PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES. ANÁLISIS QUE DEBE EFECTUARSE EN RELACIÓN CON EL TESTIMONIO NOTARIAL CON QUE SE PRETENDE ACREDITAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO: "PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE EXAMINARSE, COMO REQUISITO PREVIO A SU ANÁLISIS, SI EL INSTRUMENTO NOTARIAL QUE SE EXHIBE, EN TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, REÚNE LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY PARA SU VALIDEZ.").
AMPARO EN REVISIÓN 253/2003.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El examen de los motivos de agravios aducidos por el recurrente, permiten arribar a las consideraciones jurídicas siguientes:
En el agravio que identifica con el inciso A), aduce el apoderado del recurrente ... en síntesis:
Que el considerando cuarto de la sentencia combatida, dictada por el Juez de Distrito, es contrario a los artículos 76, 77, 78, 155 y 192 de la Ley de Amparo, en virtud que no resuelve todos los aspectos de la litis constitucional; además, argumenta que desatendió los principios de fundamentación y motivación derivados del artículo 16 constitucional, pues se duele de que la autoridad responsable, en sus razonamientos tendentes al reconocimiento de la personalidad de la parte demandada en el juicio natural, sólo fundamenta su determinación en los artículos 692, fracción III y 693 de la Ley Federal del Trabajo, pero no indica razonamiento alguno respecto del porqué se satisfacen las hipótesis normativas contenidas en dichos preceptos legales, lo cual vulnera lo establecido por la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo.
En el agravio identificado con el inciso B), el recurrente aduce, medularmente, que con la escritura pública número 128, de quince de marzo de dos mil uno, no se acreditó la personalidad de ... como apoderada de Carga de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues según dice, conforme a los artículos 5o., 10 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al constituirse o modificarse una sociedad los socios deben comparecer personalmente ante notario y no a través de delegados, excepto en las actas de asamblea, en donde sí pueden protocolizarse a través de un delegado especial designado por la asamblea.
Asimismo, se duele de que en los antecedentes que relata el notario en la escritura pública número 128, de quince de marzo de dos mil uno, concretamente del acta constitutiva de la sociedad número 2177, de treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el capítulo denominado cláusulas transitorias, se advierte que el nombramiento de gerente general de Carga de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, se hizo a favor de ... y de su lectura se advierte que dicho cargo fue otorgado por la misma persona designada y no por los accionistas de la persona moral indicada; de ahí que si los accionistas no otorgaron el nombramiento y facultades a la persona antes referida, éste, motu proprio, no puede autodesignarse gerente general y otorgarse la suma de facultades contenidas en la escritura pública de mérito; resultando, en consecuencia, según argumenta, ineficaz por no reunir los requisitos de los artículos 692 de la Ley Federal del Trabajo, 5o., 6o., 10 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y 2554 y 2574 del Código Civil, aplicable en materia común en el Distrito Federal y en materia federal en toda la república.
Por otra parte, en el agravio identificado con el inciso C), el recurrente argumenta que el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la sentencia combatida, al haber declarado que los conceptos de violación resultaban inatendibles, virtud que los argumentos aducidos en ellos no formaron parte de la litis incidental, y que por lo mismo tampoco pueden formar parte de la litis constitucional en el juicio de amparo; aseveración que, argumenta, resulta desacertada en atención a que aun cuando no se hubieren expresado, ello no era obstáculo legal para que la Junta responsable y el propio Juez Federal entraran al estudio integral de la personalidad, por ser ésta un presupuesto procesal en el juicio y porque, en todo caso, las partes sólo están obligadas a agotar los medios ordinarios de defensa, como es el incidente de falta de personalidad que en términos de los artículos 761 a 763 de la Ley Federal del Trabajo, es de previo y especial pronunciamiento, es decir, su resolución es de plano y puede ser invocada, además, de oficio por la autoridad.
