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Modo: Corpus Pro

SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO SE EMBARGUE UN BIEN Y SE ADUZCA QUE PERTENECE A AQUÉLLA, DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE FUE ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL CAUDAL COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 325/2006. · Registro digital (IUS): 19841
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 1167.

AMPARO EN REVISIÓN 325/2006.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-No obstante haberse transcrito la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios que en su contra se hicieron valer, no se analizarán en la presente ejecutoria, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que es improcedente el juicio de garantías, en la inteligencia que para proceder así este cuerpo colegiado goza de facultades legales, atento al criterio contenido en la tesis número P. LXV/99, publicada en la página siete del Tomo X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."

El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, no es otra cosa que el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o en sus intereses. Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión, por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior.

Siguiendo ese orden de ideas, el más Alto Tribunal de la Nación ha considerado que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Y así, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa. El artículo 14 de la Constitución Federal al disponer que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, consagra diversos derechos del individuo; y comúnmente se conoce al conjunto de garantías tuteladas por esta disposición como de audiencia o de debido proceso.

Con base en el artículo 14 de la Ley Suprema, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran.

Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones.

Ahora bien el quejoso ... promueve juicio de garantías en su calidad de propietario del inmueble embargado en el juicio de origen, haciendo depender esa propiedad del matrimonio que celebró bajo el régimen de sociedad conyugal con ... demandada en ese juicio.

Para acreditar esos extremos el quejoso ofreció el instrumento número treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete, volumen cuatrocientos cuarenta y siete, de la Notaría Pública Número Cuatro de esta ciudad, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis, y su propia acta de matrimonio celebrado el uno de agosto de mil novecientos ochenta y dos, de donde se desprende, respectivamente, el contrato de compraventa que realizó ... respecto del inmueble embargado en el juicio generador así como la celebración de aquel vínculo matrimonial bajo el régimen de sociedad legal.

Sin embargo, con tales pruebas no se demuestra que el quejoso sea propietario del inmueble embargado en el juicio generador, pues no se justificó que se encontrara inscrito en el Registro Público de la Propiedad a favor de la sociedad, o que el quejoso hubiera concurrido a la celebración de dicha operación, y menos aún que el bien se hubiera adquirido para la sociedad legal o a costa del caudal común.

En efecto, en el artículo 358, fracción IX, del Código Civil para el Estado de Puebla establece: "Forman el fondo de la sociedad conyugal: ... IX. Los bienes adquiridos a título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, ya se haga la adquisición para la sociedad conyugal o ya para uno solo de los cónyuges."

Del precepto legal antes transcrito se advierte que en tratándose de bienes adquiridos a título oneroso durante la sociedad, para que puedan formar el fondo de ésta, deben ser adquiridos a costa del caudal común y, en el caso, el quejoso, aquí recurrente, no demostró con algún elemento de convicción que la adquisición de dicho bien se haya concretado a costa de dicho caudal, por lo que no se le puede estimar propietario o copropietario del aludido inmueble, ni tampoco que éste sea parte del fondo de la sociedad.

Por el contrario, obra en autos copia del certificado expedido por el registrador público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, según el cual el bien inmueble embargado en el juicio generador, únicamente se encuentra inscrito a nombre de la cónyuge del quejoso ... quien fue demandada en el juicio ejecutivo mercantil de donde emanan los actos reclamados, lo que significa, aunado a lo anterior, que esta persona es la dueña del bien.

Ante tal situación, como en el caso el quejoso no demostró los extremos señalados por la ley, es inconcuso que tampoco acreditó su interés jurídico, pues para poderlo estimar propietario o copropietario del bien inmueble embargado en el juicio generador, era menester que demostrara que su adquisición fue no sólo dentro de la vigencia de la sociedad legal, sino que tal compra se realizó con el caudal común de los cónyuges o socios. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas VI.2o.80 C y XXVII.8 C sustentadas, respectivamente, por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, y por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visibles en las páginas quinientos veinte y mil veintinueve, Tomos IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, y XVIII, octubre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA, SÓLO FORMAN PARTE DE ELLA CUANDO SON ADQUIRIDOS A COSTA DEL CAUDAL COMÚN.-De la recta interpretación del artículo 358, fracción IX, del Código Civil para el Estado de Puebla, se deduce que los bienes adquiridos durante la vigencia de una sociedad conyugal, únicamente forman parte de ella cuando son adquiridos a costa del caudal común de los cónyuges integrantes de la citada sociedad; por tanto, cuando en un juicio se reclama el embargo practicado en un inmueble, aduciéndose que éste pertenece a la sociedad conyugal, debe acreditarse fehacientemente que el mismo fue adquirido con recursos del caudal común aludido, siendo insuficiente para acreditar tal circunstancia la exhibición de la escritura pública relativa a la adquisición del citado inmueble en la que consta que únicamente intervino el cónyuge de la reclamante." e "INTERÉS JURÍDICO. CARECE DE ÉL QUIEN DEFIENDE UN BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA OFICINA REGISTRAL ÚNICAMENTE A NOMBRE DE SU CÓNYUGE, AUN HABIENDO CONTRAÍDO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).-El artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en tratándose de derechos reales, los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Por ello, si de la escritura pública relativa se advierte que un inmueble fue adquirido únicamente por el cónyuge de quien comparece a juicio, a través de un contrato de compraventa e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio sólo a su nombre, estando vigente el matrimonio, es inconcuso que sólo respecto de éste se perfeccionó la traslación de dominio y, por tal razón, el bien no pertenece a la sociedad conyugal frente a terceros, de acuerdo con lo previsto por el artículo 3159 del Código Civil de la entidad, que dispone categóricamente que el registro será constitutivo en lo que respecta a los convenios y contratos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio de bienes raíces o hipotecas; y el numeral 3160 que, en lo conducente, prevé que los contratos a que se refiere el artículo anterior sólo se perfeccionarán y surtirán plenamente sus efectos hasta que se registren. Por tanto, es indudable que dado el sistema registral (constitutivo), quien comparece a juicio no tiene derecho de propiedad alguno sobre el referido bien frente a terceros, sino sólo su cónyuge y, por ende, los actos reclamados con motivo de un juicio mercantil promovido en contra de éste, no afectan su interés jurídico."

En ese orden de ideas, queda de manifiesto que se actualiza, en la especie, la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que obliga a decretar el sobreseimiento en términos de lo establecido por la fracción III del diverso artículo 74 de ese ordenamiento legal.

Las consideraciones que preceden, conducen a modificar la sentencia recurrida y sobreseer el presente juicio de garantías.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción V y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por ... en contra de los actos que reclama de la Juez Primero de lo Civil de esta capital, diligenciaria encargada de los expedientes pares, adscrita a la misma y registrador público de la Propiedad y del Comercio de esta entidad federativa, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo a la Juez a quo y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19841-8dc5b295/sociedad-conyugal-cuando-se-embargue-un-bien-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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