AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 62/2003.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Resultan parcialmente fundados los agravios que se dejaron transcritos en el considerando que precede, atento lo que enseguida se expondrá.
El recurrente aduce, sustancialmente, que en la sentencia que recurre se interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando señala que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en la sección de ejecución del juicio natural, perdiendo de vista que en éste ya se llevó a cabo la adjudicación del bien embargado en favor del banco actor y se otorgó la escritura del mismo en rebeldía de los demandados; que por ello es evidente que si la última resolución ya se dictó, el amparo que promueve es procedente, al considerar que los actos reclamados son autónomos.
Lo antes sintetizado, como ya se anticipó, es fundado.
En efecto, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia que se revisa, consideró decretar el sobreseimiento en el juicio, por advertir que, en la especie, se actualizaba la causa de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, con el diverso numeral 114, fracción III, párrafo segundo, ibídem, bajo el razonamiento de que en el momento procesal en que se pronunció el acto reclamado, aún no existía la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en el juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra del ahora recurrente, es decir, todavía no se había dictado la resolución "que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" y, además, por cuanto al procedimiento de ejecución y los actos subsecuentes, consideró que el sobreseimiento también surte efectos "puesto que tal como se observa de las constancias del sumario, aún no ha sido emitida en los autos del procedimiento de origen, resolución que tenga por cumplida o no la sentencia definitiva de la que emana el acto reclamado, lo cual significaría la última resolución que sería impugnable a través del amparo; por ende, al no ser así, incuestionablemente por los citados actos, también procede sobreseer en los términos indicados".
Ahora bien, como con acierto lo pone de relieve el aquí inconforme, y atendiendo a que los actos reclamados emanan de un juicio ejecutivo mercantil, la apreciación del inferior resulta contraria a derecho, habida cuenta de que la pretendida "última resolución" pronunciada en el periodo de ejecución de sentencia, o sea, el fincamiento del remate, ha sido emitida con anterioridad al momento en que se pronunció la resolución de veintiocho de junio de dos mil dos, en que se ordenó llevar a cabo la diligencia de lanzamiento reclamada y su ejecución, por lo que la causal de improcedencia analizada no cobra aplicación y, por lo mismo, el juicio intentado, con la salvedad que más adelante se expondrá, resulta adecuado.
En efecto, de las constancias que en copia certificada corren agregadas en el juicio de amparo, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y tres se pronunció sentencia dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil ... promovido por ... en su carácter de apoderado legal de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en contra de ... que declaró procedente la acción intentada y, por consecuencia, condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas, así como que, para el caso de no hacerlo, se realizara el trance y remate de los bienes embargados y con su producto el pago al actor (fojas ciento uno y ciento dos); sentencia que, según narró el quejoso en su demanda de amparo, impugnó en apelación y con posterioridad mediante el juicio de amparo directo, mismo que le fue negado; que a petición de la actora se abrió la sección de ejecución del juicio. También se conoce que el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, tuvo lugar la audiencia de remate correspondiente, en la que se dejó pendiente la adjudicación de los bienes embargados y el fincamiento del remate, hasta en tanto se resolviera lo relativo a la planilla de liquidación exhibida por la parte actora, y que por acuerdo de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, se declaró fincado el remate a favor de ésta.
Finalmente, de las constancias de referencia, se aprecia que por auto de veintiocho de junio de dos mil dos, a petición del apoderado legal de la actora y adjudicataria, y ante la renuencia de los demandados de desocupar y entregar en su favor el inmueble rematado y adjudicado, ordenó girar oficio al jefe de la División de la Policía Estatal de esta ciudad, para que el día ocho de agosto de ese mismo año, en punto de las quince horas, proporcionara los elementos policiacos necesarios a efecto del resguardo y cumplimiento de la diligencia de lanzamiento, misma que tuvo lugar en la fecha y hora que para ello se indicó; siendo éstos, entre otros, los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto.
De los antecedentes precisados se arriba a la conclusión de que al momento en que se pronunció la resolución de veintiocho de junio de dos mil dos que se reclama, ya se había pronunciado la "última resolución" en el procedimiento de remate del juicio ejecutivo mercantil ... por consiguiente, es contrario a derecho pretender condicionar la procedencia del juicio de amparo del que emana el presente recurso a una "última resolución", cuando ésta ya se ha dado, con independencia de que se continúe actuando en dicho procedimiento, pues esto en los procedimientos de remate ya no tiene el alcance atribuido por el a quo, por hallarnos frente a proveídos autónomos al procedimiento que precede al remate.