Con base en lo anterior, afirma el recurrente que si no se cumplieron los extremos de los artículos 685, 689 y 692 de la Ley Federal del Trabajo, y 5o., 10 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es obvio que tales reclamaciones en el juicio de amparo deben ser consideradas como parte de la litis constitucional y el Juez de Distrito debe entrar a su estudio sin considerarlas como inoperantes.
En otra parte, en la segunda y tercera parte del agravio que el recurrente señala como B), se duele de que el Juez de Distrito desestima que con el original del segundo testimonio de la escritura pública 74985, de nueve de mayo de dos mil dos, que contiene el mandato conferido "supuestamente" por ... no se acreditan los extremos de los artículos 6o. y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; es decir, no se acredita la existencia legal de Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, ni sus órganos de gobierno, menos aún las facultades legales de éstos; circunstancias que lo dejaron en estado de indefensión al privársele del derecho que tiene para analizarlos, no siendo suficiente que el notario los tenga por acreditados sin que previamente haga la inserción correspondiente; luego, afirma que en la cláusula décima sexta de la escritura pública 4217, de dieciocho de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, se advierte que el consejo de administración se integra por un presidente, secretario y tesorero; sin embargo, en la cláusula segunda de la diversa escritura pública 71787, de veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho, se ratificó el consejo de administración formado por un presidente, secretario, tesorero y vocal, es decir, de conformación diferente, sin que conste en autos alguna reforma sobre ese aspecto; por ello, el argumento del Juez de Distrito es subjetivo en atención a que no está acreditada la reforma de los estatutos en el sentido anteriormente señalado.
Por último, en este agravio el recurrente reitera nuevamente la necesidad de transcribir el apartado correspondiente a los órganos de gobierno y sus facultades para otorgar mandatos, en los términos de los artículos 60, fracción I y 62, fracciones III y VIII, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y conforme a la jurisprudencia que cita con el rubro: "PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES."
Por principio, debe precisarse que son equivocadas las apreciaciones del recurrente, cuando en su primer agravio, entre otras cosas, sostiene el criterio de que la sentencia combatida vulnera el artículo 16 constitucional, en razón de que, desde el punto de vista jurídico, no puede un Juez de Distrito violentar en sus resoluciones derechos elementales de los gobernados, pues es a éste precisamente a quien está encomendada la función de resguardarlos, por tanto, el actuar del a quo debe ceñirse estrictamente a las disposiciones de la Ley de Amparo, como al efecto lo hizo y que más adelante se evidenciará.
Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 2/97, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otra parte, resulta infundado el agravio contenido en la segunda parte del inciso B), y que el apoderado de la parte quejosa también identifica como en cuarto lugar, en el que aduce que con el testimonio de la escritura pública 74985, de nueve de mayo de dos mil dos, que contiene el mandato conferido a ... por el representante legal de la persona moral Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, no se acredita la personalidad de la mandataria referida por no reunir los requisitos de los artículos 6o. y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, argumenta que no se acredita, por ende, la existencia legal de la empresa antes referida ni sus órganos de gobierno, menos aún las facultades de éstos; luego, afirma que en la cláusula décima sexta de la escritura pública 4217, de dieciocho de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, se advierte que el consejo de administración se integra por un presidente, secretario y tesorero; sin embargo, en la cláusula segunda de la diversa escritura pública 71787, de veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho, se ratificó el consejo de administración formado por un presidente, secretario, tesorero y vocal, es decir, de conformación diferente, sin que conste en autos alguna reforma sobre ese aspecto; por ello, alega que el argumento del Juez de Distrito es subjetivo en atención a que no está acreditada la reforma de los estatutos en el sentido anteriormente señalado.
