia del recurso de revocación, también lo es que para que ésta prosperara era necesario que versara respecto a resoluciones que no fueran recurribles en apelación o queja; por ende, si contra la determinación sobre personalidad reconocida al quejoso, en los términos en que contestó la demanda y entabló reconvención, la actora en lo principal y demandada reconvencional no agotó el segundo de los recursos aludidos, ni tampoco hizo valer nada al respecto por vía de excepción al contestar la reconvención ejercida en su contra, era innegable que consintió la misma, operando el principio jurídico de la preclusión, no obstante que interpuso el recurso de revocación, pues éste no era el idóneo para que la potestad común se avocara el conocimiento de lo objetado; al efecto, invocó como aplicables los criterios de rubros: "PERSONALIDAD DEL ACTOR. ES IMPROCEDENTE SU EXAMEN OFICIOSO SI PREVIAMENTE SE RECONOCIÓ EN FORMA EXPRESA Y FUE CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN EN QUE ELLO SUCEDIÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA."; "PERSONALIDAD. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE QUEJA MEDIANTE EL QUE SE IMPUGNÓ LA."; agregó que era verdad que la reconvención, constituía una verdadera demanda, por la cual la actora principal pasa a ser en la contienda natural, demandada reconvencional, con la obligación procesal de producir contestación a las prestaciones que se le reclaman, acorde a lo establecido por el artículo 253 de la norma procesal civil vigente para el Estado de Puebla, con las formalidades o reglas que deben observarse estrictamente, so pena de asumir las consecuencias jurídicas que su inobservancia le producirían, como ocurrió en el caso concreto, al no haberse objetado la personalidad del agraviado, misma que fue reconocida en los términos en que promovió la acción reconvencional, ya mediante el recurso de queja, ya por vía de excepción al contestar la demanda; máxime que el diverso dispositivo 254 de la misma ley establece claramente que en la reconvención se observarán los mismos requisitos que para la demanda; en apoyo a tales consideraciones invocó como aplicables las tesis intituladas: "RECONVENCIÓN. ESTÁ SUJETA A LAS FORMALIDADES DE LA DEMANDA." y "RECONVENCIÓN."; que, consecuentemente, lo procedente era conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución de treinta de julio del año en curso, pronunciada en el recurso de revocación interpuesto en el juicio natural y, en su lugar, emitiera otra, en la que declarara que dicho medio ordinario no era el procedente para impugnar cuestiones que versaran sobre la personalidad de las partes, con las inherentes consecuencias que tal declaratoria produjera; haciendo extensiva la concesión a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, con apoyo en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.", consideraciones y fundamentos de derecho, que al no aparecer controvertidos a través de los agravios antes sintetizados, deben quedar firmes para seguir rigiendo el sentido de la sentencia recurrida.
Es aplicable por analogía, la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 36, en las páginas 23 y 24, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo pues, de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
En las condiciones anotadas, al resultar inoperantes en una parte e insuficientes en otra, los agravios esgrimidos por la recurrente y no advertirse que se haya cometido en su contra alguna violación manifiesta de la ley que la hubiera dejado sin defensa, y que este tribunal debiera reparar de oficio, conforme al artículo 76 Bis, fracción VI, de la ley de la materia, lo que procede, en la especie, es confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y fundado; y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Para los efectos precisados en el considerando tercero de la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********** quien también promueve como **********, **********, **********, ********** y ********** en contra de los actos que reclama del Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad y diligenciaria adscrita a los expedientes de pares de su adscripción, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el segundo de los nombrados.
Conforme a lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21165-92d6482c/personalidad-y-legitimacion-por-disposicion-legislativa-deben-considerarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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