Sin que pueda aceptarse que el auto que ordena la diligencia de lanzamiento y la ejecución del mismo, tengan como finalidad el cumplimiento exacto de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata, habida cuenta que dicho fallo condenó, según se puso de manifiesto, al pago de las prestaciones reclamadas, así como que, para el caso de no hacerlo, se realizara el trance y remate de los bienes embargados y con su producto pago al actor, y toda vez que el bien embargado se adjudicó en favor de éste, es obvio que se cumplió con la finalidad del fallo condenatorio, puesto que la venta judicial ya se perfeccionó en favor de la actora vía adjudicación, puesto que al fincarse el remate se agotó el procedimiento de ejecución de la sentencia aludida que era lograr el cobro del adeudo establecido en ésta. Y el acuerdo que ordena la diligencia de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública y su ejecución, se tratan de actos independientes al procedimiento de ejecución de la sentencia condenatoria, ya que en ninguna parte de ésta aparece que haya ordenado el referido lanzamiento; de ahí que, se itera, se trate de actuaciones autónomas en la medida de que su finalidad difiere, esencialmente, del procedimiento para llevar a cabo el remate.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 29/96, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página doscientos veintiséis, que es del siguiente tenor: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe.".
Criterio el anterior que ha sido adoptado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVI/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, página quince, que es del título siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.".
También apoya las consideraciones anteriores, la tesis VII.3o.C.10 K, de este Tribunal Colegiado, publicada en la página mil trescientos veinticinco, Tomo XVI, octubre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’ EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo contiene dos hipótesis derivadas de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de dicha fracción; en el primer supuesto, por regla general, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que causa ejecutoria ésta y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en el segundo, la resolución definitiva o última resolución es aquella en la que se apruebe o desapruebe el remate. Cabe precisar que, incluso, dentro del procedimiento general de ejecución de sentencias, surgen otros procedimientos derivados del mismo, en que pudiera llegarse también al remate; en cualquier caso, tratándose de éste, la ‘última resolución’ es en la que se aprueba y, con base en ello, el bien es adjudicado. De modo que los demás actos que se dicten con posterioridad a esa resolución a consecuencia de aquél deben considerarse, aunque tengan el mismo fin, como autónomos y, por tanto, factibles de impugnación en la vía de amparo indirecto por sus vicios propios; sin que pueda decirse que se trata de actos en ejecución de sentencia respecto de los cuales deba esperarse el dictado de la ‘última resolución’ pues ésta ya fue emitida."; así como la diversa VII.3o.C.9 K, también de este mismo tribunal, consultable en la página mil doscientos uno, Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, Novena Época del aludido Semanario, cuyo contenido es: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN. CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES DE EJECUCIÓN FORZOSA PORQUE LA LEY RESPECTIVA NO PREVÉ UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La interpretación sistemática del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, permite establecer que, por regla general, el juicio de garantías en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural y, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo. Sin embargo, dicha regla sólo debe regir cuando la etapa de ejecución de sentencia prevé un procedimiento para su cumplimiento, es decir, queda condicionada a la forma de ejecución establecida en la ley adjetiva correspondiente. Ahora bien, si la sentencia dictada por el Juez natural, por su propias características, es de ejecución forzosa (porque su emisión contiene una orden para cumplirse) y las normas procesales respectivas no prevén ningún procedimiento incidental para ello, es claro que cada acto que se emite va encaminado a lograr el citado cumplimiento; por tanto, se actualiza un caso de excepción a la regla general establecida por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no puede considerarse que se trata de actos intermedios verificados en un procedimiento incidental de ejecución de sentencia, que evidentemente no existe, ni que vaya a culminar con una interlocutoria; así, cada acto ejecutado después de concluido el juicio puede combatirse por vicios propios en amparo indirecto (siempre que no exista en la legislación local un recurso ordinario que deba agotarse) sin que sea necesario aguardar a que se dicte una ‘última resolución’ que no tiene por qué dictarse.".