En efecto, la conformación del consejo de administración que refiere el recurrente, en ese solo aspecto, no hace ilegal la personalidad que ostenta ... como apoderada de la empresa demandada Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, pues aunque el órgano colegiado se integre por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal, o aun más, por los tres primeros únicamente, ello no hace ineficaz la personalidad que, con base en el testimonio contenido en la escritura pública número 74985, de nueve de mayo de dos mil, ostenta la persona señalada, dado que, conforme al mismo, concretamente en la cláusula vigésima sexta, párrafo sexto, la representación de la sociedad mercantil corresponde al presidente del consejo de administración, no así al cuerpo colegiado, pues aquél tiene la suma de las facultades otorgadas a este último.
Por tanto, contrariamente a lo argumentado por el recurrente, el testimonio contenido en la escritura pública 74985 con que ... acreditó su carácter de apoderada de la empresa Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, sí cumple con los requisitos legales, pues conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo debe observarse lo dispuesto en los artículos 692 de la Ley Federal del Trabajo y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismos que, en su orden, señalan:
"Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. ... III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. ..."
"Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el contrato social.
"Para que surtan efectos los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.
"El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.
"Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello."
Por su parte, la jurisprudencia número 2a./J. 85/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 112 del Tomo XII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de 2000, establece:
"PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES. En términos de lo establecido en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, las partes en el juicio pueden comparecer al mismo de manera directa o por conducto de apoderado, señalando en su fracción III que cuando se trate del apoderado de una persona moral, éste podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder, precisándose los requisitos a los que la ley sujeta la validez de esta última. Ahora bien, ante el vacío legislativo sobre los requisitos que debe cumplir ese testimonio, en el caso de las sociedades mercantiles, debe acudirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico a su artículo 10, conforme al cual será necesario que en el instrumento respectivo conste la denominación o razón social de la sociedad, domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, las facultades que conforme a sus estatutos correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, si el poder se otorgare por conducto de una persona distinta a los órganos de representación de la sociedad, deberá quedar acreditado que dicha persona tiene facultades para ello."
Del anterior criterio jurisprudencial se desprende que el proceso del derecho del trabajo, también conocido como procedimiento laboral, regulado por las normas adjetivas que se consignan en el título catorce de la Ley Federal del Trabajo, requiere para su prosecución, entre otros presupuestos, que las partes en el juicio acrediten su personalidad jurídica.
Dicha personalidad, tratándose del apoderado, es la calidad procesal para actuar en un juicio a nombre de otro y cuyo reconocimiento, por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dependerá de la satisfacción de los requisitos que para tal efecto establece la ley.
Del análisis del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que las personas morales podrán comparecer al juicio laboral por conducto de apoderado, el cual podrá acreditar su personalidad con el testimonio notarial correspondiente, o bien, con carta poder suscrita ante dos testigos, previa comprobación de que el otorgante cuenta con facultades para instituir apoderados.
Al respecto, debe entenderse que la exigencia del legislador en cuanto a presentar el testimonio notarial que justifique la personalidad del apoderado, debe entenderse en el sentido de que dicho testimonio contenga la expresión de un acto jurídico regular, es decir, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez. Lo anterior es así, porque la Ley Federal del Trabajo no prevé las formas legales para que las personas morales instituyan apoderados, ni las formalidades que los notarios deban cumplir cuando den fe de la realización de ese tipo de actos; solamente ordena que los apoderados exhiban el testimonio notarial correspondiente o la carta poder con los requisitos antes indicados.
Consecuentemente, para determinar si el testimonio notarial exhibido por quien se ostenta como apoderado de una persona moral es apto para acreditar ese extremo, debe atenderse a la ley o a las leyes que rija o rijan el acto jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, cuando una sociedad mercantil comparezca a juicio laboral a través de apoderado y éste pretenda acreditar su personalidad mediante testimonio notarial, tal instrumento, para que surta efectos legales, deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Conforme a lo anterior, en primer término se establece que para que un poder otorgado por una sociedad mercantil surta efectos legales, es necesario que la escritura pública que lo contiene colme los requisitos siguientes:
a) Que se protocolice ante notario la parte del acta de asamblea en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento;
b) Que el notario haga constar en el instrumento correspondiente, mediante relación, inserción o agregado al apéndice, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma;
c) Las facultades que conforme a sus estatutos correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder; y
d) Si el poder se otorgare por conducto de una persona distinta a los órganos de representación de la sociedad, en adición a la relación o inserción indicadas en el inciso b), se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene facultades para ello.
En tales condiciones, el apoderado de una sociedad mercantil acreditará legalmente dicha personalidad en el procedimiento laboral respectivo, cuando la escritura pública correspondiente satisfaga los extremos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles antes transcrito.
En efecto, como ya se dijo, la fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo solamente establece la forma en que puede acreditar su personalidad el apoderado legal de una persona moral en general, al señalar que esto se hará con testimonio notarial; mientras que el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles regula, de manera específica, los requisitos que debe satisfacer el instrumento público en el que se consigne el otorgamiento de poder por parte de una sociedad mercantil; esto es, el acto de la representación en sí misma, mas no las actuaciones dentro del procedimiento laboral.
Ahora bien, retomando las características del caso en estudio, tenemos que de la lectura del testimonio contenido en la escritura pública 74985 con que ... acreditó su carácter de apoderada de la empresa Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, se desprenden los requisitos exigidos por los numerales transcritos y por la jurisprudencia invocada, ya que el mismo se encuentra protocolizado ante notario público; contiene la inserción de su acta constitutiva debidamente firmada por sus accionistas, así como los demás documentos que se le presentaron al fedatario, como es el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el libro de actas; igualmente contiene la relación de los requisitos primeramente indicados, como son el nombre y denominación social, domicilio, duración, importe de capital social y objeto de la misma; finalmente, contiene las facultades que conforme a los estatutos le corresponden al órgano de gobierno y la designación de sus integrantes.
Por lo anterior, basta que en el caso queden acreditados los extremos de los artículos 692 de la Ley Federal del Trabajo y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para tener por debidamente acreditada la personalidad de la parte patronal en el procedimiento laboral; sin que sobre ese aspecto tenga que atenderse a lo dispuesto por los diversos numerales 5o. y 194 de la segunda ley mencionada para tener por justificada la personalidad, como lo alega el recurrente, en tanto que dichos numerales no se refieren a requisitos formales en cuanto al otorgamiento del poder ante notarios públicos, sino más bien sobre aspectos formales que deben contener la constitución de sociedades mercantiles y de actas de asambleas generales de accionistas, como así se advierte de su transcripción:
"Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley."
"Artículo 194. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta ley establece.
"Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante notario.
"Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante notario e inscritas en el Registro Público de Comercio."
Además, del testimonio notarial en estudio se desprende que la sociedad mercantil Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, se constituyó ante notario público; que las reformas a sus estatutos se otorgaron ante fedatario público; que sus actas de asambleas se protocolizaron formalmente; y que fueron firmadas por sus representantes designados en asamblea, conforme a las inserciones contenidas en el capítulo de personalidad del testimonio notarial en comento.
Luego, la codemandada en el juicio natural, Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, por conducto de su presidente del consejo de administración ... conforme al capítulo denominado de personalidad, sí tiene dicho cargo, cuenta con las facultades de representación indicadas por así habérselas otorgado el órgano colegiado de la misma y puede válidamente conferir otros poderes, como al efecto lo hizo en el caso a estudio, a favor de ... .
Consecuentemente, al estar debidamente acreditada la existencia legal de dicha persona moral con el documento reseñado, es inconcuso que la personalidad de ... como apoderada de la misma empresa, se acreditó en los autos del juicio de origen, como correctamente lo concluyó el Juez de Distrito; de ahí que dicho concepto de agravio se estime infundado.