En este orden de ideas, resulta inconcuso que el sobreseimiento emitido por el a quo, en forma tan genérica, resulta contrario a derecho, razón por la cual este Tribunal Colegiado, con la salvedad que más adelante se precisará, con apoyo en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede a confirmar el sobreseimiento decretado, sólo por cuanto ve a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de la sentencia habida en el juicio ejecutivo mercantil tantas veces mencionado, pero por distintas causas de improcedencia de las invocadas por el a quo, mismas que en el considerando sexto se analizarán.
QUINTO. Previamente a lo que se expondrá, de conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, se abordará la causa de improcedencia que hizo valer el Juez Cuarto de primera instancia de esta ciudad, al rendir su informe justificado, que corre agregado a foja ochenta del juicio de amparo, cuyo estudio se omitió por el a quo; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número doscientos treinta y dos se consulta en la página ciento noventa, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación en el año dos mil, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.".
El Juez responsable aduce que el juicio de amparo que nos ocupa debe sobreseerse porque, en su concepto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 73 de la ley de la materia, ya que ... promovió incidente de nulidad de actuaciones a partir de la diligencia de lanzamiento que se señaló como acto reclamado.
Para ilustración, es conveniente transcribir el artículo relativo en apoyo del reclamo de la autoridad responsable, el cual es del siguiente texto: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. ...".
No asiste razón al Juez responsable, cuenta habida que, en principio, el medio de defensa legal aludido no fue propuesto por el aquí quejoso ... como lo prescribe el numeral que nos ocupa, y luego porque éste señaló como actos reclamados el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil supracitado, así como el acuerdo que ordena llevar a cabo la diligencia de lanzamiento y su ejecución; razón por la cual no puede considerarse actualizada la causa de improcedencia invocada en la medida que, aun cuando la promovente del incidente, quien figuró como parte demandada en el juicio natural, obtenga resolución, ésta no podrá modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, toda vez que el lanzamiento se señaló como consecuencia del auto que lo ordena.
SEXTO. Este Tribunal Colegiado, retomando la salvedad que en el último párrafo del considerando cuarto se destacó, considera que por cuanto ve al procedimiento de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil ... en específico del auto que abre la sección de ejecución y todo lo actuado en relación con este tópico, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 114, párrafo tercero, ibídem, toda vez que el procedimiento de ejecución del juicio de que se trata, según se puso de manifiesto, culminó con la resolución que aprobó el remate y decretó la adjudicación del bien inmueble embargado a favor de la institución de crédito actora y aquí tercero perjudicada, y contra tal resolución procede el recurso de apelación, en términos del artículo 1341 del Código de Comercio, en donde también se pueden impugnar o hacer valer todas las violaciones que en concepto del inconforme se hayan cometido en el procedimiento de ejecución respectivo, toda vez que esos autos causan un gravamen que no se puede reparar en la sentencia definitiva, precisamente porque ésta se dictó previamente y, por tal razón, ya no puede ocuparse de ellos.
Luego, si el ahora quejoso no interpuso el recurso de apelación mencionado, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, razón por la cual, como ya se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 114, fracción III, párrafo tercero, ibídem, razón por la cual lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, se itera, sólo por cuanto ve a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia que culminó con el remate y adjudicación en el juicio ejecutivo mercantil ... en términos del diverso numeral 74, fracción III, de la ley de la materia.
Lo aquí puntualizado se apoya en la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el número cuatrocientos cincuenta y dos, aparece publicada en la página trescientos uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto: "REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que el remate se apruebe en definitiva; pues de otra suerte, sería imposible llegar hasta la venta de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias con notorio perjuicio de la administración de justicia; el remate mismo, no tiene eficacia jurídica, sino hasta que se apruebe por resolución que cause estado, pudiéndose en último término, apelar el auto que apruebe o desapruebe el remate; por todo lo cual, el amparo es improcedente contra los procedimientos que preceden al remate.".