También resulta infundado el agravio en el que el recurrente se duele de que el Juez Federal hubiere declarado inatendibles sus conceptos de violación, en los que argumentó que las sociedades mercantiles se constituirán ante notario público con la concurrencia de sus socios, de forma personal, si son personas físicas o a través de representantes en caso de personas morales, pero nunca a través de delegados, por así exigirlo el artículo 5o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Dicho agravio es infundado porque el precepto legal que cita el recurrente no establece tal requisito, pues el mismo tan sólo señala que "Las sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones", agregando que "el notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley"; de lo que se concluye que no es verídico que se requiera de la presentación personal de los accionistas al protocolizarse su acta constitutiva o sus reformas; para ello, basta el nombramiento de un delegado, como aconteció en la especie.
Luego, ningún agravio causa al recurrente el que el Juez de Distrito hubiere hecho la declaración de que se duele, dado que al ser ésta infundada su omisión no le ocasiona perjuicio alguno; sin que sean obstáculo a la apuntada conclusión los argumentos jurídicos que esgrime en el sentido de que la personalidad es un presupuesto procesal que puede ser analizado, incluso de oficio por el juzgador, y que la litis constitucional se conforma con las alegaciones de las partes, las cuales únicamente tienen como obligación procesal el agotar los medios ordinarios de defensa que, en el caso a estudio, lo es el incidente de falta de personalidad promovido por el recurrente, dado que, como se dijo, tales argumentaciones al haberse declarado inatendibles no causan perjuicio al recurrente, toda vez que resultan infundadas para el análisis de la personalidad de la empresa codemandada Estrella de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, México-Acapulco-Zihuatanejo, que como ya se vio, la personalidad de su apoderada ... sí quedó debidamente acreditada en los autos del juicio natural.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 020, clave TC214007.9LA2, sustentada por este Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión laboral números 107/2003, 177/2003, 200/2003 y 215/2003, la cual se encuentra pendiente de publicación y que es de la literalidad siguiente:
"PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO: ‘PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, DEBE EXAMINARSE COMO REQUISITO PREVIO A SU ANÁLISIS, SI EL INSTRUMENTO NOTARIAL QUE SE EXHIBE, EN TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, REÚNE LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY PARA SU VALIDEZ.’). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a los requisitos que debe satisfacer el testimonio notarial, tratándose de sociedades mercantiles, para acreditar la personalidad en el procedimiento laboral, conduce a este Tribunal Colegiado a apartarse del criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número XXI.4o. J/2, de rubro: ‘PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE EXAMINARSE, COMO REQUISITO PREVIO A SU ANÁLISIS, SI EL INSTRUMENTO NOTARIAL QUE SE EXHIBE, EN TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, REÚNE LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY PARA SU VALIDEZ.’, publicada en la página 1091 del Tomo XV, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de 2002, en la que se señala como requisito previo al análisis de la representación legal de una sociedad mercantil, si el instrumento notarial que se presenta reúne para su validez los requisitos que exige la ley del notariado de la entidad federativa en que se expide; para establecer que ante el vacío legislativo que presenta el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, sobre los requisitos que debe cumplir ese testimonio, deberá acudirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico a su artículo 10, conforme al cual será necesario que en el instrumento respectivo conste la denominación o razón social de la sociedad, domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, las facultades que conforme a sus estatutos correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, si el poder se otorgare por conducto de una persona distinta a los órganos de representación de la sociedad, deberá quedar acreditado que dicha persona tiene facultades para ello; por lo que no hay razón legal para exigir al tribunal laboral el análisis de un requisito de validez previo relacionado con la forma del testimonio notarial, que no exige ni el texto literal del artículo 692 de la ley de la materia, ni la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo interpreta, lo cual no impide se analicen los requisitos de forma exigidos por la ley del notariado de la entidad, si se advierte de oficio la falta de alguno de ellos o existe impugnación expresa de parte interesada, una vez analizados los elementos esenciales o de existencia del acto a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles, antes citada."
En lo conducente, se cita la jurisprudencia 2a./J. 75/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17694-72b58260/personalidad-en-el-procedimiento-laboral-tratandose-de-personas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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