También robustece lo aquí expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/190, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil diecinueve, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad.", y por su contenido jurídico sustancial, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que según datos contenidos en el IUS 2002, en el que se contienen las jurisprudencias y tesis aisladas a partir de junio de mil novecientos diecisiete a abril de dos mil dos, se consulta en la página dos mil ochocientos cincuenta y dos, Tomo LXV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, RECURSOS EN CASO DE. Es inexacto que el artículo 1341 del Código de Comercio, solamente puede aplicarse a los autos dictados antes de la sentencia definitiva, pues aunque es cierto que exige para que la apelación proceda, que el gravamen causado por los autos a que alude, no pueda ser reparado en dicha definitiva, tal situación existe también respecto de todos los autos propiamente dichos, que se dicten con posterioridad a la misma, si bien quedan sujetos a la regla de que cuando son dictados para la ejecución de la sentencia, no admiten más recurso que el de responsabilidad.".
Sobre este mismo tópico, por cuanto que el quejoso señaló como autoridad responsable al secretario adscrito al Juzgado Cuarto de primera instancia de esta ciudad, este Tribunal Colegiado considera que también se actualiza la diversa causa de improcedencia, que deviene de relacionar la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, con lo dispuesto por el diverso numeral 11 de dicho ordenamiento.
Se afirma lo anterior en razón de que, con independencia de que en la demanda de amparo no se le atribuyó acto alguno a dicha autoridad de manera concreta, el responsable en el pronunciamiento de los acuerdos dentro del juicio natural, durante la etapa de ejecución de sentencia, así como aquellos que tienen el carácter de autónomos, es el Juez y no el secretario, y si bien los acuerdos pronunciados por el juzgador son firmados también por el referido secretario, su intervención es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y 72, inciso A), fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Así, al actualizarse la causa de improcedencia que nos ocupa, por cuanto ve al secretario adscrito al Juzgado Cuarto de primera instancia de esta ciudad, lo procedente es hacer extensivo el sobreseimiento decretado en este mismo considerando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Esta consideración se orienta en la jurisprudencia VII.2o.C. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, publicada en la página trescientos ochenta y ocho, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el Juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del Juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal.".
Establecido lo anterior, y al no advertirse la actualización de una diversa causa de improcedencia, lo procedente es levantar el sobreseimiento respecto de los actos que se hicieron consistir en el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dos que ordena la práctica de la diligencia de emplazamiento, así como de su ejecución que tuvo lugar el ocho de agosto del mismo año; ello en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, razón por la que se abordará el estudio de los conceptos de violación que se hicieron valer en relación con tales actos.
Sin que pase por alto este tribunal la circunstancia de que al rendir su informe justificado la autoridad responsable denominada secretario de Seguridad Pública del Estado, de esta ciudad, que corre agregado a foja ciento veinte del cuaderno de amparo, haya solicitado que se decrete el sobreseimiento en el juicio respecto del acto que se le reclama al actualizarse, en su concepto, la causa de improcedencia, invocando los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, cuenta habida que ello lo hace derivar de que sus actos se encuentran ajustados a derecho, y esa circunstancia, en todo caso, está involucrada con la cuestión de fondo que se controvierte, razón por la cual no es dable analizar dicho argumento en este considerando.
SÉPTIMO. En atención a lo expuesto en el penúltimo párrafo del considerando cuarto de esta ejecutoria, se transcriben los conceptos de violación que se formularon respecto de los actos reclamados que se hicieron consistir en la orden de lanzamiento y su ejecución aludidos, mismos que son del siguiente texto: "II. Los actos reclamados consistentes en ... c) El auto de fecha 28 de junio del año en curso dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número ... del índice del Juzgado Cuarto de primera instancia del Distrito Judicial de Xalapa-Veracruz, Ver., (sic) mediante el cual se me priva de mi garantía de audiencia y seguridad jurídica para poder conocer el mismo, y del que ahora me doy cuenta fue dictado en calidad de secreto sin que existiera la debida fundamentación y motivación para ello ... e) Los actos procesales derivados del acto reclamado en el inciso anterior, especialmente la diligencia de lanzamiento realizada en mi contra, sin cumplirse con las formalidades de ley, sin que existiera un acuerdo previo debidamente fundado y motivado para ello ... son violatorios al artículo 14 y 16 constitucional (sic) que dicen: ‘... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’. ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Las violaciones a tales preceptos constitucionales se observan cuando el Juez responsable dicta el auto de fecha 28 de junio del año en curso, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil ... en el que ordena se publique tal auto c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17642-83206dd9/amparo-indirecto-procede-contra-actos-dictados-con-posterioridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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